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Los haters y la polarización en las redes sociales

En el ámbito de internet y las redes sociales, la existencia de los “haters” u odiadores en línea ha adquirido una dimensión y relevancia significativa, no sólo por su trascendencia o impacto sobre la vida de otras personas, sino también por la capacidad que adquieren sus discursos en la denominada polarización de la sociedad. En este artículo tratamos de comprender por qué existe este perfil en las redes sociales, a qué responde su comportamiento y cómo hacer frente desde una lógica no de confrontación directa sino de búsqueda de alianzas en el mundo digital para construir una sociedad más inclusiva y diversa.

Para empezar, es necesario comprender que los haters no responden a un perfil concreto. Puede ser cualquier persona que muestra su rechazo a determinados colectivos a través de comentarios ofensivos, ataques personales o incluso campañas de acoso virtual. A menudo, son personas que critican, insultan o difaman a otros en redes sociales y plataformas digitales. En estos espacios digitales, los haters han encontrado un entorno ideal para llevar a cabo su actividad de generación o propagación del discurso de odio hacia personas o grupos especialmente vulnerables y susceptibles de recibir discriminación, entre ellas las personas migrantes y refugiadas.

Por otro lado, su alta presencia en redes y su notable actividad guarda relación con la sensación de impunidad que otorga el hecho de poder propagar mensajes de odio en las redes sociales desde perfiles anónimos. No obstante, tener un perfil anónimo no significa que sea imposible identificar la autoría en caso de cometer un delito. De hecho, decir cualquier cosa en las redes sociales equivale prácticamente a gritarlo desde la ventana de nuestra casa, a cara descubierta.

En tercer lugar, es interesante intentar comprender las motivaciones que hay tras el comportamiento de un hater. Aunque pueden ser diversas y complejas, una de las razones más comunes es el miedo a los demás, que se desarrolla en base a la dinámica del pensamiento “nosotros/as versus ellos/as”, que se centra en las diferencias, en lo que nos aleja de aquellas personas que son diferentes. Esta es la base de la construcción de narrativas simplistas que actúan como combustible para homogeneizar y polarizar a la sociedad. En otros casos, los haters también pueden actuar por diversión en la búsqueda de las reacciones que puedan suscitar sus comentarios, por la necesidad de notoriedad o por la falta de conciencia sobre el efecto de su comportamiento online sobre la vida real.

Uno de los principales peligros de los discursos de odio propagados por las/os haters es la normalización de este tipo de mensajes. La aceptación hacia estos discursos y comportamientos no está exenta de riesgos, pues el discurso del odio se normaliza y puede llegar a considerarse como algo inevitable incluso por parte de las víctimas, lo cual puede tener una relación directa con el bajo índice de denuncia que presentan los casos de discriminación y los delitos de odio. La normalización de estos mensajes también es peligrosa en tanto en cuanto puede generar daños emocionales o psicológicos sobre las personas, estigmatizarlas, discriminarlas y desencadenar agresiones violentas hacia ellas.

Por todo ello, aunque lidiar con los haters pueda ser desafiante, es importante recordar algunas estrategias para manejar esta situación. Tomamos estas recomendaciones del manual “Save a hater. Ideas para actuar contra la polarización y el discurso de odio en las redes sociales”:

  • Párate a pensar: Antes de escribir un mensaje en redes sociales, piensa. ¿El contenido puede ser hiriente para una persona o colectivo? Verifica las informaciones antes de compartirlas y no difundas noticias falsas, prejuicios y estereotipos.
  • Crea y difunde noticias positivas: Las narrativas alternativas son esenciales para restar espacio a los haters en las redes sociales y foros de noticias. Los haters no dejarán de existir, pero proponiendo puntos de vista alternativos restarás fuerza a sus mensajes de odio.
  • Responde: Contesta desde el respeto y con argumentos veraces que desmonten su teoría. Contribuye a desmontar los rumores.
  • Difunde (o no): Difundir un mensaje de ciberodio para contrarrestarlo puede resultar contraproducente, pues los algoritmos premian a las cuentas con más interacciones, por lo que no conviene reaccionar a todos los mensajes de odio. Procura evitarlo, hazlo solo si va acompañado de una respuesta que desmonte ese mensaje. Si recibes ataques de ciberodio, bloquea al hater.
  • Denuncia: Cuando veas un mensaje de odio, haz una captura de pantalla del comentario y del perfil del usuario/a, guarda la imagen y procede a denunciar el contenido ofensivo a través de los mecanismos habilitados en cada red social. Si has sido víctima de amenazas u otros delitos de odio, puedes ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También puedes denunciarlo ante organizaciones sociales como Accem para solicitar ayuda y asesoramiento.

