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Consejo y Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo para la reforma de la Directiva Europea 36/2011 sobre trata de personas

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El pasado mes de enero, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el texto reformado de la Directiva Europea 36/2011 sobre trata de seres humanos, que tendrá que ser presentado a los representantes de los Estados miembro en el COREPER (Comité de Representantes Permanentes) para su confirmación. Después de esto, ambas instituciones deberán adoptarlo formalmente.

Entre las principales novedades de la reforma, se prevé la inclusión de la explotación a través del matrimonio forzado, la adopción ilegal y la maternidad subrogada como otras finalidades de la trata de personas, y se incluyen, asimismo, normas relativas al uso de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación (TRIC) para la comisión del delito de trata.

La reforma establece también una serie de normas para reforzar la atención y protección de las víctimas de trata a través de la obligatoriedad de la existencia de mecanismos nacionales de identificación y derivación; prevé como infracción penal el hecho de que una persona utilice los servicios prestados por una víctima de trata de seres humanos a sabiendas de que lo es e introduce la obligatoriedad de la recopilación anual de datos sobre trata.

Cómo se articula la Protección Internacional en España

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Este 2023 ha sido un año indudablemente marcado por la emergencia humanitaria derivada del repunte de llegadas por vía marítima a las Islas Canarias y la posterior gestión de la acogida en el archipiélago y en la península. Los flujos de personas que realizan esta ruta son mixtos, es decir, hay migrantes pero también hay solicitantes de Protección Internacional. Personas que se ven en la necesidad u obligadas a poner en riesgo sus vidas en busca de la seguridad que no pueden tener en sus lugares de origen. 

Lo que se conoce como Protección Internacional engloba el Derecho al Asilo, la Protección Subsidiaria y la protección concedida por razones humanitarias. Las personas que son beneficiarias del primero de estos derechos son las que se conocen como refugiadas, es decir, aquellas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad. 

Para dar protección a estas personas, la red de acogida estatal coordinada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que forman parte organizaciones como Accem, trabaja para garantizar que se cumplen los derechos de estas personas, además de proporcionales un acompañamiento en un proceso de integración social que lleva consigo actuaciones para el aprendizaje del idioma, asesoramiento en trámites administrativos como la obtención de la tarjeta sanitaria o el registro en la Seguridad Social y orientación jurídica y laboral, entre muchas otras muchas. 

 

Sistema de Acción Concertada Protección Internacional

La financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, enmarcada en el sistema de Acción Concertada, un programa cofinanciado por la Unión Europea, permite que Accem y otras organizaciones trabajen en la atención y acogida de estas personas solicitantes de Protección Internacional. En este contexto, la entidad ha atendido, entre enero y noviembre de este año, a un total de 24.551 personas en el programa de Protección Internacional, siendo, en este orden, Ucrania, Venezuela, Colombia, Perú y Senegal, los principales países de origen de las personas a las que la organización ha dado apoyo.

Este sistema de gestión de la acogida, que viene funcionando desde hace años en nuestro país, se reformula bajo la Acción Concertada para afianzar el vínculo con las ONG colaboradoras, consolidando un sistema mixto de gestión que favorece el intercambio de información y permite a las entidades mejorar la planificación de recursos, incluidos los humanos, dotando al personal de mayor estabilidad y, por ello, mejorando la atención que se presta a los/as solicitantes y beneficiarios/as de Protección Internacional. El Ministerio planifica, desarrolla y gestiona el sistema de acogida, estableciendo, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, los procedimientos, prestaciones y actuaciones, en base a las directrices del Reglamento que regula el Sistema de Acogida.

Por su parte, la red de ONG, entre las que se encuentra Accem, trabaja en la atención y acogida de estas personas, mediante acompañamiento en la integración social, con el objetivo final de que estas cuenten, en el menor tiempo posible, con un proyecto de vida autónomo en nuestro país. Para ello, se establece un sistema de tres fases, que contemplan diferentes momentos del proceso de integración: la Fase de Valoración Inicial y Derivación, la Fase de Acogida y la Fase de Autonomía. 

