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Los Derechos Humanos deben imponerse ante la instrumentalización de personas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Miles de personas se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa, sin casi alimentos, sin cobijo y a bajas temperaturas, en una dramática situación que pone en evidencia la instrumentalización política de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todas estas personas, que en su mayoría provienen de países de Oriente Medio inmersos en una gran inestabilidad y conflictos armados ⎼como Afganistán, Siria o el Kurdistán iraquí⎼, se ven privadas de continuar su proyecto migratorio para encontrar un lugar seguro.

Mientras Bielorrusia mantiene una presión contra la Unión Europea a través de su cercanía con países limítrofes como Polonia o Lituania, en respuesta a las sanciones impuestas desde Bruselas tras las acusaciones de violaciones contra los Derechos Humanos, el país comunitario detiene y devuelve a quien logra traspasar la frontera. De esta manera, todas estas personas se encuentran retenidas en un limbo del que no encuentran salida y en el que se está agravando de forma alarmante esta emergencia humanitaria.

Resulta inhumano usar como arma política a mujeres, niñas, niños y hombres, utilizando sus esperanzas y su deseo de supervivencia de forma interesada y valiéndose de su vulnerabilidad y de su desesperación para alcanzar cualquier objetivo político. Esta restricción de la movilidad es una muestra más de la falta de voluntad para crear y mantener vías seguras y legales, una urgente necesidad en la que numerosas entidades, como Accem, venimos insistiendo para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Ante esta realidad, urge que la Unión Europea se mantenga firme en sus principios y valores fundacionales de protección universal de los derechos, de defensa de la dignidad humana y de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario dar una respuesta rápida y coordinada ante esta crisis, instando a los estados a cumplir con la acogida de estas personas para seguir construyendo una sociedad de futuro y ejemplar como garante de los Derechos Humanos.