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Refugiadas LGTBI+ en España, retos y buenas prácticas

Informe sobre las condiciones sociales y legales de las personas solicitantes de protección internacional por razones de orientación sexual o identidad de género.

Ser lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual, tener una identidad no binaria, es una amenaza constante en muchas partes del mundo. En 77 países es considerado ilegal, en una decena de ellos se enfrentan a penas de muerte. España es uno de los lugares donde pueden buscar refugio frente a la persecución y la intolerancia, pero queda mucho camino por recorrer. Accem publica un análisis de situación que detecta carencias de formación y problemas a la hora de abordar las solicitudes de protección de personas LGTBI+.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, un total de 37.366 personas solicitaron protección internacional en España. No se dispone de datos oficiales sobre el motivo de persecución alegado en cada caso, pero sí hay constancia de un aumento considerable de peticiones relacionadas con orientación sexual e identidad de género, que ha venido acompañado de una progresiva mejora en el análisis de las necesidades de protección de personas LGTBI+. Hace falta, en todo caso impulsar mejoras sustanciales a la hora de gestionar esas solicitudes.

Un equipo de investigadoras de Accem ha recogido testimonios de personas solicitantes de asilo, desde Camerún a Jamaica, pasando por Rusia, Mali o Colombia, así como relatos de abogadas que ayudan a preparar el procedimiento y de especialistas en psicología que les acompañan. También ha analizado sentencias denegatorias y prácticas administrativas que permiten hacerse una idea muy completa de la situación y las carencias a las que se enfrenta la comunidad LGTBI+ que busca refugio en España y hacer recomendaciones.

La fuente principal a la hora de aprobar o denegar el asilo son los testimonios de los solicitantes, por lo que la credibilidad cobra un gran peso. El informe evidencia la falta de formación en materia LGTBI+ para que los agentes de los cuerpos de seguridad y los equipos de intérpretes realicen esas entrevistas, así como el conjunto de agentes que participan en el procedimiento. Es necesario que apliquen metodologías especializadas para abordar una problemática tan compleja.

Se detecta, en muchos casos, una mirada eurocéntrica hacia la diversidad sexo-genérica que no tiene en cuenta antecedentes culturales y normas sociales de los países de origen, ni los traumas y tabúes que han interiorizado muchas personas que buscan refugio. La “homofobia sentida” puede hacer que los solicitantes no sean capaces de definir su identidad ni la persecución sufrida. Hay lenguas nativas, por ejemplo en Somalia, donde todos los términos referidos a la homosexualidad son exclusivamente despectivos.Ese eurocentrismo se refleja también en los juicios que se emiten sobre las formas de narrar la historia, como falta de ese reconocimiento de la diversidad cultural. No en todas las culturas se cuentan las historias de la misma forma, por ejemplo, los hitos, las fechas, o la percepción del tiempo de forma lineal no juegan en mismo peso.

También es preciso completar las informaciones de los países de origen (conocidas como COI) que manejan las autoridades para comprender el tratamiento legal y las persecuciones que sufre el colectivo LGTBI+. En la actualidad los COI se centran en la situación de los hombres gays, produciéndose de facto un reduccionismo.

En las entrevistas del procedimiento de concesión de asilo los casos de las personas no binarias y bisexuales siguen siendo los que cuentan con más dificultades, ya que se siguen empleando criterios para la evaluación de las solicitudes que no les integran dentro de los motivos por orientación sexual o identidad de género. Se parte de una visión muy conservadora y eurocéntrica de la realidad trans.

Con respecto a las personas trans, el informe de Accem constata una gran paradoja que afecta sustancialmente a sus vidas. Las personas trans con estatuto de refugiadas no pueden cambiar su nombre en la documentación que lo acredita si no cambian la afiliación en el país de origen. Eso quiere decir que se les reconoce como personas perseguidas por su identidad de género, pero se les exige que en ese país donde les persiguen hagan trámites para cambiar su nombre.

Es por ello que Accem recomienda en su informe que sean las Oficinas de Atención a los Refugiados las que realicen el cambio de nombre en los registros civiles como garantía para su seguridad.

El informe recoge además buenas prácticas de otros países que podrían aplicarse también en España. En Holanda se cuenta con una lista de países en los que la situación del colectivo LGTBI+ es peligrosa para elaborar mecanismos de protección generales y en Reino Unido se ha avanzado en la transparencia de los informes que sirven para evaluar las solicitudes de asilo de personas del colectivo LGTBI+.

Sobre la protección internacional de las personas LGTBI+ se hablará este viernes a las 18:00 en el encuentro digital que podrá seguirse en el canal de Accem.