30 organizaciones sociales exigen a los partidos políticos que la ley integral contra la trata sea una prioridad en la próxima legislatura

En los últimos años se han desarrollado diversos intentos para alcanzar la aprobación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos en España: en 2022, en 2023 y, por última vez, en 2024. En marzo de ese año el Consejo de Ministras/os aprobó (en primera vuelta) el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Durante todo este tiempo, se han acumulado numerosos retrasos en el proceso. Ahora, transcurridos más de dos años y medio, la actual legislatura llega a su fin con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Y esta norma seguirá siendo una asignatura pendiente para nuestro país.

Es lo que denuncia la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que agrupa en torno a 30 entidades sociales especializadas y lleva más de diez años trabajando para que el Estado español cuente con una norma legal que aborde de manera integral esta grave forma de violencia y vulneración de derechos y que contribuya a la protección y asistencia de las víctimas/supervivientes.

Para la RECTP, se hace urgente e imprescindible desbloquear esta situación, con el consenso de todos los partidos políticos, para aprobar en la próxima legislatura una ley integral contra todas las formas de trata y explotación de seres humanos, sin más retrasos ni dilaciones. Para esta plataforma el Estado español no puede ignorar por más tiempo sus compromisos y obligaciones con los derechos de las víctimas/supervivientes de trata y explotación. Además, desde la Red se recuerda que no es suficiente con esta ley, sino que es necesario un marco normativo integral amplio que asegure la protección de las víctimas, incluyendo el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y la mejora del actual sistema de acreditación administrativa de víctimas, entre otras cuestiones.

Por ello, las entidades que conforman la RECTP piden a los partidos que incluyan estas demandas en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales y llaman también a que la aprobación de esta ley sea recogida como prioridad en futuros acuerdos de investidura o de gobierno de coalición . Además, esta red anima a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable y defender en las urnas la igualdad y los Derechos Humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.