En conclusión, conocer quiénes son los haters es fundamental para entender el fenómeno de la polarización en las redes sociales y sus consecuencias. Reconocer sus motivaciones y aprender a manejar sus acciones de manera constructiva puede ayudar a mejorar nuestra experiencia digital y favorecer un ambiente de respeto y empatía, que en definitiva ayude a la convivencia en unas sociedades cada vez más diversas.

> Si te interesa conocer más sobre los haters, visita la web de la campaña de sensibilización Save a hater

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, en la que Accem participa.

Creación inmediata de la Autoridad Independiente

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hito que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato. Tal y como expresó la Alianza en el comunicado emitido en el momento de la aprobación, esta ley constituye un “instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral”, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

El día en que se cumplen justo dos meses desde la expiración del plazo concedido al Gobierno para su creación, las entidades que conforman esta Alianza constatan que, sin un organismo que vele por su cumplimiento, es prácticamente imposible aplicar efectivamente la norma. Por ello, y tras haber solicitado previamente por carta al Gobierno para su pronta configuración, la Alianza reclama su inmediata puesta en marcha. La constitución de este organismo también demostraría el compromiso de las autoridades con las víctimas de discriminación a una semana del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebra el próximo 21 de marzo.

Aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato

Además, la Alianza recuerda que las obligaciones establecidas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación son de aplicación para todo el sector público. Así, las distintas Administraciones Públicas competentes, tanto a nivel autonómico, como local y judicial, deben promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción.

El retraso injustificado en la creación de la Autoridad Independiente no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma, por lo que la Alianza reclama que las Administraciones Públicas competentes garanticen de forma inmediata el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

> Descarga aquí el comunicado

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebra por fin su aprobación en el Congreso

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

Las entidades que forman parte de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebran la aprobación en el Congreso de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral.

El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

Sin embargo, las entidades consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato considera que esta Ley es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación y para que España deje de estar “en deuda con la igualdad”. Fue creada en 2020 por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar su tramitación definitiva tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 y el compromiso de promulgación de la misma por parte de España ese mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Forman parte de la Alianza organizaciones referentes en la lucha contra múltiples formas de discriminación: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Provivienda, Red Acoge y Save the Children.

Accem se une a la campaña #SoloJuntos de Naciones Unidas para un acceso justo y no discriminatorio a las vacunas contra la Covid-19

Accem se ha unido a la nueva campaña #SoloJuntos de Verified y Naciones Unidas para pedir un acceso justo a las vacunas contra la Covid-19 en todo el mundo, sin discriminación.

Nuestro mundo ha cambiado en el último año. Amigos y familias separadas, fiestas y celebraciones en suspenso… La pandemia ha transformado nuestras vidas, pero todos queremos volver a hacer las cosas de antes con la gente a la que queremos. El problema es que si los países avanzan a velocidades diferentes, nada garantiza que todo eso se haga realidad.

Debemos decidir que es posible erradicar rápidamente la pandemia apoyando el llamamiento de Naciones Unidas para que las vacunas sean consideradas un bien público accesible y disponible para todos y todas, en todas partes. Debemos vacunar según las necesidades, empezando por los trabajadores sanitarios, para poder salvar más vidas y reanudar nuestras actividades lo antes posible.

Aumentar la fabricación y la producción, incrementar la financiación y compartir las dosis excedentarias podría ayudar a poner fin a la pandemia cuanto antes para todos y todas. Nuestros gobiernos deben aunar esfuerzos para que nadie se quede atrás. Compartir información y recursos ha sido siempre nuestro mejor medio para esperar un futuro mejor, así que hagámoslo ahora y acabemos juntos con la pandemia.

¿Cómo participar?

La campaña #SoloJuntos (#OnlyTogether en ámbito internacional) nos invita a participar publicando contenido en nuestras redes sociales. Se trata de reivindicar colectivamente la necesidad urgente de vacunas contra la Covid-19 para todos y todas y en todas partes.

Dentro de la campaña se festejan las cosas que echamos de menos y queremos volver a hacer. Utiliza la etiqueta #SoloJuntos junto a las fotos, imágenes o textos que compartas sobre lo que te gustaría hacer una vez un acceso justo a las vacunas haya terminado con la pandemia.

> Accede aquí a la web de la campaña #SoloJuntos.

Verified es una iniciativa de Naciones Unidas para proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que salve vidas, en el marco del desafío que la humanidad enfrenta en la lucha contra la pandemia por la Covid-19.

 

 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato remite sus propuestas al Congreso de los Diputados

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

  • La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, creada por organizaciones referentes en la lucha contra el racismo, se amplía ahora a entidades de lucha contra otras discriminaciones, dedicadas al trabajo en infancia, personas LGTBI, personas con VIH, discapacidad, sinhogarismo y enfermedad. 
  • Desde esta Alianza se han remitido una serie de aportaciones a la Proposición de Ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y se trabajará para asegurar que la Ley sea finalmente aprobada y garantice de manera efectiva la protección frente a todas las formas de discriminación. 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por 13 ONG dedicadas a la lucha contra distintas formas de discriminación, ha remitido un documento conjunto al Congreso con sus aportaciones a la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, basadas todas ellas en su experiencia de trabajo con personas pertenecientes a grupos de población que sufren algún tipo de discriminación.

En el documento remitido a los y las portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, estas entidades manifiestan una valoración positiva de la proposición registrada, al incorporar elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un Organismo independiente de Igualdad. Estos elementos, afirman, son “indispensables para el abordaje de la discriminación, por lo que esperamos que se mantengan a lo largo de la tramitación”.

Ahora bien, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también apuntan una serie de áreas de mejora, con el objetivo de que este proceso parlamentario sirva para enriquecer el texto legislativo. En este sentido, en el documento de aportaciones, se menciona la necesidad de profundizar en determinados principios generales, como la accesibilidad, el enfoque de protección de la infancia y el diálogo con la sociedad. También se apunta a la necesidad de reforzar la figura del Organismo de igualdad de trato y su independencia, así como a la mejora de la formación de los agentes clave en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, instan a incorporar planes de diversidad en las empresas, concretar mejor las conductas que pueden dar lugar a una sanción, y a mejorar la regulación en ámbitos tales como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la administración de justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular, las entidades instan a los legisladores a protegerlas frente a expedientes sancionadores que puedan dar lugar a su expulsión cuando denuncien casos de discriminación.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a tener en cuenta estas propuestas en sus enmiendas al articulado, lo que, en opinión de estas organizaciones, “servirá para blindar la protección de las víctimas de discriminación y la promoción del principio de igualdad de trato en sentido amplio en nuestro país”.

Esta Alianza, creada en julio del año pasado por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar la tramitación de esta Ley, se ha ampliado ahora para incorporar organizaciones referentes en la lucha contra otras formas de discriminación a las que alude la Proposición de Ley. La Alianza queda conformada, en su composición actual, por: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Red Acoge y Save the Children.

Accem y Metro de Madrid lanzan un mensaje frente a la discriminación racial y el odio

Accem se ha unido a Metro de Madrid en una campaña de comunicación contra el racismo y la discriminación con motivo de la conmemoración el 21 de marzo del Día Internacional de la Erradicación de la Discriminación Racial.

