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Recomendación del Consejo para evitar discursos discriminatorios en la campaña electoral

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, organismo experto en Igualdad adscrito a la Secretaria de Estado de Igualdad y del que Accem forma parte, aprobó el pasado miércoles 10 de abril una ‘Recomendación para evitar el uso de discursos discriminatorios, racistas o xenófobos en las campañas electorales’ ante el escenario de comicios generales, autonómicos, locales y europeos que se presenta en España para las próximas semanas.

En esta recomendación, el Consejo manifiesta su preocupación ante los posibles mensajes de carácter racista, xenófobo o antigitano, y ante los discursos de odio y expresiones segregadoras y excluyentes que puedan verterse en el contexto de campaña electoral. Desde el Consejo se aboga por la responsabilidad en la actuación política electoral y se insta a los partidos políticos y demás actores intervinientes a velar para que la pluralidad y diversidad de la sociedad española no se convierta en arma arrojadiza que aliente la segregación y la diferencia, en vez de promover discursos de convivencia inclusiva de todos y todas.

El Consejo, en su primera actuación tras el nombramiento de su nueva presidencia y tras cinco años de inactividad, entiende estos próximos comicios como una gran oportunidad para mostrar compromiso y respeto a la diversidad social y al principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación.

Constatando el auge en toda Europa de partidos políticos que fomentan la exclusión, el odio al diferente, el rechazo a las minorías, a las personas inmigrantes y/o refugiadas, alerta sobre lo que podría suponer una grave involución en materia de derechos y libertades fundamentales, garantizados en una sociedad democrática y plural como la española.

> Accede aquí al texto completo de la Recomendación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación.

 

Jóvenes formados como agentes comunitarios en Ávila para la prevención del racismo

Desde el Programa +Barrio, que Accem desarrolla en Ávila, se ha puesto en marcha la acción “Agentes Comunitarios”, grupos de jóvenes que realizarán acciones puntuales para prevenir la aparición de actitudes discriminatorias en las aulas de carácter racista o xenófobo y apoyarán la resolución de conflictos interculturales que puedan generarse en el mismo ámbito educativo.

Así, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 21 de marzo de cada año, fue una ocasión propicia para la actuación de los/as agentes comunitarios/as. Tres alumnas de 1º de Bachillerato del I.E.S José Luis López Aranguren de Ávila, previamente formadas, fueron las encargadas de diseñar y desarrollar una actividad de sensibilización con el apoyo del equipo técnico de Accem.

Ellas, como agentes comunitarias, facilitaron la participación y la reflexión de sus compañeros y compañeras en torno a la discriminación racial, los prejuicios y estereotipos presentes en situaciones de la vida diaria, analizando el mensaje que este año transmite la ONU de preocupación y precaución acerca de los movimientos xenófobos y racistas, activos actualmente, y de la vulneración de los derechos humanos.

Como punto final a la actividad, los 46 alumnos y alumnas presentes escribieron mensajes contra el racismo y la xenofobia creando tres grandes huellas para manifestar su rechazo a la discriminación racial.

Esta acción se ha desarrollado en el marco del Programa +Barrio, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Informe del OBERAXE muestra una evolución positiva de las percepciones hacia la inmigración

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado recientemente su Informe-Encuesta 2016 relativo a la “Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España”. Esta encuesta y su posterior informe permiten al OBERAXE estudiar la evolución de estos fenómenos en la sociedad española, así como desplegar una labor de seguimiento, vigilancia y anticipación respecto a actitudes y percepciones alejadas de la tolerancia. Los resultados de este Informe-Encuesta 2016 inciden una vez más en la importancia de la educación, sensibilización y prevención en la construcción de la sociedad diversa.

La encuesta publicada ahora por el OBERAXE se realizó en el año 2016, se dirigió a población con nacionalidad española de edad superior a 18 años y residente en el país y fue encargada por la entonces Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social* al Centro de Investigaciones Sociológicas. La muestra la integran 2.460 personas seleccionadas aleatoriamente en 45 provincias y 248 municipios.

