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Cómo se articula la Protección Internacional en España

Este 2023 ha sido un año indudablemente marcado por la emergencia humanitaria derivada del repunte de llegadas por vía marítima a las Islas Canarias y la posterior gestión de la acogida en el archipiélago y en la península. Los flujos de personas que realizan esta ruta son mixtos, es decir, hay migrantes pero también hay solicitantes de Protección Internacional. Personas que se ven en la necesidad u obligadas a poner en riesgo sus vidas en busca de la seguridad que no pueden tener en sus lugares de origen. 

Lo que se conoce como Protección Internacional engloba el Derecho al Asilo, la Protección Subsidiaria y la protección concedida por razones humanitarias. Las personas que son beneficiarias del primero de estos derechos son las que se conocen como refugiadas, es decir, aquellas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad. 

Para dar protección a estas personas, la red de acogida estatal coordinada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que forman parte organizaciones como Accem, trabaja para garantizar que se cumplen los derechos de estas personas, además de proporcionales un acompañamiento en un proceso de integración social que lleva consigo actuaciones para el aprendizaje del idioma, asesoramiento en trámites administrativos como la obtención de la tarjeta sanitaria o el registro en la Seguridad Social y orientación jurídica y laboral, entre muchas otras muchas. 

 

Sistema de Acción Concertada Protección Internacional

La financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, enmarcada en el sistema de Acción Concertada, un programa cofinanciado por la Unión Europea, permite que Accem y otras organizaciones trabajen en la atención y acogida de estas personas solicitantes de Protección Internacional. En este contexto, la entidad ha atendido, entre enero y noviembre de este año, a un total de 24.551 personas en el programa de Protección Internacional, siendo, en este orden, Ucrania, Venezuela, Colombia, Perú y Senegal, los principales países de origen de las personas a las que la organización ha dado apoyo.

Este sistema de gestión de la acogida, que viene funcionando desde hace años en nuestro país, se reformula bajo la Acción Concertada para afianzar el vínculo con las ONG colaboradoras, consolidando un sistema mixto de gestión que favorece el intercambio de información y permite a las entidades mejorar la planificación de recursos, incluidos los humanos, dotando al personal de mayor estabilidad y, por ello, mejorando la atención que se presta a los/as solicitantes y beneficiarios/as de Protección Internacional. El Ministerio planifica, desarrolla y gestiona el sistema de acogida, estableciendo, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, los procedimientos, prestaciones y actuaciones, en base a las directrices del Reglamento que regula el Sistema de Acogida.

Por su parte, la red de ONG, entre las que se encuentra Accem, trabaja en la atención y acogida de estas personas, mediante acompañamiento en la integración social, con el objetivo final de que estas cuenten, en el menor tiempo posible, con un proyecto de vida autónomo en nuestro país. Para ello, se establece un sistema de tres fases, que contemplan diferentes momentos del proceso de integración: la Fase de Valoración Inicial y Derivación, la Fase de Acogida y la Fase de Autonomía. 

Así pues, cuando las personas solicitantes de protección internacional llegan a España se activa la Fase de Valoración Inicial y Derivación, en la cual se analiza y se evalúan las circunstancias de cada persona de manera individualizada. En esta etapa, se atienden los requisitos de información y orientación sobre el sistema de Protección Internacional, a la vez que se cubren las necesidades básicas más urgentes, como la atención sanitaria o psicológica o la falta de productos básicos de ropa o higiene. Asimismo, se valora si las personas cumplen con los requisitos para la asignación de una plaza en la red de acogida, incidiendo en la detección de vulnerabilidades tales como casos de posibles víctimas de trata o violencia machista, entre otras. Accem ha atendido, entre enero y noviembre, a 17.217 personas en esta fase.

Posteriormente, los/as solicitantes que cumplen con los requisitos, pasan a la Fase de Acogida, en la que se les asigna una plaza del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por medio de la acción concertada con entidades como Accem, en un alojamiento adecuado al perfil de la persona o núcleo familiar y a sus necesidades. Durante esta fase, se asigna a una persona del equipo del trabajo social el expediente de esta persona o familia, haciendo seguimiento de su proceso de integración social. En esta etapa, se ofrecen servicios como el del aprendizaje del idioma, atención jurídica, talleres de contextualización social, acompañamiento en procesos de escolarización de menores de edad, obtención de tarjeta sanitaria o número de la seguridad social y acciones de orientación laboral para la inserción en el mercado de trabajo. En esta fase, Accem ha atendido a 6.823 personas a lo largo de los 11 primeros meses de 2023.