Así pues, cuando las personas solicitantes de protección internacional llegan a España se activa la Fase de Valoración Inicial y Derivación, en la cual se analiza y se evalúan las circunstancias de cada persona de manera individualizada. En esta etapa, se atienden los requisitos de información y orientación sobre el sistema de Protección Internacional, a la vez que se cubren las necesidades básicas más urgentes, como la atención sanitaria o psicológica o la falta de productos básicos de ropa o higiene. Asimismo, se valora si las personas cumplen con los requisitos para la asignación de una plaza en la red de acogida, incidiendo en la detección de vulnerabilidades tales como casos de posibles víctimas de trata o violencia machista, entre otras. Accem ha atendido, entre enero y noviembre, a 17.217 personas en esta fase.

Posteriormente, los/as solicitantes que cumplen con los requisitos, pasan a la Fase de Acogida, en la que se les asigna una plaza del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por medio de la acción concertada con entidades como Accem, en un alojamiento adecuado al perfil de la persona o núcleo familiar y a sus necesidades. Durante esta fase, se asigna a una persona del equipo del trabajo social el expediente de esta persona o familia, haciendo seguimiento de su proceso de integración social. En esta etapa, se ofrecen servicios como el del aprendizaje del idioma, atención jurídica, talleres de contextualización social, acompañamiento en procesos de escolarización de menores de edad, obtención de tarjeta sanitaria o número de la seguridad social y acciones de orientación laboral para la inserción en el mercado de trabajo. En esta fase, Accem ha atendido a 6.823 personas a lo largo de los 11 primeros meses de 2023.

El último de los ciclos del sistema es la Fase de Autonomía, que tiene como finalidad hacer efectiva la plena inclusión en la sociedad. Entre las acciones que las entidades llevan a cabo en esta etapa, en la que las personas o familias ya abandonan el recurso de acogida proporcionado por el Ministerio y las ONG, están la prestación de apoyo social, psicológico, jurídico y cultural, así como continuar con el aprendizaje del idioma, proporcionar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación, facilitar servicios de traducción e interpretación y apoyar la conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona destinataria con su vida personal y familiar. En esta fase, Accem ha atendido a 3.360 personas entre enero y noviembre. 

El sistema de acogida de Protección Internacional, del que forman parte las ONG y que está coordinado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mediante el sistema de Acción Concertada tiene por delante muchos retos en materia de migración y asilo, como los tiene la propia Europa. Por eso el papel de la Comisión Europea cofinanciando este sistema es fundamental. Situaciones de emergencia humanitaria, como la derivada de la invasión rusa de Ucrania, la toma del poder de los talibanes en Afganistán o la guerra de Siria, ponen de manifiesto lo necesario de contar con un sistema de acogida, basado en alianzas, suficientemente fuerte para dar respuesta a las diferentes crisis humanitarias que se están produciendo y pueden producirse en el futuro.

Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras

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Dada la aprobación hoy mismo por parte de las instituciones europeas del Pacto europeo sobre migración y asilo, y a instancias de un futuro análisis más en profundidad, desde Accem advertimos del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes. En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

En relación con la gestión de los flujos de personas, otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Además, será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

En esta línea, otra de las cuestiones que nos preocupa es el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad. Este hecho puede provocar una deficiente detección de las necesidades de protección de las personas y que algunas puedan llegar a ser retornadas, siendo expuestas a sufrir persecución. Además, hay que incidir en que uno de los criterios que se establecen para someter a las personas migrantes a este proceso es el origen, pues ciudadanos/as de países que tengan baja tasa de reconocimiento de protección internacional se tendrán que someter a este criterio, lo que supone una discriminación por razón de orígen. 

Otra de las cuestiones por las que desde Accem mostramos nuestra preocupación es el hecho de que el pacto permita a un país, ante una situación de crisis, flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Esta circunstancia, según el acuerdo, puede ser consecuencia, o bien de un aumento de llegadas o de la “instrumentalización” de la migración por parte de un país tercero para afectar a un Estado miembro.