Entre los días 23 de marzo y 5 de abril, los viajeros del suburbano madrileño se encontrarán con los carteles publicitarios de la campaña Save a Hater, que impulsamos desde Accem para concienciar sobre la polarización y el odio en las redes sociales. Asimismo, el propio 21 de marzo, y esta vez aliados con los Cines Capitol, en plena Gran Vía madrileña, lanzamos nuestro mensaje de tolerancia frente al odio desde las pantallas gigantes de la fachada de los emblemáticos cines.

Metro de Madrid, por su parte, está difundiendo en estos días un vídeo-performance destinado a sensibilizar a los viajeros de metro sobre la persistencia de esta forma de discriminación por el origen racial o étnico de las personas. El vídeo se propone poner a prueba al espectador y hacerle pensar, mediante la puesta en escena de una situación aparentemente anacrónica y absurda, que busca despertar un sentimiento de indignación. Una vez instalado en esta emoción, se proporcionan al espectador algunas cifras sobre agresiones racistas y discriminación étnica que muestran la existencia de este problema.

La lucha contra el racismo es una de las causas tratadas dentro de la campaña de acción social #muévete de Metro, con la que, desde el pasado año, la empresa pública de la Comunidad de Madrid trata de implicar a los viajeros en diferentes causas sociales, a las que da visibilidad. A continuación, el vídeo-performance contra el racismo de Metro de Madrid.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urge al Gobierno a cumplir con su compromiso de tramitar una nueva ley

En el Día Internacional para la Tolerancia volvemos a reclamar la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su promulgación.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que nos hemos unido en la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, volvemos a urgir a los poderes públicos a que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación, dejando a España aún en deuda con la igualdad.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, las entidades que formamos parte de la Alianza aún no hemos tenido conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco contamos con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Consideramos fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recordamos que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que formamos parte de esta Alianza hemos remitido una carta al Gobierno de España para urgir al cumplimiento del compromiso adquirido con la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.

 

> Descarga el Dossier Informativo

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Incidentes discriminatorios detectados en la actuación policial durante el período de alarma

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte.

Ante el Estado de Alarma derivado de la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, y ante el conocimiento de algunos casos de mala gestión de la diversidad, deseamos manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, remarcar las dificultades con las que los Servicios Policiales se han encontrado en el momento de la interpretación y aplicación de las diferentes restricciones a las que nos hemos visto sometidos todos y todas, en aras de preservar nuestra salud y nuestra seguridad, por lo que creemos necesario reconocer el trabajo que están desempeñando los servicios policiales. Esta situación ha supuesto un reto para la actividad de estos servicios y su esfuerzo, junto con el realizado por la población, ha sido fundamental para garantizar la convivencia y el cumplimiento del confinamiento en este escenario tan complejo, contribuyendo de manera esencial a la salud pública.

– Las entidades sociales que formamos parte de la Plataforma hemos tenido conocimiento de casos de malas prácticas por parte de algunos miembros de los servicios policiales, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, un trato maleducado o vejatorio, o una aplicación del perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones. Queremos recordar una vez más que la defensa de la seguridad ciudadana debe hacerse siempre respetando la legalidad, lo que incluye los derechos humanos y el principio de igualdad de trato y no discriminación. Del mismo modo que los comportamientos aislados de algunas personas que han incumplido el confinamiento no representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía respetuosa con las restricciones establecidas, estos incidentes, si bien no mayoritarios, ponen de manifiesto la dificultad en la adecuada gestión policial de la diversidad social.

– Hemos detectado también casos de malas prácticas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social en concreto casos en los que se ha sancionado a personas en situación de sinhogarismo que no podían cumplir la instrucción de confinamiento por carecer de un lugar donde hacerlo. Entendemos que es necesaria la coordinación entre los servicios sociales y policiales a la hora de realizar este tipo de intervenciones y que las personas en situación de pobreza no deben ser tratadas como un problema de orden público.

– La gestión policial de la diversidad es uno de nuestros objetivos como Plataforma; la policía debe aplicar la ley y sancionar su incumplimiento, pero sin cometer excesos de autoridad motivados por el origen o condición de las personas y, actuando en sus intervenciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana conforme a los derechos, libertades y garantías de la sociedad diversa.

