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España, lejos de cumplir con su compromiso para la reducción de la pobreza

17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), de la que Accem forma parte, ha presentado la décima edición de su informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019. Esta presentación se produce en el marco de la conmemoración Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre.

En el año 2019, un total de 11.870.000 personas –algo más de la cuarta parte de la población en España–, vivía en riesgo de pobreza y/o exclusión social. A tenor de estos datos, España está muy lejos de cumplir con su parte del compromiso de reducción de la pobreza asumido en la Estrategia Europa 2020, que especificaba una reducción de 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) sobre los datos de 2008, y que debía alcanzarse como muy tarde en 2020.

El estudio demuestra que la recuperación macroeconómica proclamada a partir de 2014 ha quedado lejos de alcanzar de forma efectiva a las personas en peor situación, dejando en evidencia las graves dificultades de casi 12 millones de personas para afrontar la actual crisis de la pandemia de la covid-19. Además, El 49,3 % de la población española tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes.

Para este año, la tasa de pobreza infantil se ha incrementado en seis décimas con respecto al año anterior y alcanza al 27,4 % de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Esta cifra es un 33 % más elevada que la tasa del resto de población.

Respecto al sexo, la tendencia al deterioro de la situación de las mujeres aparece en muchos indicadores, llegando a superar en más de medio millón el número de mujeres en riesgo de pobreza y/o exclusión social respecto al de hombres.

A pesar del crecimiento del PIB y en un contexto caracterizado por seis años de crecimiento del empleo, la tasa de pobreza entre las personas con trabajo se mantiene estática desde 2014 (en torno al 14 %).

De entre la población desempleada, el 43,3 % vive en situación de pobreza y se mantiene como la más alta de todos los grupos de actividad, lo que demuestra las limitaciones de la protección al desempleo y las restricciones del Estado de bienestar actual.

Algunos datos extraídos del informe:

  • Unos 9,7 millones de personas están en riesgo de pobreza en España.
  • En 2019 hay 6,2 millones de mujeres y 5,6 millones de hombres en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Lo mismo ocurre con el 46,8 % de las personas que conforman familias monoparentales.
  • Entre 2008 y 2019, el total de la población ha perdido una capacidad real de consumo equivalente a 646 €.
  • El 10 % más rico de la población obtiene una cuarta parte (24,1 %) de los ingresos de toda la población, que es la misma renta total de casi la mitad más pobre de la población española, que obtiene el 27,4 %
  • Una de cada tres personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión.
  • Para el año 2019, la tasa AROPE es un 29 % más elevada (6,5 puntos más), el riesgo de pobreza es un 62 % más alta (9,8 puntos más) y de pobreza severa, un 75 % mayor (3 puntos más).

>Accede al informe de la EAPN-ES.

>Conoce el trabajo de Accem contra la pobreza y la exclusión social.

Informe de la OSCE explora cómo aprovechar la innovación tecnológica para luchar contra la trata

El pasado mes de mayo, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) publicó un nuevo informe bajo el título “Aprovechando la innovación para luchar contra la trata de seres humanos: un análisis integral sobre herramientas tecnológicas” (Leveraging innovation to fight trafficking in human beings: A comprehensive analysis of technology tools).

Esta publicación contiene información sobre las diferentes soluciones tecnológicas que pueden ser usadas por los distintos actores involucrados en la lucha contra la trata. Así, se dan a conocer instrumentos tecnológicos de utilidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la identificación de víctimas; o se ayuda a comprender a los actores políticos la importancia de las herramientas de recogida de datos y las tecnologías de análisis para evaluar el impacto de las acciones legislativas. A las personas supervivientes de la trata también se les proporciona información sobre herramientas útiles para buscar apoyo y obtener el acceso a servicios.

Partiendo del reconocimiento de la trata de personas como un fenómeno complejo y de impacto extenso, el informe de la OSCE tiene el mérito de dirigirse a una gran variedad de actores para su empleo en la lucha contra la trata: fuerzas de seguridad, servicios sociales públicos, ONG, empresas, supervivientes, actores políticos, etc.

> Puedes descargar aquí el informe de la OSCE. 

> Pincha aquí para saber más sobre nuestro trabajo en la lucha contra la trata de personas.

 

Refugiadas LGTBI+ en España, retos y buenas prácticas

Informe sobre las condiciones sociales y legales de las personas solicitantes de protección internacional por razones de orientación sexual o identidad de género.

Ser lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual, tener una identidad no binaria, es una amenaza constante en muchas partes del mundo. En 77 países es considerado ilegal, en una decena de ellos se enfrentan a penas de muerte. España es uno de los lugares donde pueden buscar refugio frente a la persecución y la intolerancia, pero queda mucho camino por recorrer. Accem publica un análisis de situación que detecta carencias de formación y problemas a la hora de abordar las solicitudes de protección de personas LGTBI+.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, un total de 37.366 personas solicitaron protección internacional en España. No se dispone de datos oficiales sobre el motivo de persecución alegado en cada caso, pero sí hay constancia de un aumento considerable de peticiones relacionadas con orientación sexual e identidad de género, que ha venido acompañado de una progresiva mejora en el análisis de las necesidades de protección de personas LGTBI+. Hace falta, en todo caso impulsar mejoras sustanciales a la hora de gestionar esas solicitudes.

Un equipo de investigadoras de Accem ha recogido testimonios de personas solicitantes de asilo, desde Camerún a Jamaica, pasando por Rusia, Mali o Colombia, así como relatos de abogadas que ayudan a preparar el procedimiento y de especialistas en psicología que les acompañan. También ha analizado sentencias denegatorias y prácticas administrativas que permiten hacerse una idea muy completa de la situación y las carencias a las que se enfrenta la comunidad LGTBI+ que busca refugio en España y hacer recomendaciones.

La fuente principal a la hora de aprobar o denegar el asilo son los testimonios de los solicitantes, por lo que la credibilidad cobra un gran peso. El informe evidencia la falta de formación en materia LGTBI+ para que los agentes de los cuerpos de seguridad y los equipos de intérpretes realicen esas entrevistas, así como el conjunto de agentes que participan en el procedimiento. Es necesario que apliquen metodologías especializadas para abordar una problemática tan compleja.

Se detecta, en muchos casos, una mirada eurocéntrica hacia la diversidad sexo-genérica que no tiene en cuenta antecedentes culturales y normas sociales de los países de origen, ni los traumas y tabúes que han interiorizado muchas personas que buscan refugio. La “homofobia sentida” puede hacer que los solicitantes no sean capaces de definir su identidad ni la persecución sufrida. Hay lenguas nativas, por ejemplo en Somalia, donde todos los términos referidos a la homosexualidad son exclusivamente despectivos.Ese eurocentrismo se refleja también en los juicios que se emiten sobre las formas de narrar la historia, como falta de ese reconocimiento de la diversidad cultural. No en todas las culturas se cuentan las historias de la misma forma, por ejemplo, los hitos, las fechas, o la percepción del tiempo de forma lineal no juegan en mismo peso.

También es preciso completar las informaciones de los países de origen (conocidas como COI) que manejan las autoridades para comprender el tratamiento legal y las persecuciones que sufre el colectivo LGTBI+. En la actualidad los COI se centran en la situación de los hombres gays, produciéndose de facto un reduccionismo.

En las entrevistas del procedimiento de concesión de asilo los casos de las personas no binarias y bisexuales siguen siendo los que cuentan con más dificultades, ya que se siguen empleando criterios para la evaluación de las solicitudes que no les integran dentro de los motivos por orientación sexual o identidad de género. Se parte de una visión muy conservadora y eurocéntrica de la realidad trans.

Con respecto a las personas trans, el informe de Accem constata una gran paradoja que afecta sustancialmente a sus vidas. Las personas trans con estatuto de refugiadas no pueden cambiar su nombre en la documentación que lo acredita si no cambian la afiliación en el país de origen. Eso quiere decir que se les reconoce como personas perseguidas por su identidad de género, pero se les exige que en ese país donde les persiguen hagan trámites para cambiar su nombre.

Es por ello que Accem recomienda en su informe que sean las Oficinas de Atención a los Refugiados las que realicen el cambio de nombre en los registros civiles como garantía para su seguridad.

El informe recoge además buenas prácticas de otros países que podrían aplicarse también en España. En Holanda se cuenta con una lista de países en los que la situación del colectivo LGTBI+ es peligrosa para elaborar mecanismos de protección generales y en Reino Unido se ha avanzado en la transparencia de los informes que sirven para evaluar las solicitudes de asilo de personas del colectivo LGTBI+.

Sobre la protección internacional de las personas LGTBI+ se hablará este viernes a las 18:00 en el encuentro digital que podrá seguirse en el canal de Accem.

La otra cara de la trata. Informe diagnóstico sobre otras formas de trata que afectan a las mujeres

Título: La otra cara de la trata. Informe diagnóstico sobre otras formas de trata que afectan a las mujeres.

Autoría: Laura Carrillo Palacios y Teresa De Gasperis.

Edita: Accem. Proyecto NOVICOM.

Financian: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Migraciones, y Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

Año de edición: 2019.

Nº de páginas: 64.

Este informe diagnóstico, elaborado en el marco del proyecto NOVICOM, tiene el objetivo de aportar conocimiento sobre la situación en España de las otras formas de trata que afectan a las mujeres diferentes de la dirigida a la explotación sexual (o las situaciones de trata en la que coexiste la explotación sexual junto a otras formas de explotación).

La publicación ha sido elaborada realizando un análisis y recopilación de datos accesibles en informes relevantes y en artículos de prensa, así como llevando a cabo una serie de entrevistas a informantes clave vinculados al ámbito de la trata de seres humanos.

Para más información sobre trata pincha aquí. 

Informe de la Comisión Europea sobre el derecho de las víctimas a la compensación

En el marco de las acciones que la Unión Europea lleva a cabo para garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de delitos, en particular a partir de lo dispuesto en la Directiva 29/2012, en el pasado mes de marzo la Comisión Europea publicó un informe sobre el derecho de las víctimas de delitos a la compensación, que incluía de forma específica a las víctimas de trata de seres humanos.

El informe de la Comisión Europea, titulado Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation (Reforzar los derechos de las víctimas: de la indemnización a la reparación), muestra las dificultades de las víctimas de delito para acceder a la justicia y a la compensación, debido sobre todo a la falta de información sobre sus derechos, a la falta de apoyo apropiado y también por criterios de acceso restrictivos u obstáculos procedimentales.

La publicación contiene 41 recomendaciones específicas para mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a la compensación, que se dividen en seis bloques temáticos: reforzar la cooperación, acceso a la información, formación, compensación estatal, compensación del infractor y acceso a los servicios de apoyo. El informe incluye también capítulos específicos para las víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos y de violencia de género. Asimismo, toma en cuenta las perspectivas de distintos actores, incluyendo a las víctimas de delitos y a las asociaciones de víctimas.

> Se puede descargar el informe pinchando aquí.

Accede a las noticias de Accem sobre trata de seres humanos.

La xenofobia en la red afecta a la integración de las personas migrantes

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, y en un momento en el que este colectivo se encuentra en el centro del debate político y social en todo el mundo, presentamos ‘Brechas’, un estudio a escala nacional sobre las desigualdades de acceso y uso de las nuevas tecnologías en población migrante.

Aunque las nuevas tecnologías tienen el potencial de lograr una sociedad más inclusiva y reducir las desigualdades, también tienen el poder de amplificar las existentes e incluso crear nuevas formas de discriminación. Actualmente, el auge de las noticias falsas con contenido xenófobos y racistas, y su constante repetición, hace que este tipo de mensajes terminen calando en una parte de la sociedad, que acaba otorgándoles veracidad y fomentando aún más su difusión a través de las redes sociales o de servicios como WhatsApp.

Estas expresiones de odio online a personas migrantes y refugiadas provocan, según lo constatado por Accem, un daño emocional directo y psicológico, así como una percepción negativa hacia las nuevas tecnologías. También un temor a que estas expresiones online puedan desencadenar en actos violentos offline.

Situarse fuera del entorno digital aumenta el riesgo de exclusión

El estudio refleja el impacto de las tres brechas digitales en la población extranjera (acceso, uso y aprovechamiento) y propone soluciones para reducir dichas dificultades.

A los costes económicos, las exigencias de permanencia de las compañías, los horarios de apertura de los espacios de conexión libre o la dificultad de acceso a dispositivos, se une la carencia de recursos académicos adaptados, el desconocimiento del lenguaje o la falta de tiempo. Esto no significa que las personas migrantes no cuenten con las destrezas necesarias para poder utilizar estas herramientas, sino que la falta de recursos y oportunidades dificulta su acceso, según el estudio.

La investigación recoge también los factores que impactan directamente sobre el uso y disfrute de las tecnologías por parte de las mujeres migrantes, donde se mezclan los estereotipos de género con los prejuicios culturales, unidos a una mayor falta de tiempo o la dificultad y temor a la hora de denunciar acoso u odio cibernético.

Todos estos factores dificultan enormemente el ejercicio de los derechos de las personas migrantes y el disfrute de todos los beneficios que estas herramientas ofrecen para mejorar su proceso de inclusión, facilitándoles llevar a cabo todas actividades cotidianas a la vez que les permite mantener los vínculos con su lugar de origen.

Es fundamental, según el estudio, tener presentes las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el proceso de integración de las personas migrantes y propone una serie de medidas para disminuir esta brecha. A las de abaratar servicios, equipamientos y talleres de competencias digitales se une la necesidad de trabajar a medio y largo plazo en la sensibilización social sobre las brechas digitales y la gravedad de las expresiones xenófobas y misóginas.

 

Informe Personas Refugiadas – Primer semestre 2018

En los primeros seis meses de 2018 se ha repetido la tendencia observada en los últimos tiempos: disminuyen drásticamente las solicitudes de protección internacional en la UE mientras aumentan sensiblemente en España, según muestran los datos recopilados por el Servicio Jurídico de Accem y tomados de la agencia Eurostat.

Así, las 25.535 solicitudes presentadas en España sitúan a nuestro país en el cuarto lugar de la Unión Europea, solo detrás de Alemania, Francia e Italia. En la UE se presentaron en total 289.170, de las que las formalizadas en España suponen el 9 %.

Por nacionalidades los datos son también muy diferentes. Mientras en la UE los principales países de origen siguen siendo Siria, Iraq y Afganistán, en España las primeras posiciones las ocupan países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras.

 

Solicitudes de protección internacional en España

Las solicitudes de protección internacional en España aumentaron sensiblemente en el primer semestre de 2018, registrándose un total de 25.535, en comparación con las 16.885 del año anterior y las 6.930 de 2016.

Estos datos suponen un incremento del 51 % con respecto al primer semestre de 2017 y del 268 % con respecto a 2016.

La serie histórica que puedes consultar a continuación muestra cómo España ha pasado a convertirse en el último lustro en uno de los principales países de acogida para los solicitantes de protección internacional. Actualmente ocupa el cuarto lugar en la UE.

 

Solicitudes de protección internacional en la UE

Durante el primer semestre de 2018 se presentaron en la UE un total de 289.170 solicitudes de protección internacional. Esta cifra confirma el notable descenso de solicitudes iniciado en el primer semestre de 2017.

De hecho, sumando las solicitudes de protección de los primeros semestres de 2017 y 2018 no se alcanza la cifra del mismo periodo de tiempo de 2016, como se puede ver en la serie histórica.

 

 

Países de origen de solicitantes de protección internacional en España

Un año más, y como ya pasó en los dos anteriores, Venezuela es el principal país de origen de las personas solicitantes de protección internacional en España, con un total de 10.455 solicitudes, que suponen el 41% del total. En el mismo periodo del año anterior se habían registrado 6.455 solicitudes de venezolanos/as.

Los cuatro primeros países de origen pertenecen a América Latina, pues tras Venezuela se sitúa Colombia y después El Salvador y Honduras, consolidándose una tendencia que se había iniciado en los últimos años.

Entre los diez primeros países de origen hay cuatro latinoamericanos; dos de Oriente Próximo (Siria y Palestina); dos pertenecientes al Magreb (Marruecos y Argelia) y otros dos al espacio euroasiático (Ucrania y Georgia).

 

Países de origen de solicitantes de protección internacional en la UE

Siria continúa siendo el principal país de origen de los solicitantes de protección internacional en Europa. En el primer semestre de 2018 se presentaron 34.050 solicitudes de ciudadanos/as de origen sirio, muy lejos, sin embargo, de las 212.860 del primer semestre de 2016.

Después de Siria aparecen Iraq (18.845 solicitudes) y Afganistán (18.810), como principales países de origen, y que también siguen la misma tendencia de reducción de las solicitudes de protección.

Llama la atención, por el contrario, la aparición en el sexto lugar de Venezuela como país de origen, con un total de 11.700 solicitudes de protección de venezolanos y venezolanas.

Entre los diez primeros países emisores de solicitantes de protección en la UE encontraríamos cinco situados en Oriente Próximo y Medio (Siria, Iraq, Afganistán, Irán y Paquistán); dos países africanos (Nigeria y Eritrea); un país europeo (Albania); otro situado en la región euroasiática (Georgia) y uno de América Latina (Venezuela).

 

Países de acogida de solicitantes de protección internacional en la UE

El dato más novedoso en los países europeos receptores de solicitudes de protección internacional es la aparición por primera vez de España en el cuarto lugar, con un total de 25.520 solicitudes recibidas en el primer semestre de 2018. Se da la circunstancia, además, de que es el único país en el que se incrementan las solicitudes con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 16.885.

Alemania continúa siendo el primer país en la tramitación de solicitudes de protección, con un total de 78.980, muy lejos sin embargo de las 411.145 de 2016. A continuación de Alemania se sitúan Francia e Italia, países en los que se reproduce la misma dinámica de disminución de las solicitudes.

Se publica el quinto informe de ECRI sobre el estado de la lucha contra la intolerancia en España

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado su nuevo informe referido a España, en el que analiza la situación de nuestro país en relación a la lucha contra el racismo y la intolerancia.

En este informe, ECRI realiza dos recomendaciones de carácter prioritario a las autoridades españolas. Por una parte, pide que se establezca un organismo independiente de promoción de la igualdad, con el fin de que se asegure que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica goce de una real independencia y esté dotado de las facultades necesarias para que sea efectivo. Por otra parte, ECRI recomienda que se conciban y se lleven a cabo las actividades precisas para garantizar un rápido incremento del porcentaje de niños y niñas de etnia gitana que finalizan la enseñanza obligatoria. ECRI afirma que realizará un seguimiento específico del recorrido de estas dos recomendaciones prioritarias.

El ECRI, en el marco de sus actividades estatutarias, lleva a cabo una labor de supervisión de los países miembros, analizando progresos y debilidades y formulando sugerencias y propuestas para abordar los problemas detectados. Este cometido lo realiza en ciclos de cinco años. El quinto ciclo comenzó en noviembre de 2012 y ha terminado en el mes de junio de este año. En el quinto informe sobre España, desde ECRI se acogen con agrado los cambios positivos detectados desde la adopción del cuarto informe (2010), si bien se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que suscitan preocupación. Destacan las siguientes:

1.- La Constitución Española restringe el derecho de los extranjeros a la igualdad; las disposiciones relativas a los delitos motivados por el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas y prácticamente no se han presentado casos de discriminación ante los tribunales.

2.- No se ha promulgado un proyecto de ley de 2011 relativo a una nueva legislación contra la discriminación. El organismo de lucha contra la discriminación -CERED- no es independiente, no tiene una infraestructura propia y han cesado prácticamente todas sus actividades.

3.- Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias en la recopilación de datos y no están suficientemente vinculadas con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación. El discurso de incitación al odio en internet y en las redes sociales ha aumentado de manera notable.

4.- Se han adoptado pocas medidas desde 2015 para prevenir el racismo y el discurso de incitación al odio.

5.- Los mecanismos autorreguladores para los medios de comunicación apenas contribuyen a prevenir la publicación de contenido xenófobo y racista.

Asimismo, en el presente informe, ECRI pide a las autoridades españolas que adopten medidas en diversos ámbitos. Para ello, formula una serie de recomendaciones:

1.- Tipificar como delito toda discriminación en el ejercicio de los cargos públicos de una persona.

2.- Adoptar una legislación nueva y amplia para combatir la discriminación.

3. Actualizar la estrategia de lucha contra el racismo y sensibilizar acerca de la existencia de códigos éticos y de organismos autorreguladores destinados a los medios de comunicación y a mejorar su competencia a la hora de afrontar el discurso de incitación al odio. Iniciar investigaciones, impartir formación e incitar a la reflexión a los profesionales de los medios de comunicación sobre maneras de evitar el discurso de incitación al odio en los medios de comunicación.

4.- Mejorar el sistema de registro y vigilancia del discurso de incitación al odio y de otros delitos conexos.

5.- Intensificar e institucionalizar el diálogo sostenible con los grupos vulnerables.

6.- Dada la escasa información sobre el uso de la legislación civil o administrativa contra la difusión del discurso de incitación al odio, ECRI considera que, además de las actividades de formación de los colegios de abogados, un organismo efectivo de promoción de la igualdad ayudaría a mejorar las respuestas al discurso de incitación al odio en este ámbito.

 

Sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, es un organismo de supervisión independiente en materia de derechos humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está compuesta por miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, nombró a principios de año como nueva representante española a la abogada Sara Giménez Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

¿Quieres leer más noticias sobre igualdad de trato y no discriminación? Pincha aquí. 

 

 

Proyecto ASSES – Informe nacional para España (I). Mayo 2014

Título: Proyecto ASSES – Revisión de los mecanismos de seguimiento existentes para la integración de migrantes en España.

Autoría: Jennifer Zuppiroli.

Edita: Accem. Proyecto ASSES.

Financia: Unión Europea.

Año de edición: 2014.

Nº de páginas: 44.

Este informe es el resultado de un estudio llevado a cabo durante la primera fase del proyecto europeo ASSESS para la integración de grupos de migrantes en situación vulnerable, que tuvo como objetivo la supervisión y valoración de la eficacia de las medidas de integración para los grupos de migrantes vulnerables en diez estados miembros de la UE. Concretamente, los tres grupos identificados para el análisis fueron mujeres, menores y víctimas de trata.

En particular, la investigación pretende proporcionar una descripción de las principales características y planes existentes que componen el sistema de integración de los migrantes en España y de los procesos previstos para realizar su seguimiento y evaluación. Además de presentar el marco jurídico y normativo, identificar las áreas de actuación y todos los actores clave involucrados, se propone avanzar en la exploración y la propuesta de nuevos procesos para la correcta medición y evaluación de la integración, formulando recomendaciones que indiquen los pasos a seguir en el futuro.

Proyecto SAFER PATH – Informe Nacional España

Título: Proyecto SAFER PATH – Informe Nacional España.

Autoría: Maria Teresa de Gasperis.

Edita: Proyecto SAFER PATH (System Action for the Empowerment of Refugees and Protection Against Trafficking in Human Beings). Socios: Associazione On the Road (Italia, líder del proyecto), Accem (España) y ALC Association (Francia), con la colaboración de la London School of Hygiene and Tropical Medicine – Health Policy Unit (Reino Unido).

Financia: Comisión Europea – Fondo Europeo para los Refugiados – Directorate-General for Home Affairs.  

Año de edición: 2012.

Nº de páginas: 80.

Informe dedicado a España y disponible en castellano realizado en el marco del proyecto europeo SAFER PATH, en el que Accem participó como entidad socia, y que proporciona una fotografía de la situación de las víctimas de trata en relación a la protección internacional.

Esta publicación recoge los resultados de las investigación llevada a cabo en 2011 para estudiar los diferentes mecanismos europeos de identificación y derivación de las víctimas de trata entre los solicitantes de protección internacional.