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Racismo, ideología y LGTBIfobia, las tres principales causas de los delitos e incidentes de odio en España

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, ha publicado recientemente el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España correspondiente al año 2020. El Informe recoge hasta un total de 1.401 delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2020.

En el 34,6 % de los casos de delitos de odio registrados se observó una motivación racista y/o xenófoba. En el 23,3 % de los casos, el delito de odio tuvo un origen ideológico. En el 19,8 % de los casos, estuvieron ligados al rechazo de la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima del delito. Estas fueron las principales causas que motivaron los delitos e incidentes de odio registrados en 2020.

Los datos recogidos en el informe suponen un descenso del 17,9 % de los delitos e incidentes de odio registrados con respecto al año anterior (2019). En relación a esta reducción, el informe hace referencia a la probable influencia del confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19 entre los meses de marzo y junio.

En cuanto a la tipología delictiva, predominan entre los hechos registrados las amenazas (327), las lesiones (263) y los daños (114). Según el lugar donde se produjeron los hechos, la mayoría se concentraron en la vía pública y otras vías de comunicación, con 511 casos; a continuación, aparecen la vivienda (315) y los establecimientos de ocio y hostelería (212). Caben destacar por su carácter específico los 62 incidentes de odio registrados en campos de fútbol u otras instalaciones deportivas.

 

DELITOS E INCIDENTES DE ODIO EN ESPAÑA 2020

Sobre el perfil de las víctimas, predominan los varones (59 %) de entre 26 y 40 años de edad (34 %). El porcentaje de víctimas de delitos e incidentes de odio de origen extranjero asciende al 34 %. Se identificaron hasta 142 delitos o incidentes de odio en los que las víctimas eran menores.

Si nos fijamos en el perfil de los autores (detenidos y/o investigados), según el Ministerio del Interior el 81,5 % era de sexo masculino y tenía también entre 26 y 40 años de edad (31 %). El 77 % de detenidos y/o investigados por delitos e incidentes de odio era de nacionalidad española y el 23 % de origen extranjero.

El informe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio atiende también a los delitos que se cometieron en el ámbito de internet, redes sociales y medios de comunicación. Fueron 147 los casos registrados. La mayoría de ellos consistieron en amenazas, injurias y promoción/incitación pública al odio, hostilidad y discriminación.

La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la discapacidad física o mental, la orientación sexual u otro factor similar, ya sean reales o supuestos.

> Accede aquí al Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España del año 2020. 

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación. 

Recomendación del Consejo a raíz del asesinato de Younes Bilal y otras agresiones racistas en la Región de Murcia

Comunicado del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica quiere manifestar su más enérgica condena y dolor por el asesinato de Younes Bilal, el pasado día 13 de junio de 2021, así como por los apuñalamientos sufridos por dos personas de origen migrante, ambos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Las circunstancias que rodean los dos primeros ataques apuntan a motivaciones racistas y xenófobas, mientras que del tercero está siendo investigado el posible móvil racista.

Tanto estos hechos como otros con la misma motivación son intolerables en una sociedad democrática como la española, plural y diversa, en la que no deben caber comportamientos basados en prejuicios racistas y xenófobos.

El Consejo ya manifestó en su recomendación para “evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica” su preocupación ante el incremento de los incidentes de discriminación, rechazo y odio que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, apelando además a los medios de comunicación y los representantes públicos, como piezas fundamentales en la conformación de la opinión pública, a ser especialmente cautelosos en sus manifestaciones, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país.

Los redactores de la Convención para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas fueron profundamente conscientes de la influencia del discurso en la creación de un clima de odio y discriminación raciales, y reflexionaron detenidamente sobre los peligros que ello planteaba, y teniéndolo en cuenta, el Comité para la eliminación de la discriminación racial en su recomendación general nº 35 sobre la lucha contra el discurso de odio racista señala que los Estados partes han de prestar la debida atención a todas las manifestaciones del discurso de odio racista y adoptar medidas eficaces para combatirlas y ha alentado a los políticos y otros formadores de opinión a adoptar actitudes positivas encaminadas a promover la comprensión y la armonía entre las culturas, y a tener presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

Sin embargo, ante los hechos sucedidos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas públicas eficaces, orientadas a eliminar el racismo y otras formas conexas de intolerancia, así como el discurso y los delitos de odio, y promover la igualdad y la diversidad étnica en nuestro país.

Para conocer y analizar los hechos sucedidos en profundidad, así como para fijar vías de colaboración y coordinación en la asistencia de víctimas del racismo, el Consejo se ha puesto en contacto a través de su servicio de atención a víctimas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de dicha Comunidad Autónoma, así como con la Fiscalía provincial de Delitos de Odio en Murcia.

Con el convencimiento de que la lucha contra los delitos de odio sensibilizando a la sociedad para evitar actitudes racistas y xenófobas es una responsabilidad compartida en la que tienen que estar implicadas las administraciones públicas, los representantes públicos, los partidos políticos, los generadores de opinión y toda la ciudadanía en general, se debe seguir trabajando con especial atención en la asistencia a las víctimas del racismo y en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación por su origen racial o étnico en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Entendemos que la diversidad debe tratarse como un valor, a través de un debate serio y sereno dentro de un contexto político no partidista, buscando el consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de que en ningún caso se puedan llegar a provocar enfrentamientos o agresiones en el seno de la ciudadanía.

Por último, desde el Consejo queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares de Younes Bilal, así como una pronta recuperación a las víctimas de los ataques en Cartagena.

Teniendo todo lo expuesto en cuenta, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, recomienda:

1. Que se realice una profunda y rigurosa investigación de los hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalías especializadas en delitos de odio y Autoridades Judiciales, que permita esclarecer los hechos y determinar si han existido motivaciones racistas, así como, en su caso, enjuiciar a sus autores.

2. Una firme condena pública de representantes públicos, autoridades y partidos políticos de la región, a los efectos de proyectar un siempre necesario y contundente mensaje de repulsa del racismo y la xenofobia. Demandando a todos los partidos políticos que fomenten un discurso en el que la pluralidad y la diversidad existente en nuestra sociedad no sean utilizadas como elementos que pueda separar y alterar la convivencia, sino desde visiones que fomenten la convivencia pacífica.

3. Un compromiso de las autoridades educativas de la Región de Murcia y del resto las Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud.

4. Un compromiso firme por la responsabilidad en las declaraciones de los poderes públicos, políticos y de los medios de comunicación y otros agentes generadores de opinión que evite la perpetuación de prejuicios y la estigmatización de las personas migrantes y racializadas, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país, teniendo presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, no debe ser excusa para el ataque a colectivos vulnerables, pues entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

5. Seguir fomentando la denuncia de los actos discriminatorios y los delitos de odio que sufren las personas migrantes y con diversidad de orígenes para combatir la infradenuncia de delitos de odio existente en nuestro país, como han señalado los organismos internacionales, mediante campañas de sensibilización y potenciando una coordinación eficaz y eficiente entre el servicio de atención a víctimas de este Consejo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia, especialmente las Fiscalías especializadas en delitos de odio y el resto de administraciones públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y activas en la lucha contra el racismo.

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del que Accem forma parte, aprobada en el Pleno del 23 de junio de 2021 contra los delitos de odio.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.  Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el  Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el  último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior,  que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Declaración del Foro de la Inmigración de Murcia ante las últimas agresiones racistas

Declaración del Foro de la Inmigración de la Región de Murcia, del que Accem forma parte, en relación a las agresiones racistas de las que han sido víctimas ciudadanos/as de origen extranjero.

El Foro de la Inmigración de la Región de Murcia quiere expresar ante la sociedad murciana su rotunda condena de los episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región.

