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Recomendación del Consejo de Europa para prevenir y luchar contra la trata laboral

El pasado mes de septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado una recomendación dirigida a los Estados miembro sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Entre otros aspectos, se recomienda adoptar leyes, políticas y estrategias nacionales que aborden esta realidad, que tengan un enfoque de derechos humanos y estén centradas en las necesidades de las víctimas. Se requiere además que dichos instrumentos sean sostenidos por los fondos adecuados para garantizar su implementación y que sean coordinados, monitoreados y evaluados por mecanismos específicos.

Los objetivos de estas políticas tienen que ser la prevención de la trata con fines de explotación laboral, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de acceso a remedios efectivos, incluyendo la compensación. Asimismo, dichas políticas deben asegurar que las empresas y las organizaciones públicas actúen con la debida diligencia, y que mapeen y aborden los riesgos de la trata en sus cadenas de suministro.

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Conoce el trabajo en red contra la discriminación que realizamos en Castilla y León

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde Accem participamos en diferentes acciones en Valladolid en el marco del trabajo en red que se lleva a cabo desde la Mesa Territorial de Castilla y León del Servicio de Apoyo y Atención a Víctimas de Discriminación Racial.

Por una parte, participamos en un taller formativo sobre discriminación racial o étnica que se celebró el 16 de marzo en modo online que estaba dirigido principalmente al voluntariado de las organizaciones sociales. El taller contó con la participación de alrededor de 65 voluntarios y voluntarias. Tenía como objetivo principal explicar en qué consiste el fenómeno discriminatorio y dar a conocer el Servicio de Atención a Víctimas para llegar a más personas y poder denunciar así casos reales de discriminación.

Por otra, participamos en el acto de reconocimiento que el Ayuntamiento de Valladolid organizó con las entidades que forman parte del Servicio, entre ellas Accem. Este acto tuvo lugar el viernes 19 de marzo en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de Valladolid. En el acto se presentó un vídeo elaborado con la colaboración de representantes de todas las organizaciones e instituciones implicadas, por supuesto también con Accem.

 

2020, el año más mortífero en la ruta atlántica de la migración hacia las Canarias

En el año 2020 se dejaron la vida en el mar, intentando llegar a Europa, un total de 2.266 personas, contabilizadas como muertas o desaparecidas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto Missing Migrants. De ellas 1.417 habrían muerto o desaparecido en el Mar Mediterráneo y 849 en el Océano Atlántico.

Mientras los datos indican que en los últimos años ha descendido el número de víctimas en el Mediterráneo, también señalan cómo en 2020 aumentaron los muertos y desaparecidos en la ruta atlántica hacia Canarias en más de un 300 %.

Asimismo, en los dos primeros meses de 2021 ya habrían perdido la vida otras 22 personas en la ruta atlántica de la migración y 247 en el Mediterráneo, sumando un total de 269 personas muertas o desaparecidas en enero y febrero de 2021.

Como siempre hay que hacer constar cuando se trata de las víctimas de la migración en las fronteras marítimas, estas cifras son únicamente una estimación referida a los accidentes que se han podido confirmar o sobre los que existe mayor información. El número de víctimas será seguramente superior. Del mismo modo, estas cifras no son definitivas, pues registrarán en semanas y meses sucesivos algún reajuste en función de la información racabada.

Si atendemos a la serie histórica de los últimos cinco años, podemos ver que, de acuerdo con los datos de la OIM, murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo al menos 13.883 personas. El último año, 2020, fue el que menor número de víctimas mortales registró en el Mediterráneo, en una tendencia descendente consolidada desde 2016, año en el que se llegaron a registrar un total de 5.143 personas muertas o desaparecidas.

 

Personas muertas y desaparecidas en las distintas rutas del mar Mediterráneo.
Serie histórica 2016-2020.

Sin embargo, si vemos los datos de los últimos cinco años en la ruta atlántica que une las costas de África Occidental con las Islas Canarias nos encontramos que 2020 fue el año más mortífero, con un total de 849 personas muertas o desaparecidas, en lo que supone un incremento de más del 300 % sobre el año anterior.

 

Personas muertas y desaparecidas en la ruta atlántica a las Islas Canarias.
Serie histórica 2016-2020.