El último de los ciclos del sistema es la Fase de Autonomía, que tiene como finalidad hacer efectiva la plena inclusión en la sociedad. Entre las acciones que las entidades llevan a cabo en esta etapa, en la que las personas o familias ya abandonan el recurso de acogida proporcionado por el Ministerio y las ONG, están la prestación de apoyo social, psicológico, jurídico y cultural, así como continuar con el aprendizaje del idioma, proporcionar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación, facilitar servicios de traducción e interpretación y apoyar la conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona destinataria con su vida personal y familiar. En esta fase, Accem ha atendido a 3.360 personas entre enero y noviembre. 

El sistema de acogida de Protección Internacional, del que forman parte las ONG y que está coordinado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mediante el sistema de Acción Concertada tiene por delante muchos retos en materia de migración y asilo, como los tiene la propia Europa. Por eso el papel de la Comisión Europea cofinanciando este sistema es fundamental. Situaciones de emergencia humanitaria, como la derivada de la invasión rusa de Ucrania, la toma del poder de los talibanes en Afganistán o la guerra de Siria, ponen de manifiesto lo necesario de contar con un sistema de acogida, basado en alianzas, suficientemente fuerte para dar respuesta a las diferentes crisis humanitarias que se están produciendo y pueden producirse en el futuro.

Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras

Dada la aprobación hoy mismo por parte de las instituciones europeas del Pacto europeo sobre migración y asilo, y a instancias de un futuro análisis más en profundidad, desde Accem advertimos del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes. En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

En relación con la gestión de los flujos de personas, otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Además, será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

En esta línea, otra de las cuestiones que nos preocupa es el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad. Este hecho puede provocar una deficiente detección de las necesidades de protección de las personas y que algunas puedan llegar a ser retornadas, siendo expuestas a sufrir persecución. Además, hay que incidir en que uno de los criterios que se establecen para someter a las personas migrantes a este proceso es el origen, pues ciudadanos/as de países que tengan baja tasa de reconocimiento de protección internacional se tendrán que someter a este criterio, lo que supone una discriminación por razón de orígen. 

Otra de las cuestiones por las que desde Accem mostramos nuestra preocupación es el hecho de que el pacto permita a un país, ante una situación de crisis, flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Esta circunstancia, según el acuerdo, puede ser consecuencia, o bien de un aumento de llegadas o de la “instrumentalización” de la migración por parte de un país tercero para afectar a un Estado miembro.

Además, queremos recordar que ya existe un mecanismo para gestionar situaciones de crisis de llegadas, recientemente utilizado: la directiva europea de Protección Temporal. Se trata de un mecanismo garantista, que acelera el amparo y la garantía de derechos de las personas refugiadas y que se ha probado eficaz para resolver crisis de calado humanitario. Consideramos que, precisamente, este acuerdo de migración y asilo va en el sentido contrario de esta norma, al posibilitar que se incumplan parcial o totalmente las normas de asilo y refugio.

Por último, lamentamos que un pacto que tenía entre sus objetivos garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la UE para las personas refugiadas pueda derivar en ampliar más las diferencias a la hora de aplicar los criterios del sistema europeo común de asilo. Así pues, nos inquieta el concepto de solidaridad obligatoria pero flexible, que establece la existencia de cuotas de redistribución de demandantes de asilo de las cuales, sin embargo, los países podrán exonerarse a cambio del pago de 20.000 euros por persona, contribuyendo con medios materiales a la gestión migratoria de la UE o asumiendo la gestión de personas que están en su territorio aunque entrasen por otro país, que sería al que correspondería su gestión.

El primer semestre del año cierra con 1.997 personas muertas en la frontera sur, un incremento del 32% respecto a 2022

Al menos 1.997 personas han perdido la vida o han desaparecido en la frontera sur de la Unión Europea en lo que llevamos de 2023. Son los datos que se extraen del proyecto Missing Migrants Project, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra es, sin duda, preocupante, ya que, comparada con el primer semestre de 2022, supone un aumento del 32 %, dado que en los seis primeros meses del pasado año se registraron 1.418 fallecimientos o desapariciones en estas rutas. La cifra total de 2022 se situó en 2.925 personas.

