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Racismo, ideología y LGTBIfobia, las tres principales causas de los delitos e incidentes de odio en España

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, ha publicado recientemente el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España correspondiente al año 2020. El Informe recoge hasta un total de 1.401 delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2020.

En el 34,6 % de los casos de delitos de odio registrados se observó una motivación racista y/o xenófoba. En el 23,3 % de los casos, el delito de odio tuvo un origen ideológico. En el 19,8 % de los casos, estuvieron ligados al rechazo de la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima del delito. Estas fueron las principales causas que motivaron los delitos e incidentes de odio registrados en 2020.

Los datos recogidos en el informe suponen un descenso del 17,9 % de los delitos e incidentes de odio registrados con respecto al año anterior (2019). En relación a esta reducción, el informe hace referencia a la probable influencia del confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19 entre los meses de marzo y junio.

En cuanto a la tipología delictiva, predominan entre los hechos registrados las amenazas (327), las lesiones (263) y los daños (114). Según el lugar donde se produjeron los hechos, la mayoría se concentraron en la vía pública y otras vías de comunicación, con 511 casos; a continuación, aparecen la vivienda (315) y los establecimientos de ocio y hostelería (212). Caben destacar por su carácter específico los 62 incidentes de odio registrados en campos de fútbol u otras instalaciones deportivas.

 

DELITOS E INCIDENTES DE ODIO EN ESPAÑA 2020

Sobre el perfil de las víctimas, predominan los varones (59 %) de entre 26 y 40 años de edad (34 %). El porcentaje de víctimas de delitos e incidentes de odio de origen extranjero asciende al 34 %. Se identificaron hasta 142 delitos o incidentes de odio en los que las víctimas eran menores.

Si nos fijamos en el perfil de los autores (detenidos y/o investigados), según el Ministerio del Interior el 81,5 % era de sexo masculino y tenía también entre 26 y 40 años de edad (31 %). El 77 % de detenidos y/o investigados por delitos e incidentes de odio era de nacionalidad española y el 23 % de origen extranjero.

El informe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio atiende también a los delitos que se cometieron en el ámbito de internet, redes sociales y medios de comunicación. Fueron 147 los casos registrados. La mayoría de ellos consistieron en amenazas, injurias y promoción/incitación pública al odio, hostilidad y discriminación.

La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la discapacidad física o mental, la orientación sexual u otro factor similar, ya sean reales o supuestos.

> Accede aquí al Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España del año 2020. 

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación. 

Recomendación del Consejo a raíz del asesinato de Younes Bilal y otras agresiones racistas en la Región de Murcia

Comunicado del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica quiere manifestar su más enérgica condena y dolor por el asesinato de Younes Bilal, el pasado día 13 de junio de 2021, así como por los apuñalamientos sufridos por dos personas de origen migrante, ambos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Las circunstancias que rodean los dos primeros ataques apuntan a motivaciones racistas y xenófobas, mientras que del tercero está siendo investigado el posible móvil racista.

Tanto estos hechos como otros con la misma motivación son intolerables en una sociedad democrática como la española, plural y diversa, en la que no deben caber comportamientos basados en prejuicios racistas y xenófobos.

El Consejo ya manifestó en su recomendación para “evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica” su preocupación ante el incremento de los incidentes de discriminación, rechazo y odio que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, apelando además a los medios de comunicación y los representantes públicos, como piezas fundamentales en la conformación de la opinión pública, a ser especialmente cautelosos en sus manifestaciones, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país.

Los redactores de la Convención para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas fueron profundamente conscientes de la influencia del discurso en la creación de un clima de odio y discriminación raciales, y reflexionaron detenidamente sobre los peligros que ello planteaba, y teniéndolo en cuenta, el Comité para la eliminación de la discriminación racial en su recomendación general nº 35 sobre la lucha contra el discurso de odio racista señala que los Estados partes han de prestar la debida atención a todas las manifestaciones del discurso de odio racista y adoptar medidas eficaces para combatirlas y ha alentado a los políticos y otros formadores de opinión a adoptar actitudes positivas encaminadas a promover la comprensión y la armonía entre las culturas, y a tener presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

Sin embargo, ante los hechos sucedidos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas públicas eficaces, orientadas a eliminar el racismo y otras formas conexas de intolerancia, así como el discurso y los delitos de odio, y promover la igualdad y la diversidad étnica en nuestro país.

Para conocer y analizar los hechos sucedidos en profundidad, así como para fijar vías de colaboración y coordinación en la asistencia de víctimas del racismo, el Consejo se ha puesto en contacto a través de su servicio de atención a víctimas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de dicha Comunidad Autónoma, así como con la Fiscalía provincial de Delitos de Odio en Murcia.

Con el convencimiento de que la lucha contra los delitos de odio sensibilizando a la sociedad para evitar actitudes racistas y xenófobas es una responsabilidad compartida en la que tienen que estar implicadas las administraciones públicas, los representantes públicos, los partidos políticos, los generadores de opinión y toda la ciudadanía en general, se debe seguir trabajando con especial atención en la asistencia a las víctimas del racismo y en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación por su origen racial o étnico en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Entendemos que la diversidad debe tratarse como un valor, a través de un debate serio y sereno dentro de un contexto político no partidista, buscando el consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de que en ningún caso se puedan llegar a provocar enfrentamientos o agresiones en el seno de la ciudadanía.

Por último, desde el Consejo queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares de Younes Bilal, así como una pronta recuperación a las víctimas de los ataques en Cartagena.

Teniendo todo lo expuesto en cuenta, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, recomienda:

1. Que se realice una profunda y rigurosa investigación de los hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalías especializadas en delitos de odio y Autoridades Judiciales, que permita esclarecer los hechos y determinar si han existido motivaciones racistas, así como, en su caso, enjuiciar a sus autores.

2. Una firme condena pública de representantes públicos, autoridades y partidos políticos de la región, a los efectos de proyectar un siempre necesario y contundente mensaje de repulsa del racismo y la xenofobia. Demandando a todos los partidos políticos que fomenten un discurso en el que la pluralidad y la diversidad existente en nuestra sociedad no sean utilizadas como elementos que pueda separar y alterar la convivencia, sino desde visiones que fomenten la convivencia pacífica.

3. Un compromiso de las autoridades educativas de la Región de Murcia y del resto las Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud.

4. Un compromiso firme por la responsabilidad en las declaraciones de los poderes públicos, políticos y de los medios de comunicación y otros agentes generadores de opinión que evite la perpetuación de prejuicios y la estigmatización de las personas migrantes y racializadas, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país, teniendo presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, no debe ser excusa para el ataque a colectivos vulnerables, pues entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

5. Seguir fomentando la denuncia de los actos discriminatorios y los delitos de odio que sufren las personas migrantes y con diversidad de orígenes para combatir la infradenuncia de delitos de odio existente en nuestro país, como han señalado los organismos internacionales, mediante campañas de sensibilización y potenciando una coordinación eficaz y eficiente entre el servicio de atención a víctimas de este Consejo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia, especialmente las Fiscalías especializadas en delitos de odio y el resto de administraciones públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y activas en la lucha contra el racismo.

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del que Accem forma parte, aprobada en el Pleno del 23 de junio de 2021 contra los delitos de odio.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.  Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el  Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el  último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior,  que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Declaración del Foro de la Inmigración de Murcia ante las últimas agresiones racistas

Declaración del Foro de la Inmigración de la Región de Murcia, del que Accem forma parte, en relación a las agresiones racistas de las que han sido víctimas ciudadanos/as de origen extranjero.

El Foro de la Inmigración de la Región de Murcia quiere expresar ante la sociedad murciana su rotunda condena de los episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región.

Estamos asistiendo con gran preocupación, a un crecimiento de los discursos racistas y xenófobos contra los vecinos y vecinas de origen inmigrante en diferentes municipios de la Región de Murcia, que lamentablemente se han traducido en episodios de delitos de odio que han ocasionado el asesinato de un vecino de origen marroquí del municipio de Mazarrón, y la agresión de una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos. Con exclamaciones del tipo de “¡Qué mierda hacéis aquí todos los moros!”, “¡Muerte a los moros!”, o “¡…los inmigrantes nos quitan la comida!”, el odio hacia las personas inmigrantes, ha mostrado su rostro más despiadado. Se ha pasado del discurso del odio, del rechazo del diferente, al asesinato y a la agresión.

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hemos podido ver cómo las manifestaciones de racismo y xenofobia, han acompañado a la pandemia, asociando el origen de la enfermedad, con una determinada nacionalidad y culpabilizando de su propagación, a trabajadores y trabajadoras extranjeros/as, que han sido fundamentales para el mantenimiento de sectores productivos esenciales para el sustento y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido observar cómo la crisis social y económica asociada a la sanitaria, está propiciando un contexto de “competencia” por los recursos entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, enfrentando a personas contra personas. Una confrontación provocada e impulsada desde determinados discursos que defienden la idea de que los derechos de las personas autóctonas, han de prevalecer frente a los de los otros vecinos/as, olvidando que la convivencia democrática es la que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, económica y social de este país y de esta región. Las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión, están en la base de los contextos que dan lugar a estos delitos de odio que hoy denunciamos públicamente. Pero también determinadas posiciones políticas y sociales que provocan el miedo hacia las personas inmigrantes y refugiadas, con discursos estereotipados basados en generalizaciones y falsedades.

Ante estos hechos, no vale el silencio o la indiferencia. Mientras sigamos banalizando las palabras y actos que deshumanizan a la población migrante o refugiada o que la discriminan por su origen cultural o étnico, estos hechos podrán volver a ocurrir en cualquier municipio de esta región. Recordemos que el racismo, la discriminación, las desigualdades y la injusticia, destruyen la convivencia, la cohesión social, la integración y el desarrollo regional. Y en ocasiones límites como la vivida en Mazarrón o en Cartagena, pueden llegar terminar con la vida, los anhelos y los sueños de un ser humano de forma irracional.

Ante estos hechos desde el Foro de la Inmigración de la Región de Murcia planteamos la urgente necesidad de poner en marcha una serie de medidas:

Recuperar el protagonismo de las políticas de integración de la población inmigrante y refugiada en la agenda política y social, apostando por la gestión positiva de la diversidad en los centros educativos, en los barrios, en las empresas y en las organizaciones.

Que el Gobierno Regional y los Ayuntamientos lideren procesos orientados a la corrección de las desigualdades sociales, con una estrategia regional que aborde las situaciones de pobreza y exclusión social que tanto daño están haciendo a esta Región.

Se hace inaplazable el diseño y desarrollo de una estrategia de inclusión, convivencia e integración de las personas inmigrantes en la Región de Murcia, en la que el Foro Regional, como espacio de participación y consulta, tenga un papel activo.

Es necesaria una inversión sostenida en políticas de convivencia intercultural en nuestros barrios y municipios, el lugar donde se materializan las relaciones, la vida de los vecinos y las vecinas.

Es necesario, que se acometa la elaboración de una estrategia regional contra el racismo y la xenofobia, que integre medidas de sensibilización social, en la cual el Foro Regional de la Inmigración de la Región de Murcia, debe tener una participación activa.

Es inaplazable que la sociedad murciana en su conjunto, denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Apostamos por poner en valor el respeto a los derechos humanos; porque creemos firmemente en el valor positivo de la diversidad cultural, generando espacios que nos permitan convivir, espacios donde poder acercarnos los unos a los otros. Solo así, podremos conseguir una sociedad que no permita que el racismo, la xenofobia y la discriminación paseen a sus anchas por nuestras calles.

Foro de la Inmigración de la Región de Murcia

Un informe recoge los incidentes discriminatorios y racistas ocurridos durante el estado de alarma

El pasado 2 de octubre asistimos al webinar “Racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, organizado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain (RIS), en el que se presentó un informe sobre la “Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España”.

El informe documenta más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas en España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, así como a personas migrantes especialmente vulnerables, como aquellas con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Estos incidentes discriminatorios han afectado tanto a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, como a aquellas en proceso de pedir protección internacional y también a personas inmigrantes con su situación administrativa regularizada. De hecho, el informe presentado indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, señalan desde las organizaciones convocantes de la jornada.

Con la lectura de este informe se reafirma la necesidad y la urgencia de actuar para la eliminación de la discriminación racial. Para su equipo redactor, la discriminación racial se incrementa con las medidas adoptadas a raíz de la lucha contra la Covid-19, por lo que plantean la necesidad de añadir una perspectiva de género y racial en aquellas acciones sanitarias, legales, sociales y económicas que se adopten como planes de respuesta y de recuperación superada la crisis sanitaria.

En la presentación del informe estuvieron presentes Paula Guerra Cáceres, ex presidenta de SOS Racismo Madrid; Spitou Mendy Rodona, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y la campaña #RegularizaciónYa; Emilio Israel Cortés, co-fundador y director de Juristas Gitanos; Gemma Ferreón, portavoz y responsable de Incidencia Social y Política en SOS Racisme Catalunya;  y Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Participaron también y moderaron la jornada las personas autoras del informe: Esther Mamadou, Youssef M. Ouled,  Isabelle Mamadou y Lydia Vicente Márquez.

