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Accem consigue revertir un caso de discriminación en el acceso al bono social eléctrico

Nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial y/o étnica se dirigen a garantizar el derecho a la igualdad de trato de aquellas personas que, por razón de su origen racial o no nacional, constituyen colectivos vulnerables. Tal es el caso en el siguiente ejemplo de discriminación indirecta a una mujer migrante, relacionado con una mayor exigencia de requisitos para acceder al bono social de energía por parte de la compañía eléctrica Iberdrola.

Fue en septiembre de este año, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, cuando recibimos la consulta de una mujer, de origen no nacional, con tres menores a cargo, siendo ella la única referente familiar y económica. Nos trasladó la denegación sistemática del bono social de Iberdrola en los dos últimos años ya que le exigían el libro de familia de su país de origen para demostrar el carácter monomarental de su unidad familiar.

La discriminación indirecta sufrida era palmaria toda vez que, ante la insistencia de la solicitante de no disponer de tal documento, al no existir en su país de procedencia el elemento libro de familia, y tras haber aportado toda documentación requerida en la que se constataba fehacientemente, sin género de dudas, su condición monomarental, la eléctrica Iberdrola había concluido la denegando de la petición por insuficiencia documental.

La mujer afectada por este caso de discriminación es beneficiaria de protección internacional. Según la normativa aplicable, el empadronamiento y la documentación de los hijos, en la que se refleja la protección internacional subsidiaria extendida también a los menores, es suficiente y bastante en orden a la acreditación del citado requisito del carácter monomarental de la unidad familiar, sin que quepa pedir o inventar un requisito documental adicional por su condición de persona inmigrante con protección internacional reconocida.

Tras tres reclamaciones en las que se acreditó y se subrayó la situación de especial vulnerabilidad de la familia y su correcta y suficiente acreditación, se recibió la rectificación por parte de Iberdrola y la corrección y compensación económica de lo que se le debía haber aplicado en las facturas de los dos últimos años.

El caso descrito tuvo resultado positivo. El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico, del que Accem es parte integrante, logró revertir la situación discriminatoria contraria a derecho, apoyando, orientando, asistiendo social y legalmente a la víctima, aplicando las normas que garantizan, en el acceso a prestaciones y servicios públicos, la ausencia de discriminación alguna, haciendo efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este punto, nos gustaría reflejar que la discriminación indirecta se produce cuando un criterio, práctica o disposición, aparentemente neutras, genera una desventaja particular hacia un colectivo que consideramos vulnerable de sufrir una discriminación.

En este caso, la normativa era clara en sus requisitos (Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica), pero la petición documental adicional e interpretación discriminatoria de la acreditación de una de las condiciones constituyó el obstáculo a la hora de acceder a un servicio público subvencionado por el que cumplía todos los requisitos.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco del trabajo del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que financia el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 

 

 

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.

Acción formativa para el equipo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito

El pasado 9 de octubre, estuvimos presentes en el curso de “Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables con particular referencia a las víctimas de delitos de odio”, organizado en Madrid por el Ministerio de Justicia y dirigido al equipo multidisciplinar de profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, Esther Peña, participó en la mesa redonda dedicada a “La perspectiva del tejido social y su experiencia en la atención social y defensa de las víctimas”, compartiendo debate con representantes de organizaciones también especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, como la Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Hogar Sí y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Estuvo moderada por Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Durante el desarrollo del debate se expuso la experiencia de Accem con personas que son víctimas de incidentes discriminatorios y/o de delitos de odio. Se afirmó que la atención y asistencia a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de su origen no nacional/racial/étnico ha permitido que, en muchas ocasiones, las agresiones hayan podido llegar a los tribunales de justicia, y una vez judicializadas, se haya podido realizar un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando la impunidad de los supuestos agresores.

Si se da visibilidad y voz a las personas en situación más vulnerable, se defienden sus derechos y sus libertades más fundamentales, se propicia una sociedad más inclusiva y diversa y se crea un motor de cambio social.

Esther Peña se reafirmó en su intervención en que las personas a las que se atiende son muy vulnerables al posible riesgo de exclusión en la sociedad española, comparten dificultades de integración y en la consolidación de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. “Las personas a las que se atiende están indefensas, tienen miedo y acuden con cierta cautela, temen perder aquello que han conseguido o que puedan conseguir en la sociedad española, lo que justifica el nivel de infradenuncia de los episodios de discriminación. Es por ello que se hace muy necesario el empoderamiento de estas víctimas para garantizar su eficaz asistencia y protección”.

