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El Tercer Sector reclama una mayor visibilización de su labor en los discursos políticos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que Accem forma parte junto con otras 28.000 ONG de Acción Social, considera preocupante la “falta de consideración e interlocución” del Gobierno con el Tercer Sector y ha alzado la voz ante la “invisibilización” de las entidades en los discursos políticos.

Accem lleva realizando esta demanda desde hace tiempo y, especialmente, en un momento “socialmente crítico” –como lo ha calificado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato– como el actual, donde la acción realizada desde las ONG de Acción Social se ha demostrado necesaria y esencial.

Durante la pandemia las ONG hemos sostenido las necesidades de los colectivos más vulnerables y hemos demostrado nuestra capacidad, movilizando nuestros propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados. Ahora estamos en una situación de absoluta penumbra y por eso reclamamos al Gobierno una actitud activa y comprometida con el sector”, ha añadido Poyato.

Durante la Junta Directiva que la Plataforma del Tercer Sector ha celebrado con el objetivo de diseñar una estrategia de acción conjunta que incida de manera directa en las políticas de reconstrucción del país, Poyato ha señalado que el primer paso para lograrlo es sacar adelante unos presupuestos generales “con mirada social” que tengan en cuenta a las principales víctimas de esta pandemia: los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

Para lograrlo, es imperativo que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo de mínimos que permita a estos colectivos hacer frente a una realidad “muy dura”. Actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha ido en aumento debido a que la pandemia ha cronificado aún más esta problemática.

De esta manera, Accem se une a la reclamación realizada desde la PTS al Gobierno para establecer un diálogo real y efectivo que permita afrontar y gestionar de una manera conjunta, productiva y ágil las consecuencias provocadas por la covid-19 y avanzar hacia la verdadera reconstrucción.

El Tercer Sector emplea al 3 % del total de asalariados/as y representa el 1,45 % del PIB

La Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) y la Plataforma del Tercer Sector, redes de las que Accem forma parte, han publicado conjuntamente el estudio “El Tercer Sector de Acción Social en España 2019: nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico”.

El informe recoge la situación actual de un sector que da respuesta a las necesidades de los sectores en situación más vulnerable de la sociedad. Así, el estudio recoge que en el año 2018 se proporcionaron 43 millones de atenciones directas.

Por otra parte, y junto a este impacto social, el Tercer Sector de Acción Social representa ya el 1,45 % del PIB del país en relación a la actividad económica y emplea al 3 % del total de asalariados/as, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El 74 % de los/as profesionales del sector posee estudios superiores. Además, un millón de personas más realizan voluntariado en entidades sociales.

La presentación del informe tuvo lugar el pasado 31 de enero con presencia, entre otros representantes del sector, de la presidenta de la POAS, Asunción Montero; el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; y el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada.

> Accede aquí al resumen ejecutivo del estudio “El Tercer Sector de Acción Social en España 2019”.

Para más información sobre la presentación del estudio puedes pinchar aquí.

Sobre el Tercer Sector

La Ley 43/2015 de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, establece en su artículo 2 el concepto principal del sector:

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.