Un año más, en este Día Internacional del Migrante, nos sentimos en el compromiso ineludible de exigir la habilitación urgente de vías efectivas, legales y seguras para que las personas refugiadas y migrantes puedan llegar a territorio de la Unión Europea y, por tanto, también a España.

En 2021, y hasta el 10 de diciembre, han muerto más de 4.400 personas migrantes en todo el mundo. Más de la mitad se han dejado la vida en las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Mediterráneo Central, con más de 1.300 personas muertas y la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, con cerca de un millar de personas fallecidas, constituyen las rutas más mortíferas.

La consecuencia de un sistema global marcado por la desigualdad y por el cierre de fronteras es que estas se configuran como espacios en los que las vidas humanas corren peligro, donde los derechos humanos no son respetados ni protegidos. Las personas migrantes, atrapadas entre esas líneas reales o imaginarias, se convierten en moneda de cambio y en arma arrojadiza al servicio de los intereses económicos y políticos, despojándolas del valor incalculable de su vida y su dignidad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo integral para garantizar la salvaguarda escrupulosa de los derechos humanos en las fronteras nacionales y de la Unión Europea.

En el caso de España, si hablamos de fronteras, es necesario hablar de Ceuta y Melilla, únicos enclaves terrestres fronterizos entre Europa y África. Desde Accem, seguimos observando con gran preocupación las prácticas que se llevan a cabo para la devolución a Marruecos de personas que intentan el acceso a territorio español. Nos preocupa que estos procesos se lleven a cabo sin las obligadas garantías, sin la atención e información personalizada sobre sus derechos y opciones, sin el acceso a asesoramiento jurídico y a la solicitud protección internacional y sin el derecho a tener intérprete.

Esta preocupación se acentúa en el caso de las y los menores sin acompañamiento adulto y por eso en Accem nos hemos sumado a las organizaciones para pedir la suspensión de sus devoluciones al país vecino. A la observación escrupulosa de la legalidad nacional e internacional, es decir primar la protección del interés superior del menor y de los derechos de la infancia, debe sumarse poder realizar una pormenorizada escucha y atención a situaciones de especial vulnerabilidad y desamparo.

Al hilo de esto, en Accem queremos también reconocer el positivo avance que ha supuesto la reforma del reglamento de Extranjería, que va a facilitar sensiblemente la vida de muchos/as menores y jóvenes migrantes en los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia. La simplificación y agilización de estos procesos va a redundar en el bienestar de estos jóvenes y en facilitar sus procesos de inclusión y conquista de la autonomía. Esta ha sido sin duda una buena noticia, largamente esperada, en este año.

Desde nuestro punto de vista, la mejora pendiente es la regulación de los procedimientos para la determinación de la edad de las y los menores afectados. Actualmente, no existe una regulación clara, lo que permite dejar el campo abonado a la arbitrariedad y a criterios muy discutibles, como es el caso de las pruebas oseométricas, que proporcionan una horquilla de edades, amplia e imprecisa. Esto no puede constituir la base para tomar una decisión tan trascendental como es la determinación de la minoría o no de edad. Los procedimientos para esta determinación deben ser fiables y garantistas para la protección de la infancia por lo que debe prevalecer la existencia de documentación sobre los resultados de estas pruebas.

Por último, recordar algo que en Accem nos preocupa especialmente: la extensión y naturalización social del discurso de odio contra las personas migrantes y, particularmente, contra los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que está siendo sometido a una campaña de acoso, persecución y estigmatización insoportable en los últimos años. No podemos acostumbrarnos a este señalamiento tan doloroso, injusto e injustificado. No nos cansaremos de repetirlo: son niños, niñas y adolescentes, que tienen derechos y necesitan protección.