Además, queremos recordar que ya existe un mecanismo para gestionar situaciones de crisis de llegadas, recientemente utilizado: la directiva europea de Protección Temporal. Se trata de un mecanismo garantista, que acelera el amparo y la garantía de derechos de las personas refugiadas y que se ha probado eficaz para resolver crisis de calado humanitario. Consideramos que, precisamente, este acuerdo de migración y asilo va en el sentido contrario de esta norma, al posibilitar que se incumplan parcial o totalmente las normas de asilo y refugio.

Por último, lamentamos que un pacto que tenía entre sus objetivos garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la UE para las personas refugiadas pueda derivar en ampliar más las diferencias a la hora de aplicar los criterios del sistema europeo común de asilo. Así pues, nos inquieta el concepto de solidaridad obligatoria pero flexible, que establece la existencia de cuotas de redistribución de demandantes de asilo de las cuales, sin embargo, los países podrán exonerarse a cambio del pago de 20.000 euros por persona, contribuyendo con medios materiales a la gestión migratoria de la UE o asumiendo la gestión de personas que están en su territorio aunque entrasen por otro país, que sería al que correspondería su gestión.

Participamos en la Feria Nacional de Buenas Prácticas del Cuerpo Europeo de Solidaridad

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El pasado mes de julio, Accem, como entidad participante del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) estuvo presente en la Feria Nacional de Buenas Prácticas y Herramientas que se celebró en Palma de Mallorca como espacio de intercambio de experiencias y recursos que se hayan creado en el marco de proyectos de voluntariado.

La Feria, que se celebró entre los días 4 y 7 de julio, estuvo organizada por la Agencia Nacional Española (ANE), en colaboración con la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias del Gobierno de las Islas Baleares.

Este encuentro, previsto dentro de las actividades en red del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, se convirtió en un espacio de debate, análisis y reflexión a partir de las herramientas y experiencias presentadas, y sirvió para la consolidación de una red de organizaciones activas y articuladas a través del CES.

Accem participa en el CES a través del proyecto “Muros que desaparecen”, que se desarrolla actualmente en nueve de nuestras sedes. A la Feria Nacional celebrada en Palma acudieron tres de nuestros/as compañeros/as de las sedes de A Coruña, Sigüenza y Vitoria-Gasteiz, que presentaron tres ejemplos de buenas prácticas cosechadas en el desarrollo de este proyecto: sobre el voluntariado europeo en el medio rural; sobre recursos y redes en la ciudad de acogida para la persona voluntaria y sobre el establecimiento de redes entre entidades locales a través del CES.

Durante estos días, entre otros temas, se intercambiaron experiencias y opiniones sobre la preparación previa de la persona voluntaria antes de la salida de su país de origen; sobre la selección de las personas voluntarias; sobre la prevención y resolución de conflictos que puedan surgir; la inclusión de jóvenes con menos oportunidades; el impacto y la visibilidad del proyecto o el acompañamiento a las personas voluntarias en su aprendizaje, así como se abordaron también los aspectos más logísticos, como la gestión del alojamiento, la manutención o el apoyo lingüístico.

El encuentro se realizó con una metodología de educación no formal, con un formato activo y participativo, dando especial protagonismo a las experiencias personales de los y las participantes.

En definitiva, unos días de encuentro e intercambio muy fructíferos para poner en valor la acción del voluntariado y experiencias como el Cuerpo Europeo de Solidaridad que contribuyen al enriquecimiento general entre distintas comunidades, aparentemente alejadas entre sí, pero que el voluntariado se encarga de acercar en un mismo propósito al servicio de mejorar la sociedad en la que vivimos.

> Pincha este enlace para ver el vídeo del encuentro

Las medidas excepcionales de control migratorio aprobadas en la UE impiden el acceso al asilo y la protección

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En Accem volvemos a tomar la palabra para expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en el seno de la Unión Europea en materia de políticas migratorias, con enfoques que priorizan las medidas dirigidas al control migratorio sobre el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la protección de las personas en situación vulnerable. En este caso ha sido el Parlamento de Lituania quien ha aprobado la nueva Ley de Fronteras, que podría poner en peligro el respeto al derecho de asilo al abrir la puerta a las ‘devoluciones en caliente’ de personas refugiadas y migrantes, a través de la aplicación del estado de excepción. Recordemos en este punto que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la figura del estado de excepción no exime a los miembros de la Unión de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, algo que va en dirección contraria a lo que han establecido las autoridades lituanas. Nos preocupan igualmente las restricciones que se establecen en la nueva ley tanto a ONG como a medios de comunicación para el acceso a zonas de frontera.

Desde Accem volvemos a recordar que estas prácticas, se hagan en el país que se hagan, no son garantistas con el respeto al derecho de asilo, al no garantizar un análisis individual que explore la posible necesidad de acceso a procedimientos de protección internacional, que detecte de forma adecuada la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, víctimas de trata, víctimas de tortura, persecución por orientación sexual, etc.) y que permita el acceso tanto a atención sanitaria como a servicios de traducción e intérprete. Si hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por la adopción del estado de emergencia en Italia ante la situación migratoria, hoy lo hacemos ante la nueva ley en Lituania, desde el convencimiento de que el enfoque común de asilo y migración en la UE debe estar basado en la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas.

Esta preocupación se relaciona directamente con hechos como los que vemos en Sudán, país africano que en estos días vive combates entre el Ejército y otros actores armados del país. Desgraciadamente, los nuevos combates suponen un episodio más en una larga sucesión de años de inestabilidad y violencia en este país africano. Cualquier situación de guerra o conflicto armado genera sufrimiento humano y el desplazamiento forzado de muchos de sus nacionales, a otras regiones del país u otros países del entorno. ACNUR estima en que los nuevos enfrentamientos pueden provocar la huida de al menos 145.000 personas. Estas personas, cuando traspasen las fronteras de su país, serán llamadas refugiadas y, aunque en su mayoría permanecerán en los países limítrofes al escenario del conflicto, esperando un posible regreso, en algunos casos emprenderán un difícil éxodo en busca de un país seguro y estable.

Sin embargo, ante la falta de vías legales y seguras para ellas, atravesarán rutas muy largas y con numerosos obstáculos y peligros, para poder, finalmente, intentar alcanzar su objetivo: la llegada a países más prósperos, seguros y estables, como, por ejemplo, los estados miembros de la UE. Pero en ese momento se encontrarán con medidas como las que hablamos hoy de Italia o Lituania, que no garantizan el acceso a los procedimientos de asilo y en las que no está garantizado en la práctica el respeto a los derechos humanos.

Desde Accem seguimos haciendo hincapié en la necesidad de vías legales y seguras que garanticen la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, así como en la necesaria respuesta conjunta y solidaria que la Unión Europea debe dar a estas personas ante estas situaciones.

¿Qué es la directiva de protección temporal que se ha aplicado a los refugiados de la guerra de Ucrania?

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El 4 de marzo de 2022, y por vez primera desde su aprobación en 2001, los países miembros de la UE activan la Directiva de Protección Temporal para dar una respuesta humanitaria y proteger a los cientos de miles de personas desplazadas desde Ucrania por causa del ataque militar e invasión por parte de las fuerzas armadas rusas iniciado el 24 de febrero.  

La Directiva 2001/55/EC del Consejo, sobre protección temporal de personas desplazadas, se había aprobado en el año 2001 en un contexto marcado por años de guerras en los Balcanes, como mecanismo para afrontar llegadas masivas a territorio de la Unión Europea de personas que no estaban en disposición de poder volver a sus países de origen, como consecuencia de la guerra o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Esta medida permite dar acogida temporal a todos/as los refugiados/as de la guerra de Ucrania que lleguen a un país de la UE, facilitando el reparto de la responsabilidad de la respuesta humanitaria entre los distintos países miembros, y aliviando de esta manera el peso de la carga que los países limítrofes deben asumir siempre en situaciones de emergencia provocadas especialmente por la irrupción de un conflicto armado. 

En España, la protección temporal que se proporciona a las personas desplazadas forzosamente por el conflicto permite vivir, estudiar o trabajar durante un período de un año en este país, autorización que se verá prorrogada de forma automática a su vencimiento y que podrá extenderse excepcionalmente a un tercer año sin tener que solicitar asilo. 

La protección temporal otorgada a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania incluye permiso de residencia, permiso de trabajo (por cuenta propia y ajena), acceso a prestaciones sociales (acogida, atención jurídica, psicológica, acompañamiento social, aprendizaje del idioma, etc.), acceso al sistema sanitario, al sistema educativo a los menores de 18 años en las mismas condiciones que las personas autóctonas y la validez del permiso de conducción ucraniano durante un año.

De acuerdo con los datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a lo largo de 2022 se tramitaron en España un total de 161.037 solicitudes de protección temporal para las personas desplazadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Este dato sitúa a España como el séptimo país que ha acogido a un mayor número de personas desplazadas desde Ucrania y el quinto de la Unión Europea, en virtud del mecanismo habilitado en España el 10 de marzo de 2022 para cumplir con el acuerdo de la Unión Europea que por vez primera autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. 

La Comisión Europea presenta una propuesta para prohibir los productos que sean fruto del trabajo forzoso

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La Comisión Europea presentó el pasado mes de septiembre una propuesta para prohibir en la UE los productos que sean fruto de trabajo forzoso. La propuesta se refiere a todos los productos, tanto a los producidos dentro de la UE para consumo interno y/o exportación, como a los bienes importados, con independencia de la compañía o del sector de producción.

Se trata de una propuesta relevante, puesto que, según las últimas estimaciones publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay a fecha 2021 un total de 27,6 millones de personas víctimas del trabajo forzoso.

La propuesta, que pretende ser una medida eficaz en la lucha contra la trata y la explotación, tendrá que pasar a la discusión y al acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE antes de entrar en vigor, y será de aplicación 24 meses después de su entrada en vigor.

> Para más información, pincha aquí.

 

Mi experiencia como voluntario en A Coruña

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La carta que nos ha escrito Jakob, joven alemán que llegó como voluntario a Accem en A Coruña, como parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Si alguien me hubiera hablado de Galicia hace un año, sinceramente habría tenido que mirar un mapa para saber dónde está. Pero ahora, después de haber vivido en A Coruña durante 9 meses, he encontrado un segundo hogar aquí.

Me llamo Jakob, tengo 19 años y soy de Essen, una ciudad en el oeste de Alemania. Gracias al Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa de la Unión Europea que da la oportunidad a jóvenes de hacer un voluntariado en proyectos comunitarios en otros países europeos, he conocido y participado en el equipo de trabajo de Accem en A Coruña como voluntario europeo.

Para mí, no era solo el primer punto de contacto con una ONG, sino también la primera vez que conocía tanto el sistema de asilo con todas sus leyes, normas y complicaciones, como el impacto que tiene en las personas afectadas. Hacer acompañamientos con usuarias/os a citas administrativas, médicas y todo lo necesario después de su llegada a España o el trabajo en “Acouga”, un centro de atención para personas en situación de exclusión social, me dio la gran oportunidad de conocer la realidad de la vida de personas que se encuentran en una situación menos privilegiada que la mía, así que me ayudó mucho a salir de mi zona de confort, tener experiencias importantes y desarrollarme personalmente.

Antes de mi llegada a Galicia, no sabía qué esperar aquí y 9 meses me parecía mucho tiempo, pero gracias a la gran forma con que me acogieron en el equipo y el sentimiento de ser bienvenido y valorado, el tiempo pasó volando.

Al final, no solo voy a recordar todo lo que he aprendido, el trabajo importante de Accem, sino también la forma de vida gallega, con toda su cultura, sus playas y tortillas, con una sonrisa grande.

 

Jakob, voluntario europeo en A Coruña
2021/2022

Los Derechos Humanos deben imponerse ante la instrumentalización de personas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

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Miles de personas se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa, sin casi alimentos, sin cobijo y a bajas temperaturas, en una dramática situación que pone en evidencia la instrumentalización política de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todas estas personas, que en su mayoría provienen de países de Oriente Medio inmersos en una gran inestabilidad y conflictos armados ⎼como Afganistán, Siria o el Kurdistán iraquí⎼, se ven privadas de continuar su proyecto migratorio para encontrar un lugar seguro.

Mientras Bielorrusia mantiene una presión contra la Unión Europea a través de su cercanía con países limítrofes como Polonia o Lituania, en respuesta a las sanciones impuestas desde Bruselas tras las acusaciones de violaciones contra los Derechos Humanos, el país comunitario detiene y devuelve a quien logra traspasar la frontera. De esta manera, todas estas personas se encuentran retenidas en un limbo del que no encuentran salida y en el que se está agravando de forma alarmante esta emergencia humanitaria.

Resulta inhumano usar como arma política a mujeres, niñas, niños y hombres, utilizando sus esperanzas y su deseo de supervivencia de forma interesada y valiéndose de su vulnerabilidad y de su desesperación para alcanzar cualquier objetivo político. Esta restricción de la movilidad es una muestra más de la falta de voluntad para crear y mantener vías seguras y legales, una urgente necesidad en la que numerosas entidades, como Accem, venimos insistiendo para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Ante esta realidad, urge que la Unión Europea se mantenga firme en sus principios y valores fundacionales de protección universal de los derechos, de defensa de la dignidad humana y de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario dar una respuesta rápida y coordinada ante esta crisis, instando a los estados a cumplir con la acogida de estas personas para seguir construyendo una sociedad de futuro y ejemplar como garante de los Derechos Humanos.

Recibimos en Galicia a dos jóvenes de Cerdeña y Berlín como voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad

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Accem ha puesto en marcha en Galicia el proyecto Muros que Desaparecen, a través del cual jóvenes de otros países europeos realizarán un servicio de voluntariado en nuestra entidad. Este proyecto se enmarca dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) una iniciativa de la Unión Europea que ofrece oportunidades para que jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad participen en proyectos de solidaridad y voluntariado en otro país de la UE, o fuera de ella.

El objetivo general del proyecto Muros que Desaparecen de Accem es favorecer la integración de las personas solicitantes de protección internacional a través de las experiencias y aprendizajes que puedan proporcionar las personas voluntarias, permitiendo el enriquecimiento e intercambio cultural que estas puedan ofrecer. Desde el día 30 de septiembre y hasta  junio de 2022 estarán en Vigo y A Coruña dos personas voluntarias realizando diferentes acciones de apoyo, con el acompañamiento de técnicos y técnicas de Accem.

Gaia tiene 21 años, viene de Cerdeña (Italia) y tiene estudios de psicología. Por lo que nos ha contado, le gusta la música, toca el fagot y es activa en la lucha por el cambio climático. Le gusta estudiar y está interesada en el aprendizaje de idiomas, ¡tenemos mucho por descubrir todavía sobre ella. Jakob, por su parte, viene de Alemania, tiene 19 años y estudia ciencias políticas, ha realizado otros intercambios de voluntariado por Europa y su experiencia ha sido muy positiva.

Durante el tiempo que pasen con nosotros/as, podrán apoyar el trabajo que desde Accem realizamos en el ámbito de las migraciones y el asilo, desde la atención a colectivos socialmente vulnerables como las personas solicitantes de protección internacional, las personas migrantes, los menores no acompañados o las víctimas de violencia sexual y de género. Se espera que el proyecto provoque un doble efecto, un efecto multiplicador, y que a la vuelta de los participantes a sus países, podrán aplicar y divulgar lo aprendido.

Consideramos que los valores de Accem van totalmente en la línea de los promovidos por el CES. Tratamos de fomentar la puesta en valor de la diversidad, favoreciendo el respeto, la comunicación y la convivencia e interacción entre todas las personas, defendiendo la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos y libertades. Trabajamos por un espacio común de convivencia, basado en el respeto a todas las identidades culturales, en el marco que fijan el respeto a los derechos humanos y a las leyes, y promovemos la participación activa de la población migrante y refugiada en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad.

En España, la gestión del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad corresponde a la Agencia Nacional Española, compuesta por el INJUVE y los organismos de juventud de las comunidades autónomas. Las dos organizaciones con las que nos hemos coordinado para la llegada de Gaia y Jakob son ASSONUR en el caso de Cerdeña (Italia) y Visioneers e.V en Berlín (Alemania).

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