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Accem en Murcia recibe el Distintivo de Igualdad de la Región

Accem en Murcia ha recibido este lunes 5 de octubre el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia, un reconocimiento a la aplicación de planes de igualdad en la empresa.

Nuestra entidad recibe esta distinción junto a otras ocho empresas de la Región que han llevado a cabo medidas de igualdad y de fomento de la conciliación de la vida profesional y privada entre sus equipos. Es la primera vez que se entrega este Distintivo de Igualdad para las Empresas de la Región de Murcia (DIERM. La vicepresidenta de la Región y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, fue la encargada de entregar estas distinciones.

El DIERM tiene una vigencia de tres años una vez recibido y podrá ser renovado siempre que las empresas mantengan sus objetivos en torno a la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Para esta convocatoria un total de 36 empresas solicitaron el distintivo en 2019, de las que finalmente 9 lo han conseguido, entre ellas Accem.

Palabras mayores: dignidad y derechos frente a la discriminación por edad

Día Internacional de las Personas Mayores 2020

Este 1 de octubre se celebra un Día Internacional de las Personas Mayores marcado a fuego para ellas por los efectos de la Covid-19 en su salud física y mental. En un panorama incierto marcado por nuevos repuntes de contagios y aislamientos, desde Accem subrayamos que los derechos de las personas mayores a llevar vidas dignas y participar en la sociedad son irrenunciables.

“La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Así se lee en el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que este año cumple 20 años.

Por su parte la Constitución Española, en el artículo 50 asegura que las instituciones “promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Se trata de palabras mayores, de derechos irrenunciables que en ningún caso quedan suspendidos por la pandemia. No puede repetirse la situación de las residencias de mayores, los problemas de atención médica a las personas de edad contagiadas, la falta de cuidados para quienes quedaron aislados.

Por ello desde Accem suscribimos el manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas Mayores que reclama, entre otras cosas, la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores, la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razones de edad y a hacer efectivos sus derechos y el acceso a ellos.

Se hace preciso apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que se trabaje desde un enfoque de atención centrado en las personas y se garantice un sistema de inspección y el control de las administraciones públicas. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema público de salud, como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios.

Como recoge el manifiesto, debe asimismo reformarse la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones para promover la autonomía personal y adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados de las personas en situación de dependencia.

Los estudios apuntan a que la pandemia ha tenido desgraciadamente un impacto significativo en la esperanza de vida de la población española. En todo caso, España continúa siendo uno de los países más longevos del mundo, algo que es necesario poner en valor en la sociedad frente al fenómeno del edadismo.

Está extendida la discriminación hacia las personas mayores por considerarlas carentes de valor, devaluándolas por su edad y relegándolas a papeles meramente pasivos en la sociedad.

Esta discriminación, también conocida como edadismo, aumenta aún más cuando la participación de las personas mayores en el espacio público ha quedado reducida al mínimo por los efectos del coronavirus. El edadismo alcanza límites dramáticos cuando la edad cronológica se ha convertido en criterio de acceso para recursos y atención pública, sobre todo cuando se refiere a la salud.

Desde Accem tenemos claro que una de las claves más importantes es la promoción de un envejecimiento activo, basado en la prevención y en el fomento de la autonomía y el protagonismo social de las personas mayores. Desde este enfoque, intervenimos sobre grupos especialmente vulnerables, como los mayores en el medio rural o la emigración española en Bélgica.

Junto al trabajo de atención directa, hacemos un especial esfuerzo en realizar proyectos de sensibilización, para concienciar a la sociedad española sobre problemas crecientes e invisbilizados, como es el caso de la soledad no elegida de las personas mayores.

Durante el estado de alarma se lanzó la iniciativa #MayoresCuentan, a través de la que cientos de personas mayores compartieron sus relatos, poemas y cartas desde el confinamiento. Los equipos de psicólogos y terapeutas de Accem también elaboraron y difundieron vídeos para que las personas mayores pudiesen ejercitar cuerpo y mente desde casa.

> Conoce el trabajo de Accem con las personas mayores.

