A día de hoy, en 69 países miembros de Naciones Unidas se siguen persiguiendo y criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, según los datos de ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex).

Debido a esta realidad, desde 2018 Accem lleva realizando varias investigaciones sobre la situación de las personas LGTBI solicitantes de protección internacional. La más reciente, fruto de un estudio realizado a lo largo de todo el año 2020 y titulada Estudio sobre los condicionantes de salida de los países de origen y pautas de acompañamiento a personas solicitantes de protección internacional y refugiadas LGTBI, está dedicada a las dinámicas de persecución y discriminación a las que se ven sometidas las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en sus países de origen y que motivan que tengan que abandonarlos para solicitar protección internacional en países como España.

Esta investigación se ha realizado sobre la base de testimonios de personas procedentes de Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Gambia, Marruecos, Georgia y Ucrania, que han relatado sus experiencias tras haber sufrido discriminación, violencia o persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género en sus países de origen.

“En El Salvador, la situación con las pandillas está muy difícil. Si matas a un homosexual puedes ganar puntos extra o ganar rango dentro de tu pandilla”, apunta una chica lesbiana.

Otro hombre gay, procedente de Georgia, indica la inseguridad e indefensión que sufren las personas trans: “Nadie sale a la calle durante el día, no pueden. Es imposible. Sólo por las noches, cuando no hay mucha gente”.

“Cuando en una familia se sabe que una chica es lesbiana o un chico es gay, incluso lo matan desde el principio para que no se convierta en eso. Como mi madre, que desde pequeñita dijo que, si yo me convertía en lesbiana, me mataría. Ahora se encuentra enferma y me dijeron que, si moría, sería por mi culpa”, relata esta otra mujer lesbiana que llegó a España desde Gambia.

Conforme a estos testimonios, el informe incide en una serie de recomendaciones y claves para mejorar el acompañamiento. Entre estas medidas encontramos la necesidad de tener en cuenta las necesidades y características propias de las personas LGTBI –y especialmente de las personas trans– y establecer espacios de atención individualizada que perciban como seguros.

También destaca el estudio la conveniencia de flexibilizar las etiquetas que suponen las siglas LGTBI, para que puedan abarcar otras realidades, expresiones y alternativas de identidad y orientación sexuales de personas procedentes de otras culturas que no se ajusten a estas categorías construidas desde una perspectiva occidental.

Finalmente, la investigación recomienda que, si la persona solicitante no ha participado en espacios de activismo o no ha sido abiertamente visible en su país de origen, esto no sea un criterio determinante en la credibilidad de su relato, remarcando que, en todo caso, “el activismo siempre es un derecho, no un deber”.

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