Siempre teniendo en cuenta que, cuando hablamos de muertes en las peligrosas travesías de la frontera sur de la UE, se trata de datos estimados, normalmente a la baja, cabe especificar que, en la ruta mediterránea, han muerto o desaparecido 1.871 personas en lo que llevamos de año (de los cuales, 78 niños y niñas), un incremento del 69 % comparando con el primer semestre de 2022, cuando la cifra se situó en 1.108 personas. En el conjunto del año pasado, fallecieron 2.406 personas en estas travesías, por lo que el dato de los seis primeros meses de 2023 ya se acerca preocupantemente al del conjunto de 2022.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LA FRONTERA SUR DE LA UE
ENERO – JUNIO 2023

 

La ruta del Mediterráneo central, la más mortífera

Especificando por rutas mediterráneas, la occidental (la que se dirige a España) acumula 99 fallecimientos en 2023, mientras que la oriental (que se dirige principalmente hacia la costa sur y este de Grecia) suma 48 fallecimientos y la del Mediterráneo central (enfocada a Italia y la costa oeste de Grecia), acumula 1.724 fallecimientos o desapariciones, entre los que destaca el naufragio de una embarcación el pasado 14 de junio que dejaba a alrededor 596 personas muertas o desaparecidas en el mar.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LA RUTA MEDITERRÁNEA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 

Por ello, como en años anteriores, podemos concluir que la ruta mediterránea continúa siendo, en lo que llevamos de 2023, la más mortífera para las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a países de la UE. De hecho, la cifra de 1.871 personas fallecidas o desaparecidas es superior a la de todo 2020 (1.449) y se acerca a la del conjunto de 2019 (1.885).

Más concretamente, al igual que en años anteriores, la ruta mediterránea central, la que conecta países del norte de África como Túnez, Libia y Argelia con otros del sur de la UE, como Italia, Malta e incluso Grecia, se mantiene como la más peligrosa en cuanto a número de personas fallecidas o desaparecidas. En lo que llevamos de 2023, han muerto 1.724 personas, situándose como la cifra más elevada desde 2017, pese a haber transcurrido solamente seis meses del presente año.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LA RUTA MEDITERRÁNEA CENTRAL
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (2023, datos hasta junio)

 

La frontera sur española

Por otra parte, en la conocida como ruta canaria o ruta atlántica, han perdido la vida al menos 126 personas en lo que llevamos de año (de las cuales, seis niños y niñas), frente a las 310 de los seis primeros meses del año pasado, lo cual supone un descenso de alrededor del 60 %.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LAS RUTAS MARÍTIMA HACIA LA UE
ENERO – JUNIO 2023

 

Esta cifra sigue la tendencia de descenso del año anterior, 2022, cuando se registraron en todo el año 560 muertes en esta ruta. Hay que tener en cuenta que los años anteriores a este (2021 y 2020), las cifras fueron mucho más elevadas, situándose en 1.126 y 877 personas muertas o desaparecidas, respectivamente.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LA RUTA ATLÁNTICA – ISLAS CANARIAS
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (2023, datos hasta junio)

 

Si aglutinamos las cifras de las rutas que se dirigen a nuestro país (la atlántica y la mediterránea occidental), la cifra total se sitúa en 225 personas fallecidas o desaparecidas en su travesía hacia España durante 2023. En comparación, los seis primeros meses de 2022 dejaron 560 fallecimientos en estas rutas, por lo que se ha producido un decremento de alrededor del 60%.

 

PERSONAS FALLECIDAS Y DESAPARECIDAS EN LA FRONTERA SUR DE ESPAÑA
ENERO – JUNIO 2023

 

Caminando Fronteras

Existen diferentes cifras y estimaciones sobre las muertes y desapariciones de personas en la frontera sur de la UE. La organización Caminando Fronteras también ha publicado datos propios de fallecimientos de personas que intentaban llegar a España. En su Informe monitoreo del derecho a la vida, relativo al primer semestre de 2023, la entidad cifra en 951 las víctimas en las rutas de acceso a nuestro país entre enero y junio del presente año, un dato inferior al de 2022, cuando la organización estimó en 2.390 los decesos en la frontera sur española.

Según Caminando Fronteras, la ruta más mortífera de acceso a España durante el primer semestre de 2023 ha sido la ruta canaria, en la que habrían desaparecido o perdido la vida 778 personas. En la ruta argelina, que tiene como destino la costa oriental de la península, habrían perdido la vida 102 personas, mientras que el la ruta de Alborán lo hicieron 21 personas y en la ruta del Estrecho, 50 personas. Otro dato destacable del informe de esta entidad pasa por los meses en los que se acumulan más tragedias. Según estos datos, junio ha sido el peor mes en lo que llevamos de año, con 332 víctimas, seguido de febrero, con 237.

Vías legales y seguras

Ante estas cifras, que muestran que las tragedias en las rutas que se dirigen hacia la UE se siguen produciendo e incluso incrementándose, desde Accem insistimos en la necesidad de que se establezcan vías legales y seguras para que las personas refugiadas y migrantes puedan acceder de forma segura a territorio europeo sin tener que poner su vida en riesgo.

 

Los Derechos Humanos deben imponerse ante la instrumentalización de personas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Miles de personas se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa, sin casi alimentos, sin cobijo y a bajas temperaturas, en una dramática situación que pone en evidencia la instrumentalización política de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todas estas personas, que en su mayoría provienen de países de Oriente Medio inmersos en una gran inestabilidad y conflictos armados ⎼como Afganistán, Siria o el Kurdistán iraquí⎼, se ven privadas de continuar su proyecto migratorio para encontrar un lugar seguro.

Mientras Bielorrusia mantiene una presión contra la Unión Europea a través de su cercanía con países limítrofes como Polonia o Lituania, en respuesta a las sanciones impuestas desde Bruselas tras las acusaciones de violaciones contra los Derechos Humanos, el país comunitario detiene y devuelve a quien logra traspasar la frontera. De esta manera, todas estas personas se encuentran retenidas en un limbo del que no encuentran salida y en el que se está agravando de forma alarmante esta emergencia humanitaria.

Resulta inhumano usar como arma política a mujeres, niñas, niños y hombres, utilizando sus esperanzas y su deseo de supervivencia de forma interesada y valiéndose de su vulnerabilidad y de su desesperación para alcanzar cualquier objetivo político. Esta restricción de la movilidad es una muestra más de la falta de voluntad para crear y mantener vías seguras y legales, una urgente necesidad en la que numerosas entidades, como Accem, venimos insistiendo para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Ante esta realidad, urge que la Unión Europea se mantenga firme en sus principios y valores fundacionales de protección universal de los derechos, de defensa de la dignidad humana y de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario dar una respuesta rápida y coordinada ante esta crisis, instando a los estados a cumplir con la acogida de estas personas para seguir construyendo una sociedad de futuro y ejemplar como garante de los Derechos Humanos.

Vivir vidas más sostenibles: soluciones circulares para la integración de los refugiados en Europa

Nombre del programa: Vivir vidas más sostenibles: soluciones circulares para la integración de los refugiados en Europa / Living more sustainable lives: Circular solutions for refugee integration in Europe.

Ámbito territorial: Unión Europea, con especificidad en los países de Portugal, España, Italia, Grecia y Chipre.

Financiadores: Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Contenido: El proyecto Erasmus+ “Vivir vidas más sostenibles: soluciones circulares para la integración de los refugiados en Europa” tiene como objetivo apoyar la integración socioeconómica de las personas refugiadas que llegan a Europa, mediante la adquisición de habilidades en soluciones circulares y técnicas de reciclaje, por tanto, contribuyendo a sociedades sostenibles.

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Informe de la Comisión Europea sobre el derecho de las víctimas a la compensación

En el marco de las acciones que la Unión Europea lleva a cabo para garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de delitos, en particular a partir de lo dispuesto en la Directiva 29/2012, en el pasado mes de marzo la Comisión Europea publicó un informe sobre el derecho de las víctimas de delitos a la compensación, que incluía de forma específica a las víctimas de trata de seres humanos.

El informe de la Comisión Europea, titulado Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation (Reforzar los derechos de las víctimas: de la indemnización a la reparación), muestra las dificultades de las víctimas de delito para acceder a la justicia y a la compensación, debido sobre todo a la falta de información sobre sus derechos, a la falta de apoyo apropiado y también por criterios de acceso restrictivos u obstáculos procedimentales.

La publicación contiene 41 recomendaciones específicas para mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a la compensación, que se dividen en seis bloques temáticos: reforzar la cooperación, acceso a la información, formación, compensación estatal, compensación del infractor y acceso a los servicios de apoyo. El informe incluye también capítulos específicos para las víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos y de violencia de género. Asimismo, toma en cuenta las perspectivas de distintos actores, incluyendo a las víctimas de delitos y a las asociaciones de víctimas.

> Se puede descargar el informe pinchando aquí.

Accede a las noticias de Accem sobre trata de seres humanos.

Proyecto FOR_UM

Nombre del programa: Proyecto FOR_UM. For Unaccompanied Minors (Para Menores No Acompañados): fortalecimiento de habilidades profesionales para la promoción del acogimiento familiar.

Ámbito Geográfico: Unión Europea.

Financiadores: Programa de la Unión Europea sobre Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2017.

Contenido: Durante el primer semestre de 2016, 34.285 menores extranjeros no acompañados solicitaron asilo en Europa, representando el 30% del total de las solicitudes recibidas. En los próximos diez años, debido a la inestabilidad política y a los conflictos que siguen azotando a muchos países en desarrollo, lo más probable es que esta cifra aumente dramáticamente.

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Comunicado de Accem: ¿Es el acuerdo europeo para la reubicación de refugiados un nuevo papel mojado?

A pocas semanas de que se cumpla el plazo de los dos años para la reubicación de personas refugiadas y ante el anuncio de ayer por parte de las autoridades griegas de que actualmente no hay personas, entre las miles de refugiadas que siguen a la espera de una solución en el país heleno, que cumplan con los requisitos establecidos para acogerse al proceso de reubicación en otros países europeos, desde Accem queremos señalar:

– El proceso de reubicación únicamente ha sido accesible para personas de algunas nacionalidades, lo que ha supuesto de facto una forma de discriminación hacia personas refugiadas procedentes de otros países (como Somalia, Afganistán, Pakistán o Nigeria, por ejemplo).

– El acuerdo entre la UE y Turquía, fechado en marzo de 2016 y que abrió la puerta a la devolución forzosa de personas refugiadas a Turquía, cerró las puertas al proceso de reubicación a todas las personas que, desde entonces, han continuado llegando hasta Grecia.

– Son circunstancias como estas las que impiden a muchas personas necesitadas de protección y que continúan atrapadas en Grecia acogerse al proceso de reubicación. Son algunas de las razones que llevan a las autoridades de Grecia a decir que no hay personas refugiadas que se adecúen a los requisitos exigidos.

– Queda de manifiesto lo que hemos repetido una y otra vez: ha sido evidente en todo momento la falta de voluntad política firme y decidida del conjunto de la Unión Europea y de todos sus Estados miembro para dar una respuesta real, efectiva y eficaz a una situación extremadamente grave de crisis humanitaria a las puertas de Europa.

– Es necesario revisar con urgencia los requisitos exigidos para acogerse al proceso de reubicación con la finalidad de que las personas necesitadas de protección encuentren una vía abierta para conseguir la atención y acogida que les corresponde por derecho.

– La UE y todos sus Estados miembro deben demostrar que los acuerdos firmados y comprometidos tienen alguna credibilidad o si, por el contrario, son únicamente ‘papel mojado’.

 

 

 

 

Refugiados-2017: crecen las solicitudes de protección en España mientras disminuyen en la UE

Las solicitudes de protección internacional en España se incrementaron en un 130% en el primer trimestre de 2017, pasando de las 2.930 registradas en 2016 a las 6.865 de 2017.

En cambio, en la Unión Europea se redujeron sensiblemente con respecto al año anterior en el mismo periodo de tiempo. En los primeros meses de 2017 se registraron 180.190 solicitudes, con respecto a las 321.620 de 2016, un descenso del 44%.

Por nacionalidades, en España predominan las personas solicitantes de Venezuela, Ucrania y Siria. En el conjunto de la UE, son Siria, Afganistán y Nigeria los principales países de origen.

Estos y otros datos son recogidos por el informe del Servicio Jurídico de Accem correspondiente al primer trimestre de 2017 y elaborado a partir de los datos de Eurostat, oficina estadística de la UE.

 


Solicitudes de protección internacional en España

España se sitúa en el primer trimestre del año como sexto país europeo por número de solicitudes recibidas, un total de 6.865, frente a las 2.930 de 2016 y las 2.940 de 2015. En los años anteriores, España no aparecía entre los diez primeros países de acogida.

 

Solicitudes de protección internacional en España. Primer trimestre.

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 

Solicitudes de protección internacional en la Unión Europea

En la Unión Europea, sin embargo, disminuyen las solicitudes de protección internacional, con 180.190, frente a las 321.620 de 2016.

 

Solicitudes de protección internacional en la UE. Primer trimestre.

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 


Países de origen de solicitantes de protección en España

En España, destaca claramente Venezuela como principal país de origen de los solicitantes de protección internacional en los primeros meses del año, con un total de 2.655 sobre el total de 6.865. En 2016, en el mismo periodo de tiempo se habían registrado 400 solicitudes de ciudadanos venezolanos. Siguen a Venezuela, en número de solicitantes, Ucrania (780) y Siria (585).

 

Principales países de origen de solicitantes de protección en España. Primer trimestre 2017.

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 

Es interesante ver cómo entre los diez primeros países de origen se sitúan hasta cuatro países latinoamericanos. Junto a Venezuela aparecen Colombia, El Salvador y Honduras. En los últimos años se han incrementado de forma clara los solicitantes de protección de estas cuatro nacionalidades.

También hay que mencionar que aparecen dos países que pertenecen geográficamente al África Subsahariana: Gambia y Guinea Conakry.

 

Principales países de personas solicitantes de protección internacional en España.
Comparativa primer trimestre 2017-2015

 

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 

Países de origen de solicitantes de protección en la Unión Europea

A nivel europeo, Siria y Afganistán continúan siendo, en los primeros meses de 2017, los dos principales países de origen de los solicitantes de protección, si bien en ambos casos el número de solicitudes se ha reducido considerablemente. En cambio, aumentan las solicitudes de ciudadanos procedentes de Nigeria.

 

Principales nacionalidades de personas solicitantes de protección internacional en la UE.

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 

Si cruzamos los datos de España y la UE, observamos cómo únicamente dos países coinciden entre las diez primeras nacionalidades de origen de los solicitantes de protección internacional: Siria y Guinea Conakry.

Es también reseñable el caso de los solicitantes de asilo procedentes de países de América Latina. España concentra una amplia mayoría del total de solicitudes. Es paradigmático el caso de Venezuela: únicamente 260 solicitudes de protección se presentaron en países europeos distintos de España.

Esta variable –el aumento de solicitudes de protección de ciudadanos latinoamericanos– es una de las explicaciones del aumento de las demandas de protección en España, mientras se reducen en el conjunto de la UE.

 


Países de acogida en la UE de solicitantes de protección

En cuanto a los países en los que se formaliza la solicitud en territorio UE, Alemania continúa siendo el principal país de acogida. Hasta un total de 54.600 personas solicitaron protección en el país germano, que sin embargo representan algo más de la cuarta parte del total de solicitudes registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron las 201.235 solicitudes.

Tras Alemania se sitúa Italia, con 37.435 solicitudes de protección, y Francia, con 23.785. Aparecen como novedad, entre los diez primeros países de acogida, tanto Grecia, con 16.865 solicitudes, como España, con 6.865.

 

Países de acogida de personas solicitantes de protección internacional en la UE

Fuente EUROSTAT. Elaboración: Accem.

 

La FRA insiste en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de delitos de odio

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, según sus siglas en inglés) ha presentado un resumen sobre las principales conclusiones y recomendaciones del informe titulado “Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives” (Garantizar la justicia a las víctimas de crímenes de odio: perspectivas profesionales).

Tras constatar la importancia de prevenir y luchar contra los delitos de odio, la FRA subraya la necesidad de garantizar a las víctimas de estos delitos el acceso a la justicia, en concreto la posibilidad de denunciar las situaciones vividas a los órganos competentes y de recibir el apoyo y el asesoramiento que necesiten. Al mismo tiempo, la agencia europea considera esencial que dichos delitos se investiguen sin demora y de manera efectiva, y que se penalice a sus autores.

La publicación recoge la perspectiva de una gran variedad de expertos, incluso representantes del poder judicial, fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad, y organizaciones no gubernamentales implicadas en el apoyo y asesoramiento a las víctimas. Y sobre todo evidencia las complejidades que las víctimas de delitos de odio enfrentan a la hora de denunciar, así como los factores organizativos y de procedimiento que impiden su acceso al sistema judicial y el correcto registro y persecución de estos delitos.  

> Se puede consultar el documento en español pinchando aquí.