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Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Covid-19: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica denuncia “numerosos” casos de “discriminación, rechazo y odio”

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ha expresado en un comunicado su preocupación ante los “numerosos” casos “de discriminación, rechazo y odio” que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia del coronavirus.

Según informa este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad y adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, se han documentado “ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios”, así como “se ha detectado una gran difusión de discursos de odio racistas, antigitanos y xenófobos en redes sociales”.

En el comunicado, recogido aquí por la agencia Europa Press, se denuncia asimismo “el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”. Se lamentan igualmente las “manifestaciones de representantes públicos en las que se alude al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas”, lo que contribuye “al estigma y al rechazo hacia determinados grupos”.

Ante todos estos hechos observados, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha hecho públicas las siguientes recomendaciones:

– Evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de los colectivos, especialmente desde los medios de comunicación y los representantes públicos.

– Frenar la difusión de noticias falsas y del discurso del odio, siendo especialmente importante informarse únicamente a través de fuentes fiables, y contrastar la información antes de compartirla.

– Garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico y su situación administrativa.

– Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables y a la discriminación interseccional por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

– Crear redes de solidaridad antirracistas tejiendo redes de apoyo mutuo e impulsar la igualdad como política de Estado, instando a todos los actores implicados a defender la igualdad y seguir impulsando el compromiso real con la lucha contra el racismo y la xenofobia.

– Denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena ante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

 

Puedes contactar con el Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica por los siguientes medios:

Tel.- 900 203 041

info@asistenciavictimasdiscriminacion.org

 

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Accem apoya a un joven víctima de una agresión xenófoba en Madrid

En la madrugada del 27 de octubre en torno a las cuatro de la madrugada, en el barrio madrileño de Aluche, se produjo una grave agresión a un joven de origen guineano. En su camino de regreso a casa, fue agredido por cinco individuos encapuchados al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?”, que le dieron varios puñetazos y le rompieron dos botellas en la cabeza, dejándolo inconsciente tirado en la calle.

Una patrulla de la Policía Nacional se encargó de llamar a los servicios de emergencia, que le atendieron en el lugar de los hechos. Tuvo que ser hospitalizado por las diversas contusiones y cortes sufridos, necesitando puntos de sutura en la cabeza y en la mano derecha.

La víctima de estos hechos, constitutivos de un delito de odio por motivos racistas, previsto y penado en nuestro Código Penal, no quería denunciarlos por temor a que afectara de manera negativa a su situación administrativa en España, al desconocimiento de sus derechos como víctima de un delito y del apoyo y asesoramiento que organizaciones como Accem pueden brindarle en aras de evitar la invisibilidad e impunidad de agresiones intolerables como esta.

Nuestra entidad trabaja en el apoyo y asesoramiento a víctimas de actos de discriminación racial o étnica a través del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial y/o Étnica y del Servicio de Asistencia a Víctimas.

En este caso, desde Accem se le ofreció apoyo, asesoramiento legal y psicológico, al tiempo que se le informó de la transcendencia y gravedad de lo acontecido y su pertinencia de denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siempre acompañado y asistido legalmente por el técnico y la responsable del programa de Accem de asistencia a víctimas.

La denuncia fue formulada y en la actualidad, y pese a lo complicado que pueda resultar localizar a las personas que le agredieron, los agentes policiales competentes han iniciado la investigación a través de la Brigada Provincial de Información.

Este caso es un buen ejemplo de las buenas prácticas realizadas tanto en el seno de Accem, con colaboración y actuación transversal entre los distintos dispositivos de la organización en Madrid y el programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación, pero también por la rapidez y eficacia en la atención y asistencia a la víctima por parte de las fuerzas de seguridad y de la sanidad pública.

La respuesta dada no sólo evitará la infradenuncia y contribuirá a una resolución que no permita la impunidad de los agresores de este tipo de delitos sino, también, posibilitará el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y en los mecanismos para su efectiva protección en derechos y libertades con independencia de su origen o nacionalidad.

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.

Día de la Tolerancia – Accem reafirma su compromiso con una sociedad diversa e inclusiva

Con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra cada 16 de noviembre, desde Accem queremos reafirmar nuestro compromiso con una sociedad diversa e inclusiva como herramienta de transformación social.

El 12 de diciembre de 1996 fue proclamado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 16 de noviembre como Día Internacional para la Tolerancia. En la Declaración de Principios se afirma que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros”.

En Accem compartimos los valores y principios motores de la Declaración, como organización en defensa de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia del origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

La intolerancia conlleva formas de exclusión social y política, marginación de personas y/o grupos vulnerables, odio a todo lo diverso y discriminación. Por ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde el origen declarativo, sigue siendo oportuno y necesario promover acciones positivas para garantizar la seguridad jurídica, la Igualdad de trato y no discriminación en derechos y oportunidades de los individuos y grupos socialmente vulnerables, como son la población refugiada y las personas inmigrantes.