Asimismo, recordamos que no se debe utilizar el perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones policiales, que en España se aplica de forma desproporcionada a personas racializadas (gitanas, magrebíes y afrodescendientes, entre otras), como método para hacer cumplir las normas aplicables de confinamiento de la población. Estas prácticas, además de ineficaces y discriminatorias, dañan la confianza en la policía por parte de las personas afectadas, vulnerando un principio constitucional rector de la actuación y competencia en materia de protección y garantía de nuestra seguridad como ciudadanía.

– Una buena gestión de la diversidad exige conocimientos especializados y una buena formación en esta materia. Por ello queremos recordar a las autoridades competentes la necesidad de impulsar y mejorar la formación en gestión de la diversidad dentro de los servicios policiales. También serían útiles recomendaciones más precisas de las autoridades a los servicios policiales sobre cómo aplicar las disposiciones que regulan el Estado de Alarma, ya que tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, la libertad de interpretación de dichas disposiciones ha provocado situaciones injustas en las interactuaciones con la ciudadanía; con directrices más claras, hay más seguridad jurídica para los propios agentes y menos lugar para la arbitrariedad y la discriminación.

– Insistimos asimismo en la necesidad de crear autoridades independientes de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, con potestades para recibir quejas, realizar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones vinculantes a los servicios policiales afectados.

– Asimismo, recomendamos la creación de mesas de trabajo integradas por servicios policiales y entidades ciudadanas que trabajen en el campo de la gestión de la diversidad y los servicios sociales cuando el caso lo requiera, para revisar las propuestas de sanción que pudieran ser fruto de una mala práctica y anularlas en el caso de que se constate que son fruto de una práctica inadecuada.

 

Reunión con la OIDDH para el desarrollo del programa TAHCLE contra los delitos de odio

Accem participó, junto a otras organizaciones sociales, en una reunión de trabajo con técnicas de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (OIDDH), de visita en España para evaluar las necesidades existentes para el desarrollo del programa TAHCLE de capacitación contra los delitos de odio.

Esta iniciativa surge del acuerdo firmado entre la OIDDH y el Ministerio del Interior para la implementación del programa y la formación de oficiales de policía en todo el país. La OIDDH es un organismo dependiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El programa TAHCLE está diseñado para formar a los cuerpos de policía en cómo reconocer, registrar e investigar delitos motivados por prejuicios.

El propósito de esta visita, realizada a Madrid entre el 22 y el 24 de mayo, era establecer reuniones con representantes del Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía, Oficina del Defensor del Pueblo y Academia de Policía en España para comprender el alcance actual y la naturaleza de la violencia motivada por el odio en España. La información recopilada servirá para ajustar el programa y su plan estándar de formación, reflejando las necesidades actuales y la situación del país en términos de comunidades afectadas y respuesta policial a los delitos de odio.

En esa agenda de contactos aparecían los cruciales contactos con la sociedad civil y con las organizaciones que, como Accem, trabajan en España en el área de derechos humanos, monitoreo de incidentes de odio y promoción de la tolerancia, la igualdad de trato y la no discriminación.

En la reunión del pasado 22 de mayo, Accem estuvo representada por Esther Peña, responsable del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem, mientras la OSCE estuvo representada por técnicas del Departamento de Tolerancia y No Discriminación de la OIDDH.

Desde Accem queremos agradecer la invitación, así como la oportunidad de participar en un grupo de trabajo donde se puso de manifiesto la relevancia de poder discutir al tiempo que analizar la situación nacional en materia de legislación penal sobre los denominados delitos de odio, en una doble vertiente: el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la actuación y capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Más información

La OSCE es el mayor organismo regional de seguridad. Fue creado con el objetivo de prevenir, gestionar y remediar los conflictos en Europa y su entorno. La OSCE tiene su origen en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Helsinki en 1975.

La OIDDH, dependiente de la OSCE, proporciona apoyo, asistencia y experiencia a los estados participantes y a la sociedad civil para promover la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación. La OIDDH lleva a cabo programas de capacitación para funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales sobre la forma de mantener, promover y supervisar los derechos humanos