Durante el debate, se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir para abordar la catarsis de las estructuras que perpetúan la discriminación racial. Se puso sobre la mesa, asimismo, que es el momento de reconstruir una sociedad más inclusiva, solidaria, más fuerte y más igualitaria para todas las personas que las formamos. El informe incluye una serie de recomendaciones que el Equipo de Implementación y RIS creen que pueden servir para promover un progreso concreto hacia este objetivo.

La data elegida para la presentación no fue casualidad, el 2 de octubre es la fecha decretada por la ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia.

> Puedes descargar el informe aquí.

> Puedes consultar el webinar aquí.

> Accede aquí a todas las noticias que publicamos sobre igualdad de trato y no discriminación.

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Covid-19: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica denuncia “numerosos” casos de “discriminación, rechazo y odio”

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ha expresado en un comunicado su preocupación ante los “numerosos” casos “de discriminación, rechazo y odio” que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia del coronavirus.

Según informa este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad y adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, se han documentado “ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios”, así como “se ha detectado una gran difusión de discursos de odio racistas, antigitanos y xenófobos en redes sociales”.

En el comunicado, recogido aquí por la agencia Europa Press, se denuncia asimismo “el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”. Se lamentan igualmente las “manifestaciones de representantes públicos en las que se alude al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas”, lo que contribuye “al estigma y al rechazo hacia determinados grupos”.

Ante todos estos hechos observados, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha hecho públicas las siguientes recomendaciones:

– Evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de los colectivos, especialmente desde los medios de comunicación y los representantes públicos.

– Frenar la difusión de noticias falsas y del discurso del odio, siendo especialmente importante informarse únicamente a través de fuentes fiables, y contrastar la información antes de compartirla.

– Garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico y su situación administrativa.

– Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables y a la discriminación interseccional por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

– Crear redes de solidaridad antirracistas tejiendo redes de apoyo mutuo e impulsar la igualdad como política de Estado, instando a todos los actores implicados a defender la igualdad y seguir impulsando el compromiso real con la lucha contra el racismo y la xenofobia.

– Denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena ante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

 

Puedes contactar con el Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica por los siguientes medios:

Tel.- 900 203 041

info@asistenciavictimasdiscriminacion.org

 

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Accem apoya a un joven víctima de una agresión xenófoba en Madrid

En la madrugada del 27 de octubre en torno a las cuatro de la madrugada, en el barrio madrileño de Aluche, se produjo una grave agresión a un joven de origen guineano. En su camino de regreso a casa, fue agredido por cinco individuos encapuchados al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?”, que le dieron varios puñetazos y le rompieron dos botellas en la cabeza, dejándolo inconsciente tirado en la calle.

Una patrulla de la Policía Nacional se encargó de llamar a los servicios de emergencia, que le atendieron en el lugar de los hechos. Tuvo que ser hospitalizado por las diversas contusiones y cortes sufridos, necesitando puntos de sutura en la cabeza y en la mano derecha.

La víctima de estos hechos, constitutivos de un delito de odio por motivos racistas, previsto y penado en nuestro Código Penal, no quería denunciarlos por temor a que afectara de manera negativa a su situación administrativa en España, al desconocimiento de sus derechos como víctima de un delito y del apoyo y asesoramiento que organizaciones como Accem pueden brindarle en aras de evitar la invisibilidad e impunidad de agresiones intolerables como esta.

Nuestra entidad trabaja en el apoyo y asesoramiento a víctimas de actos de discriminación racial o étnica a través del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial y/o Étnica y del Servicio de Asistencia a Víctimas.

En este caso, desde Accem se le ofreció apoyo, asesoramiento legal y psicológico, al tiempo que se le informó de la transcendencia y gravedad de lo acontecido y su pertinencia de denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siempre acompañado y asistido legalmente por el técnico y la responsable del programa de Accem de asistencia a víctimas.

La denuncia fue formulada y en la actualidad, y pese a lo complicado que pueda resultar localizar a las personas que le agredieron, los agentes policiales competentes han iniciado la investigación a través de la Brigada Provincial de Información.

Este caso es un buen ejemplo de las buenas prácticas realizadas tanto en el seno de Accem, con colaboración y actuación transversal entre los distintos dispositivos de la organización en Madrid y el programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación, pero también por la rapidez y eficacia en la atención y asistencia a la víctima por parte de las fuerzas de seguridad y de la sanidad pública.

La respuesta dada no sólo evitará la infradenuncia y contribuirá a una resolución que no permita la impunidad de los agresores de este tipo de delitos sino, también, posibilitará el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y en los mecanismos para su efectiva protección en derechos y libertades con independencia de su origen o nacionalidad.

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.