Los objetivos de este informe son cuatro. En primer lugar, evaluar la situación en España en 2016 en cuanto a actitudes y percepciones hacia la inmigración; en segundo lugar, identificar los factores que subyacen tras los fenómenos del racismo, la xenofobia y la intolerancia; en tercer lugar, identificar perfiles de comportamiento de la ciudadanía española con respecto a las actitudes racistas o intolerantes; finalmente, construir un ‘índice de tolerancia hacia la inmigración’ que integre las distintas variables que comprenden estos fenómenos. Además, el informe contiene un análisis específico sobre los prejuicios y estereotipos asociados a la inmigración femenina.

Sobre los resultados del Informe-Encuesta 2016 cabe destacar que las actitudes y precepciones de los/as españoles/as visibilizan un escenario positivo, con una evolución bastante favorable en comparación con los años anteriores en todas las variables que miden las actitudes racistas, intolerantes o xenófobas de los encuestados. En 2016, el porcentaje de personas encuestadas con una valoración positiva de la inmigración fue del 54,3 %, porcentaje más alto de la serie después de 2007 (58,7 %).  El porcentaje de valoración negativa, del 25,7 % es también el segundo más bajo de la serie desde 2007.

La radiografía a la luz de este informe muestra una ciudadanía que reconoce cada vez más los derechos básicos de las personas inmigrantes en igualdad con las autóctonas. El 87,9 % de las personas encuestadas consideran que las personas inmigrantes que están de manera estable en España deberían obtener la nacionalidad y el mismo porcentaje estima que deberían poder traer a su familia. Un 74,4 % percibe que la presencia de personas inmigrantes enriquece la escuela y un 58,4 % considera que contribuyen de manera relevante al desarrollo económico.

Se observa asimismo una evolución positiva de cuestiones planteadas en clave más negativa, como el número de encuestados/as que afirman que se debe expulsar a las personas migrantes que se encuentran en situación de paro de larga duración, que baja hasta el 35,1 %; o el porcentaje de personas que piensan que las personas migrantes perjudican en materia de acceso a un empleo a las nacidas en España, que se sitúa en el 53,9 %. Estas percepciones, si bien muestran que todavía queda mucho por lo que trabajar, muestran una evolución positiva con respecto a encuestas anteriores. En relación a la aceptación de actitudes y conductas racistas, es interesante observar cómo únicamente el 4,1 % considera que no deben ser sancionadas las personas que expresan públicamente opiniones xenófobas o racistas. Entre los múltiples elementos de interés de este informe destaca el dato del 67,2 % que estima que los medios de comunicación ofrecen una imagen negativa de la inmigración.

En clave cualitativa, el informe del OBERAXE identifica la variable ‘confianza en la gente’ como, al igual que en el año anterior, la más explicativa de la cohesión social, lo que señala la relevancia de las estrategias dirigidas a favorecer el conocimiento del otro y la comprensión de la diversidad como elementos esenciales para fortalecer la convivencia. Así, según concluye el informe, “las personas con menor confianza en la gente son aquellas que presentan actitudes más racistas y viceversa, las personas con mayor confianza en la gente son las que se manifiestan menos racistas”.

Finalmente, el índice que evalúa de forma agregada el nivel de tolerancia de la población española presenta una evolución favorable de 2015 (44,5 puntos) a 2016 (49,53 puntos). Se concluye de todos modos que al tratarse de un fenómeno vivo y dinámico, las contradicciones en las actitudes de las personas siguen presentes. Por ello, se aboga por la necesidad de continuar desarrollando estrategias para fomentar la tolerancia y la cohesión social, que transformen o mitiguen las actitudes racistas y xenófobas. La educación, la sensibilización de la ciudadanía en general y la prevención se configuran como herramientas imprescindibles en materia de ciudadanía diversa.

> Descarga aquí el Informe-Encuesta 2016 del OBERAXE.

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* Actualmente denominada Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Accem interviene en un centro educativo ante discriminación por motivos religiosos

La reglamentación autonómica establece la obligatoriedad de disponer de menús alternativos para promover la integración.

Accem ha instado al Consejo Escolar a resolver la cuestión y apoyar a las familias afectadas por esta forma de discriminación.