Estamos asistiendo con gran preocupación, a un crecimiento de los discursos racistas y xenófobos contra los vecinos y vecinas de origen inmigrante en diferentes municipios de la Región de Murcia, que lamentablemente se han traducido en episodios de delitos de odio que han ocasionado el asesinato de un vecino de origen marroquí del municipio de Mazarrón, y la agresión de una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos. Con exclamaciones del tipo de “¡Qué mierda hacéis aquí todos los moros!”, “¡Muerte a los moros!”, o “¡…los inmigrantes nos quitan la comida!”, el odio hacia las personas inmigrantes, ha mostrado su rostro más despiadado. Se ha pasado del discurso del odio, del rechazo del diferente, al asesinato y a la agresión.

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hemos podido ver cómo las manifestaciones de racismo y xenofobia, han acompañado a la pandemia, asociando el origen de la enfermedad, con una determinada nacionalidad y culpabilizando de su propagación, a trabajadores y trabajadoras extranjeros/as, que han sido fundamentales para el mantenimiento de sectores productivos esenciales para el sustento y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido observar cómo la crisis social y económica asociada a la sanitaria, está propiciando un contexto de “competencia” por los recursos entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, enfrentando a personas contra personas. Una confrontación provocada e impulsada desde determinados discursos que defienden la idea de que los derechos de las personas autóctonas, han de prevalecer frente a los de los otros vecinos/as, olvidando que la convivencia democrática es la que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, económica y social de este país y de esta región. Las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión, están en la base de los contextos que dan lugar a estos delitos de odio que hoy denunciamos públicamente. Pero también determinadas posiciones políticas y sociales que provocan el miedo hacia las personas inmigrantes y refugiadas, con discursos estereotipados basados en generalizaciones y falsedades.

Ante estos hechos, no vale el silencio o la indiferencia. Mientras sigamos banalizando las palabras y actos que deshumanizan a la población migrante o refugiada o que la discriminan por su origen cultural o étnico, estos hechos podrán volver a ocurrir en cualquier municipio de esta región. Recordemos que el racismo, la discriminación, las desigualdades y la injusticia, destruyen la convivencia, la cohesión social, la integración y el desarrollo regional. Y en ocasiones límites como la vivida en Mazarrón o en Cartagena, pueden llegar terminar con la vida, los anhelos y los sueños de un ser humano de forma irracional.

Ante estos hechos desde el Foro de la Inmigración de la Región de Murcia planteamos la urgente necesidad de poner en marcha una serie de medidas:

Recuperar el protagonismo de las políticas de integración de la población inmigrante y refugiada en la agenda política y social, apostando por la gestión positiva de la diversidad en los centros educativos, en los barrios, en las empresas y en las organizaciones.

Que el Gobierno Regional y los Ayuntamientos lideren procesos orientados a la corrección de las desigualdades sociales, con una estrategia regional que aborde las situaciones de pobreza y exclusión social que tanto daño están haciendo a esta Región.

Se hace inaplazable el diseño y desarrollo de una estrategia de inclusión, convivencia e integración de las personas inmigrantes en la Región de Murcia, en la que el Foro Regional, como espacio de participación y consulta, tenga un papel activo.

Es necesaria una inversión sostenida en políticas de convivencia intercultural en nuestros barrios y municipios, el lugar donde se materializan las relaciones, la vida de los vecinos y las vecinas.

Es necesario, que se acometa la elaboración de una estrategia regional contra el racismo y la xenofobia, que integre medidas de sensibilización social, en la cual el Foro Regional de la Inmigración de la Región de Murcia, debe tener una participación activa.

Es inaplazable que la sociedad murciana en su conjunto, denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Apostamos por poner en valor el respeto a los derechos humanos; porque creemos firmemente en el valor positivo de la diversidad cultural, generando espacios que nos permitan convivir, espacios donde poder acercarnos los unos a los otros. Solo así, podremos conseguir una sociedad que no permita que el racismo, la xenofobia y la discriminación paseen a sus anchas por nuestras calles.

Foro de la Inmigración de la Región de Murcia

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato remite sus propuestas al Congreso de los Diputados

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

  • La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, creada por organizaciones referentes en la lucha contra el racismo, se amplía ahora a entidades de lucha contra otras discriminaciones, dedicadas al trabajo en infancia, personas LGTBI, personas con VIH, discapacidad, sinhogarismo y enfermedad. 
  • Desde esta Alianza se han remitido una serie de aportaciones a la Proposición de Ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y se trabajará para asegurar que la Ley sea finalmente aprobada y garantice de manera efectiva la protección frente a todas las formas de discriminación. 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por 13 ONG dedicadas a la lucha contra distintas formas de discriminación, ha remitido un documento conjunto al Congreso con sus aportaciones a la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, basadas todas ellas en su experiencia de trabajo con personas pertenecientes a grupos de población que sufren algún tipo de discriminación.

En el documento remitido a los y las portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, estas entidades manifiestan una valoración positiva de la proposición registrada, al incorporar elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un Organismo independiente de Igualdad. Estos elementos, afirman, son “indispensables para el abordaje de la discriminación, por lo que esperamos que se mantengan a lo largo de la tramitación”.

Ahora bien, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también apuntan una serie de áreas de mejora, con el objetivo de que este proceso parlamentario sirva para enriquecer el texto legislativo. En este sentido, en el documento de aportaciones, se menciona la necesidad de profundizar en determinados principios generales, como la accesibilidad, el enfoque de protección de la infancia y el diálogo con la sociedad. También se apunta a la necesidad de reforzar la figura del Organismo de igualdad de trato y su independencia, así como a la mejora de la formación de los agentes clave en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, instan a incorporar planes de diversidad en las empresas, concretar mejor las conductas que pueden dar lugar a una sanción, y a mejorar la regulación en ámbitos tales como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la administración de justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular, las entidades instan a los legisladores a protegerlas frente a expedientes sancionadores que puedan dar lugar a su expulsión cuando denuncien casos de discriminación.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a tener en cuenta estas propuestas en sus enmiendas al articulado, lo que, en opinión de estas organizaciones, “servirá para blindar la protección de las víctimas de discriminación y la promoción del principio de igualdad de trato en sentido amplio en nuestro país”.

Esta Alianza, creada en julio del año pasado por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar la tramitación de esta Ley, se ha ampliado ahora para incorporar organizaciones referentes en la lucha contra otras formas de discriminación a las que alude la Proposición de Ley. La Alianza queda conformada, en su composición actual, por: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Red Acoge y Save the Children.

Accem y Metro de Madrid lanzan un mensaje frente a la discriminación racial y el odio

Accem se ha unido a Metro de Madrid en una campaña de comunicación contra el racismo y la discriminación con motivo de la conmemoración el 21 de marzo del Día Internacional de la Erradicación de la Discriminación Racial.

Entre los días 23 de marzo y 5 de abril, los viajeros del suburbano madrileño se encontrarán con los carteles publicitarios de la campaña Save a Hater, que impulsamos desde Accem para concienciar sobre la polarización y el odio en las redes sociales. Asimismo, el propio 21 de marzo, y esta vez aliados con los Cines Capitol, en plena Gran Vía madrileña, lanzamos nuestro mensaje de tolerancia frente al odio desde las pantallas gigantes de la fachada de los emblemáticos cines.

Metro de Madrid, por su parte, está difundiendo en estos días un vídeo-performance destinado a sensibilizar a los viajeros de metro sobre la persistencia de esta forma de discriminación por el origen racial o étnico de las personas. El vídeo se propone poner a prueba al espectador y hacerle pensar, mediante la puesta en escena de una situación aparentemente anacrónica y absurda, que busca despertar un sentimiento de indignación. Una vez instalado en esta emoción, se proporcionan al espectador algunas cifras sobre agresiones racistas y discriminación étnica que muestran la existencia de este problema.

La lucha contra el racismo es una de las causas tratadas dentro de la campaña de acción social #muévete de Metro, con la que, desde el pasado año, la empresa pública de la Comunidad de Madrid trata de implicar a los viajeros en diferentes causas sociales, a las que da visibilidad. A continuación, el vídeo-performance contra el racismo de Metro de Madrid.

