Afganistán: cinco años de terror talibán y millones de retornos forzados

El 15 de agosto se cumplen cinco años de la toma de Kabul y del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. Desde entonces, millones de personas han huido del país en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Sin embargo, el escenario actual está marcado por un fenómeno distinto: el retorno no voluntario de millones de afganas y afganos a un país incapaz de garantizar su seguridad y unas condiciones de vida dignas. Quienes regresan se enfrentan a un régimen que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.

Estos retornos no responden a una mejora de la situación en Afganistán. En gran medida, son consecuencia de las políticas de expulsión y del endurecimiento de las medidas migratorias en países vecinos como Pakistán e Irán. Muchas personas regresan tras perder sus medios de vida o porque sus redes de apoyo se han agotado. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos alertan de que estos retornos se están produciendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Desde Accem también manifestamos nuestra preocupación ante el impacto que pueden tener en Europa la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el endurecimiento de las políticas de retorno.

Cuando se cumplen cinco años de la reinstauración del Emirato Islámico de Afganistán, en este artículo analizamos la situación actual de la población refugiada afgana. Mientras el país se desvanece del foco mediático, desde Accem recordamos que Afganistán no es un país seguro para el retorno. La grave situación de represión, la persecución de determinados colectivos y, especialmente, el apartheid de género impuesto a mujeres y niñas hacen imposible el regreso seguro a un país considerado como “un cementerio para los derechos humanos”.

Un retorno forzado para millones de personas refugiadas

Como recoge el Atlas de Refugio dedicado a Afganistán, publicado por Accem el pasado mes de marzo, el país atraviesa una profunda crisis humanitaria tras décadas de conflicto e inestabilidad. El deterioro de los derechos humanos y la restricción de libertades impuesta por el gobierno de facto de las autoridades talibanes afectan de forma especialmente grave a mujeres y niñas.

En este contexto, la población refugiada afgana se enfrenta a un movimiento de retorno no voluntario sin precedentes. Aunque la mayoría de las personas desplazadas permanecen dentro del país, muchas se han visto obligadas a regresar desde países vecinos sin que existan condiciones adecuadas para ello. Según ACNUR, desde 2023 más de 6 millones de personas afganas han retornado al país. De ellas, alrededor de 2,9 millones lo habrían hecho durante 2025. Además, en lo que va de año se estima que más de 750.000 personas han regresado y que otros 2,5 millones podrían hacerlo antes de finales de 2026.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, este fenómeno supone un cambio significativo en la dinámica del desplazamiento, impulsado principalmente por “el aumento del sentimiento antiafgano y el endurecimiento de las políticas migratorias” en los principales países de acogida. Como consecuencia, han aumentado los retornos forzados. Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los talibanes y al agravamiento de la crisis humanitaria, varios países han incumplido el principio de no devolución, que prohíbe retornar a una persona a un lugar donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales corran peligro.

La situación de quienes regresan, y de la población que permanece en Afganistán, sigue siendo de extrema vulnerabilidad. Desde el regreso de los talibanes al poder, el país ha endurecido aún más sus restricciones sociales desarrollando todo un sistema represivo. Las vulneraciones de derechos humanos afectan especialmente a mujeres y niñas, así como a personas vinculadas al antiguo régimen, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y minorías étnicas. A los riesgos de persecución y detención arbitraria se suma una situación humanitaria cada vez más precaria.

Persiste el apartheid de género

La situación de las mujeres y niñas afganas preocupa de manera especial porque se ha sistematizado la persecución por motivos de género en los últimos años. Las autoridades talibanes han aprobado decretos que restringen su acceso a la educación, al empleo y a la libertad de circulación, al tiempo que favorecen prácticas como el matrimonio precoz y perpetúan la violencia de género. Estas medidas vulneran de forma sistemática sus derechos fundamentales, hasta el punto de que la ONU ha calificado esta realidad como un auténtico “apartheid de género”.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea considera que, en términos generales, las mujeres y niñas afganas tienen un temor fundado a sufrir persecución. Este criterio refuerza la sentencia dictada en 2024 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite reconocer la condición de refugiada a las mujeres afganas por razón de su sexo y nacionalidad, sin necesidad de acreditar circunstancias individuales adicionales de persecución.

Endurecimiento de las políticas europeas de retorno

Otro motivo de preocupación es el endurecimiento de las políticas europeas de retorno. Tras la llegada de los talibanes al poder en 2021, las personas afganas pasaron a formar parte de los principales grupos solicitantes de protección internacional en la Unión Europea. Alemania y Francia han acogido a un número significativo de refugiadas y refugiados afganos en los últimos años, al igual que España, donde entre 2021 y 2025 se registraron más de 6.000 solicitudes de protección internacional de personas de nacionalidad afgana.

En este contexto, preocupa la reunión celebrada en junio de 2026 en Bruselas entre la Comisión Europea y una delegación talibán, en la que se abordó la deportación de personas afganas desde territorio europeo. Desde Accem advertimos de que este encuentro podría interpretarse como una forma de legitimación o normalización de un régimen que vulnera de manera sistemática los derechos humanos y que no cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea.

Aunque la Comisión Europea ha señalado que la reunión se limitó a cuestiones técnicas relacionadas con las deportaciones, es importante recordar que Afganistán no es un país seguro para el retorno. Desde Accem observamos con preocupación que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, junto con el endurecimiento de las políticas de retorno, pueda acabar tratando en la práctica a Afganistán como un país seguro para las devoluciones.

La labor de acogida de Accem con personas de origen afgano

Desde agosto de 2021, Accem ha atendido a 1.883 personas de origen afgano, de las que 977 eran hombres y 906 mujeres. Entre ellas, 646 eran menores de edad, 768 tenían entre 18 y 34 años y 167 superaban los 65 años. La intervención de Accem, a través del programa de Acción Concertada de Protección Internacional, abarca la cobertura de necesidades básicas, el acompañamiento jurídico, psicológico y social, el aprendizaje del idioma y el acceso a la educación, la formación y el empleo.

Ante el aumento de los retornos forzados de la población afgana desplazada, defendemos el fortalecimiento de las vías legales y seguras de protección, especialmente la ampliación de los mecanismos de reagrupación familiar, para que las personas refugiadas de Afganistán que viven en España puedan poner a salvo a sus familiares y ofrecerles una alternativa a la persecución talibán.

Asimismo, es fundamental reforzar y aplicar de forma efectiva el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite trasladar a España a personas cuya integridad física esté en riesgo en terceros países para que puedan solicitar protección internacional. Esta vía resulta especialmente necesaria para las personas afganas que permanecen en países vecinos sin garantías adecuadas de seguridad y protección.

Como organización comprometida con la paz y los derechos humanos, desde Accem abogamos porque Afganistán no caiga en el olvido y que se garanticen los derechos para las personas afganas dentro y fuera del país.