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La Red Española Contra la Trata de Personas pide urgencia al Gobierno para que se apruebe la ley integral en esta legislatura

Comunicado de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Accem forma parte.

La ley integral contra la trata de seres humanos debe abordar todas las formas de trata y tipos de explotación desde la perspectiva de los derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género.

La Red Española Contra la Trata de Personas considera que estamos ante una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas. Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.

Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), insta a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.

El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales. Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, parece que hay absoluta falta de voluntad política por parte del ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, pedimos al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.

Desde la RECTP llevamos más de diez años insistiendo a las autoridades españolas en la necesidad de que el Estado cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata, tipos de explotación y formas de esclavitud. En el mes de diciembre la RECTP hizo aportaciones al anteproyecto de ley en línea con los estándares internacionales durante el trámite de audiencia y también se dirigió a los Ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Desde entonces han pasado ya cinco meses y seguimos esperando su aprobación.

Las organizaciones de la sociedad civil pedimos al Gobierno que apruebe urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros. Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023. El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata y por la protección de sus víctimas.

Naciones Unidas aprueba una resolución para prevenir la trata de personas para la extracción y tráfico de órganos

El pasado mes de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para promover y fortalecer medidas eficaces y la cooperación internacional en relación a la donación y trasplante de órganos, con objeto de prevenir y combatir la trata de personas que se produce con la finalidad de extraer órganos humanos y traficar con ellos.

En esta resolución se urge a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a reforzar el marco legislativo de lucha contra la trata con fines de extracción y tráfico de órganos, desde la tipificación de estos hechos como crímenes, para evitar de este modo la impunidad de sus perpetradores.

Asimismo, con esta resolución se insta a los Estados a garantizar que la donación de órganos se guíe por criterios clínicos y normas éticas, y que la extracción y trasplantes de órganos humanos se realice en centros específicos autorizados.

Finalmente, se pide la implementación de mecanismos de supervisión de las instalaciones médicas y los profesionales encargados de la extracción y trasplantes de órganos, así como del registro de cada procedimiento puesto en práctica y sus resultados.

> Pincha aquí y accede a la resolución.

Empresas, trata y derechos humanos: ¿Qué vinculación?

Título: Empresas, trata y derechos humanos: ¿Qué vinculación?

Autoría: María Bejarano Rodríguez, Teresa De Gasperis, Estefanía Elexpuru Boullosa y Ana Romo Escribano.

Edita: Accem.

Financia: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España y Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Año de edición: 2022.

Número de páginas: 92.

Dossier sobre el abordaje de las cadenas de producción y suministro, y la diligencia debida de las empresas en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación.

En línea con el trabajo que Accem lleva realizando en la lucha contra la trata durante más de 15 años, la presente publicación se centra en la legislación, las políticas públicas, iniciativas y acciones para el abordaje de las cadenas globales de valor en el marco de la trata de personas y la explotación en la producción y distribución de bienes y servicios. Se centra, asimismo, en los mecanismos y acciones que permiten implementar la diligencia debida en las empresas para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de trabajadores y trabajadoras. Finalmente, se refleja la aproximación a las empresas que se ha llevado a cabo desde el proyecto Novicom para la sensibilización e implicación del mundo empresarial.

Este dossier ha sido elaborado en el marco del proyecto Novicom, destinado a “fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre la trata de seres humanos de la población en general y de las víctimas de trata, personas en riesgo de serlo o personas en situación de vulnerabilidad.

 

Disponible el vídeo de la jornada “Empresas, trata y derechos humanos: una vinculación necesaria”

El pasado 17 de noviembre celebramos en formato online la jornada “Empresas, trata y derechos humanos: una vinculación necesaria”. El objetivo principal de esta charla era generar un espacio en el que indagar sobre los procesos de debida diligencia, que buscan prevenir, mitigar y reparar las consecuencias negativas que se derivan de determinadas actividades empresariales, y reflexionar sobre la relación entre la trata de seres humanos y las cadenas globales de suministro.

Para esta ocasión contamos con voces expertas procedentes del ámbito académico y organizativo. Por una parte, Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, abordó en su intervención la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y su aplicación por parte de empresas. Por otro lado, contamos con la participación de Tania García Sedano, profesora asociada de la UC3M y presidenta de la APDHE, que abordará la relación entre las formas de explotación severa y las cadenas globales de suministros. Finalmente, Josefina Trecco, directora de Cronopios Comunicación con Propósito y colaboradora de la Comunidad B Andalucía, fue la encargada de dinamizar el intercambio de buenas prácticas.

Esta jornada se llevó a cabo en el marco del proyecto Novicom, financiado por la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Si te lo perdiste, o si asististe, pero quieres volver a consultar el contenido de la jornada, os dejamos a continuación el vídeo grabado de la jornada, que está disponible en nuestro canal de YouTube.

 

 

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La Comisión Europea presenta una propuesta para prohibir los productos que sean fruto del trabajo forzoso

La Comisión Europea presentó el pasado mes de septiembre una propuesta para prohibir en la UE los productos que sean fruto de trabajo forzoso. La propuesta se refiere a todos los productos, tanto a los producidos dentro de la UE para consumo interno y/o exportación, como a los bienes importados, con independencia de la compañía o del sector de producción.

