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Accem consigue revertir un caso de discriminación en el acceso al bono social eléctrico

Nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial y/o étnica se dirigen a garantizar el derecho a la igualdad de trato de aquellas personas que, por razón de su origen racial o no nacional, constituyen colectivos vulnerables. Tal es el caso en el siguiente ejemplo de discriminación indirecta a una mujer migrante, relacionado con una mayor exigencia de requisitos para acceder al bono social de energía por parte de la compañía eléctrica Iberdrola.

Fue en septiembre de este año, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, cuando recibimos la consulta de una mujer, de origen no nacional, con tres menores a cargo, siendo ella la única referente familiar y económica. Nos trasladó la denegación sistemática del bono social de Iberdrola en los dos últimos años ya que le exigían el libro de familia de su país de origen para demostrar el carácter monomarental de su unidad familiar.

La discriminación indirecta sufrida era palmaria toda vez que, ante la insistencia de la solicitante de no disponer de tal documento, al no existir en su país de procedencia el elemento libro de familia, y tras haber aportado toda documentación requerida en la que se constataba fehacientemente, sin género de dudas, su condición monomarental, la eléctrica Iberdrola había concluido la denegando de la petición por insuficiencia documental.

La mujer afectada por este caso de discriminación es beneficiaria de protección internacional. Según la normativa aplicable, el empadronamiento y la documentación de los hijos, en la que se refleja la protección internacional subsidiaria extendida también a los menores, es suficiente y bastante en orden a la acreditación del citado requisito del carácter monomarental de la unidad familiar, sin que quepa pedir o inventar un requisito documental adicional por su condición de persona inmigrante con protección internacional reconocida.

Tras tres reclamaciones en las que se acreditó y se subrayó la situación de especial vulnerabilidad de la familia y su correcta y suficiente acreditación, se recibió la rectificación por parte de Iberdrola y la corrección y compensación económica de lo que se le debía haber aplicado en las facturas de los dos últimos años.

El caso descrito tuvo resultado positivo. El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico, del que Accem es parte integrante, logró revertir la situación discriminatoria contraria a derecho, apoyando, orientando, asistiendo social y legalmente a la víctima, aplicando las normas que garantizan, en el acceso a prestaciones y servicios públicos, la ausencia de discriminación alguna, haciendo efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este punto, nos gustaría reflejar que la discriminación indirecta se produce cuando un criterio, práctica o disposición, aparentemente neutras, genera una desventaja particular hacia un colectivo que consideramos vulnerable de sufrir una discriminación.

En este caso, la normativa era clara en sus requisitos (Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica), pero la petición documental adicional e interpretación discriminatoria de la acreditación de una de las condiciones constituyó el obstáculo a la hora de acceder a un servicio público subvencionado por el que cumplía todos los requisitos.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco del trabajo del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que financia el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 

 

 

Taller sobre discriminación y trato igualitario con la Guardia Civil en León

El pasado 31 de octubre realizamos en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en León un taller sobre “Igualdad de trato y no discriminación: actuación frente a los delitos de odio”, dirigido a los miembros del instituto armado en León.

La celebración de esta jornada se enmarcó dentro de las acciones de sensibilización dirigidas a profesionales concernidos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio que están siendo impulsadas desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Mediante esta actividad, se pretendía visibilizar conceptos como ‘discriminación’ y ‘trato Igualitario’; mejorar la comprensión del fenómeno de la discriminación en general y la discriminación racial/ étnica en particular; e interactuar y compartir experiencias en el desempeño de las respectivas funciones entre las fuerzas de seguridad del estado y las organizaciones sociales.

Durante la jornada se pusieron en común herramientas y estrategias utilizadas para hacer frente a la discriminación racial o étnica, así como se resaltó la importancia de detectar, registrar y actuar ante los casos de discriminación e incidentes motivados por el odio al diferente.

La duración de la actividad fue de dos horas, en las que se presentó el programa de Accem, que actualmente se ejecuta en cuatro comunidades autónomas, se distinguieron los distintos tipos de discriminación racial o étnica, los ámbitos en los que se produce, se analizó el marco normativo existente y se abordó el incremento -jurídico y mediático- tanto de los delitos de odio con respecto al año anterior, a través de agresiones de naturaleza racista o xenófoba, como del discurso de odio en internet y las redes sociales.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión para calificar penalmente como hecho antijurídico los denominados delitos de odio, la protección y tutela de los derechos fundamentales de las personas y grupos susceptibles de padecer alguna forma de discriminación por motivos racistas, y la adecuación del reproche penal –tipicidad- transcendencia y gravedad punitiva (código penal vigente).

El objetivo de todo ello era, finalmente, conseguir una interlocución constante entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones del tercer sector representativas de víctimas y/o colectivos vulnerables; mejorar el conocimiento y tratamiento policial en los incidentes de odio y poner sobre la mesa la relevancia del trato dado a las víctimas.

En la jornada participaron la técnica del programa de Accem de asistencia a víctimas en León, Teresa Álvarez Oría, y la responsable estatal del mismo, Esther Peña, que centraron sus intervenciones en los incidentes y delitos de odio, la aplicación de la norma penal sustantiva sobre la materia y la importancia de su correcta identificación, registro y actuación. El taller contó con la asistencia de 48 personas de diferentes rangos y escalas.

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem cabe destacar la relevancia de acciones de esta naturaleza entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y la sociedad civil, representada en organizaciones como la nuestra, por ser ambos actores en contacto permanente con colectivos vulnerables por razón de su nacionalidad y/o origen racial, susceptibles de ser víctimas reales y/o potenciales de discriminación y odio.

Acción formativa para el equipo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito

El pasado 9 de octubre, estuvimos presentes en el curso de “Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables con particular referencia a las víctimas de delitos de odio”, organizado en Madrid por el Ministerio de Justicia y dirigido al equipo multidisciplinar de profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, Esther Peña, participó en la mesa redonda dedicada a “La perspectiva del tejido social y su experiencia en la atención social y defensa de las víctimas”, compartiendo debate con representantes de organizaciones también especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, como la Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Hogar Sí y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Estuvo moderada por Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Durante el desarrollo del debate se expuso la experiencia de Accem con personas que son víctimas de incidentes discriminatorios y/o de delitos de odio. Se afirmó que la atención y asistencia a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de su origen no nacional/racial/étnico ha permitido que, en muchas ocasiones, las agresiones hayan podido llegar a los tribunales de justicia, y una vez judicializadas, se haya podido realizar un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando la impunidad de los supuestos agresores.

Si se da visibilidad y voz a las personas en situación más vulnerable, se defienden sus derechos y sus libertades más fundamentales, se propicia una sociedad más inclusiva y diversa y se crea un motor de cambio social.

Esther Peña se reafirmó en su intervención en que las personas a las que se atiende son muy vulnerables al posible riesgo de exclusión en la sociedad española, comparten dificultades de integración y en la consolidación de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. “Las personas a las que se atiende están indefensas, tienen miedo y acuden con cierta cautela, temen perder aquello que han conseguido o que puedan conseguir en la sociedad española, lo que justifica el nivel de infradenuncia de los episodios de discriminación. Es por ello que se hace muy necesario el empoderamiento de estas víctimas para garantizar su eficaz asistencia y protección”.

Como entidad, el principal valor con el que cuenta Accem para trabajar con las víctimas de delitos de odio son la escucha activa, la información, el apoyo, la atención, el asesoramiento y defensa legal y rigurosa ante hechos indiciariamente discriminatorios y constitutivos de calificarse como ilícitos penales por razón de su diversidad. “La brevedad en la respuesta que se les ofrece, y si además es eficaz, permitirá no sólo una resolución acorde a la situación detectada sino también posibilitar el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y los mecanismos para su efectiva protección”, aseveró Peña.

La exposición finalizó con varios ejemplos de casos de discriminación que desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” se han atendido y no estuvo exenta de polémica en el turno de palabra otorgado a los/as profesionales de las citadas oficinas, toda vez que, en algunas intervenciones, se responsabilizó a las víctimas de etnia gitana y a las personas migrantes de alguna determinada nacionalidad de dificultar y frustrar el desempeño laboral de los equipos profesionales de estas oficinas. Hechos que nos permiten concluir que es aún más necesario seguir avanzando en la sensibilización y capacitación en igualdad de trato y no discriminación, con acciones como esta, dirigidas a los agentes sociales y profesionales de la Administración Pública concernidos.

Avances con la consecución del Estatuto de la Víctima de Delito

Esta jornada, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, sirvió para hacer balance de la realidad jurídica que inaugura la aprobación hace seis meses de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, de 27 de abril, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea D2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español. Esta ley reconoce no solo derechos en el ámbito del proceso penal sino, también, un catálogo general de derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor. Normas de obligada aplicación sustantiva y procesal desde el año 1996 a la actualidad más reciente que otorgaban a este tipo de victimas un tratamiento asistencial especifico y un nítido reconocimiento de derechos en el ámbito del procedimiento penal, si bien con resultados diversos. Pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, esto es, un estatuto general para las víctimas de todos los delitos, y, por tanto, que también incluyera a las víctimas susceptibles de sufrir ilícitos penales calificados como delitos de odio, es decir, hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual, siendo éste el elemento nuclear de su comisión delictiva.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora, que va desde el derecho a la protección, información, asistencia lingüística gratuita, traducción e interpretación, apoyo, asistencia jurídica, psicológica y social, a ser parte activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el inicio, durante y con posterioridad al proceso, con independencia de si es parte o no en ese proceso e incluso con anterioridad al comienzo de este.

Los servicios de apoyo mencionados en el texto jurídico se traducen en la mejor regulación del cometido y naturaleza de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, entendidas como un espacio multidisciplinar de atención a las víctimas, con carácter público y gratuito, bajo la competencia del Ministerio de Justicia, creando para ello una red de oficinas de asistencia a las personas perjudicadas por la comisión delictiva que están localizadas en todas las comunidades autónomas y en casi todas las capitales provinciales, dentro de las sedes judiciales. El objetivo de estas oficinas es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

 

Día de la Tolerancia – Accem reafirma su compromiso con una sociedad diversa e inclusiva

Con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra cada 16 de noviembre, desde Accem queremos reafirmar nuestro compromiso con una sociedad diversa e inclusiva como herramienta de transformación social.

El 12 de diciembre de 1996 fue proclamado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 16 de noviembre como Día Internacional para la Tolerancia. En la Declaración de Principios se afirma que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros”.

En Accem compartimos los valores y principios motores de la Declaración, como organización en defensa de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia del origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

La intolerancia conlleva formas de exclusión social y política, marginación de personas y/o grupos vulnerables, odio a todo lo diverso y discriminación. Por ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde el origen declarativo, sigue siendo oportuno y necesario promover acciones positivas para garantizar la seguridad jurídica, la Igualdad de trato y no discriminación en derechos y oportunidades de los individuos y grupos socialmente vulnerables, como son la población refugiada y las personas inmigrantes.

Palabras y expresiones como xenofobia, discriminación, discurso de odio, agresión racista, expulsión inmigrantes… aparecen con frecuencia en los titulares de los medios de comunicación escritos y orales. Hemos escuchado de determinados partidos políticos, con ocasión de las sucesivas campañas electorales habidas en nuestro país recientemente, la intensificación de la intolerancia, la atribución de culpas y responsabilidades a las personas migrantes y refugiadas, a quienes se utiliza como chivo expiatorio de los distintos problemas y conflictos sociales. En definitiva, hemos asistido a cómo se fomenta un discurso de odio, xenófobo y discriminatorio, contrario al respeto de la diversidad social de nuestro país.

Desde Accem queremos decir que en ningún caso puede utilizarse tal argumentario para justificar el quebrantamiento y vulneración de los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, las libertades, el pluralismo político, la democracia y el estado de derecho. La tolerancia han de practicarla las personas, los grupos sociales y políticos y los estados.

La intolerancia constituye una amenaza real ante los ODS 

El XIV Encuentro Estatal de Accem tuvo este año como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar nuestro mundo: la Agenda 2030. La convivencia y promoción de los ODS, cuya meta es conseguir que la puesta en práctica de la Agenda para el Desarrollo afiance valores y principios universales como la solidaridad mundial, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la intolerancia, la igualdad de género, el fin de la pobreza, etc., constituye un eje fundamental de actuación presente y futura para quienes formamos parte de la entidad.

Desde Accem levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación, difundimos y fomentamos la participación activa de la diversidad social, cultural, lingüística y étnica, y seguiremos contribuyendo a propiciar alianzas inclusivas a nivel local, regional y nacional entre los gobiernos y la sociedad civil responsable. Sigamos fortaleciendo los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Represalias a las familias que denunciaron discriminación en el comedor escolar

Trabajar para erradicar la discriminación no siempre es sinónimo de conseguir éxitos inmediatos. En esta ocasión vamos a contaros cómo se han sucedido los acontecimientos en un caso de discriminación religiosa en un colegio público de Madrid del que ya os hablamos antes aquí y cómo las represalias sufridas por las familias que se atrevieron a alzar la voz han terminado por disuadirlas de seguir adelante con su reclamación.

En 2018, y a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, detectamos cómo varias familias de religión musulmana se habían encontrado con la negativa del centro educativo a contar con un menú alternativo en el comedor escolar, que fuese compatible con sus creencias religiosas.

Después de varias acciones infructuosas de interlocución con la Dirección del centro educativo, así como con el responsable del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as), desde Accem pusimos formalmente en conocimiento del Consejo Escolar, órgano de gobierno del centro educativo, el incidente indiciariamente discriminatorio (advertido en octubre de 2018).

Meses después, transcurrido un tiempo prudencial para acometer cambios y tomar decisiones encaminadas a corregir esta actuación de cariz discriminatorio, constatamos dos conclusiones: por una parte, la Dirección del centro educativo no ha considerado necesario incluir este tema en el orden del día de los dos Consejos Escolares celebrados en este tiempo; por otra parte, la AMPA no se ha pronunciado al respecto. Silencio oficial absoluto.

A día de hoy la realidad es clara: las familias musulmanas de este centro educativo siguen sin la posibilidad de recibir un menú alternativo en el comedor del colegio que sea compatible con sus convicciones religiosas.

Y lo más grave no es esto, sino las represalias que están sufriendo las familias que protestaron por su situación. Las dos familias que han liderado esta reivindicación de derechos han recibido comentarios en los que se les invita a abandonar el centro educativo en el próximo curso, teniendo que escuchar frases como “si no estáis a gusto, iros de este centro”. Las familias denuncian que uno de sus hijos –estudiante de Primaria- ha sido ridiculizado delante de otros menores por no comer cerdo y ha sido acusado de “mentiroso”. Otra de las familias, que contaba con un papel relevante y participativo en la vida escolar del centro, ha pasado a ser excluida de actividades, festivales, excursiones o de su papel de intermediación con otras familias musulmanas.

Hechos como estos han llevado a que ambas familias, que a finales del pasado año abogaban por reivindicar el reconocimiento a su derecho a la diversidad alimentaria, han decidido este año, y debido a estas represalias, no continuar con el proceso iniciado en reclamación de su derecho constitucional.

En este punto nos gustaría reflejar la definición de represalia, como “cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto”.

Una voluntad de integración que brilla por su ausencia

El reconocimiento de la diversidad en el ámbito alimentario y del derecho a una alimentación acorde con las convicciones religiosas constituye la aplicación ineludible por parte de los centros educativos del mandato y garantía constitucional (artículo 16 que consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto y artículo 14 de igualdad ante la ley y no discriminación). Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el principio del pluralismo y la diversidad como hechos positivos y reconocidos.

El respeto a la diversidad es una obligación para todas las instituciones del Estado y, en este caso, para las Comunidades Autónomas, competentes en materia educativa, que no pueden abstraerse en la reglamentación adoptada de los principios y derechos reconocidos en la Constitución, como el citado artículo 14 que establece que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Además, la finalidad de promover actitudes de integración y de conciliar la labor educativa con la vida familiar está contenida en la Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo, Reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Esta voluntad de integración, convivencia y reconocimiento de la diversidad brilla por su notoria ausencia en el comedor de este centro escolar de Madrid.

Reunión con la OIDDH para el desarrollo del programa TAHCLE contra los delitos de odio

Accem participó, junto a otras organizaciones sociales, en una reunión de trabajo con técnicas de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (OIDDH), de visita en España para evaluar las necesidades existentes para el desarrollo del programa TAHCLE de capacitación contra los delitos de odio.

Esta iniciativa surge del acuerdo firmado entre la OIDDH y el Ministerio del Interior para la implementación del programa y la formación de oficiales de policía en todo el país. La OIDDH es un organismo dependiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El programa TAHCLE está diseñado para formar a los cuerpos de policía en cómo reconocer, registrar e investigar delitos motivados por prejuicios.

El propósito de esta visita, realizada a Madrid entre el 22 y el 24 de mayo, era establecer reuniones con representantes del Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía, Oficina del Defensor del Pueblo y Academia de Policía en España para comprender el alcance actual y la naturaleza de la violencia motivada por el odio en España. La información recopilada servirá para ajustar el programa y su plan estándar de formación, reflejando las necesidades actuales y la situación del país en términos de comunidades afectadas y respuesta policial a los delitos de odio.

En esa agenda de contactos aparecían los cruciales contactos con la sociedad civil y con las organizaciones que, como Accem, trabajan en España en el área de derechos humanos, monitoreo de incidentes de odio y promoción de la tolerancia, la igualdad de trato y la no discriminación.

En la reunión del pasado 22 de mayo, Accem estuvo representada por Esther Peña, responsable del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem, mientras la OSCE estuvo representada por técnicas del Departamento de Tolerancia y No Discriminación de la OIDDH.

Desde Accem queremos agradecer la invitación, así como la oportunidad de participar en un grupo de trabajo donde se puso de manifiesto la relevancia de poder discutir al tiempo que analizar la situación nacional en materia de legislación penal sobre los denominados delitos de odio, en una doble vertiente: el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la actuación y capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Más información

La OSCE es el mayor organismo regional de seguridad. Fue creado con el objetivo de prevenir, gestionar y remediar los conflictos en Europa y su entorno. La OSCE tiene su origen en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Helsinki en 1975.

La OIDDH, dependiente de la OSCE, proporciona apoyo, asistencia y experiencia a los estados participantes y a la sociedad civil para promover la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación. La OIDDH lleva a cabo programas de capacitación para funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales sobre la forma de mantener, promover y supervisar los derechos humanos

 

Recomendación del Consejo para evitar discursos discriminatorios en la campaña electoral

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, organismo experto en Igualdad adscrito a la Secretaria de Estado de Igualdad y del que Accem forma parte, aprobó el pasado miércoles 10 de abril una ‘Recomendación para evitar el uso de discursos discriminatorios, racistas o xenófobos en las campañas electorales’ ante el escenario de comicios generales, autonómicos, locales y europeos que se presenta en España para las próximas semanas.

En esta recomendación, el Consejo manifiesta su preocupación ante los posibles mensajes de carácter racista, xenófobo o antigitano, y ante los discursos de odio y expresiones segregadoras y excluyentes que puedan verterse en el contexto de campaña electoral. Desde el Consejo se aboga por la responsabilidad en la actuación política electoral y se insta a los partidos políticos y demás actores intervinientes a velar para que la pluralidad y diversidad de la sociedad española no se convierta en arma arrojadiza que aliente la segregación y la diferencia, en vez de promover discursos de convivencia inclusiva de todos y todas.

El Consejo, en su primera actuación tras el nombramiento de su nueva presidencia y tras cinco años de inactividad, entiende estos próximos comicios como una gran oportunidad para mostrar compromiso y respeto a la diversidad social y al principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación.

Constatando el auge en toda Europa de partidos políticos que fomentan la exclusión, el odio al diferente, el rechazo a las minorías, a las personas inmigrantes y/o refugiadas, alerta sobre lo que podría suponer una grave involución en materia de derechos y libertades fundamentales, garantizados en una sociedad democrática y plural como la española.

> Accede aquí al texto completo de la Recomendación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación.

 

Participamos en jornadas sobre derecho de asilo y diversidad sexual y de género en Sevilla

El pasado 21 de marzo fuimos invitados/as en Sevilla a las Jornadas “S.O.S. LGBTI. El derecho de asilo por diversidad sexual y de género”, organizadas por Sevilla Diversidad y subvencionadas por el Ayuntamiento de Sevilla y la Federación andaluza LGTBI con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Junto a Accem, participaron en las jornadas otras organizaciones como CEAR, Centro de Ayuda al Refugiado de Sevilla, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y el Observatorio Andaluz  contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, en dos mesas redondas donde se abordaron cuestiones sobre los derechos de las personas en proceso de asilo y refugio y planteamos herramientas de intervención con las personas LGTBI inmigrantes y solicitantes de protección internacional.

En este último apartado es donde la técnico de Igualdad Susana Larios, de Accem en Sevilla, presentó el trabajo que realizamos desde el Programa de Asistencia de Víctimas de Discriminación Racial o Étnica y el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial, en materia de igualdad de trato y no discriminación.

Aprovechamos asimismo este espacio para presentar el informe publicado en diciembre de 2018 por nuestra entidad: “La situación de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas LGTBI” y las principales conclusiones extraídas del mismo. También fue una ocasión propicia para presentar la campaña Save a Hater, una iniciativa para combatir la proliferación del discurso de odio y la polarización social en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

 

 

21-M – Comunicado de Accem: La Ley Integral de Igualdad de Trato, paralizada de nuevo

En este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde Accem queremos expresar nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social y con la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opinión o grupo social.

Entendemos la desigualdad de trato, la exclusión social, la intolerancia, la violencia, el racismo y la xenofobia como formas comunes y cotidianas de discriminación, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a tipificarse penalmente como delitos de odio; y consideramos que es una cuestión prioritaria el avance en el reconocimiento y garantía de los principios básicos de igualdad de trato de las personas, especialmente de aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas refugiadas y migrantes.

Con ocasión de esta conmemoración, desde Accem queremos manifestar nuestra preocupación por el decaimiento del proyecto para una Ley Integral de Igualdad de Trato y contra las distintas formas de discriminación, que se encontraba en avanzado estado de tramitación parlamentaria y que se ve de nuevo paralizada. Confiamos en que se trate únicamente de un paréntesis hasta la conformación del nuevo Parlamento tras los comicios generales del próximo mes de abril y que la Ley concite el acuerdo de todo el arco parlamentario para su aprobación.

Queremos, asimismo, saludar el nombramiento a finales del pasado año de la nueva presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y del que Accem forma parte. Tras años inactivo, esperamos que pueda constituir un revulsivo en la lucha contra la discriminación en nuestro país, tanto en la esfera pública como en la privada.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando para avanzar en la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación racial y los delitos de odio, de la dignidad de todos los seres humanos y en la aplicación de los principios de la igualdad de trato y no discriminación, como pilares nucleares de una sociedad de acogida plural, democrática y diversa. Para ello seguirá siendo imprescindible contar con la voz, el compromiso y la alianza de organizaciones sociales como la nuestra, que luchamos a diario contra la desigualdad que padecen las personas refugiadas y migrantes, por su origen y condición, y que aumenta aún más en el caso de las mujeres.

 

> Conoce el trabajo de Accem por la igualdad de derechos. 

Informe del OBERAXE muestra una evolución positiva de las percepciones hacia la inmigración

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado recientemente su Informe-Encuesta 2016 relativo a la “Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España”. Esta encuesta y su posterior informe permiten al OBERAXE estudiar la evolución de estos fenómenos en la sociedad española, así como desplegar una labor de seguimiento, vigilancia y anticipación respecto a actitudes y percepciones alejadas de la tolerancia. Los resultados de este Informe-Encuesta 2016 inciden una vez más en la importancia de la educación, sensibilización y prevención en la construcción de la sociedad diversa.

La encuesta publicada ahora por el OBERAXE se realizó en el año 2016, se dirigió a población con nacionalidad española de edad superior a 18 años y residente en el país y fue encargada por la entonces Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social* al Centro de Investigaciones Sociológicas. La muestra la integran 2.460 personas seleccionadas aleatoriamente en 45 provincias y 248 municipios.

Los objetivos de este informe son cuatro. En primer lugar, evaluar la situación en España en 2016 en cuanto a actitudes y percepciones hacia la inmigración; en segundo lugar, identificar los factores que subyacen tras los fenómenos del racismo, la xenofobia y la intolerancia; en tercer lugar, identificar perfiles de comportamiento de la ciudadanía española con respecto a las actitudes racistas o intolerantes; finalmente, construir un ‘índice de tolerancia hacia la inmigración’ que integre las distintas variables que comprenden estos fenómenos. Además, el informe contiene un análisis específico sobre los prejuicios y estereotipos asociados a la inmigración femenina.

Sobre los resultados del Informe-Encuesta 2016 cabe destacar que las actitudes y precepciones de los/as españoles/as visibilizan un escenario positivo, con una evolución bastante favorable en comparación con los años anteriores en todas las variables que miden las actitudes racistas, intolerantes o xenófobas de los encuestados. En 2016, el porcentaje de personas encuestadas con una valoración positiva de la inmigración fue del 54,3 %, porcentaje más alto de la serie después de 2007 (58,7 %).  El porcentaje de valoración negativa, del 25,7 % es también el segundo más bajo de la serie desde 2007.

La radiografía a la luz de este informe muestra una ciudadanía que reconoce cada vez más los derechos básicos de las personas inmigrantes en igualdad con las autóctonas. El 87,9 % de las personas encuestadas consideran que las personas inmigrantes que están de manera estable en España deberían obtener la nacionalidad y el mismo porcentaje estima que deberían poder traer a su familia. Un 74,4 % percibe que la presencia de personas inmigrantes enriquece la escuela y un 58,4 % considera que contribuyen de manera relevante al desarrollo económico.

Se observa asimismo una evolución positiva de cuestiones planteadas en clave más negativa, como el número de encuestados/as que afirman que se debe expulsar a las personas migrantes que se encuentran en situación de paro de larga duración, que baja hasta el 35,1 %; o el porcentaje de personas que piensan que las personas migrantes perjudican en materia de acceso a un empleo a las nacidas en España, que se sitúa en el 53,9 %. Estas percepciones, si bien muestran que todavía queda mucho por lo que trabajar, muestran una evolución positiva con respecto a encuestas anteriores. En relación a la aceptación de actitudes y conductas racistas, es interesante observar cómo únicamente el 4,1 % considera que no deben ser sancionadas las personas que expresan públicamente opiniones xenófobas o racistas. Entre los múltiples elementos de interés de este informe destaca el dato del 67,2 % que estima que los medios de comunicación ofrecen una imagen negativa de la inmigración.

En clave cualitativa, el informe del OBERAXE identifica la variable ‘confianza en la gente’ como, al igual que en el año anterior, la más explicativa de la cohesión social, lo que señala la relevancia de las estrategias dirigidas a favorecer el conocimiento del otro y la comprensión de la diversidad como elementos esenciales para fortalecer la convivencia. Así, según concluye el informe, “las personas con menor confianza en la gente son aquellas que presentan actitudes más racistas y viceversa, las personas con mayor confianza en la gente son las que se manifiestan menos racistas”.

Finalmente, el índice que evalúa de forma agregada el nivel de tolerancia de la población española presenta una evolución favorable de 2015 (44,5 puntos) a 2016 (49,53 puntos). Se concluye de todos modos que al tratarse de un fenómeno vivo y dinámico, las contradicciones en las actitudes de las personas siguen presentes. Por ello, se aboga por la necesidad de continuar desarrollando estrategias para fomentar la tolerancia y la cohesión social, que transformen o mitiguen las actitudes racistas y xenófobas. La educación, la sensibilización de la ciudadanía en general y la prevención se configuran como herramientas imprescindibles en materia de ciudadanía diversa.

> Descarga aquí el Informe-Encuesta 2016 del OBERAXE.

> Accede aquí a todas las noticias de Accem sobre ‘Igualdad, Diversidad y No Discriminación’.

 

* Actualmente denominada Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.