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Espacios de encuentro para impulsar la convivencia intercultural en Ávila

Desde el programa +Barrio, de Accem, dedicado a impulsar la convivencia intercultural, se realizó el viernes una acción urbana en Ávila para conmemorar el Día Internacional del Migrante.

 A través de esta acción hemos querido realizar un homenaje a todas las personas migrantes que conviven en nuestros barrios. La migración es una expresión valiente de la determinación individual para superar la adversidad y buscar una vida mejor. Los migrantes contribuyen con su conocimiento, con las redes que conforman y con sus capacidades, al desarrollo de barrios más fuertes y resilientes.

Las personas migrantes esperan un futuro más prometedor. Es nuestra responsabilidad colectiva contribuir a ello facilitando espacios de convivencia más seguros, tolerantes y acogedores. Barrios que se beneficien de la inclusión como herramienta que se adapta la diversidad cultural que los define, y los enriquece.

Más de medio centenar de vecinos y vecinas participaron en esta actividad a través de espacios de encuentro en los que se compartieron historias de diferentes partes del mundo y sentimientos de las personas migradas y de la sociedad de acogida, que han quedado reflejados en una serie de mensajes que han colgado de unas bolas decorativas expuestas durante estas fiestas en el Jardín de San Francisco de Ávila.

+Barrio es un programa de Accem cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Día Internacional del Migrante – Por la activación de vías legales y seguras y por la normalización de la acogida

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional del Migrante.

Un año más nos encontramos en el Día Internacional del Migrante (18-D) con la sensación de no haber avanzado nada en lo referente a la salvaguarda de la vida y la dignidad de las personas que migran hacia el continente europeo. Un año más queda de manifiesto la ausencia de vías reales, legales y seguras que desde todas las organizaciones que trabajamos en el ámbito de las migraciones reclamamos de forma sostenida desde hace muchos años. En este año 2020, alrededor de 600 personas han fallecido o desaparecido en aguas del Atlántico en la reactivación de la ruta migratoria que une las costas de África Occidental con las Islas Canarias.

Es la ausencia de alternativas la que provoca, entre otros factores, situaciones como las vividas en el muelle del puerto de Arguineguín, con cientos de personas malviviendo en condiciones indignas después de haberse enfrentado a un viaje muy peligroso, cuando la prioridad debería ser ofrecer a estas personas la oportunidad de recobrarse. Estas situaciones generan además una serie de imágenes que favorecen la espectacularización del fenómeno migratorio y su utilización y rentabilización por parte de los profesionales del odio y la xenofobia.

En el Día Internacional del Migrante, queremos también señalar un fenómeno que nos preocupa profundamente: la permanencia indefinida y obligada de las personas migrantes que intentan llegar a Europa en campamentos o territorios periféricos de la UE. Lo hemos visto en Lesbos, en Samos, en Lampedusa, y también en Canarias y Ceuta y Melilla. Esta práctica, planteada como elemento disuasorio en la política migratoria europea, consideramos que no aporta nada positivo en términos de respeto a la dignidad e integridad de las personas; tampoco lo aporta en la situación de los territorios que deben asumir ese impacto ni en los procesos de integración y cohesión social. Desde Accem, como organización especializada en la acogida a personas refugiadas y migrantes, llamamos a la normalización de la acogida y a la apuesta por ofrecer un sistema sostenible, coordinado y equilibrado de acogida para todas las personas que alcanzan por sus medios territorio europeo.

Por último, queremos volver a subrayar que es el efecto expulsión el que provoca que miles de personas deban ponerse en el camino de la migración. En ocasiones a causa de la guerra, la violencia y la persecución, como es el caso de las migraciones forzosas; en otras, a causa de la pobreza, la desigualdad y la falta de opciones para desarrollar una vida plena. Trabajar para reducir las desigualdades que existen entre unos países y otros, entre unas sociedades y otras, en términos de desarrollo humano, socioeconómico y democrático, es trabajar a largo plazo en la reducción de la necesidad de migrar.

Crisis migratoria en Canarias: una gestión que no puede generar más exclusión

Comunicado de la red EAPN en el Estado español, de la que Accem forma parte.

Las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para afrontar la situación migratoria en Canarias tienen un denominador común: llegan tarde. El repunte migratorio que vive las Islas, que se inició en su primer ciclo en septiembre de 2019 y ha tenido un inaudito incremento a partir de septiembre del año en curso, requería más determinación.

Admitiendo el esfuerzo realizado por la administración estatal, competente en la materia, se ha constatado que no contar con una red de acogida humanitaria estable en un territorio fronterizo como el archipiélago canario, ni desde el inicio con una política de derivación clara, transparente, ágil y periódica ha socavado tanto los derechos de las personas que llegan y cuya mayoría se encuentran sin recursos, así como el ánimo de la población local que no comprende el plan diseñado desde Madrid para afrontar esta situación de emergencia.

La separación de niñas y niños de sus padres, que se corrigió, la ausencia o deficiencia en la asistencia letrada de las personas, un derecho fundamental, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la descoordinación entre ministerios y la lenta puesta en marcha de una red de acogida humanitaria está lastrando una gestión que ha tenido como intención no dejar a nadie sin un lugar en el que dormir, algo loable, pero que está conduciendo a un callejón sin salida, con más de 6.000 personas que ahora mismo duermen en hoteles que quedaron cerrados por la crisis turística derivada de la pandemia.

Siendo esta la principal causa por la que las personas están saliendo de sus países, especialmente de Marruecos y Senegal en los últimos meses, entendemos que el objetivo debe ser dar la protección necesaria en un momento especialmente complejo. Y junto a esta medida, y cualquier otra que se ponga en marcha para amortiguar la situación que están pasando las personas migrantes que quedan en situación de vulnerabilidad a su llegada a Canarias, deben de ser acompañada por más recursos, también, para ampliar la red de protección a las personas que están en situación de exclusión, y muchas veces en situación de calle, en las Islas Canarias producto de una crónica situación, en algunos casos, o de exclusión sobrevenida como consecuencia de la pandemia en otros, porque el territorio canario es uno de los más afectados dada su alta dependencia de un sector que se ha visto frenado en seco: el turismo.

En definitiva, las medidas puestas en marcha deberían ser integrales y, efectivamente, no dejar a nadie atrás, porque lo contrario significará discriminar y avivar la pugna entre personas desfavorecidas, especialmente en esta situación de crisis.

Urgimos a medidas concretas, directas y que ayuden a paliar la situación: hablamos de más acogida humanitaria, especial atención al sinhogarismo y exclusión en Canarias, derivaciones ágiles, transparentes y periódicas a la Península, pedagogía sobre los desplazamientos de personas y, también, más trabajo directo con los países de origen para conseguir dos objetivos: generar vías legales, ordenadas y seguras y apuntalar condiciones de vida que hagan que migrar sea una opción, un derecho, pero no una cuestión de vida o muerte.

Los rebrotes de la Covid-19 hacen visible la situación de pobreza y exclusión de los trabajadores temporeros migrantes

En este verano de 2020 distintos hechos han puesto en primer plano de la actualidad la situación de extrema precariedad vital que atraviesan miles de trabajadores/as migrantes en España empleados en las campañas agrícolas. Los rebrotes de la Covid-19 sufridos por los trabajadores temporeros en Huesca, Lleida o Albacete; los incendios en los asentamientos de jornaleros del campo en la provincia de Huelva o la dramática muerte del trabajador Eleazar Blandón a causa aparentemente de un golpe de calor en Murcia han hecho visible una realidad que para muchos permanecía oculta. Una realidad social de infraviviendas y hacinamiento; de falta de acceso a agua potable y saneamiento; de situaciones de calle y grave exclusión social; de explotación laboral, abuso e indefensión; en definitiva, de ausencia de los recursos y las condiciones más básicas para desarrollar una vida digna.

Sin embargo, y aunque se haya puesto este verano sobre la mesa, esta realidad de extrema pobreza y precariedad en España no es un fenómeno nuevo ni desconocido. En este mes de julio de 2020 se presentó el informe final de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.

El diagnóstico del Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza

Alston, que visitó nuestro país entre el 27 de enero y el 7 de febrero de este año, declaró, en palabras recogidas por la red EAPN-ES, haber encontrado “niveles aterradores de pobreza y exclusión”, llamando la atención sobre varias de las realidades específicas con las que había tenido contacto, entre ellas la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en el campo onubense, ligados a la campaña agrícola de la recogida de la fresa y los frutos rojos. En el informe final del Relator Especial se relata que Alston visitó un asentamiento de trabajadores y trabajadoras migrantes en Huelva “cuyas condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo”. Según recogió, solo en el campo de Huelva, vinculadas a la temporada de la fresa, viven en asentamientos de condiciones “inhumanas” de vida entre 2.300 y 2.500 personas.