Se trata de una propuesta relevante, puesto que, según las últimas estimaciones publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay a fecha 2021 un total de 27,6 millones de personas víctimas del trabajo forzoso.

La propuesta, que pretende ser una medida eficaz en la lucha contra la trata y la explotación, tendrá que pasar a la discusión y al acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE antes de entrar en vigor, y será de aplicación 24 meses después de su entrada en vigor.

> Para más información, pincha aquí.

 

Un Mundial sin contar con los derechos humanos

Este domingo 20 de noviembre dará comienzo la Copa Mundial de fútbol en Qatar y millones de aficionados de todo el mundo se sentarán delante de sus televisores para asistir a la cita más importante con su deporte favorito. Desde Accem queremos, antes de que dé comienzo el campeonato, unirnos al gran número de personas y organizaciones de todo el mundo que han alertado sobre la situación de los derechos humanos en este país del Golfo Pérsico.

Por una parte, desde que en 2010, la FIFA, institución que organiza el Mundial, concediera a Qatar la organización del campeonato, el país árabe tuvo que acometer un ingente plan de infraestructuras que le permitiera responder al reto organizativo. Este plan incluía la construcción de los estadios, pero también de muchas otras obras de envergadura, y ha requerido, además de una astronómica cifra económica, de la mano de obra de alrededor de dos millones de trabajadores, la mayoría de ellos migrantes, llegados especialmente desde países como India, Bangladesh, Filipinas, Nepal o Kenia. Las denuncias sobre las condiciones en las que han tenido que trabajar y vivir estos trabajadores han sido continuas. Miles de ellos han muerto y ha sido generalizado el trabajo en condiciones cercanas a la esclavitud, con realidades de trata de personas y explotación.

Por otra parte, y como han denunciado organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), la mitad de la población está legalmente discriminada en Qatar. Obviamente estamos hablando de las mujeres. Las mujeres sufren una situación de sometimiento legal a los hombres que se manifiesta en un amplio abanico de leyes y normas, que incluyen la imposibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas sin el consentimiento de un tutor masculino y otras formas de violencia que llegan a la condena a latigazos o incluso la lapidación para castigar, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Del mismo modo, el colectivo LGTB+ es duramente maltratado por Qatar, que castiga con penas de prisión las relaciones consentidas entre hombres mayores de 16 años.

Finalmente, los derechos fundamentales y las libertades están amenazadas por el Estado, especialmente el acceso a la justicia, la libertad de expresión, de manifestación o de prensa, con delitos tipificados para quien ataca la religión, la bandera o las autoridades del emirato.

En definitiva, parece evidente que Qatar se encuentra lejos de los estándares mínimos de democracia y respeto a los derechos humanos que deberían ser exigibles como condición previa para la organización de un evento de estas características. El Mundial de fútbol no es únicamente un campeonato, sino un escaparate global que entre otras cosas supone una gran operación propagandística para el país organizador. En este caso, esta operación será al servicio de un país que no respeta los derechos humanos y será con el amén del conjunto de la comunidad internacional.

 

Trabajando con las empresas en la lucha contra la trata de personas

Durante todo este 2022, desde Accem estamos llevando a cabo una serie de actividades con y para las empresas en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación.

En efecto, uno de los ejes prioritarios en las últimas dos estrategias aprobadas por la Unión Europea para la lucha contra la trata y la explotación es trabajar para reducir la demanda de bienes y servicios que sean fruto de la trata y la explotación de personas, así como comprender el funcionamiento de las cadenas de suministro. Así, de acuerdo con estos fines se menciona la importancia de generar “campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores y usuarios de servicios, la responsabilidad social de las empresas, los códigos de conducta, la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y las iniciativas encaminadas a eliminar la trata de seres humanos en las cadenas de suministro de las empresas”.

En este ámbito, la cooperación con el sector privado resulta fundamental. La idea de la diligencia debida (due diligence) de las empresas (pequeñas, medianas y grandes) en el respeto a los derechos humanos y laborales de los/as trabajadores/as y su asunción de responsabilidades está en la agenda europea e internacional.

Con la finalidad de sensibilizar a las empresas en España sobre todas estas cuestiones, en Accem estamos implementando una serie de acciones al respecto. Hace unos meses, publicamos la versión en español del estudio “Navegando a través de las cadenas de suministro. Herramienta para la prevención de la explotación laboral y la trata de seres humanos”, que ha sido elaborada por el Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito (European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI). Este organismo, adscrito a Naciones Unidas y con sede en Helsinki (Finlandia), tiene como finalidad proporcionar a las empresas una visión global de lo que son la explotación laboral y la trata, así como informar sobre buenas prácticas, que las empresas pueden utilizar para conocer las redes complejas de las cadenas de suministro, especialmente en un entorno local, nacional e intraeuropeo, con el foco puesto en  la sostenibilidad y los derechos humanos para la prevención de la explotación y la trata.