Con la finalidad de garantizar el respeto de la cultura y religión de las personas, desde el programa de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica de Accem hemos intervenido en un centro educativo público en Madrid, ante la demanda de varias familias de religión musulmana por la negativa de la dirección a ofrecer un menú alternativo en el comedor escolar para los niños y niñas que profesan esta religión.

El centro educativo se apoya en una decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que data del año 2015, cuya argumentación jurídica ante un hecho similar, mezcla cuestiones económicas con “motivaciones de integración” a la mayoría de la sociedad de acogida, y, por tanto, interpretando de modo restrictivo el mandato constitucional contenido en el artículo 16.

Los padres y madres de los menores afectados del centro educativo, intentaron, sin éxito, tener una reunión formal con la directora del centro, en la que se les facilitaran las razones y argumentos de la negativa a la prestación de un menú alternativo en el comedor escolar por razón de la fe religiosa, libre de carne de cerdo y derivados.

La única respuesta obtenida en los pasillos ha sido que los días en los que el menú escolar incluya estos alimentos “o bien no vengan a comedor los niños y niñas afectados, o se traigan su propia comida, o cada día que haya presencia de cerdo en el menú programado, se comunica ‘intolerancia’ y se avise…”, señaló una de las familias afectadas.

Si bien es cierto que el comedor escolar tiene carácter colectivo y que el menú -por razones de economía y eficiencia- debe ser único para todos los usuarios y usuarias, la reglamentación autonómica vigente establece obligatoriedad de disponer de menús alternativos, con la finalidad de promover actitudes de integración y de conciliar la labor educativa con la vida familiar.

Se hace necesario el reconocimiento y aplicación del derecho a una alimentación acorde con las convicciones religiosas, por parte de los centros educativos afectados, toda vez que no ha sido modificado por la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, puesto que la diversidad en el ámbito alimentario debe ser respetada por mandato y garantía constitucional.

Accem mediante el oportuno escrito ha instado formalmente al órgano de gobierno del centro –Consejo Escolar– a dirimir la cuestión planteada, estando a la espera de su resolución. El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” seguirá abogando por una solución acorde a Derecho como apoyo activo a las familias afectadas.

Oberaxe publica estudio sobre casos y sentencias de discriminación

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia Oberaxe, ha publicado el estudio “Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia” un informe con el que se pretende dar a conocer cómo se aplica la regulación legal en materia de delitos de odio.

En el estudio del Oberaxe se muestran las fortalezas y debilidades que se tienen en España sobre esta materia, así como una descripción de las características de las sentencias seleccionadas. Para conseguirlo, se ha analizado una muestra de sentencias dictadas por los tribunales españoles.

Este informe responde a una petición del grupo de trabajo de “Análisis de Sentencias” que forma parte de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración y Cooperación Interinstitucional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia.

Los principales resultados del estudio se dividen en cuatro grandes bloques: características de los casos de odio, perfil de los acusados, perfil de las víctimas y cuestiones relacionadas con las penas y aspectos jurídicos. Los casos analizados para este estudio corresponden a sentencias dictadas entre los años 2014 y 2016 y entre los datos más destacados se pudo extraer que el perfil del agresor es mayoritariamente una persona (90% hombre) mayor de edad, de nacionalidad española que actúa entre la tarde-noche principalmente en la vía urbana o a través de las redes sociales o mensajería instantánea.

El factor más comúnmente utilizado es el de expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos o vejatorios, contra personas de origen extranjero, en la mayoría de los casos contra hombres. En la mayoría de los casos, el agresor y la víctima no se conocen.

Este es un estudio encargado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración y Cooperación Interinstitucional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia,  cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se publica el quinto informe de ECRI sobre el estado de la lucha contra la intolerancia en España

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado su nuevo informe referido a España, en el que analiza la situación de nuestro país en relación a la lucha contra el racismo y la intolerancia.

En este informe, ECRI realiza dos recomendaciones de carácter prioritario a las autoridades españolas. Por una parte, pide que se establezca un organismo independiente de promoción de la igualdad, con el fin de que se asegure que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica goce de una real independencia y esté dotado de las facultades necesarias para que sea efectivo. Por otra parte, ECRI recomienda que se conciban y se lleven a cabo las actividades precisas para garantizar un rápido incremento del porcentaje de niños y niñas de etnia gitana que finalizan la enseñanza obligatoria. ECRI afirma que realizará un seguimiento específico del recorrido de estas dos recomendaciones prioritarias.