 

 

 

 

Vuelta al cole, brechas digitales e igualdad de oportunidades: ¿están hechos los deberes?

Nunca como este año se había hablado tanto de la vuelta al cole, un hito cotidiano que cada septiembre afecta a todas las familias con hijos e hijas en edad escolar. En un año en el que todos nuestros planes han quedado trastocados por la pandemia del coronavirus, la escuela no ha sido una excepción.

El reto es mayúsculo, crucial, ¿cómo hacer efectivo un derecho fundamental tan importante como el derecho a la educación en estos tiempos de incertidumbre y coronavirus?

Después de que hace seis meses se interrumpieran clases, cursos y evaluaciones, después de la acelerada adaptación que hubo de realizarse para tratar de seguir la actividad educativa por medios online, en estos días los niños y niñas de este país volverán a la escuela para iniciar un curso atípico, distinto a todos los anteriores. El regreso a las aulas es ya una buena noticia por muchas razones y, esencialmente, por lo que supone de garantía para el ejercicio del derecho a la educación, pero también por la importancia fundamental de la escuela como herramienta al servicio de la igualdad de oportunidades.

A nadie se le escapa, sin embargo, que con el actual panorama, lleno de incertidumbres, no sabemos cómo evolucionará la situación y no es descartable el regreso (total, parcial o temporal) a fórmulas de educación a distancia y formatos online de enseñanza y aprendizaje. Ante estas posibilidades, desde Accem, y a partir de la experiencia recabada, queremos advertir de la existencia y relevancia en términos de derechos e igualdad de lo que conocemos como brechas digitales en relación a la educación. Porque, ¿qué supone para muchos niños y niñas perder las clases presenciales y dejar de acudir a la escuela? ¿qué significa tener que seguir el curso en modo online? ¿está previsto cómo garantizar la igualdad de oportunidades en la educación en posibles escenarios de semipresencialidad o regreso repentino a vías digitales exclusivas?

Es fundamental entender que cuando hablamos de seguir clases y cursos por medios digitales tenemos que hablar de desigualdad. De desigualdades sociales que se convierten en desigualdades en términos de inclusión digital y que afectan especialmente a las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, en riesgo de pobreza y exclusión social. 

Durante esta pandemia se han agudizado las desigualdades sociales y se han puesto de manifiesto las brechas digitales. Pero, ¿cuáles son estas brechas digitales? Las explicamos a continuación, divididas esencialmente en tres tipos de brechas:

    Brecha digital de acceso: se refiere a las desigualdades existentes a la hora de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC de ahora en adelante) o a una conexión adecuada a Internet. Hablamos de las desigualdades en el acceso y mantenimiento de dispositivos tecnológicos como ordenadores, tablets o smartphones, así como en el acceso a conexión en condiciones adecuadas para la exigencia educativa (datos, ADSL, etc.). La brecha digital de acceso está totalmente condicionada por la situación socio-económica de la familia. A estas condiciones generales se suman variables como contar con el número suficiente de equipos en una familia con varios niños y niñas en edad escolar o la eventual imposibilidad de hacer compatible las necesidades del teletrabajo en los padres y madres y la educación online en los hijos e hijas.

    Brecha digital de uso: aquí hablamos de las diferencias que existen en el uso que se realiza de las NTIC, condicionadas por el grado de alfabetización digital, el grado de familiarización con las NTIC y las propias experiencias de uso. Aquí son importantes las desigualdades socio-educativas, condicionadas a su vez por las diferencias económicas. No es lo mismo una familia en la que las NTIC son utilizadas fundamentalmente para, por ejemplo, la comunicación con familiares o amistades, o para el uso y disfrute de las redes sociales, como aquellas otras familias que cotidianamente utilizan los medios digitales para trabajos especializados y actividades complejas. Esta brecha muestra que no basta con el acceso, sino que es esencial el aprendizaje y la experiencia.

    Brecha digital de aprovechamiento o calidad del uso: alude a la desigualdad en los beneficios que pueden aportar las NTIC y en la capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrecen, en este caso en el ámbito educativo. Está condicionada por las dos brechas anteriores, es el reflejo del desconocimiento de sus utilidades y potencialidades, de la carencia de competencias digitales avanzadas, de las malas experiencias y miedos ante el manejo de las tecnologías o de sus usos inapropiados. La capacidad de aprovechamiento de las NTIC para la educación escolar exige un acompañamiento continuado que preste atención a las desigualdades en los puntos de partida, pero también en el camino. En este punto, es también importante señalar las barreras añadidas que afrontan las familias refugiadas e inmigrantes, como la idiomática o el posible desconocimiento inicial del funcionamiento del sistema educativo en la sociedad de acogida.

Todas estas brechas, de acceso, uso y aprovechamiento, son interdependientes y se relacionan entre sí, junto con otras variables de importancia como el género, el origen o la situación socio-económica. Actuar sobre estas brechas digitales para avanzar hacia su eliminación es avanzar hacia la igualdad y hacia la efectiva integración y cohesión social y educativa. 

Accem frente a las brechas digitales

Desde Accem investigamos desde hace años sobre inclusión digital y desigualdades en el uso de las nuevas tecnologías. En 2018 publicamos un informe sobre el Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera y a principios de 2020 concluyó nuestro estudio sobre  el Impacto de las Brechas Digitales en Niñas y Niños de Familias Migrantes y Refugiadas. En la actualidad nuestro equipo investigador centra su trabajo de campo en las brechas que afectan a los menores que han llegado solos/as hasta nuestro país (referidos en el argot técnico como MENA por menores extranjeros no acompañados).

Pero además de investigar, también trabajamos de manera práctica para superar esas brechas. Durante el confinamiento pudimos repartir tablets a familias de origen migrante o refugiadas. Con el apoyo de Ikea entregamos medio centenar de dispositivos a través de nuestras sedes territoriales de todo el país y con la colaboración de Profuturo (programa impulsado por Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨) hicimos llegar dos centenares a hogares con varios menores, que pudieron compartir el uso de las tablets.

Consulta la Memoria de Actividades de Accem 2018-2019

Ya está disponible la Memoria de Actividades de Accem correspondiente a los años 2018 y 2019, en la que hacemos un recorrido por los dos últimos ejercicios completos de trabajo de nuestra organización en favor de la igualdad y la inclusión.

En ese período de tiempo atendimos a 76.083 personas llevando a cabo en todo momento nuestra misión de defender los derechos fundamentales de todas las personas y dar atención y acompañamiento a aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Nuestros datos de atención son muy importantes y significativos, pero lo es aún más su dimensión humana, las personas que se encuentran detrás de cada número y a las que acompañamos durante una parte de su camino.

A través de nuestra Memoria de Actividades, de carácter bianual, puedes conocer mejor el trabajo que desarrollamos y su alcance, tanto a nivel estatal como en los diferentes territorios en los que nos encontramos, que abarcan doce comunidades autónomas además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Puedes además encontrar información sobre la cantidad de programas que desarrollamos y su financiación, en un ejercicio de transparencia con el que estamos comprometidos.

En la Memoria de Actividades 2018-2019 de Accem, agradecemos, asimismo, por medio de nuestro presidente, Pedro Puente Fernández, y nuestra directora general, Julia Fernández Quintanilla, el apoyo de todas las personas voluntarias, socios, socias, financiadores públicos y privados e instituciones que hacen posible nuestra labor, que se lleva a término a través del esfuerzo cotidiano de un equipo profesional especializado, comprometido, interdisciplinar y diverso.

> Accede aquí a la Memoria de Actividades de Accem 2018-2019.

> Descarga aquí la Memoria de Accem en pdf.

 

 

Incidentes discriminatorios detectados en la actuación policial durante el período de alarma

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte.

Ante el Estado de Alarma derivado de la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, y ante el conocimiento de algunos casos de mala gestión de la diversidad, deseamos manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, remarcar las dificultades con las que los Servicios Policiales se han encontrado en el momento de la interpretación y aplicación de las diferentes restricciones a las que nos hemos visto sometidos todos y todas, en aras de preservar nuestra salud y nuestra seguridad, por lo que creemos necesario reconocer el trabajo que están desempeñando los servicios policiales. Esta situación ha supuesto un reto para la actividad de estos servicios y su esfuerzo, junto con el realizado por la población, ha sido fundamental para garantizar la convivencia y el cumplimiento del confinamiento en este escenario tan complejo, contribuyendo de manera esencial a la salud pública.

