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Consulta la Memoria de Actividades de Accem 2018-2019

Ya está disponible la Memoria de Actividades de Accem correspondiente a los años 2018 y 2019, en la que hacemos un recorrido por los dos últimos ejercicios completos de trabajo de nuestra organización en favor de la igualdad y la inclusión.

En ese período de tiempo atendimos a 76.083 personas llevando a cabo en todo momento nuestra misión de defender los derechos fundamentales de todas las personas y dar atención y acompañamiento a aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Nuestros datos de atención son muy importantes y significativos, pero lo es aún más su dimensión humana, las personas que se encuentran detrás de cada número y a las que acompañamos durante una parte de su camino.

A través de nuestra Memoria de Actividades, de carácter bianual, puedes conocer mejor el trabajo que desarrollamos y su alcance, tanto a nivel estatal como en los diferentes territorios en los que nos encontramos, que abarcan doce comunidades autónomas además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Puedes además encontrar información sobre la cantidad de programas que desarrollamos y su financiación, en un ejercicio de transparencia con el que estamos comprometidos.

En la Memoria de Actividades 2018-2019 de Accem, agradecemos, asimismo, por medio de nuestro presidente, Pedro Puente Fernández, y nuestra directora general, Julia Fernández Quintanilla, el apoyo de todas las personas voluntarias, socios, socias, financiadores públicos y privados e instituciones que hacen posible nuestra labor, que se lleva a término a través del esfuerzo cotidiano de un equipo profesional especializado, comprometido, interdisciplinar y diverso.

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Incidentes discriminatorios detectados en la actuación policial durante el período de alarma

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte.

Ante el Estado de Alarma derivado de la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, y ante el conocimiento de algunos casos de mala gestión de la diversidad, deseamos manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, remarcar las dificultades con las que los Servicios Policiales se han encontrado en el momento de la interpretación y aplicación de las diferentes restricciones a las que nos hemos visto sometidos todos y todas, en aras de preservar nuestra salud y nuestra seguridad, por lo que creemos necesario reconocer el trabajo que están desempeñando los servicios policiales. Esta situación ha supuesto un reto para la actividad de estos servicios y su esfuerzo, junto con el realizado por la población, ha sido fundamental para garantizar la convivencia y el cumplimiento del confinamiento en este escenario tan complejo, contribuyendo de manera esencial a la salud pública.

– Las entidades sociales que formamos parte de la Plataforma hemos tenido conocimiento de casos de malas prácticas por parte de algunos miembros de los servicios policiales, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, un trato maleducado o vejatorio, o una aplicación del perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones. Queremos recordar una vez más que la defensa de la seguridad ciudadana debe hacerse siempre respetando la legalidad, lo que incluye los derechos humanos y el principio de igualdad de trato y no discriminación. Del mismo modo que los comportamientos aislados de algunas personas que han incumplido el confinamiento no representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía respetuosa con las restricciones establecidas, estos incidentes, si bien no mayoritarios, ponen de manifiesto la dificultad en la adecuada gestión policial de la diversidad social.

– Hemos detectado también casos de malas prácticas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social en concreto casos en los que se ha sancionado a personas en situación de sinhogarismo que no podían cumplir la instrucción de confinamiento por carecer de un lugar donde hacerlo. Entendemos que es necesaria la coordinación entre los servicios sociales y policiales a la hora de realizar este tipo de intervenciones y que las personas en situación de pobreza no deben ser tratadas como un problema de orden público.

– La gestión policial de la diversidad es uno de nuestros objetivos como Plataforma; la policía debe aplicar la ley y sancionar su incumplimiento, pero sin cometer excesos de autoridad motivados por el origen o condición de las personas y, actuando en sus intervenciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana conforme a los derechos, libertades y garantías de la sociedad diversa.

Asimismo, recordamos que no se debe utilizar el perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones policiales, que en España se aplica de forma desproporcionada a personas racializadas (gitanas, magrebíes y afrodescendientes, entre otras), como método para hacer cumplir las normas aplicables de confinamiento de la población. Estas prácticas, además de ineficaces y discriminatorias, dañan la confianza en la policía por parte de las personas afectadas, vulnerando un principio constitucional rector de la actuación y competencia en materia de protección y garantía de nuestra seguridad como ciudadanía.