 

Por regiones, si realizamos un desglose de las personas fallecidas o desaparecidas por cada región del Mediterráneo, observamos que en 2020 la ruta del Mediterráneo Central, que une las costas de Libia o Túnez con Malta o Italia fue la que registró mayor número de víctimas, con 983 personas muertas o desaparecidas, el 69 % del total de las víctimas de la migración y las fronteras cerradas en el Mediterráneo. Por otra parte, 330 personas se dejaron la vida en la ruta del Mediterráneo Occidental, que enlaza las costas de Marruecos o Argelia con España y que suponen el 23 % del total. El número de víctimas en el Mediterráneo Oriental, en la travesía desde las costas de Turquía hacia Grecia y Chipre fue de 104 personas, el 7 % del total.

Junto a los datos del Mediterráneo, aparecen los de la ruta atlántica que desemboca en las Islas Canarias, en la que como ya hemos señalado fallecieron en 2020 al menos 849 personas. Esto significa que, tras la ruta del Mediterráneo Central, fue la ruta atlántica la que se cobró más víctimas. También significa que fue camino de España donde murieron más personas intentando emigrar, con al menos 1.179 personas muertas o desaparecidas en 2020.

 

Personas fallecidas o desaparecidas en el mar intentando llegar a Europa en 2020, por rutas geográficas.

 

Personas fallecidas o desaparecidas en el mar intentando llegar a España en 2020.

En comparación con el número de personas que intentaban el viaje, tanto el ACNUR como la OIM, agencias de Naciones Unidas para las personas refugiadas y para las migraciones respectivamente, se pronunciaron en los últimos meses del año señalando que la ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias se perfilaba actualmente como la más peligrosa y mortífera del mundo.

> Si quieres saber más sobre las distintas rutas migratorias hacia la UE a través de su frontera sur, pincha aquí.

Encuentro en Níger evidencia la necesidad de reconocer las diferencias entre trata y tráfico de personas

Consentimiento, transnacionalidad y explotación son algunos de los elementos diferenciadores más importantes.

En los días 28 y 29 de julio de este verano se celebraba en la región nigerina de Tillabéry un encuentro de sensibilización que, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno italiano y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estaba dirigido a apoyar a Níger en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.

En este marco, Maman Sadissou Loulali, coordinador en Níger de la UNODC para la lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos, apuntó a una falta de suficiente información: “Muchos funcionarios, especialmente los que operan en puestos fronterizos, aún no tienen el conocimiento suficiente sobre trata y tráfico”. Esto se convierte en algo significativo en un país como Níger, que es territorio de tránsito y destino para las víctimas de ambos delitos y es la razón para la organización de eventos de esta naturaleza, en coordinación con la Agencia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Níger, especialmente en los puntos fronterizos.

Diferenciar trata y tráfico de personas es primordial para que todos los agentes implicados actúen con máxima eficiencia, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre ambos delitos? La UNODC menciona tres aspectos clave que permiten diferenciarlos de forma sencilla: consentimiento, transnacionalidad y explotación.

Consentimiento:

Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes siempre hay consentimiento de las víctimas, a pesar de las pésimas condiciones en las que se pueda producir ese desplazamiento (pateras, transporte en camiones, etc.). Sin embargo, en el caso de trata, nunca hay consentimiento de la víctima y, en caso de que la víctima consintiese, estaríamos ante un consentimiento viciado e inválido, ya que se ha obtenido mediante alguna circunstancia que limita su voluntad, como el abuso de poder, la coacción o el engaño.

Transnacionalidad:

El tráfico ilícito implica siempre el cruce de fronteras internacionales, la víctima siempre se desplaza en un recorrido que inicia en un país de origen hacia otro de destino, entrando en este de manera irregular. En el contexto de la trata de seres humanos, la víctima puede que sea desplazada de un lugar a otro incluso dentro de un mismo Estado, por lo que podríamos hablar, por tanto, de dos modalidades de trata, nacional e internacional. Además, no todas las víctimas de trata son personas que han entrado de forma irregular en España.

Explotación:

En el delito de trata de seres humanos, una de las características principales es la finalidad de explotación continuada de la víctima, ya sea con fines sexuales, laborales, de servidumbre, mendicidad, etc. Es decir, la víctima llega al lugar de destino y no es libre, sino que es explotada y continúa la relación con el tratante. A diferencia de ello, en el tráfico de personas, una vez que el migrante llega al país de destino, el delito quedaría consumado con el cruce de fronteras y finalizaría la relación con el traficante.

Como vemos, ambos delitos tienen aspectos diferenciadores. Sí existe, sin embargo, para las víctimas de ambos delitos, un trasfondo común: el anhelo de una vida mejor. La difícil situación en sus lugares de origen está relacionada con que multitud de mujeres, hombres, niñas y niños se vean obligados a buscar salidas desesperadas ante situaciones de conflicto, persecución, discriminación, pobreza, etc.

Para más información sobre el encuentro celebrado en Níger, pincha aquí.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas.

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El consentimiento en la trata de personas: un elemento jurídicamente irrelevante

En ocasiones, cuando hablamos de trata de seres humanos, la víctima es engañada y termina estando en una situación de explotación sin conocer, en el momento de su captación o traslado, cuál será su cometido final.

Cada día, multitud de personas que pensaban que trabajarían en una peluquería, en el campo o en una fábrica de conservas, inician un trayecto de miles de kilómetros para finalmente ser explotadas en prostíbulos, plantaciones agrícolas o incluso ser obligadas a transportar drogas entre países.

Asimismo, existen otras víctimas en las que, a priori, no existe ese engaño porque son totalmente conocedoras de cuál será su cometido cuando lleguen al lugar de destino. Es en estas situaciones cuando se siguen dando ciertos discursos absolutamente desacertados que se amparan y justifican en que ese consentimiento exime al explotador o tratante de su responsabilidad, argumentando que la víctima no ha sido engañada en el ‘trabajo’ que va a desempeñar y que ha aceptado realizar.

Pero habría que preguntarse, ¿cómo se ha conseguido ese consentimiento? ¿Qué lleva a que una persona acepte transportar droga dentro de su propio cuerpo con los riesgos que eso conlleva para su salud? ¿Por qué una persona consiente pasar jornadas interminables haciendo de mimo en una plaza o prostituyéndose más de 15 horas al día?

Lo cierto es que, en nuestro ordenamiento jurídico, para el delito de trata de personas, este consentimiento es totalmente irrelevante y no se tiene en cuenta en ninguna de sus fases, básicamente porque la persona no consiente de manera libre, siempre se da alguna circunstancia que limita su voluntad, como el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, que aboca a la persona a aceptar y al tratante a obtener así el consentimiento de la víctima.

En este aspecto, todavía queda mucho camino por recorrer. Según la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), algunos países continúan regulando en sus legislaciones que la víctima mayor de edad y que consiente en la actividad de trata sin que medie engaño, coerción, amenaza o fuerza no es considerada víctima y, por lo tanto, no se considera delito. Aún así, estamos ante una práctica que tiende a desaparecer ante la consideración de que la víctima no consiente libremente en ser explotada, sino que hay circunstancias personales, sociales, económicas, entre muchas otras, que influyen profundamente en que la víctima acepte realizar determinadas conductas. Estaríamos, de esta forma, y tal y como se recoge en nuestro código penal, ante un consentimiento viciado y, por tanto, invalidado e irrelevante ante un tribunal, por lo que el consentimiento de la víctima carece de efectos jurídicos, independientemente de su edad o de la forma en la que se haya constituido la explotación.

Por eso, es importante tener siempre en cuenta que, aunque una persona acepte realizar una determinada conducta o acción en el contexto de la trata de personas y con cualquier modalidad de explotación, debemos reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad y vivencias personales que hay tras esa persona o los medios indebidos que se han utilizado para conseguir este consentimiento.

 

 

La UE lanza su primera estrategia sobre los derechos de las víctimas

La Unión Europea adoptó el pasado 24 de junio su primera Estrategia sobre los Derechos de las Víctimas, que tendrá una duración quinquenal de 2020 a 2025.

Durante los últimos años, la Unión Europea ha adoptado una serie de instrumentos para garantizar los derechos de las víctimas, como es el caso de la directiva 2012/29/UE que establece el estatuto de las víctimas de delitos graves, entre ellos la trata de seres humanos. A pesar de ello, aún existen muchos obstáculos que impiden a las víctimas el pleno goce de todos los derechos reconocidos y garantizados jurídicamente, especialmente por una falta de información sobre estos derechos y sobre las medidas de protección y apoyo.

Para hacer frente a estas carencias y afrontar los desafíos pendientes, la UE ha tomado la iniciativa de establecer una estrategia que permita garantizar en la práctica el acceso efectivo de las víctimas a los derechos que la legislación europea ya les reconoce. E invita a otros actores, como los estados miembro de la UE y la sociedad civil, a tomar medidas al respecto.

> Puedes acceder aquí a la Estrategia europea sobre Derechos de las Víctimas. 

> Conoce todo el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas. 

 

La discriminación múltiple que sufre la mujer inmigrante

Participamos en una mesa redonda dentro de las actividades por el Día de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, dentro del marco del II Plan de Igualdad Municipal (2018- 2021), el Ayuntamiento ciudadrealeño de Valdepeñas organizó la charla “Mujer y Discriminación Múltiple”, que contó con la presencia de la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, a la que se sumó la responsable provincial de Fundación Secretariado Gitano de Ciudad Real y la responsable del área de mujer de CERNI.

El Centro Cultural “La Confianza” acogió un interesante debate en el que se expusieron diferentes situaciones discriminatorias que padecen las mujeres de origen no nacional, las mujeres gitanas y las mujeres con discapacidad. La jornada fue inaugurada por María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales.

En la exposición planteada por la responsable del programa de Accem, Esther Peña, hizo mención a la discriminación múltiple de la mujer extranjera, por su género y origen diverso, y a la importancia de poder plantear medidas que tengan en cuenta la transversalidad de género para superar estas brechas. Dentro del marco contextual que marca la discriminación, en la que se entiende como una práctica ya normalizada en múltiples espacios, poco visible a la sociedad, con un marco normativo desconocido y una obligación del estado de derecho de crear legislación en igualdad de trato, Esther Peña añadió el desconocimiento por parte de las víctimas de las opciones con las que cuentan, la dificultad para reportar los incidentes, el aumento de manifestaciones racistas y las nuevas formas de racismo que se dan con las nuevas tecnologías.

Desde esta premisa, la apuesta de Accem bajo el amparo del 8 de marzo nos lleva a enfocar nuestra mirada sobre la mujer en su diversidad de origen y condición (refugiada, víctima de trata, menor no acompañada…) analizando distintas situaciones en la sociedad de acogida, y abogando por la igualdad real y efectiva de derechos y libertades de estas como sujeto individual, corrigiendo la invisibilidad, logrando una ciudadanía inclusiva de todas ellas.

La realidad estadística señala que casi la mitad de la población inmigrante son mujeres (46%). De esta población, muchas de las mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico, cuidando mayores y menores, alejadas del espacio publico y siendo más vulnerables a sus derechos como trabajadoras, en muchas ocasiones con cargas familiares (tanto en España y/o en sus países de origen, o incluso en otros países) y con múltiples obstáculos y dificultades administrativas para su incorporación laboral.

Siguiendo con las estadísticas, la pobreza en España indica que tiene rostro de mujer inmigrante, que los cuidados siguen estando confinados en el ámbito privado, dándose episodios de abusos laborales y sexuales en algunas situaciones.

Desde esta realidad, Accem, además de la atención integral que desarrolla con la población inmigrante, de los servicios de mediación intercultural y las acciones de participación comunitaria, lleva a cabo el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico, que ofrece apoyo, información, asesoramiento y defensa legal ante situaciones discriminatorias y/o constitutivas de delitos de odio. Durante la charla, se ejemplificaron situaciones de discriminación por origen racial, atravesadas por la condición de mujer y las dificultades a las que se enfrentan.

Derechos de las víctimas: nueva estrategia para empoderar a las víctimas

Comunicado de la Comisión Europea 

La Comisión Europea ha presentado la primera estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas para garantizar que todas las víctimas de delitos puedan invocar plenamente sus derechos, con independencia del lugar de la Unión en que se haya cometido el delito.

La estrategia establece una serie de acciones para los cinco próximos años, centrándose en dos objetivos: en primer lugar, empoderar a las víctimas para que denuncien los delitos, reclamen una indemnización y, en última instancia, se recuperen de las consecuencias del delito; en segundo lugar, colaborar con todos los interlocutores pertinentes en materia de derechos de las víctimas.

A la vista de la reciente pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento subsiguientes, que influyeron en un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil, la ciberdelincuencia y los delitos de odio racista y xenófobo, es especialmente importante que el marco de apoyo y protección a las víctimas sea también resiliente en situaciones de crisis.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado lo siguiente: «Demasiadas víctimas de delitos quedan sin escuchar, sin acceso a la justicia y sin un apoyo adecuado. La Unión Europea está del lado de las víctimas y la estrategia de hoy tiene por objeto empoderarlas, especialmente a las más vulnerables, como las víctimas de la violencia de género o de los delitos motivados por el odio. Tenemos que movilizar a los Estados miembros para que apliquen plenamente las normas de la UE en materia de derechos de las víctimas, sin condiciones ni objeciones».

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha declarado: «Una Unión de la igualdad que proteja a sus ciudadanos debe garantizar el apoyo, la protección y el acceso no discriminatorio a la justicia para todas las víctimas de delitos. Nos vamos a esforzar por lograrlo mediante la nueva estrategia, en colaboración con los Estados miembros y la sociedad civil».

La UE ya dispone de un sólido conjunto de normas para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, las víctimas de delitos todavía no pueden confiar plenamente en los derechos concedidos por la UE. El punto de partida debe ser una mejor aplicación de las normas de la UE en la práctica. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas para reforzar estas normas de aquí a 2022. A tal fin, la nueva estrategia presentada hoy presenta una serie de acciones centradas en cinco prioridades clave:

  1. Comunicar eficazmente con las víctimas y proporcionarles un entorno seguro para que denuncien los delitos

Demasiado a menudo las víctimas no son conscientes de sus derechos o temen denunciar el delito por miedo al delincuente o a las consecuencias negativas. La Comisión, entre otras cosas, pondrá en marcha una campaña de la UE para difundir los derechos de las víctimas y promover un apoyo y protección especializados a las víctimas con necesidades específicas. La Comisión también seguirá supervisando la aplicación de las normas pertinentes de la UE, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

  1. Mejorar la protección y el apoyo a las víctimas más vulnerables

Todas las víctimas son vulnerables y, en particular, los niños, los ancianos y las víctimas de la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos racistas u homófobos y el terrorismo, además de las víctimas con discapacidades. La Comisión estudiará el refuerzo de la protección a las víctimas mediante la introducción de normas mínimas sobre su protección física. Los Estados miembros deben crear servicios de apoyo especializados para las víctimas más vulnerables, tales como casas seguras para los menores, las familias y las personas LGBTI+.

  1. Facilitar el acceso de las víctimas a una indemnización

En muchos Estados miembros, el acceso de las víctimas a una indemnización resulta difícil. En el marco de la estrategia, la Comisión supervisará y evaluará la legislación de la UE sobre indemnizaciones, incluidas las estatales, y la Decisión marco sobre el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias. En caso necesario, la Comisión propondrá medidas para complementar este marco de aquí a 2022.

  1. Reforzar la cooperación y la coordinación entre los interlocutores en materia de derechos de las víctimas

Para garantizar un planteamiento más horizontal sobre los derechos de las víctimas a escala de la UE, la Comisión creará una plataforma de derechos de las víctimas, que reunirá a todos los interlocutores pertinentes. Por su parte, los Estados miembros deben establecer estrategias nacionales sobre los derechos de las víctimas. Un coordinador de derechos de las víctimas velará también por la coherencia y la eficacia de las diferentes actuaciones relacionadas con la política en materia de derechos de las víctimas.

  1. Reforzar la dimensión internacional de los derechos de las víctimas

El Plan de acción para los derechos humanos y la democracia, adoptado recientemente, reafirma el compromiso de la UE de promover, proteger y observar los derechos humanos en todo el mundo. La UE y sus Estados miembros seguirán dialogando con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y también en el seno de estas instituciones, para promover los derechos de las víctimas en los países socios e intercambiar mejores prácticas. La UE seguirá colaborando estrechamente con los países candidatos y los países candidatos potenciales para reforzar los derechos de las víctimas y apoyar las acciones de desarrollo de capacidades para los países socios prioritarios en relación con el apoyo a las víctimas del terrorismo.

Contexto

Cada año, millones de personas en la Unión Europea son víctimas de delitos. En 2017, alrededor de 15 millones de personas fueron víctimas de delitos graves, como homicidios, abusos sexuales de menores o secuestros. La violencia de género en la UE es alarmante: una de cada tres mujeres (el 33 %) ha sufrido violencia física o sexual a partir de los quince años. Tan solo alrededor de un tercio de las mujeres víctimas de abusos físicos o sexuales, principalmente por parte de sus parejas o familiares cercanos, recurre a las autoridades. El confinamiento de la sociedad durante la pandemia de COVID-19 coincidió con un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil y la ciberdelincuencia, así como de los delitos de odio racista y xenófobo.