– Las entidades sociales que formamos parte de la Plataforma hemos tenido conocimiento de casos de malas prácticas por parte de algunos miembros de los servicios policiales, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, un trato maleducado o vejatorio, o una aplicación del perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones. Queremos recordar una vez más que la defensa de la seguridad ciudadana debe hacerse siempre respetando la legalidad, lo que incluye los derechos humanos y el principio de igualdad de trato y no discriminación. Del mismo modo que los comportamientos aislados de algunas personas que han incumplido el confinamiento no representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía respetuosa con las restricciones establecidas, estos incidentes, si bien no mayoritarios, ponen de manifiesto la dificultad en la adecuada gestión policial de la diversidad social.

– Hemos detectado también casos de malas prácticas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social en concreto casos en los que se ha sancionado a personas en situación de sinhogarismo que no podían cumplir la instrucción de confinamiento por carecer de un lugar donde hacerlo. Entendemos que es necesaria la coordinación entre los servicios sociales y policiales a la hora de realizar este tipo de intervenciones y que las personas en situación de pobreza no deben ser tratadas como un problema de orden público.

– La gestión policial de la diversidad es uno de nuestros objetivos como Plataforma; la policía debe aplicar la ley y sancionar su incumplimiento, pero sin cometer excesos de autoridad motivados por el origen o condición de las personas y, actuando en sus intervenciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana conforme a los derechos, libertades y garantías de la sociedad diversa.

Asimismo, recordamos que no se debe utilizar el perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones policiales, que en España se aplica de forma desproporcionada a personas racializadas (gitanas, magrebíes y afrodescendientes, entre otras), como método para hacer cumplir las normas aplicables de confinamiento de la población. Estas prácticas, además de ineficaces y discriminatorias, dañan la confianza en la policía por parte de las personas afectadas, vulnerando un principio constitucional rector de la actuación y competencia en materia de protección y garantía de nuestra seguridad como ciudadanía.

– Una buena gestión de la diversidad exige conocimientos especializados y una buena formación en esta materia. Por ello queremos recordar a las autoridades competentes la necesidad de impulsar y mejorar la formación en gestión de la diversidad dentro de los servicios policiales. También serían útiles recomendaciones más precisas de las autoridades a los servicios policiales sobre cómo aplicar las disposiciones que regulan el Estado de Alarma, ya que tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, la libertad de interpretación de dichas disposiciones ha provocado situaciones injustas en las interactuaciones con la ciudadanía; con directrices más claras, hay más seguridad jurídica para los propios agentes y menos lugar para la arbitrariedad y la discriminación.

– Insistimos asimismo en la necesidad de crear autoridades independientes de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, con potestades para recibir quejas, realizar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones vinculantes a los servicios policiales afectados.

– Asimismo, recomendamos la creación de mesas de trabajo integradas por servicios policiales y entidades ciudadanas que trabajen en el campo de la gestión de la diversidad y los servicios sociales cuando el caso lo requiera, para revisar las propuestas de sanción que pudieran ser fruto de una mala práctica y anularlas en el caso de que se constate que son fruto de una práctica inadecuada.

 

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Actividad de sensibilización sobre discriminación en Asturias con profesionales de la intervención

El 7 de noviembre de 2019 en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo tuvo lugar la actividad de sensibilización con profesionales “Libres de discriminación: intervención socio-educativa en igualdad de trato”, actividad enmarcada dentro del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen racial o Étnico de Accem, en la que participaron doce personas, alumnado del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa.

A lo largo de la actividad, consistente en una sesión de dos horas de duración, las personas asistentes reflexionaron sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional en nuestro país.

La finalidad del taller impartido era facilitar herramientas y recursos para la detección de situaciones y/o hechos constitutivos de discriminación y desigualdad de trato por origen racial o étnico, dotando a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos para trabajar tanto en prevención como en atención y asistencia a las potenciales víctimas de discriminación racial o étnica.