Más de un centenar de jóvenes de Ávila se vacunan contra la discriminación racial

En Ávila, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hemos lanzado la acción de sensibilización #VacúnateContraLaDiscriminación, dirigida a los alumnos y alumnas del I.E.S. Vasco de la Zarza con el objetivo de hacerles reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos presentes en nuestra sociedad y vinculados al perfil racial o étnico de las personas.

Esta acción se lleva a cabo desde el programa de integración social #EnREDandoBARRIOS, que desarrollamos en los barrios de la zona norte y la zona sur de la ciudad de Ávila. La discriminación por el origen racial o étnico, que padece especialmente la población migrante, es una realidad recurrente, tanto en el ámbito privado como el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana, como el acceso al empleo, la vivienda, la educación, la atención sanitaria, el uso y disfrute de bienes y servicios o de las tecnologías de la comunicación.

El incremento de los discursos racistas y xenófobos desde distintos sectores políticos y sociales repercute en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Estos mensajes confunden a la ciudadanía y propician la legitimación de la discriminación y exclusión de sectores sociales en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa #VacúnateContraLaDiscriminación se está realizando con la participación de 140 alumnos y alumnas de 1º de la E.S.O. del I.E.S. Vasco de la Zarza, entre los días 19 y 24 de marzo. Con esta acción, las y los jóvenes alumnos del Vasco de la Zarza se harán conscientes de la importancia de cuidar y transmitir valores de empatía, tolerancia, respeto, convivencia e integración como la mejor vacuna contra la discriminación, a través de mensajes ‘inyectables’ con jeringuillas en los diferentes murales diseñados por ellos.  Los murales van a quedar expuestos en el centro educativo, contribuyendo a dar permanencia al mensaje y a sensibilizar al resto de compañeros y compañeras sobre la importancia de vacunarse contra la discriminación.

Precisamente este año 2021 el lema de la ONU para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial ha sido “La juventud se alza contra el racismo”. La conducta no racista y no discriminatoria se fomenta y logra desde el conocimiento y la apertura de ideas, actitudes y valores que deben ser inculcados desde la familia y la escuela.

El programa #EnREDandoBARRIOS, en el que se encuadra esta acción de sensibilización de Accem, está cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

 

Comunicado de Accem por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Un año más, el próximo día 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En el contexto actual, tras un año de pandemia mundial, y aún inmersos en un difícil y accidentado proceso de inmunización colectiva de la población, es notoria y relevante la brecha de desigualdad de trato ocasionada por la emergencia sanitaria global para las personas con especial vulnerabilidad por razón de su origen y/o condición de personas migrantes y/o refugiadas.

La discriminación a determinados colectivos de personas es una realidad recurrente, acrecentada durante el año 2020, tanto en el ámbito privado como en el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana (empleo, vivienda, educación, asistencia sanitaria, acceso a las nuevas tecnologías, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios…).

El incremento de los discursos racistas, xenófobos y de ‘nacionalismos excluyentes y trasnochados’ de determinados partidos políticos, inciden y golpean con mayor rotundidad en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Confunden a la sociedad de acogida y animan a ‘legitimar’ su exclusión social y legal.   

El reciente Informe sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por las potenciales víctimas, publicado por el órgano de igualdad de trato español, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, arroja datos preocupantes.

Así, el 52% de las personas encuestadas, pertenecientes todas ellas a grupos étnico-raciales minoritarios, contestaron haber sido discriminadas. Pero lo más relevante es que el 81% de las personas que habían sufrido cualquier manifestación de discriminación racial o étnica, contestaron no haber reclamado su derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por miedo o desconocimiento.

Accem, como entidad social organizada de la sociedad civil concernida en la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente las medidas que se están impulsando actualmente, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de trato, puesta de manifiesto una vez más.

La Unión Europea aprobó, en septiembre de 2020, un Plan de Acción contra el Racismo, con un periodo de ejecución hasta el año 2025, en el que se insta a los Estados miembros a acometer reformas estructurales, implementar herramientas y revisar normativa, en orden a su erradicación y a la aplicación efectiva del principio de no discriminación, en la sociedad civil de los Estados miembros.

La Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación,  en tramitación parlamentaria desde el pasado 15 de febrero en el Congreso de los Diputados/as, constituye la respuesta necesaria de los poderes públicos a una deuda histórica con la igualdad de trato y no discriminación de la sociedad española.  

Contar con una normativa clara y precisa de derecho antidiscriminatorio, supone dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de prohibición de discriminación, en aras de evitar la impunidad y desprotección de las víctimas ante comportamientos discriminatorios no constitutivos de delito, y sí de infracciones de naturaleza administrativa que sancionen las formas de discriminación más habituales y cotidianas.

Se requiere de una ley que tenga como objetivo prevenir, sancionar y contribuir a la erradicación cualquier forma y ámbito de discriminación, y que al tiempo ofrezca protección a las víctimas e impulse la concienciación de nuestra sociedad, en la que prevalecen los prejuicios y estereotipos hacia determinados grupos de población. 

Es obligación del Estado de derecho promover las condiciones, mediante su acción política, para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa, plural e inclusiva.

La Ley Integral de Igualdad de Trato deberá constituir una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano con independencia de su origen racial o étnico o condición diversa.

La acción institucional y la colectiva de la ciudadanía española debe ser solidaria, comprometida y unánime. No debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena y diversa inclusión de las personas en nuestra sociedad global. Seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los derechos humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de trato por origen racial o étnico. La pandemia no debe paralizarnos ni cambiar el reto aún pendiente, antes al contrario, debe servir de mayor acicate para su consecución y aplicación.     

Un informe recoge los incidentes discriminatorios y racistas ocurridos durante el estado de alarma

El pasado 2 de octubre asistimos al webinar “Racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, organizado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain (RIS), en el que se presentó un informe sobre la “Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España”.

El informe documenta más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas en España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, así como a personas migrantes especialmente vulnerables, como aquellas con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Estos incidentes discriminatorios han afectado tanto a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, como a aquellas en proceso de pedir protección internacional y también a personas inmigrantes con su situación administrativa regularizada. De hecho, el informe presentado indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, señalan desde las organizaciones convocantes de la jornada.

Con la lectura de este informe se reafirma la necesidad y la urgencia de actuar para la eliminación de la discriminación racial. Para su equipo redactor, la discriminación racial se incrementa con las medidas adoptadas a raíz de la lucha contra la Covid-19, por lo que plantean la necesidad de añadir una perspectiva de género y racial en aquellas acciones sanitarias, legales, sociales y económicas que se adopten como planes de respuesta y de recuperación superada la crisis sanitaria.

En la presentación del informe estuvieron presentes Paula Guerra Cáceres, ex presidenta de SOS Racismo Madrid; Spitou Mendy Rodona, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y la campaña #RegularizaciónYa; Emilio Israel Cortés, co-fundador y director de Juristas Gitanos; Gemma Ferreón, portavoz y responsable de Incidencia Social y Política en SOS Racisme Catalunya;  y Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Participaron también y moderaron la jornada las personas autoras del informe: Esther Mamadou, Youssef M. Ouled,  Isabelle Mamadou y Lydia Vicente Márquez.

Durante el debate, se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir para abordar la catarsis de las estructuras que perpetúan la discriminación racial. Se puso sobre la mesa, asimismo, que es el momento de reconstruir una sociedad más inclusiva, solidaria, más fuerte y más igualitaria para todas las personas que las formamos. El informe incluye una serie de recomendaciones que el Equipo de Implementación y RIS creen que pueden servir para promover un progreso concreto hacia este objetivo.

La data elegida para la presentación no fue casualidad, el 2 de octubre es la fecha decretada por la ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia.

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Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.