Como entidad, el principal valor con el que cuenta Accem para trabajar con las víctimas de delitos de odio son la escucha activa, la información, el apoyo, la atención, el asesoramiento y defensa legal y rigurosa ante hechos indiciariamente discriminatorios y constitutivos de calificarse como ilícitos penales por razón de su diversidad. “La brevedad en la respuesta que se les ofrece, y si además es eficaz, permitirá no sólo una resolución acorde a la situación detectada sino también posibilitar el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y los mecanismos para su efectiva protección”, aseveró Peña.

La exposición finalizó con varios ejemplos de casos de discriminación que desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” se han atendido y no estuvo exenta de polémica en el turno de palabra otorgado a los/as profesionales de las citadas oficinas, toda vez que, en algunas intervenciones, se responsabilizó a las víctimas de etnia gitana y a las personas migrantes de alguna determinada nacionalidad de dificultar y frustrar el desempeño laboral de los equipos profesionales de estas oficinas. Hechos que nos permiten concluir que es aún más necesario seguir avanzando en la sensibilización y capacitación en igualdad de trato y no discriminación, con acciones como esta, dirigidas a los agentes sociales y profesionales de la Administración Pública concernidos.

Avances con la consecución del Estatuto de la Víctima de Delito

Esta jornada, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, sirvió para hacer balance de la realidad jurídica que inaugura la aprobación hace seis meses de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, de 27 de abril, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea D2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español. Esta ley reconoce no solo derechos en el ámbito del proceso penal sino, también, un catálogo general de derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor. Normas de obligada aplicación sustantiva y procesal desde el año 1996 a la actualidad más reciente que otorgaban a este tipo de victimas un tratamiento asistencial especifico y un nítido reconocimiento de derechos en el ámbito del procedimiento penal, si bien con resultados diversos. Pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, esto es, un estatuto general para las víctimas de todos los delitos, y, por tanto, que también incluyera a las víctimas susceptibles de sufrir ilícitos penales calificados como delitos de odio, es decir, hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual, siendo éste el elemento nuclear de su comisión delictiva.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora, que va desde el derecho a la protección, información, asistencia lingüística gratuita, traducción e interpretación, apoyo, asistencia jurídica, psicológica y social, a ser parte activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el inicio, durante y con posterioridad al proceso, con independencia de si es parte o no en ese proceso e incluso con anterioridad al comienzo de este.

Los servicios de apoyo mencionados en el texto jurídico se traducen en la mejor regulación del cometido y naturaleza de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, entendidas como un espacio multidisciplinar de atención a las víctimas, con carácter público y gratuito, bajo la competencia del Ministerio de Justicia, creando para ello una red de oficinas de asistencia a las personas perjudicadas por la comisión delictiva que están localizadas en todas las comunidades autónomas y en casi todas las capitales provinciales, dentro de las sedes judiciales. El objetivo de estas oficinas es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

 

Ante la discriminación, no te calles: participa contra la discriminación

Comunicado del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

Desde el año 1966, el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, día en el que Naciones Unidas nos recuerda que, en muchas partes del mundo, la incitación al odio y las prácticas discriminatorias por razones de origen racial o étnico, religión, nacionalidad, entre otras, están muy extendidas.

En este día nos parece relevante realizar una reflexión teniendo en cuenta el contexto actual de rechazo social hacia determinados grupos de población por su origen racial, étnico o nacional, contexto se sigue manteniendo y nos preocupa porque afecta al pleno ejercicio de la vida de las pers>onas. Este rechazo está, en gran medida, ocasionado por los prejuicios y estereotipos que provocan comportamientos discriminatorios que atentan contra la dignidad humana. Por ello, es vital la sensibilización y la concienciación de nuestra sociedad.

En España, desde el año 2013, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (creado para cumplir con uno de los principales mandatos de la Directiva 2000/43/CE) presta asistencia y orientación a las personas que sufren estas situaciones, atendiendo más de 600 casos y desarrollando más de 150 acciones de información y sensibilización en derechos a potenciales víctimas de discriminación racial o étnica cada año tal y como consta en nuestras memorias anuales. El objetivo de nuestra actividad es, continuar visibilizando la discriminación cotidiana que siguen sufriendo las personas de distintas etnias, orígenes y procedencias, en el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando quieren encontrar un empleo, alquilar una vivienda, acceder a determinados servicios (bares, tiendas, supermercados, etc). Derechos, todos ellos, vitales para gozar de una vida digna.

Asimismo, otro de nuestros objetivos es el de concienciar a la ciudadanía de que para combatir la discriminación racial o étnica es necesaria su denuncia y su implicación.

Las entidades sociales que formamos parte de este Servicio de Asistencia somos conscientes de que los casos registrados y publicados en nuestros informes sobre discriminación son la punta del iceberg, porque nos encontramos ante una grave situación de infradenuncia de los incidentes discriminatorios cuya causa radica en la asimilación del rechazo por parte de las víctimas, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza en la efectividad de la denuncia.