– Una buena gestión de la diversidad exige conocimientos especializados y una buena formación en esta materia. Por ello queremos recordar a las autoridades competentes la necesidad de impulsar y mejorar la formación en gestión de la diversidad dentro de los servicios policiales. También serían útiles recomendaciones más precisas de las autoridades a los servicios policiales sobre cómo aplicar las disposiciones que regulan el Estado de Alarma, ya que tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, la libertad de interpretación de dichas disposiciones ha provocado situaciones injustas en las interactuaciones con la ciudadanía; con directrices más claras, hay más seguridad jurídica para los propios agentes y menos lugar para la arbitrariedad y la discriminación.

– Insistimos asimismo en la necesidad de crear autoridades independientes de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, con potestades para recibir quejas, realizar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones vinculantes a los servicios policiales afectados.

– Asimismo, recomendamos la creación de mesas de trabajo integradas por servicios policiales y entidades ciudadanas que trabajen en el campo de la gestión de la diversidad y los servicios sociales cuando el caso lo requiera, para revisar las propuestas de sanción que pudieran ser fruto de una mala práctica y anularlas en el caso de que se constate que son fruto de una práctica inadecuada.

 

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Actividad de sensibilización sobre discriminación en Asturias con profesionales de la intervención

El 7 de noviembre de 2019 en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo tuvo lugar la actividad de sensibilización con profesionales “Libres de discriminación: intervención socio-educativa en igualdad de trato”, actividad enmarcada dentro del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen racial o Étnico de Accem, en la que participaron doce personas, alumnado del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa.

A lo largo de la actividad, consistente en una sesión de dos horas de duración, las personas asistentes reflexionaron sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional en nuestro país.

La finalidad del taller impartido era facilitar herramientas y recursos para la detección de situaciones y/o hechos constitutivos de discriminación y desigualdad de trato por origen racial o étnico, dotando a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos para trabajar tanto en prevención como en atención y asistencia a las potenciales víctimas de discriminación racial o étnica.

En el futuro, como profesionales de la intervención social que serán, podrán desempeñar diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad o la intervención con grupos y comunidades, entre otras. En este sentido, la sensibilización y capacitación de este colectivo en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación podrá ser de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional venidera.

Esta sesión formativa sirvió para tomar conciencia acerca de las diversas formas de discriminación e intolerancia a las que están expuestas las personas inmigrantes y refugiadas en nuestro país y para dar a conocer experiencias de intervención social que se están llevando a cabo para la atención a las víctimas.

Acuerdos y declaración de la VII Reunión de la RIOOD

La Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, celebró los pasados días 24 de octubre y 12 de noviembre su VII Reunión Ordinaria.

Accem forma parte de la RIODD desde el año 2016. La misión de esta red consiste en contribuir a la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información y la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

En esta ocasión, la Secretaría Técnica de la RIODD, presidida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (CONAPRED) y la Presidencia, a cargo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA), estimaron que, ante la falta de quorum para realizar la reunión presencialmente, se desarrollaría a distancia, con la asistencia de medios tecnológicos adecuados a tal fin, y todo ello de conformidad con lo preceptuado estatutariamente.

Representando a Accem estuvo presente la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, Esther Peña, desde las instalaciones en Madrid de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que también forma parte de la RIODD.

Acuerdos de la Asamblea General de la RIODD

La Asamblea General de la RIODD determinó, con fundamento en los artículos 14, 36, 37 y 38 del Estatuto vigente, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Se aprueba en lo general la estructura del “Informe Iberoamericano sobre la Atención a la Discriminación” y el “Atlas del Derecho a la No Discriminación en Iberoamérica”.

2.- Se aprueban las propuestas sobre mantener la naturaleza de la RIOOD; la elaboración de una planeación estratégica a largo, mediano y corto plazo, así como las propuestas sobre el equilibrio de temas y mecanismos de participación contenidos en el documento “Análisis del funcionamiento de la RIOOD”, elaborado por la Comisión de Transición. Con base en ello, se insta a la Comisión de Estatutos reactivar sus trabajos a partir del 15 de noviembre de 2019 para que se realicen las adecuaciones y adiciones pertinentes en un plazo no mayor a 3 meses.

