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Varias ONG se alían para exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con la Ley de Igualdad de Trato

Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que se cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Una deuda con la igualdad

Numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado muchas mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011. Por ello, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. 

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales.

Por otro lado, hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias. Así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del Estado español

Este jueves 16 de julio culminaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno español ha expresado de manera muy contundente su compromiso con el impulso de esta norma, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, en la que se “ha previsto la creación de un organismo, que tendría el carácter de Autoridad para la Igualdad, encargado específicamente de promover y velar por la aplicación efectiva de esta legislación”, que contará “con autonomía y con personalidad jurídica, personal y presupuesto propio, que aplicará un régimen de infracciones y sanciones”.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Covid-19: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica denuncia “numerosos” casos de “discriminación, rechazo y odio”

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ha expresado en un comunicado su preocupación ante los “numerosos” casos “de discriminación, rechazo y odio” que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia del coronavirus.

Según informa este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad y adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, se han documentado “ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios”, así como “se ha detectado una gran difusión de discursos de odio racistas, antigitanos y xenófobos en redes sociales”.

En el comunicado, recogido aquí por la agencia Europa Press, se denuncia asimismo “el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”. Se lamentan igualmente las “manifestaciones de representantes públicos en las que se alude al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas”, lo que contribuye “al estigma y al rechazo hacia determinados grupos”.

Ante todos estos hechos observados, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha hecho públicas las siguientes recomendaciones:

– Evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de los colectivos, especialmente desde los medios de comunicación y los representantes públicos.

– Frenar la difusión de noticias falsas y del discurso del odio, siendo especialmente importante informarse únicamente a través de fuentes fiables, y contrastar la información antes de compartirla.

– Garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico y su situación administrativa.

– Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables y a la discriminación interseccional por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

– Crear redes de solidaridad antirracistas tejiendo redes de apoyo mutuo e impulsar la igualdad como política de Estado, instando a todos los actores implicados a defender la igualdad y seguir impulsando el compromiso real con la lucha contra el racismo y la xenofobia.

– Denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena ante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

 

Puedes contactar con el Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica por los siguientes medios:

Tel.- 900 203 041

info@asistenciavictimasdiscriminacion.org

 

Centro Juvenil en Brihuega (Guadalajara)

Nombre del programa: Centro Juvenil en Brihuega.

Ámbito geográfico: Brihuega (Guadalajara, Castilla-La Mancha).

Financiadores: Ayuntamiento de Brihuega.

Contenido: Proyecto para la puesta en marcha de un Centro de Información Juvenil como espacio de convivencia para toda la población de edad comprendida entre los 11 y los 30 años. El objetivo principal para Accem es trabajar desde una perspectiva de igualdad de trato y no discriminación, a través de los valores cívicos de respeto, solidaridad, interculturalidad y diversidad.

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Accem apoya a un joven víctima de una agresión xenófoba en Madrid

En la madrugada del 27 de octubre en torno a las cuatro de la madrugada, en el barrio madrileño de Aluche, se produjo una grave agresión a un joven de origen guineano. En su camino de regreso a casa, fue agredido por cinco individuos encapuchados al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?”, que le dieron varios puñetazos y le rompieron dos botellas en la cabeza, dejándolo inconsciente tirado en la calle.

Una patrulla de la Policía Nacional se encargó de llamar a los servicios de emergencia, que le atendieron en el lugar de los hechos. Tuvo que ser hospitalizado por las diversas contusiones y cortes sufridos, necesitando puntos de sutura en la cabeza y en la mano derecha.

La víctima de estos hechos, constitutivos de un delito de odio por motivos racistas, previsto y penado en nuestro Código Penal, no quería denunciarlos por temor a que afectara de manera negativa a su situación administrativa en España, al desconocimiento de sus derechos como víctima de un delito y del apoyo y asesoramiento que organizaciones como Accem pueden brindarle en aras de evitar la invisibilidad e impunidad de agresiones intolerables como esta.

Nuestra entidad trabaja en el apoyo y asesoramiento a víctimas de actos de discriminación racial o étnica a través del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial y/o Étnica y del Servicio de Asistencia a Víctimas.

En este caso, desde Accem se le ofreció apoyo, asesoramiento legal y psicológico, al tiempo que se le informó de la transcendencia y gravedad de lo acontecido y su pertinencia de denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siempre acompañado y asistido legalmente por el técnico y la responsable del programa de Accem de asistencia a víctimas.

La denuncia fue formulada y en la actualidad, y pese a lo complicado que pueda resultar localizar a las personas que le agredieron, los agentes policiales competentes han iniciado la investigación a través de la Brigada Provincial de Información.

Este caso es un buen ejemplo de las buenas prácticas realizadas tanto en el seno de Accem, con colaboración y actuación transversal entre los distintos dispositivos de la organización en Madrid y el programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación, pero también por la rapidez y eficacia en la atención y asistencia a la víctima por parte de las fuerzas de seguridad y de la sanidad pública.

La respuesta dada no sólo evitará la infradenuncia y contribuirá a una resolución que no permita la impunidad de los agresores de este tipo de delitos sino, también, posibilitará el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y en los mecanismos para su efectiva protección en derechos y libertades con independencia de su origen o nacionalidad.

Accem consigue revertir un caso de discriminación en el acceso al bono social eléctrico

Nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial y/o étnica se dirigen a garantizar el derecho a la igualdad de trato de aquellas personas que, por razón de su origen racial o no nacional, constituyen colectivos vulnerables. Tal es el caso en el siguiente ejemplo de discriminación indirecta a una mujer migrante, relacionado con una mayor exigencia de requisitos para acceder al bono social de energía por parte de la compañía eléctrica Iberdrola.

Fue en septiembre de este año, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, cuando recibimos la consulta de una mujer, de origen no nacional, con tres menores a cargo, siendo ella la única referente familiar y económica. Nos trasladó la denegación sistemática del bono social de Iberdrola en los dos últimos años ya que le exigían el libro de familia de su país de origen para demostrar el carácter monomarental de su unidad familiar.

La discriminación indirecta sufrida era palmaria toda vez que, ante la insistencia de la solicitante de no disponer de tal documento, al no existir en su país de procedencia el elemento libro de familia, y tras haber aportado toda documentación requerida en la que se constataba fehacientemente, sin género de dudas, su condición monomarental, la eléctrica Iberdrola había concluido la denegando de la petición por insuficiencia documental.

La mujer afectada por este caso de discriminación es beneficiaria de protección internacional. Según la normativa aplicable, el empadronamiento y la documentación de los hijos, en la que se refleja la protección internacional subsidiaria extendida también a los menores, es suficiente y bastante en orden a la acreditación del citado requisito del carácter monomarental de la unidad familiar, sin que quepa pedir o inventar un requisito documental adicional por su condición de persona inmigrante con protección internacional reconocida.

Tras tres reclamaciones en las que se acreditó y se subrayó la situación de especial vulnerabilidad de la familia y su correcta y suficiente acreditación, se recibió la rectificación por parte de Iberdrola y la corrección y compensación económica de lo que se le debía haber aplicado en las facturas de los dos últimos años.

El caso descrito tuvo resultado positivo. El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico, del que Accem es parte integrante, logró revertir la situación discriminatoria contraria a derecho, apoyando, orientando, asistiendo social y legalmente a la víctima, aplicando las normas que garantizan, en el acceso a prestaciones y servicios públicos, la ausencia de discriminación alguna, haciendo efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este punto, nos gustaría reflejar que la discriminación indirecta se produce cuando un criterio, práctica o disposición, aparentemente neutras, genera una desventaja particular hacia un colectivo que consideramos vulnerable de sufrir una discriminación.

En este caso, la normativa era clara en sus requisitos (Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica), pero la petición documental adicional e interpretación discriminatoria de la acreditación de una de las condiciones constituyó el obstáculo a la hora de acceder a un servicio público subvencionado por el que cumplía todos los requisitos.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco del trabajo del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que financia el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 

 

 

Taller sobre discriminación y trato igualitario con la Guardia Civil en León

El pasado 31 de octubre realizamos en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en León un taller sobre “Igualdad de trato y no discriminación: actuación frente a los delitos de odio”, dirigido a los miembros del instituto armado en León.

La celebración de esta jornada se enmarcó dentro de las acciones de sensibilización dirigidas a profesionales concernidos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio que están siendo impulsadas desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Mediante esta actividad, se pretendía visibilizar conceptos como ‘discriminación’ y ‘trato Igualitario’; mejorar la comprensión del fenómeno de la discriminación en general y la discriminación racial/ étnica en particular; e interactuar y compartir experiencias en el desempeño de las respectivas funciones entre las fuerzas de seguridad del estado y las organizaciones sociales.

Durante la jornada se pusieron en común herramientas y estrategias utilizadas para hacer frente a la discriminación racial o étnica, así como se resaltó la importancia de detectar, registrar y actuar ante los casos de discriminación e incidentes motivados por el odio al diferente.

La duración de la actividad fue de dos horas, en las que se presentó el programa de Accem, que actualmente se ejecuta en cuatro comunidades autónomas, se distinguieron los distintos tipos de discriminación racial o étnica, los ámbitos en los que se produce, se analizó el marco normativo existente y se abordó el incremento -jurídico y mediático- tanto de los delitos de odio con respecto al año anterior, a través de agresiones de naturaleza racista o xenófoba, como del discurso de odio en internet y las redes sociales.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión para calificar penalmente como hecho antijurídico los denominados delitos de odio, la protección y tutela de los derechos fundamentales de las personas y grupos susceptibles de padecer alguna forma de discriminación por motivos racistas, y la adecuación del reproche penal –tipicidad- transcendencia y gravedad punitiva (código penal vigente).

El objetivo de todo ello era, finalmente, conseguir una interlocución constante entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones del tercer sector representativas de víctimas y/o colectivos vulnerables; mejorar el conocimiento y tratamiento policial en los incidentes de odio y poner sobre la mesa la relevancia del trato dado a las víctimas.

En la jornada participaron la técnica del programa de Accem de asistencia a víctimas en León, Teresa Álvarez Oría, y la responsable estatal del mismo, Esther Peña, que centraron sus intervenciones en los incidentes y delitos de odio, la aplicación de la norma penal sustantiva sobre la materia y la importancia de su correcta identificación, registro y actuación. El taller contó con la asistencia de 48 personas de diferentes rangos y escalas.

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem cabe destacar la relevancia de acciones de esta naturaleza entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y la sociedad civil, representada en organizaciones como la nuestra, por ser ambos actores en contacto permanente con colectivos vulnerables por razón de su nacionalidad y/o origen racial, susceptibles de ser víctimas reales y/o potenciales de discriminación y odio.

Ponencia dirigida al equipo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito

El pasado 9 de octubre, estuvimos presentes en el curso de “Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables con particular referencia a las víctimas de delitos de odio”, organizado en Madrid por el Ministerio de Justicia y dirigido al equipo multidisciplinar de profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, Esther Peña, participó en la mesa redonda dedicada a “La perspectiva del tejido social y su experiencia en la atención social y defensa de las víctimas”, compartiendo debate con representantes de organizaciones también especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, como la Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Hogar Sí y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Estuvo moderada por Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Durante el desarrollo del debate se expuso la experiencia de Accem con personas que son víctimas de incidentes discriminatorios y/o de delitos de odio. Se afirmó que la atención y asistencia a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de su origen no nacional/racial/étnico ha permitido que, en muchas ocasiones, las agresiones hayan podido llegar a los tribunales de justicia, y una vez judicializadas, se haya podido realizar un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando la impunidad de los supuestos agresores.

Si se da visibilidad y voz a las personas en situación más vulnerable, se defienden sus derechos y sus libertades más fundamentales, se propicia una sociedad más inclusiva y diversa y se crea un motor de cambio social.

Esther Peña se reafirmó en su intervención en que las personas a las que se atiende son muy vulnerables al posible riesgo de exclusión en la sociedad española, comparten dificultades de integración y en la consolidación de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. “Las personas a las que se atiende están indefensas, tienen miedo y acuden con cierta cautela, temen perder aquello que han conseguido o que puedan conseguir en la sociedad española, lo que justifica el nivel de infradenuncia de los episodios de discriminación. Es por ello que se hace muy necesario el empoderamiento de estas víctimas para garantizar su eficaz asistencia y protección”.

Como entidad, el principal valor con el que cuenta Accem para trabajar con las víctimas de delitos de odio son la escucha activa, la información, el apoyo, la atención, el asesoramiento y defensa legal y rigurosa ante hechos indiciariamente discriminatorios y constitutivos de calificarse como ilícitos penales por razón de su diversidad. “La brevedad en la respuesta que se les ofrece, y si además es eficaz, permitirá no sólo una resolución acorde a la situación detectada sino también posibilitar el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y los mecanismos para su efectiva protección”, aseveró Peña.

La exposición finalizó con varios ejemplos de casos de discriminación que desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” se han atendido y no estuvo exenta de polémica en el turno de palabra otorgado a los/as profesionales de las citadas oficinas, toda vez que, en algunas intervenciones, se responsabilizó a las víctimas de etnia gitana y a las personas migrantes de alguna determinada nacionalidad de dificultar y frustrar el desempeño laboral de los equipos profesionales de estas oficinas. Hechos que nos permiten concluir que es aún más necesario seguir avanzando en la sensibilización y capacitación en igualdad de trato y no discriminación, con acciones como esta, dirigidas a los agentes sociales y profesionales de la Administración Pública concernidos.

Avances con la consecución del Estatuto de la Víctima de Delito

Esta jornada, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, sirvió para hacer balance de la realidad jurídica que inaugura la aprobación hace seis meses de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, de 27 de abril, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea D2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español. Esta ley reconoce no solo derechos en el ámbito del proceso penal sino, también, un catálogo general de derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor. Normas de obligada aplicación sustantiva y procesal desde el año 1996 a la actualidad más reciente que otorgaban a este tipo de victimas un tratamiento asistencial especifico y un nítido reconocimiento de derechos en el ámbito del procedimiento penal, si bien con resultados diversos. Pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, esto es, un estatuto general para las víctimas de todos los delitos, y, por tanto, que también incluyera a las víctimas susceptibles de sufrir ilícitos penales calificados como delitos de odio, es decir, hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual, siendo éste el elemento nuclear de su comisión delictiva.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora, que va desde el derecho a la protección, información, asistencia lingüística gratuita, traducción e interpretación, apoyo, asistencia jurídica, psicológica y social, a ser parte activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el inicio, durante y con posterioridad al proceso, con independencia de si es parte o no en ese proceso e incluso con anterioridad al comienzo de este.

Los servicios de apoyo mencionados en el texto jurídico se traducen en la mejor regulación del cometido y naturaleza de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, entendidas como un espacio multidisciplinar de atención a las víctimas, con carácter público y gratuito, bajo la competencia del Ministerio de Justicia, creando para ello una red de oficinas de asistencia a las personas perjudicadas por la comisión delictiva que están localizadas en todas las comunidades autónomas y en casi todas las capitales provinciales, dentro de las sedes judiciales. El objetivo de estas oficinas es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

 

Día de la Tolerancia – Accem reafirma su compromiso con una sociedad diversa e inclusiva

Con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra cada 16 de noviembre, desde Accem queremos reafirmar nuestro compromiso con una sociedad diversa e inclusiva como herramienta de transformación social.

El 12 de diciembre de 1996 fue proclamado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 16 de noviembre como Día Internacional para la Tolerancia. En la Declaración de Principios se afirma que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros”.

En Accem compartimos los valores y principios motores de la Declaración, como organización en defensa de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia del origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

La intolerancia conlleva formas de exclusión social y política, marginación de personas y/o grupos vulnerables, odio a todo lo diverso y discriminación. Por ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde el origen declarativo, sigue siendo oportuno y necesario promover acciones positivas para garantizar la seguridad jurídica, la Igualdad de trato y no discriminación en derechos y oportunidades de los individuos y grupos socialmente vulnerables, como son la población refugiada y las personas inmigrantes.

Palabras y expresiones como xenofobia, discriminación, discurso de odio, agresión racista, expulsión inmigrantes… aparecen con frecuencia en los titulares de los medios de comunicación escritos y orales. Hemos escuchado de determinados partidos políticos, con ocasión de las sucesivas campañas electorales habidas en nuestro país recientemente, la intensificación de la intolerancia, la atribución de culpas y responsabilidades a las personas migrantes y refugiadas, a quienes se utiliza como chivo expiatorio de los distintos problemas y conflictos sociales. En definitiva, hemos asistido a cómo se fomenta un discurso de odio, xenófobo y discriminatorio, contrario al respeto de la diversidad social de nuestro país.

Desde Accem queremos decir que en ningún caso puede utilizarse tal argumentario para justificar el quebrantamiento y vulneración de los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, las libertades, el pluralismo político, la democracia y el estado de derecho. La tolerancia han de practicarla las personas, los grupos sociales y políticos y los estados.

La intolerancia constituye una amenaza real ante los ODS 

El XIV Encuentro Estatal de Accem tuvo este año como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar nuestro mundo: la Agenda 2030. La convivencia y promoción de los ODS, cuya meta es conseguir que la puesta en práctica de la Agenda para el Desarrollo afiance valores y principios universales como la solidaridad mundial, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la intolerancia, la igualdad de género, el fin de la pobreza, etc., constituye un eje fundamental de actuación presente y futura para quienes formamos parte de la entidad.

Desde Accem levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación, difundimos y fomentamos la participación activa de la diversidad social, cultural, lingüística y étnica, y seguiremos contribuyendo a propiciar alianzas inclusivas a nivel local, regional y nacional entre los gobiernos y la sociedad civil responsable. Sigamos fortaleciendo los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Represalias a las familias que denunciaron discriminación en el comedor escolar

Trabajar para erradicar la discriminación no siempre es sinónimo de conseguir éxitos inmediatos. En esta ocasión vamos a contaros cómo se han sucedido los acontecimientos en un caso de discriminación religiosa en un colegio público de Madrid del que ya os hablamos antes aquí y cómo las represalias sufridas por las familias que se atrevieron a alzar la voz han terminado por disuadirlas de seguir adelante con su reclamación.

En 2018, y a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, detectamos cómo varias familias de religión musulmana se habían encontrado con la negativa del centro educativo a contar con un menú alternativo en el comedor escolar, que fuese compatible con sus creencias religiosas.

Después de varias acciones infructuosas de interlocución con la Dirección del centro educativo, así como con el responsable del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as), desde Accem pusimos formalmente en conocimiento del Consejo Escolar, órgano de gobierno del centro educativo, el incidente indiciariamente discriminatorio (advertido en octubre de 2018).

Meses después, transcurrido un tiempo prudencial para acometer cambios y tomar decisiones encaminadas a corregir esta actuación de cariz discriminatorio, constatamos dos conclusiones: por una parte, la Dirección del centro educativo no ha considerado necesario incluir este tema en el orden del día de los dos Consejos Escolares celebrados en este tiempo; por otra parte, la AMPA no se ha pronunciado al respecto. Silencio oficial absoluto.

A día de hoy la realidad es clara: las familias musulmanas de este centro educativo siguen sin la posibilidad de recibir un menú alternativo en el comedor del colegio que sea compatible con sus convicciones religiosas.

Y lo más grave no es esto, sino las represalias que están sufriendo las familias que protestaron por su situación. Las dos familias que han liderado esta reivindicación de derechos han recibido comentarios en los que se les invita a abandonar el centro educativo en el próximo curso, teniendo que escuchar frases como “si no estáis a gusto, iros de este centro”. Las familias denuncian que uno de sus hijos –estudiante de Primaria- ha sido ridiculizado delante de otros menores por no comer cerdo y ha sido acusado de “mentiroso”. Otra de las familias, que contaba con un papel relevante y participativo en la vida escolar del centro, ha pasado a ser excluida de actividades, festivales, excursiones o de su papel de intermediación con otras familias musulmanas.

Hechos como estos han llevado a que ambas familias, que a finales del pasado año abogaban por reivindicar el reconocimiento a su derecho a la diversidad alimentaria, han decidido este año, y debido a estas represalias, no continuar con el proceso iniciado en reclamación de su derecho constitucional.

En este punto nos gustaría reflejar la definición de represalia, como “cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto”.

Una voluntad de integración que brilla por su ausencia

El reconocimiento de la diversidad en el ámbito alimentario y del derecho a una alimentación acorde con las convicciones religiosas constituye la aplicación ineludible por parte de los centros educativos del mandato y garantía constitucional (artículo 16 que consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto y artículo 14 de igualdad ante la ley y no discriminación). Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el principio del pluralismo y la diversidad como hechos positivos y reconocidos.

El respeto a la diversidad es una obligación para todas las instituciones del Estado y, en este caso, para las Comunidades Autónomas, competentes en materia educativa, que no pueden abstraerse en la reglamentación adoptada de los principios y derechos reconocidos en la Constitución, como el citado artículo 14 que establece que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Además, la finalidad de promover actitudes de integración y de conciliar la labor educativa con la vida familiar está contenida en la Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo, Reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Esta voluntad de integración, convivencia y reconocimiento de la diversidad brilla por su notoria ausencia en el comedor de este centro escolar de Madrid.