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La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno que demuestre su compromiso contra el racismo con la creación de la Autoridad Independiente

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por varias organizaciones referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, se ha vuelto a poner en contacto este viernes 26 de mayo con el Gobierno para urgirle nuevamente a crear la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, un organismo indispensable para velar por el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza. Esta norma constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

En una semana en la que el Gobierno ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso decidido contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia, la Alianza le ha instado -en una carta dirigida a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia– a que se demuestre dicho compromiso con la creación de un organismo que debería haber sido aprobado hace más de cuatro meses, pues el plazo estipulado en la Ley para su creación expiró el pasado 14 de marzo.

El odio y la discriminación, una realidad cotidiana

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también ha puesto de manifiesto que “la discriminación, el odio y el rechazo es una realidad cotidiana que trasciende los partidos de fútbol de primera división”. Así, ha recordado algunos de los incidentes de odio y discriminación que han tenido lugar en los últimos días, tales como las mofas contra una candidata a las elecciones locales, sorda y perteneciente al colectivo LGTBIQ+ en el programa televisivo El Hormiguero, el ataque lesbófobo a una pareja ante la mirada de sus hijos, el caso del hombre gitano que tuvo que demandar por un despido discriminatorio o el discurso xenófobo y aporófobo propagado en Madrid por Vox en el marco de la actual campaña electoral.

Tal y como afirma la Alianza “estos no son más que algunos ejemplos de la discriminación y el odio que sufren muchas personas en España; la inmensa mayoría de las ocasiones, sin que ni siquiera trascienda en los medios de comunicación”. Por todo ello, se insta al Gobierno a aprobar, “con carácter de urgencia, el Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato”.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, entre otras, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

La vivienda, la esfera de la vida con mayor tasa de discriminación

Este año, con motivo de la conmemoración el 21 de marzo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en Accem hemos puesto el foco en el acceso a la vivienda como uno de los ámbitos más recurrentes en los que se produce discriminación hacia personas refugiadas, migrantes y/o racializadas en España. Una forma de discriminación en un ámbito esencial para la vida que restringe o dificulta el ejercicio de un derecho fundamental y, en el caso de las personas en situación de más vulnerabilidad, con las que trabajamos en nuestra entidad, obstaculiza gravemente los procesos de inclusión social y conquista de la autonomía.

El estudio “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020”, realizado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem forma parte, registraba en 2020 que el acceso a la vivienda es el ámbito de la vida cotidiana en el que la tasa de discriminación es más alta, alcanzando el 31 %, habiéndose duplicado desde la realización del informe anterior, en 2013, cuando se situaba en el 16 %.  Esta elevada tasa del 31 % sitúa la percepción de la discriminación en el ámbito de la vivienda por delante de la percibida en el empleo (26 %), la educación (20 %) o la seguridad ciudadana (19 %).

Ante esta realidad de discriminación en ámbitos como la vivienda, cobra importancia la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, instrumento legislativo aprobado el pasado año 2022 para combatir la desigualdad de trato y la discriminación a través de medios y herramientas normativas y sociales. Esta Ley, en cuya aprobación trabajó de manera continuada nuestra entidad junto a muchas otras, comprende y afecta a diversos ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, entre ellos el acceso a la vivienda. La Ley establece un conjunto de obligaciones y prohibiciones que vinculan a todos los niveles de las administraciones públicas y también a las relaciones entre particulares.

Por otra parte, el informe “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y asentamientos informales”, realizado por la ONG Provivienda y editado por el Ministerio de Igualdad en 2022, advierte de que la vivienda es la esfera donde se producen discriminaciones raciales o étnicas con mayor intensidad durante los últimos años, circunstancia que se habría agravado por la pandemia de la covid-19, provocando un aumento de los procesos de vulnerabilidad y exclusión residencial en las personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren con más frecuencia la discriminación racial.

Este informe destaca cómo son la presunción de precariedad económica y de un mal uso del inmueble por parte del arrendatario los principales prejuicios y estereotipos que pesan en las prácticas discriminatorias en el acceso a una vivienda. Estos prejuicios se traducen en un trato diferencial que desemboca en mayores dificultades o incluso en el bloqueo total en el acceso y/o mantenimiento de la vivienda.

La discriminación se esconde a menudo en engaños y excusas

En ocasiones la denegación de acceso a la vivienda se realiza de forma directa, pero en otras muchas se esconde en engaños, excusas de no disponibilidad por estar ya alquilada, precios abusivos, exigencias excesivas de garantías o en la oferta de viviendas de peor calidad cuando se percibe que la persona interesada puede pertenecer a determinado grupo racial o étnico.

Incidentes tan recurrentes como los mencionados en el acceso a la vivienda o el mantenimiento en la misma siguen obstaculizando y poniendo en cuestión lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Integral, en el que se establece y/o hace explícita la prohibición de:

a) Denegar o impedir la compra o arrendamiento de una vivienda, por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la ley.

b) Discriminar a una persona en cuanto a los términos o condiciones de la venta o arrendamiento de una vivienda con fundamento en las referidas causas.

c) La obligación de no discriminación se mantendrá durante todo el periodo posterior de uso de la vivienda, en el caso de los arrendamientos u otras situaciones asimilables.

Es de destacar el establecimiento en la ley del principio de actuación de obligado cumplimiento para las agencias y operadores inmobiliarios, así como para ofertantes particulares: “Los prestadores de servicios de venta, arrendamiento, intermediación inmobiliaria, portales de anuncios, o cualquier otra persona física o jurídica que haga una oferta disponible para el público, estarán igualmente obligados a respetar en sus operaciones comerciales el derecho a la igualdad de trato y no discriminación”.

La aprobación de la Ley Integral ha supuesto, sin duda, un gran avance, pero, sin embargo, aún queda camino para acabar con estas situaciones discriminatorias. Es necesario que la sociedad y las instituciones se comprometan en políticas activas de lucha contra la discriminación y el racismo.

Aludir al origen de los ocupantes como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la Constitución Española, y explícitamente regulado como infracción administrativa en el artículo 20 citado de la Ley Integral, conllevando la correspondiente sanción económica adecuada a la gravedad del hecho discriminatorio.

En definitiva, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento, porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado, previsto y penado en el artículo 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución).

Por nuestra parte, seguiremos asistiendo a las potenciales víctimas de la discriminación y seguiremos dando voz y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda para colectivos en situación de vulnerabilidad, personas refugiadas e inmigrantes, por razón de su origen racial, étnico o nacional.

La discriminación por origen racial o étnico restringe gravemente el ejercicio de derechos fundamentales

El día 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entendida de forma transversal, la discriminación es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de derechos, dado que restringe, impide, menoscaba y anula el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. 

El año pasado supuso el regreso de la guerra a Europa, con la invasión de Ucrania, y hoy seguimos inmersos en un escenario bélico que ha obligado a millones de personas a buscar protección en distintos países europeos, entre ellos España. La aplicación de la Directiva Europea de Protección Temporal en España ha facilitado a las personas desplazadas el permiso de residencia y trabajo, así como el acceso igualitario al sistema educativo y sanitario. Sin embargo, ya como residentes en el país, y al igual que les sucede al resto de personas desplazadas por la guerra o la persecución, procedentes de cualquier país del mundo, las personas refugiadas no se encuentran libres del riesgo de sufrir desigualdad de trato en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

En 2022 se vivió, además, el importante hito de ver aprobada la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, largamente esperada por las organizaciones sociales, como Accem. Este instrumento legislativo constituye un auténtico derecho antidiscriminatorio, tras décadas de dispersión sectorial normativa, que implica el reconocimiento social e institucional de la realidad discriminatoria, así como de la necesidad de una protección real y efectiva de las víctimas. La aprobación de la Ley supone un gran avance, pero aún queda un largo camino por delante para acabar con la discriminación. De hecho, para su implantación eficaz se hace necesaria la creación, prevista en la norma, de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, como está reclamando la Alianza para la Igualdad de Trato en la que Accem participa.

Los ámbitos en los que las personas en situación de vulnerabilidad perciben una mayor discriminación por su origen racial o étnico, según los datos del informe de 2020 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem también forma parte, son: los establecimientos públicos (31%), el acceso a la vivienda (31%), el empleo (26%), la educación (20%) y la seguridad ciudadana (19%). En este 2023, en Accem queremos poner el foco especialmente en las problemáticas de discriminación por origen racial o étnico asociadas al acceso y mantenimiento de un bien básico como es la vivienda, que por nuestra experiencia de más de 30 años en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, se nos revela como crucial en los procesos de inclusión social y de conquista de la autonomía.

Los casos de discriminación por origen racial, étnico o nacional en el acceso a una vivienda no son puntuales o excepcionales, sino que reflejan una realidad social discriminatoria. No podemos relajarnos en nuestro compromiso de rechazar los estereotipos sociales que recaen sobre determinados grupos de población, que generan conductas cotidianas de carácter discriminatorio, que diseminan tópicos y prejuicios, que extienden el discurso de odio y que dificultan el acceso y disfrute de los derechos fundamentales de las personas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, en la que Accem participa.

Creación inmediata de la Autoridad Independiente

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hito que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato. Tal y como expresó la Alianza en el comunicado emitido en el momento de la aprobación, esta ley constituye un “instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral”, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

El día en que se cumplen justo dos meses desde la expiración del plazo concedido al Gobierno para su creación, las entidades que conforman esta Alianza constatan que, sin un organismo que vele por su cumplimiento, es prácticamente imposible aplicar efectivamente la norma. Por ello, y tras haber solicitado previamente por carta al Gobierno para su pronta configuración, la Alianza reclama su inmediata puesta en marcha. La constitución de este organismo también demostraría el compromiso de las autoridades con las víctimas de discriminación a una semana del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebra el próximo 21 de marzo.

Aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato

Además, la Alianza recuerda que las obligaciones establecidas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación son de aplicación para todo el sector público. Así, las distintas Administraciones Públicas competentes, tanto a nivel autonómico, como local y judicial, deben promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción.

El retraso injustificado en la creación de la Autoridad Independiente no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma, por lo que la Alianza reclama que las Administraciones Públicas competentes garanticen de forma inmediata el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

> Descarga aquí el comunicado

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebra por fin su aprobación en el Congreso

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

Las entidades que forman parte de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebran la aprobación en el Congreso de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral.

El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

Sin embargo, las entidades consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato considera que esta Ley es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación y para que España deje de estar “en deuda con la igualdad”. Fue creada en 2020 por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar su tramitación definitiva tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 y el compromiso de promulgación de la misma por parte de España ese mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Forman parte de la Alianza organizaciones referentes en la lucha contra múltiples formas de discriminación: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Provivienda, Red Acoge y Save the Children.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato remite sus propuestas al Congreso de los Diputados

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

  • La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, creada por organizaciones referentes en la lucha contra el racismo, se amplía ahora a entidades de lucha contra otras discriminaciones, dedicadas al trabajo en infancia, personas LGTBI, personas con VIH, discapacidad, sinhogarismo y enfermedad. 
  • Desde esta Alianza se han remitido una serie de aportaciones a la Proposición de Ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y se trabajará para asegurar que la Ley sea finalmente aprobada y garantice de manera efectiva la protección frente a todas las formas de discriminación. 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por 13 ONG dedicadas a la lucha contra distintas formas de discriminación, ha remitido un documento conjunto al Congreso con sus aportaciones a la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, basadas todas ellas en su experiencia de trabajo con personas pertenecientes a grupos de población que sufren algún tipo de discriminación.

En el documento remitido a los y las portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, estas entidades manifiestan una valoración positiva de la proposición registrada, al incorporar elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un Organismo independiente de Igualdad. Estos elementos, afirman, son “indispensables para el abordaje de la discriminación, por lo que esperamos que se mantengan a lo largo de la tramitación”.

Ahora bien, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también apuntan una serie de áreas de mejora, con el objetivo de que este proceso parlamentario sirva para enriquecer el texto legislativo. En este sentido, en el documento de aportaciones, se menciona la necesidad de profundizar en determinados principios generales, como la accesibilidad, el enfoque de protección de la infancia y el diálogo con la sociedad. También se apunta a la necesidad de reforzar la figura del Organismo de igualdad de trato y su independencia, así como a la mejora de la formación de los agentes clave en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, instan a incorporar planes de diversidad en las empresas, concretar mejor las conductas que pueden dar lugar a una sanción, y a mejorar la regulación en ámbitos tales como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la administración de justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular, las entidades instan a los legisladores a protegerlas frente a expedientes sancionadores que puedan dar lugar a su expulsión cuando denuncien casos de discriminación.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a tener en cuenta estas propuestas en sus enmiendas al articulado, lo que, en opinión de estas organizaciones, “servirá para blindar la protección de las víctimas de discriminación y la promoción del principio de igualdad de trato en sentido amplio en nuestro país”.

Esta Alianza, creada en julio del año pasado por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar la tramitación de esta Ley, se ha ampliado ahora para incorporar organizaciones referentes en la lucha contra otras formas de discriminación a las que alude la Proposición de Ley. La Alianza queda conformada, en su composición actual, por: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Red Acoge y Save the Children.

Conoce el trabajo en red contra la discriminación que realizamos en Castilla y León

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde Accem participamos en diferentes acciones en Valladolid en el marco del trabajo en red que se lleva a cabo desde la Mesa Territorial de Castilla y León del Servicio de Apoyo y Atención a Víctimas de Discriminación Racial.

Por una parte, participamos en un taller formativo sobre discriminación racial o étnica que se celebró el 16 de marzo en modo online que estaba dirigido principalmente al voluntariado de las organizaciones sociales. El taller contó con la participación de alrededor de 65 voluntarios y voluntarias. Tenía como objetivo principal explicar en qué consiste el fenómeno discriminatorio y dar a conocer el Servicio de Atención a Víctimas para llegar a más personas y poder denunciar así casos reales de discriminación.

Por otra, participamos en el acto de reconocimiento que el Ayuntamiento de Valladolid organizó con las entidades que forman parte del Servicio, entre ellas Accem. Este acto tuvo lugar el viernes 19 de marzo en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de Valladolid. En el acto se presentó un vídeo elaborado con la colaboración de representantes de todas las organizaciones e instituciones implicadas, por supuesto también con Accem.

 

Comunicado de Accem por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Un año más, el próximo día 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En el contexto actual, tras un año de pandemia mundial, y aún inmersos en un difícil y accidentado proceso de inmunización colectiva de la población, es notoria y relevante la brecha de desigualdad de trato ocasionada por la emergencia sanitaria global para las personas con especial vulnerabilidad por razón de su origen y/o condición de personas migrantes y/o refugiadas.

La discriminación a determinados colectivos de personas es una realidad recurrente, acrecentada durante el año 2020, tanto en el ámbito privado como en el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana (empleo, vivienda, educación, asistencia sanitaria, acceso a las nuevas tecnologías, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios…).

El incremento de los discursos racistas, xenófobos y de ‘nacionalismos excluyentes y trasnochados’ de determinados partidos políticos, inciden y golpean con mayor rotundidad en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Confunden a la sociedad de acogida y animan a ‘legitimar’ su exclusión social y legal.   

El reciente Informe sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por las potenciales víctimas, publicado por el órgano de igualdad de trato español, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, arroja datos preocupantes.

Así, el 52% de las personas encuestadas, pertenecientes todas ellas a grupos étnico-raciales minoritarios, contestaron haber sido discriminadas. Pero lo más relevante es que el 81% de las personas que habían sufrido cualquier manifestación de discriminación racial o étnica, contestaron no haber reclamado su derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por miedo o desconocimiento.

Accem, como entidad social organizada de la sociedad civil concernida en la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente las medidas que se están impulsando actualmente, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de trato, puesta de manifiesto una vez más.

La Unión Europea aprobó, en septiembre de 2020, un Plan de Acción contra el Racismo, con un periodo de ejecución hasta el año 2025, en el que se insta a los Estados miembros a acometer reformas estructurales, implementar herramientas y revisar normativa, en orden a su erradicación y a la aplicación efectiva del principio de no discriminación, en la sociedad civil de los Estados miembros.

La Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación,  en tramitación parlamentaria desde el pasado 15 de febrero en el Congreso de los Diputados/as, constituye la respuesta necesaria de los poderes públicos a una deuda histórica con la igualdad de trato y no discriminación de la sociedad española.  

Contar con una normativa clara y precisa de derecho antidiscriminatorio, supone dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de prohibición de discriminación, en aras de evitar la impunidad y desprotección de las víctimas ante comportamientos discriminatorios no constitutivos de delito, y sí de infracciones de naturaleza administrativa que sancionen las formas de discriminación más habituales y cotidianas.

Se requiere de una ley que tenga como objetivo prevenir, sancionar y contribuir a la erradicación cualquier forma y ámbito de discriminación, y que al tiempo ofrezca protección a las víctimas e impulse la concienciación de nuestra sociedad, en la que prevalecen los prejuicios y estereotipos hacia determinados grupos de población. 

Es obligación del Estado de derecho promover las condiciones, mediante su acción política, para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa, plural e inclusiva.

La Ley Integral de Igualdad de Trato deberá constituir una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano con independencia de su origen racial o étnico o condición diversa.

La acción institucional y la colectiva de la ciudadanía española debe ser solidaria, comprometida y unánime. No debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena y diversa inclusión de las personas en nuestra sociedad global. Seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los derechos humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de trato por origen racial o étnico. La pandemia no debe paralizarnos ni cambiar el reto aún pendiente, antes al contrario, debe servir de mayor acicate para su consecución y aplicación.     

Fructífera colaboración entre Accem e Inercia Digital en Sevilla

A comienzos de 2020, Accem e Inercia Digital firmaron un convenio en Sevilla que ha posibilitado la colaboración mutua en varios proyectos europeos, centrados en la mejora continua de la formación, la innovación en competencias digitales y de emprendimiento, para así contribuir a los retos digitales, económicos, sociales y culturales de nuestro tiempo.

Inercia Digital es una innovadora empresa social andaluza, especializada en formación e innovación de competencias digitales a nivel internacional, sobre todo a través de proyectos como el Programa de Aprendizaje Permanente y el Programa Erasmus+.

En el marco de este convenio innovador, este otoño pudimos sensibilizar a casi cien jóvenes de entre dieciocho y treinta y cuatro años en igualdad de trato y no discriminación, a través del proyecto europeo Youth Work 2.0, cuyo principal objetivo consiste en mejorar la calidad del trabajo juvenil para ser agentes activos de inclusión, para luchar contra la discriminación y para fomentar el desarrollo de competencias sociales, cívicas e interculturales entre los jóvenes.

Tras el éxito de esta acción, Inercia Digital nos solicitó una capacitación más especializada en materia de no discriminación, dirigida a sus profesionales/trabajadores y así lo realizamos a través del taller “Detección y acción frente a la discriminación por motivos de origen racial o étnico. Derecho fundamental a la igualdad de trato”, donde abordamos casos concretos discriminatorios, su detección e intervención y apoyo social, basados en nuestra experiencia de continuidad, y su diferencia con los denominados delitos de odio.

Ambas acciones están enmarcadas en el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Discriminación en el acceso al instituto de una alumna madrileña por vestir el hiyab

Desde Accem, como entidad integrante del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, hemos instado al Consejo Escolar del instituto de enseñanza secundaria infractor, y a la Inspección Educativa de zona, a resolver la cuestión que exponemos a continuación, y a apoyar a la alumna afectada por la medida discriminatoria, motivada en su creencia religiosa.

El pasado 18 de septiembre de 2020 se iniciaba el curso escolar en los ciclos formativos de la Comunidad de Madrid. También en uno de los centros del municipio de Alcorcón, del cinturón sur de la región madrileña, con presencia de población extranjera significativa porcentualmente.

Consecuencia del protocolo sanitario establecido, el alumnado esperaba en la puerta del centro educativo a ser llamado por el personal del mismo quienes les daban entrada, accediendo a las clases, respetando distancias y tiempos.

Al ser nombrada la alumna discriminada, y cuando accedía a las instalaciones, el personal del centro le impide el paso, solicitando que esperase a que acudiera la jefa de estudios responsable de los ciclos formativos. ¿Motivo? Que llevaba hiyab, un elemento fundamental de su identidad cultural y religiosa. La jefa de estudios le informó de una normativa interna del centro que impedía acceder al mismo con la cabeza cubierta. No podía acceder al centro y regresaba a su domicilio.

La respuesta obtenida de los responsables del centro de forma reiterada a través de conversación telefónica mantenida a finales de septiembre con el técnico de Accem de este programa, fue comparar el hiyab con una gorra o visera.

La estudiante afectada, mayor de edad, intentó sin éxito poder explicar a la jefatura de estudios y a la dirección del centro, cuáles eran sus motivos y argumentos para vestir con la hiyab, aferrándose a una razón religiosa y cultural.

Por ello, ante la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad de trato, se realizó la oportuna reclamación escrita ante el propio IES discriminador y ante el registro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El centro educativo esgrime para impedir su derecho a la educación las “Normas de Convivencia” internas, aprobadas con fecha 30 de junio de 2020 donde se relata “la necesidad de limpieza e higiene en la apariencia y vestimenta del alumnado y comunidad educativa así como la obligación de la cabeza descubierta por gorras y viseras (…)”. Curiosamente, en su artículo 2.1, destaca, entre otros, como finalidad educativa del centro, expresada de modo palmario y, sin embargo, indiciariamente conculcada:

“Desarrollar en los alumnos hábitos de vida saludables, comportamientos respetuosos para con los demás y el medio ambiente y actitudes tolerantes, solidarias e integradoras que favorezcan la convivencia.”

Principio informador no discriminatorio de las propias normas internas esgrimidas por el centro educativo para impedir que la alumna creyente musulmana acceda a sus instalaciones que es notorio no aplica en este supuesto.

La respuesta obtenida de ambos responsables del centro fue comparar su hiyab como si fuese una gorra o una visera, reiterada también al técnico del programa de Accem, a través de una conversación telefónica mantenida a finales de septiembre.

El caso ha continuado ante el Consejo Escolar del IES, mediante escrito motivado en hechos y fundamentos de derecho aplicable (local, regional y estatal). El Consejo Escolar es el órgano competente para dirimir y resolver la cuestión flagrante planteada por la víctima y, sin embargo, este se ha inhibido de respuesta alguna. Es más, el propio centro va a expulsar a la alumna por las faltas de asistencia a las clases.

Ante esta situación discriminatoria, argumentalmente patética, a finales de noviembre se contactó con el inspector educativo de la Comunidad de Madrid, supervisor del centro, exponiendo la situación, y solicitando, mediante la presentación de un escrito motivado, la revocación de la medida discriminatoria y el acceso a la alumna al centro educativo. A la fecha de cierre de la edición de este boletín no hemos recibido respuesta.

La gravedad, la trascendencia social y legal de los hechos producidos, siendo la víctima una alumna creyente musulmana, a quien se le ha impedido el acceso al centro, negándole el desempeño de su curso escolar; ha propiciado que haya perdido la oportunidad de acceder al inicio de las clases y perder el curso escolar, con el consiguiente perjuicio formativo y curricular objetivable. Ha sido imposible, además, comenzado el curso, que pueda inscribirse en otro centro educativo.

Desde Accem, enfatizamos el grave quebranto producido en la función de velar por la protección de los derechos del alumnado, principio nuclear del derecho a la educación en España, por quienes deben, precisamente, ser garantes del mismo sin discriminación alguna ni desigualdad de trato amparada en supuestas “normas de convivencia”, a todas luces contrarias al fin primordial de su mandato y aplicabilidad en la actual sociedad madrileña y española.

Por ello, se hace aún más necesaria una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que ampare y asista a la víctima, dotándola de seguridad jurídica en una sociedad diversa y plural, y sancionando conductas discriminatorias institucionales como esta.