3.- Se aprueba la conformación de las siguientes comisiones:

  • Comisión de financiamiento, cuyo objetivo será la identificación de recursos o procesos de cooperación para abonar al funcionamiento y productos de la RIOOD. Estará integrada por Accem; el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España; la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior de Colombia; CONAPRED; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
  • Comisión de garantías o de evaluación de ingresos, permanencia y desincorporación, que tendrá como objetivo identificar y proponer los criterios y lineamientos que deberán estipularse en el estatuto para el ingreso, incorporación y desincorporación de integrantes con el fin de garantizar criterios claros y objetivos que no estén en detrimento del espíritu de la RIOOD.
  • Comisión de plan de trabajo, cuyo objetivo será la elaboración de la propuesta de plan de trabajo y presupuestario. Para este fin, la comisión de transición transitará a la conformación de dicha comisión, que será presidida por CONAPRED y que entregará una propuesta a más tardar febrero de 2020. Se instará a los integrantes a sumarse a los trabajos de dicha comisión.
  • Comisión de asistencia técnica, que sustituye a la comisión de casos emblemáticos y que tendrá como objetivo ser un mecanismo de consulta y cooperación entre los integrantes u otros actores que lo soliciten, partiendo de la premisa de que la RIOOD es un espacio especializado en materia de igualdad y no discriminación.

4.-. La comisión del decenio afrodescendiente elaborará una propuesta para llevar a cabo una reunión (virtual o presencial) para identificar acciones conjuntas en el marco del decenio.

5.- Se aprueba la realización de la VII Reunión Extraordinaria en el marco de la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de 2020 en Guatemala y que será organizada por la CODISRA.

6.- Se aprueba la adopción de la declaración conjunta de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD, aceptando e incorporando en la misma, los cambios y sugerencias propuestos por Accem.

Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD

A continuación, exponemos el contenido de la Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD:

1. Estamos conscientes de los retos que aún enfrentan las sociedades contemporáneas en materia de la garantía, respeto, promoción y protección del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en la región de Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, y alrededor del mundo;

2. Reconocemos que existen personas y grupos de población que todavía enfrentan dificultades, obstáculos y limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, tales como las personas migrantes, las personas solicitantes de protección internacional, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género y características sexuales no normativas, las minorías religiosas, entre otras;

3. Tomamos en cuenta la importancia de abordar el fenómeno de la discriminación desde una perspectiva interseccional, integral y estructural para ofrecer alternativas y propuestas de legislación, políticas públicas, iniciativas civiles y acciones de cooperación internacional para el desarrollo eficaces que puedan ser implementadas y evaluadas;

4. Nos sumamos a lo expresado en el marco de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas por diversos mecanismos especiales relativos a la exacerbación de las tensiones sociales y raciales debido a los discursos de odio que incitan ataques con consecuencias letales en el mundo;

5. Sostenemos que el discurso de odio se ha convertido en un problema cada vez más frecuente y difundido en todo el mundo que amenaza la cohesión social, la seguridad humana, los valores democráticos, la estabilidad social y la paz;

6. Advertimos que la libertad de expresión no ampara ninguna expresión, narrativa o discurso de odio, ni la incitación a la discriminación, la xenofobia y formas conexas de intolerancia contra diversos grupos y personas en situación de vulnerabilidad;

7. Condenamos enérgicamente tales expresiones, narrativas y discursos de odio que difundan, inciten, promuevan o justifiquen cualquier forma de discriminación e intolerancia, tales como la xenofobia, el racismo y otras, sea en textos, imágenes, videos o cualquier forma de comunicación en línea y fuera de ella;

8. Conminamos a revisar jurídicamente las posibilidades de incorporar a las legislaciones de los países, en concordancia con los instrumentos internacionales, la tipificación de los delitos de odio como un ilícito penal;

9. Nos comprometemos a realizar todos nuestros esfuerzos, en el marco de nuestras competencias y ámbito de actuación, para:

  • Acompañar e implementar los compromisos internacionales plasmados en diversos instrumentos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para garantizar el compromiso de “No dejar a nadie atrás” como premisa para acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión;
  • Promover acciones en el marco del Decenio Iberoamericano de la lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (20202030), así como la Implementación de las recomendaciones del Plan de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024) bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”;
  • Visibilizar y atender a las personas o grupos que sufren discriminación múltiple e interseccional, ya que esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla;
  • Contrarrestar la propagación de expresiones, narrativas y discursos de odio y mitigar sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas;
  • Prevenir la difusión de los discursos o expresiones de odio e impulsar acciones para contrarrestarlos a través de contra narrativas y narrativas alternas;
  • Impulsar las acciones necesarias para promover el respeto en las sociedades y formular y aplicar las medidas que garanticen la libertad de expresión, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, a través de promover la tolerancia, la diversidad y una visión plural.