En el futuro, como profesionales de la intervención social que serán, podrán desempeñar diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad o la intervención con grupos y comunidades, entre otras. En este sentido, la sensibilización y capacitación de este colectivo en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación podrá ser de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional venidera.

Esta sesión formativa sirvió para tomar conciencia acerca de las diversas formas de discriminación e intolerancia a las que están expuestas las personas inmigrantes y refugiadas en nuestro país y para dar a conocer experiencias de intervención social que se están llevando a cabo para la atención a las víctimas.

Acuerdos y declaración de la VII Reunión de la RIOOD

La Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, celebró los pasados días 24 de octubre y 12 de noviembre su VII Reunión Ordinaria.

Accem forma parte de la RIODD desde el año 2016. La misión de esta red consiste en contribuir a la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información y la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

En esta ocasión, la Secretaría Técnica de la RIODD, presidida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (CONAPRED) y la Presidencia, a cargo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA), estimaron que, ante la falta de quorum para realizar la reunión presencialmente, se desarrollaría a distancia, con la asistencia de medios tecnológicos adecuados a tal fin, y todo ello de conformidad con lo preceptuado estatutariamente.

Representando a Accem estuvo presente la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, Esther Peña, desde las instalaciones en Madrid de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que también forma parte de la RIODD.

Acuerdos de la Asamblea General de la RIODD

La Asamblea General de la RIODD determinó, con fundamento en los artículos 14, 36, 37 y 38 del Estatuto vigente, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Se aprueba en lo general la estructura del “Informe Iberoamericano sobre la Atención a la Discriminación” y el “Atlas del Derecho a la No Discriminación en Iberoamérica”.

2.- Se aprueban las propuestas sobre mantener la naturaleza de la RIOOD; la elaboración de una planeación estratégica a largo, mediano y corto plazo, así como las propuestas sobre el equilibrio de temas y mecanismos de participación contenidos en el documento “Análisis del funcionamiento de la RIOOD”, elaborado por la Comisión de Transición. Con base en ello, se insta a la Comisión de Estatutos reactivar sus trabajos a partir del 15 de noviembre de 2019 para que se realicen las adecuaciones y adiciones pertinentes en un plazo no mayor a 3 meses.

3.- Se aprueba la conformación de las siguientes comisiones:

  • Comisión de financiamiento, cuyo objetivo será la identificación de recursos o procesos de cooperación para abonar al funcionamiento y productos de la RIOOD. Estará integrada por Accem; el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España; la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior de Colombia; CONAPRED; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
  • Comisión de garantías o de evaluación de ingresos, permanencia y desincorporación, que tendrá como objetivo identificar y proponer los criterios y lineamientos que deberán estipularse en el estatuto para el ingreso, incorporación y desincorporación de integrantes con el fin de garantizar criterios claros y objetivos que no estén en detrimento del espíritu de la RIOOD.
  • Comisión de plan de trabajo, cuyo objetivo será la elaboración de la propuesta de plan de trabajo y presupuestario. Para este fin, la comisión de transición transitará a la conformación de dicha comisión, que será presidida por CONAPRED y que entregará una propuesta a más tardar febrero de 2020. Se instará a los integrantes a sumarse a los trabajos de dicha comisión.
  • Comisión de asistencia técnica, que sustituye a la comisión de casos emblemáticos y que tendrá como objetivo ser un mecanismo de consulta y cooperación entre los integrantes u otros actores que lo soliciten, partiendo de la premisa de que la RIOOD es un espacio especializado en materia de igualdad y no discriminación.

4.-. La comisión del decenio afrodescendiente elaborará una propuesta para llevar a cabo una reunión (virtual o presencial) para identificar acciones conjuntas en el marco del decenio.

5.- Se aprueba la realización de la VII Reunión Extraordinaria en el marco de la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de 2020 en Guatemala y que será organizada por la CODISRA.

6.- Se aprueba la adopción de la declaración conjunta de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD, aceptando e incorporando en la misma, los cambios y sugerencias propuestos por Accem.

Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD

A continuación, exponemos el contenido de la Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD:

1. Estamos conscientes de los retos que aún enfrentan las sociedades contemporáneas en materia de la garantía, respeto, promoción y protección del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en la región de Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, y alrededor del mundo;

2. Reconocemos que existen personas y grupos de población que todavía enfrentan dificultades, obstáculos y limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, tales como las personas migrantes, las personas solicitantes de protección internacional, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género y características sexuales no normativas, las minorías religiosas, entre otras;

3. Tomamos en cuenta la importancia de abordar el fenómeno de la discriminación desde una perspectiva interseccional, integral y estructural para ofrecer alternativas y propuestas de legislación, políticas públicas, iniciativas civiles y acciones de cooperación internacional para el desarrollo eficaces que puedan ser implementadas y evaluadas;

4. Nos sumamos a lo expresado en el marco de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas por diversos mecanismos especiales relativos a la exacerbación de las tensiones sociales y raciales debido a los discursos de odio que incitan ataques con consecuencias letales en el mundo;

5. Sostenemos que el discurso de odio se ha convertido en un problema cada vez más frecuente y difundido en todo el mundo que amenaza la cohesión social, la seguridad humana, los valores democráticos, la estabilidad social y la paz;

6. Advertimos que la libertad de expresión no ampara ninguna expresión, narrativa o discurso de odio, ni la incitación a la discriminación, la xenofobia y formas conexas de intolerancia contra diversos grupos y personas en situación de vulnerabilidad;

7. Condenamos enérgicamente tales expresiones, narrativas y discursos de odio que difundan, inciten, promuevan o justifiquen cualquier forma de discriminación e intolerancia, tales como la xenofobia, el racismo y otras, sea en textos, imágenes, videos o cualquier forma de comunicación en línea y fuera de ella;

8. Conminamos a revisar jurídicamente las posibilidades de incorporar a las legislaciones de los países, en concordancia con los instrumentos internacionales, la tipificación de los delitos de odio como un ilícito penal;

9. Nos comprometemos a realizar todos nuestros esfuerzos, en el marco de nuestras competencias y ámbito de actuación, para:

  • Acompañar e implementar los compromisos internacionales plasmados en diversos instrumentos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para garantizar el compromiso de “No dejar a nadie atrás” como premisa para acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión;
  • Promover acciones en el marco del Decenio Iberoamericano de la lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (20202030), así como la Implementación de las recomendaciones del Plan de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024) bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”;
  • Visibilizar y atender a las personas o grupos que sufren discriminación múltiple e interseccional, ya que esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla;
  • Contrarrestar la propagación de expresiones, narrativas y discursos de odio y mitigar sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas;
  • Prevenir la difusión de los discursos o expresiones de odio e impulsar acciones para contrarrestarlos a través de contra narrativas y narrativas alternas;
  • Impulsar las acciones necesarias para promover el respeto en las sociedades y formular y aplicar las medidas que garanticen la libertad de expresión, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, a través de promover la tolerancia, la diversidad y una visión plural.

10. Celebramos la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia por parte del Estado mexicano, que se suma a la República Oriental de Uruguay, pues con ello dicho instrumento entrará en vigor y permitirá impulsar acciones para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia en la región, a fin de garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

11. Hacemos un llamado respetuoso para que los países de la Organización de Estados Americanos que no se han adherido a la citada Convención y a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia impulsen procesos de difusión, análisis y reflexión para la firma y ratificación de a ambos instrumentos y fortalecer nuestros marcos normativos para prevenir y eliminar la discriminación.

12. Exhortamos a los Estados de América para que, en el marco del año internacional de las lenguas indígenas, sigan implementando acciones tendientes a la recuperación y valorización de los idiomas de los pueblos indígenas. Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, exhortamos a los Estados de América a acompañar la iniciativa de establecer el decenio de las lenguas indígenas del mundo, propuesto en el 18 período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas.

13. Nos congratulamos con la iniciativa de establecer el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas cuya propuesta será elaborada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Ciencia y la Cultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (FILAC), que fortalecerá los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en concordancia con la normativa regional e internacional.

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.