El ECRI, en el marco de sus actividades estatutarias, lleva a cabo una labor de supervisión de los países miembros, analizando progresos y debilidades y formulando sugerencias y propuestas para abordar los problemas detectados. Este cometido lo realiza en ciclos de cinco años. El quinto ciclo comenzó en noviembre de 2012 y ha terminado en el mes de junio de este año. En el quinto informe sobre España, desde ECRI se acogen con agrado los cambios positivos detectados desde la adopción del cuarto informe (2010), si bien se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que suscitan preocupación. Destacan las siguientes:

1.- La Constitución Española restringe el derecho de los extranjeros a la igualdad; las disposiciones relativas a los delitos motivados por el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas y prácticamente no se han presentado casos de discriminación ante los tribunales.

2.- No se ha promulgado un proyecto de ley de 2011 relativo a una nueva legislación contra la discriminación. El organismo de lucha contra la discriminación -CERED- no es independiente, no tiene una infraestructura propia y han cesado prácticamente todas sus actividades.

3.- Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias en la recopilación de datos y no están suficientemente vinculadas con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación. El discurso de incitación al odio en internet y en las redes sociales ha aumentado de manera notable.

4.- Se han adoptado pocas medidas desde 2015 para prevenir el racismo y el discurso de incitación al odio.

5.- Los mecanismos autorreguladores para los medios de comunicación apenas contribuyen a prevenir la publicación de contenido xenófobo y racista.

Asimismo, en el presente informe, ECRI pide a las autoridades españolas que adopten medidas en diversos ámbitos. Para ello, formula una serie de recomendaciones:

1.- Tipificar como delito toda discriminación en el ejercicio de los cargos públicos de una persona.

2.- Adoptar una legislación nueva y amplia para combatir la discriminación.

3. Actualizar la estrategia de lucha contra el racismo y sensibilizar acerca de la existencia de códigos éticos y de organismos autorreguladores destinados a los medios de comunicación y a mejorar su competencia a la hora de afrontar el discurso de incitación al odio. Iniciar investigaciones, impartir formación e incitar a la reflexión a los profesionales de los medios de comunicación sobre maneras de evitar el discurso de incitación al odio en los medios de comunicación.

4.- Mejorar el sistema de registro y vigilancia del discurso de incitación al odio y de otros delitos conexos.

5.- Intensificar e institucionalizar el diálogo sostenible con los grupos vulnerables.

6.- Dada la escasa información sobre el uso de la legislación civil o administrativa contra la difusión del discurso de incitación al odio, ECRI considera que, además de las actividades de formación de los colegios de abogados, un organismo efectivo de promoción de la igualdad ayudaría a mejorar las respuestas al discurso de incitación al odio en este ámbito.

 

Sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, es un organismo de supervisión independiente en materia de derechos humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está compuesta por miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, nombró a principios de año como nueva representante española a la abogada Sara Giménez Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

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Visita de Naciones Unidas para evaluar la situación de las personas afrodescendientes

Accem participó en la reunión con el grupo de trabajo de personas expertas de Naciones Unidas que, con motivo del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, visitaron distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid, el pasado mes de febrero.

Durante la visita, evaluaron la situación de los derechos humanos de los/las afrodescendientes que viven en nuestro país, incluidas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y recabaron información sobre las distintas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y demás formas conexas de intolerancia a las que se enfrentan. Los expertos y expertas de Naciones Unidas partieron del estudio de las medidas oficiales adoptadas y de los mecanismos de prevención y protección de las víctimas ante la discriminación racial sistemática.