10. Celebramos la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia por parte del Estado mexicano, que se suma a la República Oriental de Uruguay, pues con ello dicho instrumento entrará en vigor y permitirá impulsar acciones para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia en la región, a fin de garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

11. Hacemos un llamado respetuoso para que los países de la Organización de Estados Americanos que no se han adherido a la citada Convención y a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia impulsen procesos de difusión, análisis y reflexión para la firma y ratificación de a ambos instrumentos y fortalecer nuestros marcos normativos para prevenir y eliminar la discriminación.

12. Exhortamos a los Estados de América para que, en el marco del año internacional de las lenguas indígenas, sigan implementando acciones tendientes a la recuperación y valorización de los idiomas de los pueblos indígenas. Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, exhortamos a los Estados de América a acompañar la iniciativa de establecer el decenio de las lenguas indígenas del mundo, propuesto en el 18 período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas.

13. Nos congratulamos con la iniciativa de establecer el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas cuya propuesta será elaborada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Ciencia y la Cultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (FILAC), que fortalecerá los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en concordancia con la normativa regional e internacional.

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.

El reto de construir una sociedad diversa e inclusiva llega a los cursos de verano de la UIMP

Entre los días 17 y 21 de junio Accem participó en el Curso de Verano “Construyendo el presente, diseñando el futuro: políticas públicas para una sociedad igualitaria”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y patrocinado por la Dirección General de Igualdad de Trato y No Discriminación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica”, Esther Peña, y Alejandro Moreno, técnico del programa, acudieron a una cita formativa que tenía como objetivo principal reflexionar y debatir sobre los retos a los que se enfrenta una sociedad cada vez más diversa, así como sobre el modelo de una ciudadanía inclusiva en un estado democrático y de derecho, respetuoso con los derechos fundamentales de las personas.

El curso de la UIMP fue inaugurado por la vicepresidenta del gobierno de España y ministra en funciones de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, que destacó que “por más que algunos se resistan, no hay otro horizonte de evolución de lo humano y de la humanidad que la lucha por la diversidad en la igualdad para la realización de la libertad individual y de las libertades colectivas: esta es la cuestión mollar de todo modelo de convivencia en democracia, que continúa en lucha en cualquier lugar del mundo”. Además, Calvo llamó a “reflexionar sobre las políticas de igualdad en las democracias, las que la plantean de manera inclusiva, para asumir nuestra inmensa diversidad en la construcción de nuestras libertades”.

Compromiso para aprobar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación como primera ley de la legislatura

Las políticas de Igualdad son el verdadero elemento constitutivo de la democracia. Por ello, la vicepresidenta del gobierno se comprometió públicamente, tras dos intentos fallidos, a promulgar como primera Ley de la nueva legislatura, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

La diversidad de nuestra sociedad se caracteriza, entre otras cosas, por los diferentes orígenes étnicos o raciales; la diversidad de las religiones que se profesan; las distintas capacidades de las personas o las varias formas de las relaciones personales y afectivas. Desde esta premisa de diversidad, y partiendo de una reflexión conjunta sobre el concepto transversal de la igualdad, se revisó el marco jurídico con el que se cuenta en la actualidad, en el futuro más próximo y las entidades que, como Accem, trabajamos en favor de la preservación de esta pluralidad.

Durante estos días se analizaron diferentes iniciativas que afectan al ámbito laboral, entendiendo que el empleo, en nuestra sociedad actual, es quizá el mayor espacio de integración que existe, y que la igualdad de oportunidades en este campo favorecerá la competitividad de las empresas que cuentan con una variada diversidad en quienes la componen. Se estudió también cómo afecta e influye el discurso y relato de los medios de comunicación ante determinados hechos, abordando la realidad desde diferentes enfoques y prestando especial atención al impacto que tienen estos en materia de sensibilización sobre la diversidad. Suscitó un debate rico en ideas y contenidos el papel de los organismos de igualdad, independientes y cercanos a la ciudadanía diversa, en tanto que garantes del cumplimiento y aplicación de la igualdad de trato y no discriminación.

Para analizar y profundizar en estos asuntos intervinieron, entre otras personalidades, además, Michael O’Flaherty, director de la European Union Agency for the Fundamental Rights (FRA); Renato Zerbini Ribeiro Leão, presidente del Comité de Derechos, Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas; Ignacio Sola, director general para la Igualdad de Trato y Diversidad; Soledad Murillo de la Vega, secretaria de estado de Igualdad; Petr Polak, jefe de la División de Igualdad de EQUINET; Angeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial; Francisco Fonseca Morillo, jefe de la Representación de la Comisión Europea en España; María Dolores López, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona; Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; y Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.

Además, se contó con el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa; la subdirectora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Bárbara Butragueño; la periodista Francine Gálvez; el coordinador de comunicación del Instituto de Cultura Gitana, Joaquín López; y la directora de Desarrollo Internacional de Atresmedia, Isabel Duran. En el curso también intervinieron Marta Fernández, fundadora y CEO de Lesworking; Martín Blanco, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad; Uge Sangil, presidenta de la FELGTB; y Esther Mamadou, directora ejecutiva de la Red Europea de Afrodescendientes.

En suma, el curso constituyó un espacio de reflexión y análisis donde tanto los/as ponentes como los/as participantes asumieron la existencia de un porcentaje significativo de población que sigue sufriendo discriminación, desigualdad y exclusión social por diferentes motivos (origen, orientación sexual, religión, género, discapacidad…. ) y por ello, la necesidad de habilitar políticas públicas e iniciativas inclusivas que garanticen los derechos de la ciudadanía diversa, permitiendo pensar en un futuro con una sociedad más cohesionada e igualitaria.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad inicia en Madrid una ronda de contactos

Nota de prensa de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte, sobre el inicio de una ronda de contactos institucionales en Madrid para impulsar la defensa de los derechos humanos y de la diversidad en los ámbitos municipales.

Los derechos humanos deben estar en el centro de la agenda política en Madrid

Después de la celebración de las elecciones municipales y de la conformación de los nuevos consistorios se inaugura una nueva legislatura en la que la participación de la sociedad civil organizada tiene un papel protagonista. En este contexto, la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad ha decidido iniciar una amplia ronda de encuentros con el nuevo gobierno municipal y con los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid.

Dicha plataforma, que agrupa a diversas entidades sociales, entre ellas Accem, y organizaciones policiales, pretende impulsar durante esta legislatura un firme compromiso político con la defensa de la diversidad y los derechos humanos en los ámbitos municipales, empezando por Madrid. Para ello, mantendrá reuniones con el gobierno encabezado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, así como con los partidos políticos que tienen representación en el pleno del consistorio madrileño. El objetivo es conseguir que las políticas públicas respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de toda la ciudadanía, incorporando la igualdad y la diversidad como pieza central de la acción de gobierno en la ciudad de Madrid.

Entre las propuestas que la Plataforma trasladará en estas reuniones se encuentran el fortalecimiento y la consolidación de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, la mejora del Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE) y el desarrollo del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad nació a mediados de 2010, como un espacio de encuentro entre representantes de la sociedad diversa y los servicios policiales, para impulsar y promover cambios en dichos servicios que mejoren sus procedimientos de actuación y garanticen a la sociedad diversa, especialmente a los colectivos minoritarios más vulnerables, un trato policial igualitario.

Esta plataforma está integrada hoy por un total de once organizaciones: Unijepol, Fundación Secretariado Gitano, RAIS, Red Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Plena Inclusión España, Fundación Cepaim, GayLesPol, FELGTB, Movimiento por la Paz y Accem. Además, dos entidades participan como observadoras: Amnistía Internacional y Open Society Foundations.

OBERAXE publica manual contra el racismo dirigido a policía de proximidad

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado recientemente el “Toolkit contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia dirigido a municipios, especialmente a policía de proximidad”.

Se trata de una herramienta práctica que deberá ayudar a prevenir, detectar y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y que servirá como guía a los agentes de policía. Su creación se enmarca en el proyecto europeo Proximity, que lidera España y del que forman parte además Finlandia, Bulgaria, Estonia, Italia, Letonia, Estonia, Portugal y Reino Unido en calidad de socios.

El manual comienza explicando cómo se identifica un delito de odio y continúa con una exposición de los distintos marcos legislativos, de coordinación y de buenas relaciones con la comunidad, así como con una descripción de posibles herramientas para crear redes de organizaciones para afrontar con eficacia los delitos de odio. Este plan de acción finaliza con ejemplos prácticos y anexos de desarrollo.

Accem, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, estuvo presente en la formación impartida al respecto, como organización miembro de la Plataforma Policial por la Gestión de la Diversidad.

El documento, elaborado por la Policía Municipal de Madrid bajo la supervisión y coordinación del OBERAXE, está disponible en inglés y en español.