(…) El Relator Especial visitó lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país: un poblado de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, cuyos habitantes (trabajadores y trabajadoras migrantes) han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice (…).

(…) Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos. Ganan apenas 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública. En palabras de una de esas personas: ‘Cuando hay trabajo, España necesita migrantes, pero a nadie le interesa cómo vivimos’ (…).

Con la aparición de diferentes brotes de la Covid-19 ligados a espacios donde trabajan y viven trabajadores temporeros, se han hecho visibles las condiciones de vida que sufren estas personas, pero también se ha extendido ese otro virus del racismo y la xenofobia provocado por el miedo y fortalecido por la despersonalización que en ocasiones se ha realizado de este colectivo en situación especialmente vulnerable. El estado de tensión social, cuando no de pánico, sirve de caldo de cultivo muy peligroso que facilita la aparición de brotes de racismo y xenofobia. La búsqueda de un chivo expiatorio siempre es tentadora, como hemos visto en tantas ocasiones.

Es labor de las organizaciones sociales y del conjunto de la ciudadanía poner el foco en lo verdaderamente relevante: la facilidad para la aparición en estos contextos específicos de brotes de la enfermedad, las condiciones favorables al contagio y la dificultad para el confinamiento son resultado de situaciones vergonzosamente extremas de pobreza y exclusión social, de condiciones de vida y de trabajo que deberían ser impropias de este tiempo y este país.

Accem trabaja desde hace bastantes años en estos espacios de enorme vulnerabilidad que son los asentamientos informales y las infraviviendas, poblados a menudo por personas de origen migrante. En la provincias de Huelva y Albacete o en la Región de Murcia hemos desarrollado durante años y seguimos haciéndolo en estos días una acción humanitaria y de atención social, ayudando a paliar los efectos más graves de la exclusión y aportando todo nuestro esfuerzo a la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas.

La salud y la enfermedad, también en el caso de la Covid-19, sí entienden y guardan relación con la pobreza y la exclusión social.

Covid-19: Expertos de Naciones Unidas instan a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para proteger a migrantes y víctimas de trata

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y la Relatora Especial sobre la Trata de Personas lanzaron el pasado 6 de abril un comunicado conjunto pidiendo a todos los Estados del mundo a adoptar con urgencia medidas inclusivas para asegurar la protección de las personas migrantes y de las víctimas de trata en su respuesta nacional al COVID-19.

Los expertos de la ONU instan a los gobiernos a adoptar medidas de prevención, tests y tratamientos médicos, servicios de salud y de asistencia social. Asimismo, exhortan a que se regularice la situación administrativa de las personas migrantes en situación irregular, para favorecer su acceso al sistema sanitario durante la situación de pandemia.

Desde ambas relatorías se expresa además preocupación por la situación de especial vulnerabilidad en la que puedan encontrarse las migrantes en situación irregular, las personas solicitantes de asilo, las víctimas de trata y explotación, al estar más expuestas al contagio debido al contexto en que viven o trabajan. Y piden prestar particular atención a los centros de acogida para personas migrantes y solicitantes de protección internacional, que suelen estar en situación de sobrepoblación, y buscar soluciones alternativas de acogida cuando las medidas de prevención del contagio y el distanciamiento social no puedan ponerse en práctica.

Finalmente, los dos Relatores Especiales aplauden las medidas adoptadas por algunos Gobiernos de conceder permisos de residencia temporales y los derechos correspondientes, incluso el acceso a servicios y beneficios sociales y sanitarios. Y recuerdan que cualquier medida de lucha contra el COVID-19 tiene que estar enfocada en el respeto de los derechos humanos.

>> Accede aquí al comunicado conjunto.

Proyecto EPIC

Nombre del programa: EPIC – Prácticas Europeas para la Integración y la Atención. Fomento de las formas alternativas de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (EPIC – European Practices for Integration and Care. Improving alternative forms of care for unaccompanied migrant children).

Ámbito geográfico: Unión Europea.

Financiadores: Unión Europea. Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). 2018.

Contenido: El proyecto EPIC tiene la finalidad de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas alternativos de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Europa.

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Brechas 2.0: Impacto de las brechas digitales en niñas y niños de familias migrantes y refugiadas

BRECHAS 2.0: Impacto de las brechas digitales en niñas y niños de familias migrantes y refugiadas

Título: Brechas 2.0. Impacto de las brechas digitales en niños y niñas de familias migrantes y refugiadas.

Coordinadora: María Tejada Gámez.

Autoras: María Felisa Círez Tambo, Gloria Domínguez Alegría y Rocío López Montero.

Edita: Accem.

Financia: Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Año de edición: 2019.

Nº de páginas: 115.

El protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en todas las esferas que rodean al ser humano ha originado importantes cambios sociales. La adaptación a estos cambios puede no ser efectiva para determinados sectores de la población, generándose lo que se denomina brecha digital.

Las NTIC han tomado cada vez un papel más relevante también en el ámbito familiar y en la socialización y educación de niños y niñas, provocando cambios en las dinámicas y roles familiares. En un contexto migratorio, padres y madres de origen extranjero desarrollan, en un ambiente cultural y social diferente, nuevas estrategias para el buen cuidado de sus hijos e hijas.  El presente informe “Brechas 2.0” aborda la brecha generacional entre la población migrante en España y sus hijos e hijas, considerados ya nativos digitales.

Esta investigación tiene como principal objetivo avanzar y profundizar en el conocimiento generado en el anterior proyecto de investigación “Brechas” (Accem, 2018), donde se detallan las desigualdades que vive la población de origen extranjero en el entorno digital. En esta segunda parte, se pone el foco en los retos que plantea la educación y protección de hijos/as frente a los peligros encontrados online y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para lograr el éxito educativo y laboral en España.

La investigación se centra en la etapa de la adolescencia (de 10 a 19 años según la Organización Mundial de la Salud) al tratarse del momento de la infancia en que prevalece el uso de herramientas digitales y donde pueden comenzar a emerger las brechas digitales.

La percepción de los riesgos y oportunidades que ofrecen las NTIC, las iguales o distintas oportunidades de acceso a las mismas de las familias y las estrategias de mediación ofrecidas por los adultos e iguales de referencia, son factores que influirán en las brechas digitales de la infancia de origen extranjero y sus posibilidades de desarrollo en la sociedad española.

A través de una aproximación sistémica, se observa cuál es el ambiente familiar en torno a las NTIC y cuáles son los factores que afectan a esta interacción. En este estudio se analiza cómo los niños y niñas de origen extranjero utilizan y acceden a las NTIC, cuáles son sus expectativas y necesidades y cómo combinan las vivencias offline y online. Además, se realizan recomendaciones para la mejor capacitación digital de padres y madres de origen extranjero, que permitirán el mejor acompañamiento de sus hijos e hijas en el entorno digital.

El proyecto Brechas 2.0 y el informe resultado de su desarrollo han sido financiados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Convocatoria 2018 IRPF).

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Día Mundial de la Salud Mental – Las heridas ocultas de migrantes y refugiados

En vísperas del Día de la Salud Mental, Accem recuerda que las personas que viven duras experiencias migratorias pueden necesitar apoyo psicológico.

Los niños y niñas están más expuestos a eventos traumáticos y violentos en la vida y tienen menos capacidades para afrontarlos debido a su corta edad.

Es frecuente que mujeres migrantes y refugiadas hayan sufrido abusos sexuales, lo que puede provocar secuelas psicológicas.

 

El Día de la Salud Mental se celebra el próximo jueves, 10 de octubre en todo el mundo, poniendo este año el foco en la prevención del suicidio. Desde Accem se recuerda que la asistencia psicológica a las personas migrantes y las solicitantes de protección internacional es necesaria para favorecer la superación de experiencias traumáticas y fomentar el desarrollo de vidas plenas y autónomas.

En el último año Accem atendió a 15.000 personas migrantes y más de 14.000 solicitantes y beneficiarios de protección internacional. La organización cuenta con programas de asistencia urgente, centros de acogida y también asistencia psicosocial.

En muchos casos pueden haber vivido experiencias traumáticas en sus países de origen o durante el trayecto hasta el país de acogida, no es raro que hayan experimentado violencia. Es necesario afrontar esas circunstancias y la ayuda externa muchas veces se hace imprescindible. Se trata de experiencias especialmente duras en el caso de muchas mujeres migrantes y refugiadas, que han sufrido tratos desiguales, violación de sus derechos fundamentales, maltrato, abusos. Han sufrido en muchos casos agresiones sexuales o han sido víctimas de redes de trata de seres humanos, antes, durante e incluso después del desplazamiento. Estas experiencias son, en la mayoría de los casos, especialmente impactantes a nivel psicológico.

Experiencias traumáticas y choque de expectativas, principales factores

Los niños y niñas que llegan a España solos también muy vulnerables. Además de las duras experiencias se une a menudo la pérdida de familiares y seres queridos de referencia. Están por lo general más expuestos a eventos traumáticos y violentos en la vida y tienen menos capacidades para afrontarlos debido a su corta edad. No se debe olvidar que tras el acrónimo de MENA (menores no acompañados) se encuentran niños, niñas o adolescentes que están solos en un contexto desconocido.

De lo más común que se encuentran los especialistas de Accem en la asistencia psicológica es el choque de expectativas entre lo que las personas migrantes o solicitantes de asilo esperaban encontrar durante un duro periplo y que les mantuvo con fuerza y lo que finalmente encuentran al llegar a territorio español.

Los equipos de Accem trabajan, cuando es necesario, en la superación del impacto de las experiencias del pasado, algunas de ellas traumáticas, que pasa por facilitar la asimilación de sus historias de vida y ayudarlas a identificar su capacidad de resiliencia, resistencia y crecimiento postraumático.

Hay dos factores que pueden influir especialmente: la experiencia pasada que ha llevado a la persona a huir de su país de origen y las dificultades propias del proceso de adaptación a un nuevo entorno y el ajuste de expectativas respecto a la situación presente y la proyección hacia el futuro.

Respuestas normales a circunstancias anormales

Entre las poblaciones de acogida la prevalencia de la depresión y la ansiedad es superior a la de la población general, según apunta el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de personas refugiadas y migrantes en la región de Europa. El estudio pone de manifiesto el papel fundamental que desempeña la discriminación como barrera para acceder a la atención.

Por tanto, y desde la experiencia de Accem, las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional no sufren, por defecto, más enfermedades mentales que la población general. Son las circunstancias por las que se ven obligados a pasar las que aumentan el riesgo de padecer problemas de salud mental.

Son respuestas normales y universales ante circunstancias que no lo son. Las investigaciones sobre el impacto de hechos traumáticos confirman una mayor prevalencia de enfermedades mentales en víctimas de catástrofes, guerras y masacres a lo largo de la historia. Cuánto más intensas sean esas experiencias, hay mayores síntomas psicológicos.

Es sumamente importante ofrecer a estas personas una atención y apoyo psicológico que sostenga y facilite su proceso de adaptación al nuevo entorno, así como la evaluación, intervención terapéutica y/o derivación en aquellos casos más graves que así lo precisen. Es muy importante que en el trabajo terapéutico se dedique tiempo y esfuerzo a:

• Crear y asentar un vínculo terapéutico de confianza y seguridad.

• Identificar los recursos personales de afrontamiento de las personas atendidas.

• Trabajar desde una perspectiva transcultural.

• Fomentar una comunicación, coordinación y asesoramiento constante y fluido con los profesionales de la Salud Pública.

Es por ello fundamental dedicar recursos para favorecer su buena salud mental y facilitar su integración social.

 

Encuentro intergeneracional entre personas migrantes de hoy y de ayer

Desde el programa +Barrio de Guadalajara se organizó el pasado 28 de agosto un bonito y muy interesante encuentro intergeneracional entre algunas de las personas que participan en el programa, procedentes de países como la República Dominicana, Ecuador, Nigeria, Guinea o Venezuela, y personas mayores que viven en la Residencia El Balconcillo.

El encuentro cosechó un intercambio de vivencias migratorias entre unas y otras, generándose sinergias que permitieron la expresión emocional de los recuerdos, que de alguna manera unían pasado y presente a través de las experiencias de sus procesos migratorios. Se consiguió crear un ambiente propicio para el intercambio de historias de vida que acercaban la realidad de las migraciones y permitían contemplarla desde distintos prismas, voces y en diferentes momentos de la historia.

Unos/as y otros/as hablaron sobre las expectativas que se plantean ante la visión de una nueva vida en el lugar de acogida, las dificultades del viaje y la importancia del apoyo que se recibe en el lugar de destino. Se reflexionó asimismo sobre los cambios en relación a las migraciones y a sus protagonistas que se han dado en España desde los años 60 hasta ahora.

Después de esta actividad grupal, las personas que forman parte del programa +Barrio conocieron el centro y el día a día de las personas que viven en la residencia.

+Barrio es un programa de Accem orientado a fomentar la cohesión y la integración social y a construir la convivencia intercultural en barrios de las ciudades de Ávila y Guadalajara. Está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Para más información pincha aquí.