Aunque la UE dispone de un sólido conjunto de normas, estos instrumentos aún no han alcanzado todo su potencial, sobre todo debido a la incorporación incompleta o incorrecta de las normas de la UE a los ordenamientos jurídicos nacionales. La Comisión seguirá evaluando los instrumentos de la UE y sus posibles deficiencias y, en caso necesario, presentará de aquí a 2022 propuestas legislativas encaminadas a reforzar los derechos de las víctimas.

La aplicación de esta estrategia se supervisará periódicamente, también a través de reuniones periódicas de la Plataforma de los Derechos de las Víctimas, a fin de actualizar las acciones bajo la responsabilidad de las distintas partes interesadas. Además, la Comisión hará balance de las acciones de la estrategia a medio plazo y la actualizará cuando sea necesario.

Más información

 

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Diagnóstico de necesidades de las asociaciones de personas migrantes y gitanas en Asturias

Recientemente ha sido presentado en Asturias un diagnóstico de identificación de necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas del Principado, realizado a lo largo de 2017 por las entidades sociales, entre ellas Accem, que prestan el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación.

Este diagnóstico ha sido realizado con el doble objetivo de conocer las necesidades reales de estas asociaciones así como de crear redes para la planificación de acciones conjuntas. La recogida de datos se llevó a cabo a partir de encuestas realizadas a un total de 28 asociaciones, de las cuales el 71% eran asociaciones de personas inmigrantes y el 29% asociaciones de personas gitanas. El análisis se ha centrado en tres dimensiones diferentes: casos de discriminación, formación y metodología y legislación y recursos.

El 79% de las asociaciones encuestadas declaró haber detectado casos de discriminación. Por ámbitos de estudio, hasta el 71% de las asociaciones preguntadas detectó casos de discriminación en el acceso a una vivienda; el 68% lo detectó en el ámbito del empleo y el 61% registró casos de discriminación en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Cuando analizamos los datos de manera desglosada entre las asociaciones de personas inmigrantes y las asociaciones de personas gitanas, nos encontramos con algunos datos relevantes, como los picos en la detección de casos de discriminación constatados por las asociaciones de inmigrantes en el ámbito del empleo (75% de las asociaciones así lo señalaron) o en la discriminación en el acceso a una vivienda para las personas gitanas (hasta un 87,5%).

 

Gráfico: ¿Han detectado casos de discriminación en los siguientes ámbitos?

 

Las asociaciones respondieron que las principales dificultades detectadas para recoger casos de discriminación son la normalización de conductas, la negativa a seguir con el proceso por parte de la víctima, los problemas para la identificación del incidente discriminatorio y el tiempo transcurrido entre el hecho y su denuncia en la asociación.

En los casos de negativa a seguir con el proceso de denuncia de una situación de discriminación, se aludió especialmente al miedo a las represalias (43%), normalización de la discriminación (39%) y falta de confianza en la eficacia de la denuncia (21%).

En otros datos de interés, las asociaciones encuestadas respondieron que en un 75% de los casos de discriminación la información la recibieron de las propias víctimas. La actuación de las asociaciones al recibir esta información se centra en la derivación (46,4%), mediación (25%), denuncia (17,9%),  y queja (14,3%).

Por otra parte, en lo referente a formación y metodología, el 68% de las asociaciones indicaron que no realizan acciones formativas en su entidad, pero hasta un 89% de ellas se mostraron interesadas en recibir formación sobre discriminación.

En el capítulo legislativo, el estudio indica que las asociaciones se dirigirían, en caso de denuncia de un caso de discriminación, al juzgado, los servicios sociales, la fiscalía o el propio agente discriminador, por este orden.

La elaboración de este diagnóstico nos ha dejado un balance muy satisfactorio, al habernos permitido conocer de primera mano las necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas, para poder ofrecerles una respuesta ajustada a estas necesidades. El estudio nos ha permitido establecer asímismo un vínculo con todas ellas que nos permitirá profundizar en el trabajo en red.

¿Has sido víctima de discriminación? Conoce tus derechos.