Palabras y expresiones como xenofobia, discriminación, discurso de odio, agresión racista, expulsión inmigrantes… aparecen con frecuencia en los titulares de los medios de comunicación escritos y orales. Hemos escuchado de determinados partidos políticos, con ocasión de las sucesivas campañas electorales habidas en nuestro país recientemente, la intensificación de la intolerancia, la atribución de culpas y responsabilidades a las personas migrantes y refugiadas, a quienes se utiliza como chivo expiatorio de los distintos problemas y conflictos sociales. En definitiva, hemos asistido a cómo se fomenta un discurso de odio, xenófobo y discriminatorio, contrario al respeto de la diversidad social de nuestro país.

Desde Accem queremos decir que en ningún caso puede utilizarse tal argumentario para justificar el quebrantamiento y vulneración de los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, las libertades, el pluralismo político, la democracia y el estado de derecho. La tolerancia han de practicarla las personas, los grupos sociales y políticos y los estados.

La intolerancia constituye una amenaza real ante los ODS 

El XIV Encuentro Estatal de Accem tuvo este año como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar nuestro mundo: la Agenda 2030. La convivencia y promoción de los ODS, cuya meta es conseguir que la puesta en práctica de la Agenda para el Desarrollo afiance valores y principios universales como la solidaridad mundial, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la intolerancia, la igualdad de género, el fin de la pobreza, etc., constituye un eje fundamental de actuación presente y futura para quienes formamos parte de la entidad.

Desde Accem levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación, difundimos y fomentamos la participación activa de la diversidad social, cultural, lingüística y étnica, y seguiremos contribuyendo a propiciar alianzas inclusivas a nivel local, regional y nacional entre los gobiernos y la sociedad civil responsable. Sigamos fortaleciendo los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Accem informa de agresión racista en Madrid

Accem confirma que a través de su servicio gratuito de atención a víctimas de discriminación ha prestado asistencia a un hombre víctima de una agresión racista el pasado día 27 de octubre en el madrileño barrio de Aluche.

El joven fue atacado por un grupo de hombres encapuchados que le interpelaron al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?” y después le agredieron con botellas de cerveza y puñetazos. La víctima perdió la conciencia hasta que llegaron los servicios de emergencia. Fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió varios puntos de sutura.

La denuncia por la agresión racista se formalizó el jueves 7 de noviembre en una comisaría de policía de Madrid. El joven denunciante tiene 21 años, es de origen subsahariano y solicitante de protección internacional. En la actualidad se encuentra bien y está recibiendo seguimiento psicológico por parte de Accem.

Desde Accem queremos mostrar públicamente nuestro más contundente rechazo a cualquier agresión de carácter racista y xenófobo.

Accem forma parte de un servicio gratuito de orientación y asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico. Sus responsables subrayan la importancia de dar a conocer este servicio para luchar contra la discriminación y frenar los delitos de odio.

El Paso: otros cargaron el arma

A raíz del ataque terrorista que el pasado fin de semana acabó con la vida de 22 personas en El Paso (EE.UU.) desde Accem queremos expresar una vez más, junto al sentimiento de desolación por las víctimas, nuestra enorme preocupación por la extensión a escala global de los discursos de odio que se encuentran detrás de este tipo de crímenes.

Para que se produzcan ataques brutales como este es necesario un caldo de cultivo previo que se ha ido alimentando desde sectores extremistas, interesados en polarizar al conjunto de la sociedad. El racismo y la xenofobia; la utilización recurrente de generalizaciones, tópicos y estereotipos; la criminalización de colectivos como pueden ser, según el caso, las personas refugiadas, las personas migrantes o los llamados ‘MENA’; y, finalmente, el proceso de deshumanización que sufren las personas de estos colectivos, acaban por crear un clima que se convierte en el peligroso contexto en el que este tipo de hechos pueden suceder. En esta dinámica, y a pesar de que es algo que nos interpela a todos/as, es indudable la responsabilidad de aquellos que ostentan una posición de poder como responsables políticos, autoridades, líderes de opinión, etc. Una vez más, unos disparan el gatillo, pero otros cargaron antes el arma.

Desde Accem, como organización defensora de los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación, seguiremos alertando sobre las consecuencias del avance de los discursos de odio a través de nuestras campañas de sensibilización; seguiremos con nuestro trabajo cotidiano en favor de la convivencia y la integración social y seguiremos luchando contra la discriminación por origen racial o étnico a través de nuestros recursos especializados de asistencia a víctimas.