Fue en este marco en el que se celebró en el pasado mes de febrero un encuentro de trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil, expertas en esta materia, y entre las que se encontraba Accem, en la que se abordó la realidad de las personas afrodescendientes como potenciales víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

La aportación de Accem consistió en la presentación de un informe sobre la “Protección y defensa jurídica efectiva de las víctimas de discriminación racial o étnica”, abogando por la necesidad y oportunidad de legislar una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

En posterior rueda de prensa, el grupo de trabajo agradeció la colaboración y aportaciones de las entidades e interlocutores varios, Gobierno e instituciones locales al tiempo que efectuó una declaración preliminar a las conclusiones definitivas y recomendaciones finales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre de 2018.

Así, se destacó la importancia de la existencia de un compromiso institucional en participar en el diálogo, la cooperación y la acción contra la discriminación racial, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y afrodescendientes, y de proporcionar a esas organizaciones los fondos financieros adecuados para desarrollar su labor.

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Taller sobre discriminación racial o étnica en la cárcel de Valdemoro

Recientemente, Accem ha iniciado un nuevo ámbito de intervención dentro de nuestra asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico: la cárcel. El pasado 26 de marzo estuvimos en el Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro. Nuestra presencia en la cárcel surge de la necesidad de dar voz a las personas privadas de libertad de origen extranjero, sobre cuál es la realidad que están viviendo en prisión y si están o no sufriendo un trato desfavorable como consecuencia de su origen racial o étnico.

La entrada en prisión nos ha sido facilitada por profesionales de la Fundación Atenea, que desarrolla sus proyectos en cuatro prisiones de la Comunidad de Madrid. Para Accem es una experiencia piloto, innovadora en materia de no discriminación e igualdad de trato, dando asistencia a población privada de libertad por comisión delictiva diversa y en cumplimiento de ejecución de sentencias condenatorias.

En el taller participaron ocho hombres, cinco de ellos de origen marroquí y los otros tres procedentes de Líbano, Colombia y Ucrania, todos ellos de entre 20 y 35 años de edad. Desde el comienzo la actividad se planteó como un espacio abierto y de debate en el que los participantes expresaron sus opiniones e impresiones sobre el tema, en un clima de escucha, respeto y libertad.

En las opiniones recogidas, llama la atención cómo se repiten patrones y estereotipos sociales en un entorno cautivo. Se reproduce el mismo discurso, tanto dentro como fuera de prisión. Dentro de la subcultura y estructura social del centro penitenciario, resulta muy interesante cómo se cataloga a la persona en base a su origen, así como la visión que se tiene de la población extranjera en prisión, traducida con expresiones como: “se quedan con los mejores trabajos”, “tienen más permisos” o ”siempre se les atiende antes y se quedan con lo mejor”.  

Lejos de considerar estos comentarios como ciertos, la población reclusa de origen extranjero sufre actitudes racistas dentro de prisión. Verbalizan la necesidad de realizar un sobresfuerzo para poder tener acceso a los mismos derechos que la población de origen español. Se trata de un efecto de discriminación múltiple. Esta discriminación múltiple parte de los clichés y estereotipos negativos que están asociados, dentro y fuera de prisión, a las personas según su nacionalidad y/o color de piel. Pero a esta discriminación se une otra de carácter más específica, que tiene que ver con los hechos delictivos que se infieren según el origen de la persona presa. Ejemplos que se encuentran a menudo: a las personas de origen magrebí se les atribuye la comisión de delitos de tenencia y/o tráfico de estupefacientes, dándose por hecho el consumo. A la población de origen chino o ucraniano, se le atribuye relación con algún tipo de mafia. Estos tópicos y estereotipos van a determinar la percepción, y el respeto o el desprecio, por parte del resto de reclusos.

La experiencia llevada a cabo en la cárcel de Valdemoro ha sido valorada como muy positiva tanto por los participantes como por los profesionales. Se trata de un entorno en el que la discriminación racial se da y sobre el que es necesario intervenir. Por ello, la intención en un futuro próximo es poder tener acceso a otras prisiones, realizar talleres con potenciales víctimas de discriminación, comprobar si se repiten los mismos patrones y estereotipos en otros centros penitenciarios y ver qué posibles líneas de acción y colaboración se pueden crear.

Esta acción se ha realizado en el marco del “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que Accem desarrolla con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Migraciones, y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

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La Fiscalía reconoce en su memoria “cierto incremento” de los delitos de odio

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada en el pasado mes de septiembre, alertaba sobre “un cierto incremento” de los delitos de odio registrados, es decir, de las amenazas y agresiones por motivos racistas, xenófobos y por otras formas de intolerancia y discriminación.

La Fiscalía evidencia un aumento de la presencia del discurso de odio en internet y las redes sociales. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación constituye un altavoz para la propagación del discurso de odio, con graves déficits hasta el momento en su investigación, persecución y condena penal.

La Memoria de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2016, contiene un capítulo dedicado a “La tutela penal de la igualdad y contra la discriminación”. En este apartado se explicitan conceptos esenciales como que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista”. Asimismo, se asume que “la incitación a la exclusión de los extranjeros” constituye una “lesión fundamental de los derechos de las personas”, tal y como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

La Fiscalía subraya que el discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia de los artículos 16 y 20 de la Constitución Española (CE).

Sancionar penalmente aquellas conductas y formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, la discriminación o la violencia es la herramienta adecuada de la que dispone un estado de derecho cuando se están infringiendo los principios constitucionales de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado detecta que “muchas agresiones y actos constitutivos de delitos contra la igualdad y la discriminación (728) son cometidos por menores de dieciocho años”. Se enfatiza asimismo en la importancia de la colaboración y coordinación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, radicadas en las propias Fiscalías o en los Juzgados, desde una doble perspectiva, como derivación de las potenciales víctimas de delitos de odio y como fuente de conocimiento estadístico.

Como hecho novedoso y reseñable se reconoce la labor de la sociedad civil, a través de las asociaciones y entidades sociales de defensa de los derechos de los colectivos afectados, como es el caso de Accem, calificando nuestro cometido como esencial para que muchas agresiones hayan llegado a los tribunales de justicia y, una vez judicializadas, se haya podido hacer un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando su impunidad.

Desde el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem agradecemos este reconocimiento de nuestra labor por parte de la Fiscalía del Estado, así como la disponibilidad de las fiscalías delegadas provinciales sobre Tutela Penal de la Igualdad y No Discriminación. Y reafirmamos una vez más nuestra disposición a seguir avanzando en la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación racial y delitos de odio, la dignidad de todos los seres humanos y la aplicación de la igualdad de trato y no discriminación como pilares de una sociedad de acogida democrática, pluralista y diversa.

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Comunicado ante los ataques xenófobos de Pedrera (Sevilla)

Desde las entidades Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad mostramos nuestro malestar ante los comentarios y ataques xenófobos en Pedrera (Sevilla).

Las entidades sociales implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, manifestamos lo siguiente:

El pasado 6 de enero tuvieron lugar una serie de actos violentos en contra de la comunidad rumana del municipio de Pedrera (Sevilla), que se saldó con daños materiales y varias personas detenidas. A esos hechos le siguieron una concentración espontánea de personas frente a las dependencias de la Policía Local en la que se encontraban detenidos los responsables de una agresión; tras ello los manifestantes se dirigieron a diferentes calles de la localidad y volcaron tres vehículos de ciudadanos rumanos residentes en Pedrera. Además se convocó a través de redes sociales y sin la pertinente autorización de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, una concentración de más de 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Pedrera en contra de la presencia de los ciudadanos rumanos en Pedrera.

Las entidades firmantes somos conscientes y nos consta la correcta intervención realizada tanto por la Guardia Civil como por la Policía local de Pedrera en la gestión del incidente; no obstante tenemos que manifestar nuestro profundo malestar y preocupación ante lo ocurrido ya que nos encontramos ante un ataque xenófobo hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que podría constituir un delito de odio.

Ante estos hechos pedimos que sigan siendo las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los vecinos y vecinas se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo. Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad. En un Estado de Derecho, corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo.

Igualmente, mostramos nuestra preocupación por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido pidiendo la expulsión del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido, sin tener en cuenta que hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años, que nada tienen que ver con los hechos acontecidos y que se están viendo afectadas por esta situación.

En un Estado de Derecho la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito.

Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que informen con objetividad y rigor, evitando estigmatizar y criminalizar a determinados colectivos. Así como a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia.