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Informe de la Comisión Europea sobre el derecho de las víctimas a la compensación

En el marco de las acciones que la Unión Europea lleva a cabo para garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de delitos, en particular a partir de lo dispuesto en la Directiva 29/2012, en el pasado mes de marzo la Comisión Europea publicó un informe sobre el derecho de las víctimas de delitos a la compensación, que incluía de forma específica a las víctimas de trata de seres humanos.

El informe de la Comisión Europea, titulado Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation (Reforzar los derechos de las víctimas: de la indemnización a la reparación), muestra las dificultades de las víctimas de delito para acceder a la justicia y a la compensación, debido sobre todo a la falta de información sobre sus derechos, a la falta de apoyo apropiado y también por criterios de acceso restrictivos u obstáculos procedimentales.

La publicación contiene 41 recomendaciones específicas para mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a la compensación, que se dividen en seis bloques temáticos: reforzar la cooperación, acceso a la información, formación, compensación estatal, compensación del infractor y acceso a los servicios de apoyo. El informe incluye también capítulos específicos para las víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos y de violencia de género. Asimismo, toma en cuenta las perspectivas de distintos actores, incluyendo a las víctimas de delitos y a las asociaciones de víctimas.

> Se puede descargar el informe pinchando aquí.

Accede a las noticias de Accem sobre trata de seres humanos.

La xenofobia en la red afecta a la integración de las personas migrantes

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, y en un momento en el que este colectivo se encuentra en el centro del debate político y social en todo el mundo, presentamos ‘Brechas’, un estudio a escala nacional sobre las desigualdades de acceso y uso de las nuevas tecnologías en población migrante.

Aunque las nuevas tecnologías tienen el potencial de lograr una sociedad más inclusiva y reducir las desigualdades, también tienen el poder de amplificar las existentes e incluso crear nuevas formas de discriminación. Actualmente, el auge de las noticias falsas con contenido xenófobos y racistas, y su constante repetición, hace que este tipo de mensajes terminen calando en una parte de la sociedad, que acaba otorgándoles veracidad y fomentando aún más su difusión a través de las redes sociales o de servicios como WhatsApp.

Estas expresiones de odio online a personas migrantes y refugiadas provocan, según lo constatado por Accem, un daño emocional directo y psicológico, así como una percepción negativa hacia las nuevas tecnologías. También un temor a que estas expresiones online puedan desencadenar en actos violentos offline.

Situarse fuera del entorno digital aumenta el riesgo de exclusión

El estudio refleja el impacto de las tres brechas digitales en la población extranjera (acceso, uso y aprovechamiento) y propone soluciones para reducir dichas dificultades.

A los costes económicos, las exigencias de permanencia de las compañías, los horarios de apertura de los espacios de conexión libre o la dificultad de acceso a dispositivos, se une la carencia de recursos académicos adaptados, el desconocimiento del lenguaje o la falta de tiempo. Esto no significa que las personas migrantes no cuenten con las destrezas necesarias para poder utilizar estas herramientas, sino que la falta de recursos y oportunidades dificulta su acceso, según el estudio.

La investigación recoge también los factores que impactan directamente sobre el uso y disfrute de las tecnologías por parte de las mujeres migrantes, donde se mezclan los estereotipos de género con los prejuicios culturales, unidos a una mayor falta de tiempo o la dificultad y temor a la hora de denunciar acoso u odio cibernético.

Todos estos factores dificultan enormemente el ejercicio de los derechos de las personas migrantes y el disfrute de todos los beneficios que estas herramientas ofrecen para mejorar su proceso de inclusión, facilitándoles llevar a cabo todas actividades cotidianas a la vez que les permite mantener los vínculos con su lugar de origen.

Es fundamental, según el estudio, tener presentes las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el proceso de integración de las personas migrantes y propone una serie de medidas para disminuir esta brecha. A las de abaratar servicios, equipamientos y talleres de competencias digitales se une la necesidad de trabajar a medio y largo plazo en la sensibilización social sobre las brechas digitales y la gravedad de las expresiones xenófobas y misóginas.

 

Informe Personas Refugiadas – Primer semestre 2018

En los primeros seis meses de 2018 se ha repetido la tendencia observada en los últimos tiempos: disminuyen drásticamente las solicitudes de protección internacional en la UE mientras aumentan sensiblemente en España, según muestran los datos recopilados por el Servicio Jurídico de Accem y tomados de la agencia Eurostat.

Así, las 25.535 solicitudes presentadas en España sitúan a nuestro país en el cuarto lugar de la Unión Europea, solo detrás de Alemania, Francia e Italia. En la UE se presentaron en total 289.170, de las que las formalizadas en España suponen el 9 %.

Por nacionalidades los datos son también muy diferentes. Mientras en la UE los principales países de origen siguen siendo Siria, Iraq y Afganistán, en España las primeras posiciones las ocupan países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras.

 

Solicitudes de protección internacional en España

Las solicitudes de protección internacional en España aumentaron sensiblemente en el primer semestre de 2018, registrándose un total de 25.535, en comparación con las 16.885 del año anterior y las 6.930 de 2016.

Estos datos suponen un incremento del 51 % con respecto al primer semestre de 2017 y del 268 % con respecto a 2016.

La serie histórica que puedes consultar a continuación muestra cómo España ha pasado a convertirse en el último lustro en uno de los principales países de acogida para los solicitantes de protección internacional. Actualmente ocupa el cuarto lugar en la UE.

 

Solicitudes de protección internacional en la UE

Durante el primer semestre de 2018 se presentaron en la UE un total de 289.170 solicitudes de protección internacional. Esta cifra confirma el notable descenso de solicitudes iniciado en el primer semestre de 2017.

De hecho, sumando las solicitudes de protección de los primeros semestres de 2017 y 2018 no se alcanza la cifra del mismo periodo de tiempo de 2016, como se puede ver en la serie histórica.

 

 

Países de origen de solicitantes de protección internacional en España

Un año más, y como ya pasó en los dos anteriores, Venezuela es el principal país de origen de las personas solicitantes de protección internacional en España, con un total de 10.455 solicitudes, que suponen el 41% del total. En el mismo periodo del año anterior se habían registrado 6.455 solicitudes de venezolanos/as.

Los cuatro primeros países de origen pertenecen a América Latina, pues tras Venezuela se sitúa Colombia y después El Salvador y Honduras, consolidándose una tendencia que se había iniciado en los últimos años.

Entre los diez primeros países de origen hay cuatro latinoamericanos; dos de Oriente Próximo (Siria y Palestina); dos pertenecientes al Magreb (Marruecos y Argelia) y otros dos al espacio euroasiático (Ucrania y Georgia).

 

Países de origen de solicitantes de protección internacional en la UE

Siria continúa siendo el principal país de origen de los solicitantes de protección internacional en Europa. En el primer semestre de 2018 se presentaron 34.050 solicitudes de ciudadanos/as de origen sirio, muy lejos, sin embargo, de las 212.860 del primer semestre de 2016.

Después de Siria aparecen Iraq (18.845 solicitudes) y Afganistán (18.810), como principales países de origen, y que también siguen la misma tendencia de reducción de las solicitudes de protección.

Llama la atención, por el contrario, la aparición en el sexto lugar de Venezuela como país de origen, con un total de 11.700 solicitudes de protección de venezolanos y venezolanas.

Entre los diez primeros países emisores de solicitantes de protección en la UE encontraríamos cinco situados en Oriente Próximo y Medio (Siria, Iraq, Afganistán, Irán y Paquistán); dos países africanos (Nigeria y Eritrea); un país europeo (Albania); otro situado en la región euroasiática (Georgia) y uno de América Latina (Venezuela).

 

Países de acogida de solicitantes de protección internacional en la UE

El dato más novedoso en los países europeos receptores de solicitudes de protección internacional es la aparición por primera vez de España en el cuarto lugar, con un total de 25.520 solicitudes recibidas en el primer semestre de 2018. Se da la circunstancia, además, de que es el único país en el que se incrementan las solicitudes con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 16.885.

Alemania continúa siendo el primer país en la tramitación de solicitudes de protección, con un total de 78.980, muy lejos sin embargo de las 411.145 de 2016. A continuación de Alemania se sitúan Francia e Italia, países en los que se reproduce la misma dinámica de disminución de las solicitudes.

Se publica el quinto informe de ECRI sobre el estado de la lucha contra la intolerancia en España

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado su nuevo informe referido a España, en el que analiza la situación de nuestro país en relación a la lucha contra el racismo y la intolerancia.

En este informe, ECRI realiza dos recomendaciones de carácter prioritario a las autoridades españolas. Por una parte, pide que se establezca un organismo independiente de promoción de la igualdad, con el fin de que se asegure que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica goce de una real independencia y esté dotado de las facultades necesarias para que sea efectivo. Por otra parte, ECRI recomienda que se conciban y se lleven a cabo las actividades precisas para garantizar un rápido incremento del porcentaje de niños y niñas de etnia gitana que finalizan la enseñanza obligatoria. ECRI afirma que realizará un seguimiento específico del recorrido de estas dos recomendaciones prioritarias.

El ECRI, en el marco de sus actividades estatutarias, lleva a cabo una labor de supervisión de los países miembros, analizando progresos y debilidades y formulando sugerencias y propuestas para abordar los problemas detectados. Este cometido lo realiza en ciclos de cinco años. El quinto ciclo comenzó en noviembre de 2012 y ha terminado en el mes de junio de este año. En el quinto informe sobre España, desde ECRI se acogen con agrado los cambios positivos detectados desde la adopción del cuarto informe (2010), si bien se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que suscitan preocupación. Destacan las siguientes:

1.- La Constitución Española restringe el derecho de los extranjeros a la igualdad; las disposiciones relativas a los delitos motivados por el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas y prácticamente no se han presentado casos de discriminación ante los tribunales.

2.- No se ha promulgado un proyecto de ley de 2011 relativo a una nueva legislación contra la discriminación. El organismo de lucha contra la discriminación -CERED- no es independiente, no tiene una infraestructura propia y han cesado prácticamente todas sus actividades.

3.- Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias en la recopilación de datos y no están suficientemente vinculadas con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación. El discurso de incitación al odio en internet y en las redes sociales ha aumentado de manera notable.

4.- Se han adoptado pocas medidas desde 2015 para prevenir el racismo y el discurso de incitación al odio.

5.- Los mecanismos autorreguladores para los medios de comunicación apenas contribuyen a prevenir la publicación de contenido xenófobo y racista.

Asimismo, en el presente informe, ECRI pide a las autoridades españolas que adopten medidas en diversos ámbitos. Para ello, formula una serie de recomendaciones:

1.- Tipificar como delito toda discriminación en el ejercicio de los cargos públicos de una persona.

2.- Adoptar una legislación nueva y amplia para combatir la discriminación.

3. Actualizar la estrategia de lucha contra el racismo y sensibilizar acerca de la existencia de códigos éticos y de organismos autorreguladores destinados a los medios de comunicación y a mejorar su competencia a la hora de afrontar el discurso de incitación al odio. Iniciar investigaciones, impartir formación e incitar a la reflexión a los profesionales de los medios de comunicación sobre maneras de evitar el discurso de incitación al odio en los medios de comunicación.

4.- Mejorar el sistema de registro y vigilancia del discurso de incitación al odio y de otros delitos conexos.

5.- Intensificar e institucionalizar el diálogo sostenible con los grupos vulnerables.

6.- Dada la escasa información sobre el uso de la legislación civil o administrativa contra la difusión del discurso de incitación al odio, ECRI considera que, además de las actividades de formación de los colegios de abogados, un organismo efectivo de promoción de la igualdad ayudaría a mejorar las respuestas al discurso de incitación al odio en este ámbito.

 

Sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, es un organismo de supervisión independiente en materia de derechos humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está compuesta por miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, nombró a principios de año como nueva representante española a la abogada Sara Giménez Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

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