También organizamos, en el pasado mes de julio, un encuentro online de sensibilización e información bajo el título “Empresa y derechos humanos: una vinculación necesaria”, con el objetivo de tejer nuevas alianzas entre las ONG y las empresas.

A la vez, estamos elaborando un estudio que recopile iniciativas y acciones para el abordaje de las cadenas de producción y suministro para luchar contra la trata y la explotación en la producción de bienes y servicios, así como aquellos mecanismos que permiten la diligencia debida de las empresas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras.

Finalmente, hemos organizado para esta misma semana el encuentro “Empresa y derechos humanos: una vinculación necesaria. Principios de debida diligencia” para sensibilizar a las empresas, entidades, instituciones, sobre la relevancia de aplicar una perspectiva de derechos humanos en el ámbito empresarial y de su importancia en la lucha contra la trata y la explotación.

Todas las mencionadas acciones se realizan en el marco del proyecto Novicom, dirigido a “fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre la trata de seres humanos de la población en general y de las víctimas de trata, personas en riesgo de serlo o personas en situación de vulnerabilidad”, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la UE.

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Recomendaciones de la OSCE para la prevenir la trata de personas en contextos de flujos migratorios mixtos

El pasado mes de marzo, el Representante Especial y Coordinador en la Lucha contra la Trata de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha publicado una serie de recomendaciones para los Estados miembro con la finalidad de impulsar la prevención de la trata en el contexto de los flujos migratorios mixtos y las numerosas llegadas de personas que están huyendo de Ucrania.

Esta organización subraya en el documento que, para todos los actores involucrados en la prevención contra la trata de seres humanos, debe ser prioritario el abordaje de las situaciones de vulnerabilidad de las personas que buscan protección internacional.

Entre las recomendaciones propuestas destacan la necesidad de proporcionar acogida y respuesta a las necesidades inmediatas de las personas que huyen de Ucrania (como comida, saneamiento, ropa, acceso a móviles e internet, asistencia financiera…), teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género y de edad y también los posibles traumas y problemas psicológicos que hayan podido desarrollar estas personas como consecuencia de la situación vivida tras el estallido del conflicto.

Asimismo, la OSCE insiste en la importancia de proporcionar información a las personas a través de líneas telefónicas gratuitas y otros canales telemáticos y prestando especial atención a las plataformas que difunden información errónea o engañosa sobre las oportunidades de alojamiento o trabajo, de cara a prevenir posibles situaciones de trata y explotación.

Finalmente, de cara a disminuir las situaciones de vulnerabilidad de las personas a la trata y favorecer su integración en el país de acogida, la publicación indica la importancia de facilitar el acceso a cursos de idioma, a la educación, a las oportunidades de formación, acceso al ámbito laboral, la homologación de títulos obtenidos en origen…

> Descarga aquí el documento de la OSCE [disponible en inglés]

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Radiografía de la trata en Andalucía y en Galicia

Título: Radiografía de la trata en Andalucía y en Galicia.

Autoría: María Bejarano Rodríguez y Hafdallah Menni El Ouali.

Coordinación: Teresa De Gasperis.

Edita: Accem.

Financia: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Año de edición: 2021.

Este estudio tiene el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación de trata de seres humanos, tanto en Andalucía como en Galicia, abarcando cualquier forma de trata, es decir, todas las finalidades de explotación, incluyendo las formas múltiples de trata, y cualquier víctima (mujeres, niñas, niños, hombres y personas transgénero).

Esto permite tener una fotografía específica de la situación de trata en cada una de las CC. AA. involucradas, más allá de la trata con fines de explotación sexual de mujeres, en términos, por ejemplo, de mecanismos de detección, identificación y derivación existentes; medidas de atención y protección (incluso acogida) existentes; mecanismos de coordinación multidisciplinar; principales ámbitos y contextos de explotación, etc. Además, el estudio identifica buenas prácticas y retos, así como propone una serie de recomendaciones, para que la lucha contra la trata sea aún más efectiva y enérgica a nivel autonómico y local, y desde una perspectiva integral teniendo en cuenta todas las finalidades y a todas las víctimas.

 

   

Relatora Especial ONU subraya las dificultades de aplicación del principio de no penalización de las víctimas de trata

En su último informe, presentado durante el 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, Siobhán Mullally, ha destacado los retos y las dificultades que supone la aplicación práctica del principio de no penalización de las víctimas de trata.

Este principio, reconocido en la legislación internacional, establece que las víctimas de trata no deben ser detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir irregularmente en los países de tránsito y destino, ni por haber participado en actividades ilícitas en el contexto de una situación de explotación. El principio de no penalización es un esencial para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas de la trata. Sin embargo, la Relatora Especial subraya cómo su incumplimiento o la adopción de medidas de aplicación deficientes siguen siendo una práctica común.

Desde la Relatora Especial de Naciones Unidas se propone a los Estados una serie de recomendaciones para diseñar un modelo de aplicación del principio de no penalización que sea plenamente compatible con la obligación de los Estados de proteger a las víctimas de la trata.

> Accede y descarga el informe en español de la Relatora Especial.

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