Como cada año, el pasado mes de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe de 2019 sobre trata de personas, que contiene información relevante sobre cómo evoluciona anualmente el tema de la trata en cada país del mundo.

En relación a España, el informe indica que se respetan los estándares mínimos para la eliminación de la trata y que el Gobierno continúa demostrando sus esfuerzos en la lucha contra esta lacra, como por ejemplo aumentando los recursos para la atención a las víctimas, la persecución y condena de los tratantes, así como estableciendo formación sobre esta realidad para todos los nuevos jueces.

Sin embargo, la publicación indica que, a pesar de estos esfuerzos, el Gobierno español identificó a un número inferior de víctimas con respecto al año anterior y aún no se ha dotado de una estrategia nacional sobre la trata con fines de explotación laboral.

Entre las recomendaciones que el Departamento de Estado estadounidense considera de prioritaria implementación, se señalan la necesidad de que el Estado español aumente las investigaciones, persecuciones y condenas de los delitos de trata, especialmente de los dirigidos a la explotación laboral. Asimismo, se apunta a la necesidad de que se impulse la formación para la identificación proactiva de las víctimas, especialmente entre los migrantes en situación irregular, menores no acompañados y trabajadores en zonas agrícolas e industriales con elevada incidencia de situaciones de explotación laboral.

Igualmente, en el informe se exhorta al Gobierno español a diseñar e implementar un nuevo plan de acción nacional que aborde de manera adecuada todas las formas de trata, a incrementar y extender los recursos para víctimas de trata a todas las comunidades y ciudades autónomas, así como a estandarizar los protocolos para la identificación y protección de los niños y las niñas víctimas de la trata. Finalmente, se recomienda incrementar los recursos para la protección de las víctimas de trata que acceden al programa de testigos protegidos, aumentar los esfuerzos para reducir la demanda de productos fruto de explotación laboral y garantizar a las víctimas el acceso a la compensación y a los bienes confiscados a los tratantes.

> Se pueden descargar el informe completo pinchando aquí.

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