Desde las entidades Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad mostramos nuestro malestar ante los comentarios y ataques xenófobos en Pedrera (Sevilla).

Las entidades sociales implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, manifestamos lo siguiente:

El pasado 6 de enero tuvieron lugar una serie de actos violentos en contra de la comunidad rumana del municipio de Pedrera (Sevilla), que se saldó con daños materiales y varias personas detenidas. A esos hechos le siguieron una concentración espontánea de personas frente a las dependencias de la Policía Local en la que se encontraban detenidos los responsables de una agresión; tras ello los manifestantes se dirigieron a diferentes calles de la localidad y volcaron tres vehículos de ciudadanos rumanos residentes en Pedrera. Además se convocó a través de redes sociales y sin la pertinente autorización de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, una concentración de más de 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Pedrera en contra de la presencia de los ciudadanos rumanos en Pedrera.

Las entidades firmantes somos conscientes y nos consta la correcta intervención realizada tanto por la Guardia Civil como por la Policía local de Pedrera en la gestión del incidente; no obstante tenemos que manifestar nuestro profundo malestar y preocupación ante lo ocurrido ya que nos encontramos ante un ataque xenófobo hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que podría constituir un delito de odio.

Ante estos hechos pedimos que sigan siendo las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los vecinos y vecinas se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo. Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad. En un Estado de Derecho, corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo.

Igualmente, mostramos nuestra preocupación por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido pidiendo la expulsión del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido, sin tener en cuenta que hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años, que nada tienen que ver con los hechos acontecidos y que se están viendo afectadas por esta situación.

En un Estado de Derecho la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito.

Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que informen con objetividad y rigor, evitando estigmatizar y criminalizar a determinados colectivos. Así como a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia.