Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte.

Ante el Estado de Alarma derivado de la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, y ante el conocimiento de algunos casos de mala gestión de la diversidad, deseamos manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, remarcar las dificultades con las que los Servicios Policiales se han encontrado en el momento de la interpretación y aplicación de las diferentes restricciones a las que nos hemos visto sometidos todos y todas, en aras de preservar nuestra salud y nuestra seguridad, por lo que creemos necesario reconocer el trabajo que están desempeñando los servicios policiales. Esta situación ha supuesto un reto para la actividad de estos servicios y su esfuerzo, junto con el realizado por la población, ha sido fundamental para garantizar la convivencia y el cumplimiento del confinamiento en este escenario tan complejo, contribuyendo de manera esencial a la salud pública.

– Las entidades sociales que formamos parte de la Plataforma hemos tenido conocimiento de casos de malas prácticas por parte de algunos miembros de los servicios policiales, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, un trato maleducado o vejatorio, o una aplicación del perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones. Queremos recordar una vez más que la defensa de la seguridad ciudadana debe hacerse siempre respetando la legalidad, lo que incluye los derechos humanos y el principio de igualdad de trato y no discriminación. Del mismo modo que los comportamientos aislados de algunas personas que han incumplido el confinamiento no representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía respetuosa con las restricciones establecidas, estos incidentes, si bien no mayoritarios, ponen de manifiesto la dificultad en la adecuada gestión policial de la diversidad social.

– Hemos detectado también casos de malas prácticas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social en concreto casos en los que se ha sancionado a personas en situación de sinhogarismo que no podían cumplir la instrucción de confinamiento por carecer de un lugar donde hacerlo. Entendemos que es necesaria la coordinación entre los servicios sociales y policiales a la hora de realizar este tipo de intervenciones y que las personas en situación de pobreza no deben ser tratadas como un problema de orden público.

– La gestión policial de la diversidad es uno de nuestros objetivos como Plataforma; la policía debe aplicar la ley y sancionar su incumplimiento, pero sin cometer excesos de autoridad motivados por el origen o condición de las personas y, actuando en sus intervenciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana conforme a los derechos, libertades y garantías de la sociedad diversa.

Asimismo, recordamos que no se debe utilizar el perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones policiales, que en España se aplica de forma desproporcionada a personas racializadas (gitanas, magrebíes y afrodescendientes, entre otras), como método para hacer cumplir las normas aplicables de confinamiento de la población. Estas prácticas, además de ineficaces y discriminatorias, dañan la confianza en la policía por parte de las personas afectadas, vulnerando un principio constitucional rector de la actuación y competencia en materia de protección y garantía de nuestra seguridad como ciudadanía.

– Una buena gestión de la diversidad exige conocimientos especializados y una buena formación en esta materia. Por ello queremos recordar a las autoridades competentes la necesidad de impulsar y mejorar la formación en gestión de la diversidad dentro de los servicios policiales. También serían útiles recomendaciones más precisas de las autoridades a los servicios policiales sobre cómo aplicar las disposiciones que regulan el Estado de Alarma, ya que tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, la libertad de interpretación de dichas disposiciones ha provocado situaciones injustas en las interactuaciones con la ciudadanía; con directrices más claras, hay más seguridad jurídica para los propios agentes y menos lugar para la arbitrariedad y la discriminación.

– Insistimos asimismo en la necesidad de crear autoridades independientes de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, con potestades para recibir quejas, realizar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones vinculantes a los servicios policiales afectados.

– Asimismo, recomendamos la creación de mesas de trabajo integradas por servicios policiales y entidades ciudadanas que trabajen en el campo de la gestión de la diversidad y los servicios sociales cuando el caso lo requiera, para revisar las propuestas de sanción que pudieran ser fruto de una mala práctica y anularlas en el caso de que se constate que son fruto de una práctica inadecuada.