Este jueves, Accem ha llevado a cabo un acto en el Ateneo de Madrid en el que ha dado a conocer los resultados del Informe de País 2022: España, respecto a la situación del sistema de asilo y de las personas refugiadas en nuestro país. Desde 2016, Accem es la entidad experta responsable de elaborar este informe relativo a España, con información actualizada y fiable sobre el procedimiento de asilo, las condiciones de acogida, el acceso y disfrute de derechos e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y la detección de prácticas a mejorar o ser tenidas en cuenta en este marco.
Este informe forma parte del Proyecto AIDA (Asylum Information Database), una base de datos gestionada por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés) y que contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países, entre los que se incluyen 19 estados pertenecientes a la Unión Europea.
Se trata de un informe de referencia a nivel europeo que, a tenor de su contenido, tiende a marcar pautas en las políticas adoptadas desde los principales órganos regidores de la Unión Europea en materia de asilo y migración. En este sentido, este año se ha realizado un anexo específico sobre la aplicación de la protección temporal en España, habilitada por primera vez por la Comisión Europea en 2022 para dar respuesta a las necesidades de acogida a las personas llegadas a causa del conflicto en Ucrania.
El objetivo general de este proyecto es contribuir a mejorar las políticas y prácticas de asilo y las prácticas relativas a este tema en el continente europeo, así como las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional gracias a la información y a las herramientas aportadas a través de este trabajo.
Buenas prácticas y mejoras en el sistema de asilo y de acogida
El informe detalla las mejoras producidas en el sistema de asilo y acogida a las personas refugiadas y solicitantes de protección en el último año. Así, entre estas mejoras, destaca que, entre 2021 y 2023, el Gobierno ha destinado una importante partida del Plan de Recuperación y Resiliencia para la creación de 17 nuevos dispositivos de acogida, con una capacidad de 6.100 nuevas plazas para personas migrantes y refugiadas.
El informe también resalta la sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2021 en la que se establece la suspensión automática del procedimiento de expulsión por estancia irregular hasta que no exista una decisión firme de denegación o inadmisión justificada de cualquier solicitud de protección internacional.
Además, pone de relevancia la puesta en marcha de mecanismos para la prevención y la respuesta a la violencia de género en los dispositivos de acogida para las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y, también, la reforma parcial de la definición de “persona refugiada” en febrero de 2022, al incluir expresamente la “identidad de género” como motivo para conceder el asilo en nuestro país.
“Devoluciones en caliente”, muertes en el mar y dificultades en el acceso a derechos sociales
De entre las prácticas que se describen y que continúan sin atajarse a tenor de la legalidad internacional, las llamadas “devoluciones en caliente” se han seguido produciendo durante el año pasado, especialmente en la frontera de Melilla y Marruecos. Se trata de una práctica que impide la identificación individualizada de vulnerabilidades y la garantía al derecho a la protección internacional.
Asimismo, la falta de vías legales y seguras, especialmente en rutas tan peligrosas como el Mediterráneo o la ruta canaria, ha provocado la muerte de 2.390 personas durante 2022. De todas las pérdidas de estas vidas humanas, 3 de cada 4 se produjeron en la conocida como ruta canaria.
Las personas migrantes y refugiadas han continuado afrontando obstáculos en el acceso a sus derechos, especialmente a la vivienda, al trabajo y a los servicios financieros, en parte debido a prácticas discriminatorias, según refleja el documento. Esto ha motivado que la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa llevara a exhortar al Gobierno a mejorar el acceso a los derechos sociales de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Nuestro país también recibió la crítica de la representante de ACNUR en España, quien calificó de “crítica” la situación en el acceso a la protección internacional en España, debido a los numerosos obstáculos y los largos periodos de espera para obtener la cita necesaria para formalizar la solicitud.
Protección temporal en España
El Informe de País 2022: España incluye por primera vez un anexo referente a la protección temporal. Tras estallar el conflicto en Ucrania, la Unión Europea habilitó un mecanismo más flexible y simplificado para proporcionar protección a las personas que huían del de este país sin necesidad de presentar una solicitud de protección internacional. En España, este nuevo procedimiento permitió que la Oficina de Asilo y Refugio, órgano competente en esta materia, adoptara una decisión sobre la concesión en el plazo de 24 horas desde la presentación de la solicitud, reconociendo la residencia temporal, la autorización al trabajo y el acceso al sistema sanitario y a la educación para menores de edad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Durante 2022, se concedió protección temporal a 161.037 personas que huían de Ucrania. Hasta el 16 de enero de 2023 se han concedido 163.140 autorizaciones de residencia, siendo el 63% de las personas beneficiarias mujeres y el 37% hombres, y 1 de cada 3, menores de edad.
Para responder a las necesidades surgidas a raíz de este conflicto, a principios de marzo de 2022 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE). El primero de los cuales, ubicado en Pozuelo, ha estado gestionado por Accem desde el principio. Estos centros han garantizado el acceso a derechos como la acogida y manutención, apoyo económico, acceso a la educación y aprendizaje del español, apoyo psicológico, orientación y formación laboral y asistencia médica, entre otros.
Principales datos de asilo en España
Durante 2022, un total de 118.842 personas solicitaron protección internacional en España, la mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos y Honduras, que se posicionan como los principales países de origen de las personas solicitantes.
Por lo que se refiere a las resoluciones, se concedió el estatuto de refugiado a 6.830 personas, la protección subsidiaria a 7.405 personas. De esta manera, los primeros cinco países de origen de las personas beneficiarias de alguna forma de protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria) durante el año pasado fueron Mali, Afganistán, Ucrania, Siria y Colombia.
Además, se concedió la protección por razones humanitarias a 20.924 personas. Por otro lado, un total de 51.838 solicitudes fueron desfavorables y, a finales de año, aún había 92.152 solicitudes pendientes de resolución.
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