Desde el Servicio somos conscientes de la importancia de seguir impulsando acciones de información y sensibilización a las potenciales víctimas en todas las localidades, las cuales, ante un caso de discriminación deben sentirse acompañadas durante todo el proceso, así como trabajar en red con los agentes profesionales clave y los distintos operadores jurídicos, incluidas las distintas administraciones a quienes consideramos piezas imprescindibles en este proceso de empoderamiento de las víctimas. Persiste el desconocimiento por parte de la sociedad de la legislación antidiscriminatoria vigente, un hecho que sin duda repercute en las víctimas teniendo un doble impacto: por un lado, no saben el alcance de sus derechos y por tanto asimilan la discriminación como algo normal y por otro, con respecto a la sociedad en general, ésta sigue percibiendo que discriminar es una conducta carente de un reproche jurídico adecuado.

La limitada eficacia normativa de la legislación antidiscriminatoria española, especialmente a la hora de sancionar a los agentes discriminatorios y de reparar los daños sufridos por las víctimas, es, sin duda una cuestión que tenemos que abordar, ya que restringe en muchos casos las estrategias de actuación ante la discriminación racial o étnica y, por tanto, siguen condicionando los resultados de las mismas.

Estas limitaciones invitan a reclamar una mejora en los instrumentos normativos destinados a la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación y una respuesta eficaz frente a la misma, restaurando los derechos de las víctimas y facilitando durante todo el proceso el acompañamiento de las mismas.

Desde el Servicio de Asistencia también queremos sensibilizar a toda la ciudadanía sobre las consecuencias que la discriminación y el rechazo social tienen en la vida de las personas. Queremos que la sociedad se solidarice y apoye nuestra reivindicación, para construir entre todos y toda una sociedad mejor, más respetuosa con los derechos fundamentales, bajo el lema “Participa contra la discriminación racial o étnica”.

Hacemos un llamamiento a la participación social en las acciones que desarrollaremos para conmemorar el día 21 de marzo en las distintas oficinas del Servicio a nivel estatal bajo el lema “Ante la discriminación no te calles, participa contra la discriminación” ya que ésta supone una vulneración directa al derecho fundamental a la Igualdad protegido no sólo en nuestro texto constitucional sino también por la Directiva europea 2000/43.

Actividades organizadas por el Servicio

Desde el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica queremos informar que este Servicio va a desarrollar simultáneamente varios actos a nivel estatal: en más de 40 localidades se organizarán acciones de calle dirigidas principalmente a la ciudadanía en general para sensibilizarla e implicarla en la defensa de la no discriminación racial o étnica. Para ello, durante la semana del 18 al 22 de marzo de 2019 se está desarrollando una actividad en diferentes espacios públicos y que estamos difundiendo en redes sociales con el hashtag
#NoTeCalles

Más información

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está formado por ocho organizaciones: Accem, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano (coordinadora del Servicio).

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica adscrito a la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad de la Secretaria de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

> Toda la información sobre el trabajo que realizamos está disponible en la web del Servicio de Asistencia y Orientación.

> Accede al video del Servicio de Asistencia. 

La Ley de Igualdad de Trato debe ser una herramienta eficaz para la protección real de las víctimas de discriminación

Desde Accem, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el pasado mes de marzo, ya manifestamos la necesidad e importancia de aprobar en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios, etc. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó, en su informe de 2016, a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios.

En coherencia con este planteamiento, el pasado 3 de julio participamos, junto a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, en la Jornada Parlamentaria que se celebró en el Congreso de los Diputados con motivo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso en febrero de 2017 con el objetivo de impulsar y complementar el marco legislativo de lucha contra la discriminación.

A partir del cuerpo normativo europeo, es necesario aprobar una ley que sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación. Una ley que se apruebe desde las organizaciones, desde la ciudadanía diversa y que se constituya como una herramienta útil de reconocimiento y garantía para el ejercicio y disfrute de derechos. La ley que se ha presentado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria debe reconocer que la dificultad de la lucha contra la discriminación no radica únicamente en el reconocimiento del problema sino también en la protección real y efectiva de las víctimas.

La ley que se apruebe debe ser una ley de auténtico derecho antidiscriminatorio, y no una mera transposición de los objetivos y fines de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico, y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y ocupación. La futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe ser ambiciosa e ir más allá de una adecuada incorporación de las normas comunitarias (de obligada aplicación en cada estado miembro).

En este momento, y concretamente a partir del próximo mes de septiembre, la proposición de ley entra en una fase de análisis crítico, en la que las organizaciones sociales, como Accem, podrán participar a través de propuestas de mejora que contribuyan a mejorar la eficacia de este instrumento normativo.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, que desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Española dedicado a garantizar el derecho a la igualdad y el mandato constitucional que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra. La Ley Integral deberá ser una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano.