Accem se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, declarado por Naciones Unidas para conmemorar el aniversario de la matanza de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica). Una conmemoración que expresa nuestro compromiso y responsabilidad social en el reconocimiento y protección de los derechos humanos universales de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables por razón de su origen y condición.
La discriminación racial sigue obstaculizando proyectos de vida y mermando oportunidades, impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades.
Este año, Naciones Unidas ha dedicado esta fecha al tema “Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes”, vinculado al Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015 y 2024). Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que las personas afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse, para reforzar el compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.
Accem participó en la reunión de trabajo habilitada sobre la situación en España que tuvo lugar en septiembre de 2018, con tres expertos de Naciones Unidas comandados para tal fin. Tras su visita, Naciones Unidas emitió un informe en 2018 en el que se vino a reflejar la situación de las personas afrodescendientes, las dificultades a las que se enfrentan y el trabajo realizado por parte de las instituciones para combatir el racismo.
Por ello, encontrándonos ya al final de este decenio, se ha iniciado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley sobre acciones y medidas en relación con el decenio afrodescendiente“, haciendo especial énfasis “en las medidas y acciones futuras que nos permitan conseguir que España sea un país donde las personas afrodescendientes puedan desarrollar en igualdad y fraternidad su proyecto vital, y dónde cualquier forma de discriminación o exclusión social con motivación étnico-racial o de origen sea completamente erradicada. Medidas relacionadas con el empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, que tengan en cuenta posibles situaciones de discriminación, así como de discriminación múltiple (vinculadas a la edad, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, etc.)”.
Nuestra Constitución reafirma la igual dignidad humana de las personas y el universal reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales. Constatamos en los últimos años un avance cualitativo relevante en herramientas legislativas, en los recursos y en el apoyo a las víctimas de la realidad discriminatoria y de odio.
Sin embargo, transcurridos casi dos años desde la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, todavía no se han tomado las medidas necesarias para su aplicación efectiva: ni se ha creado la Autoridad Independiente ni se está aplicando de manera efectiva por parte de las administraciones ni se conoce lo suficiente por los agentes sociales, dejando así a las víctimas desprotegidas ante la discriminación.
Urge el desarrollo y aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como texto que consagra un auténtico derecho antidiscriminatorio, junto a la legislación penal sobre delitos de odio. En este desarrollo del texto legal son necesarias:
- La aprobación del Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.
- La formación a todo el personal de la Administración en la aplicación de la Ley (empleados públicos, operadores jurídicos, trabajadores/educadores sociales…).
- La protección de las víctimas y la sanción de las conductas discriminatorias cuando se produzcan en los ámbitos de actuación de las distintas administraciones públicas, para la obtención de justicia, reconocimiento y reparación.
Desde otra perspectiva, en los informes de evolución de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (2022), se afirma que el móvil de racismo y la xenofobia constituye el 43.50 % de estos delitos.
El II Plan de Acción de Lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior consta como una de sus medidas la realización de una Encuesta sobre delitos de odio. La encuesta de 2024 activa desde ayer hasta junio, no solo está orientada a conocer la experiencia de víctimas, sino también de testigos de algún delito de odio para conocer en profundidad el fenómeno y mejorar la lucha contra estos delitos. El objetivo es mejorar la atención a las víctimas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conocer los motivos de la infradenuncia, y mejorar el conocimiento de los delitos de odio a través de la experiencia de los testigos.
Por todo ello, Accem seguirá dando voz y apoyo a todas las víctimas y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a derechos básicos como es el acceso a una vivienda, empleo y la asistencia sanitaria para colectivos vulnerables, personas refugiadas e inmigrantes, por razón de su origen racial o étnico o por su nacionalidad.
La lucha contra el racismo necesita del compromiso global de la ciudadanía, de los poderes públicos, de las organizaciones de la sociedad civil… para la prevención, erradicación y sanción de toda clase de discriminación y delito de odio.
Seguimos avanzando frente a los retos aún pendientes en Igualdad de Trato y dignidad de todas las personas, de las que huyen, de las refugiadas, de las desplazadas por motivos bélicos o económicos y de las migrantes. Ejerzamos nuestro derecho y libertad frente a la discriminación y el odio por origen racial o étnico.
