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21M – Comunicado de Accem: Por la urgente y necesaria aprobación de una ley de igualdad de trato y no discriminación

Desde Accem, y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, queremos poner de manifiesto la necesidad e importancia de que se apruebe en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, etc.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios. Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución y como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra.

Por otra parte, también queremos señalar que es importante que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, del que Accem forma parte y que depende directamente de instancias gubernamentales, se convierta, tal y como recomiendan los organismos internacionales y las directivas europeas, en un órgano independiente y suficientemente dotado de recursos y autonomía.

Finalmente, desde Accem nos gustaría expresar nuestra profunda preocupación por el incremento, ya observado desde instituciones como la Fiscalía General de Estado, del discurso y los delitos de odio, es decir, por el aumento de las amenazas y agresiones de carácter xenófobo, racista u originadas por cualquier forma de intolerancia y discriminación. Un capítulo especial de este fenómeno lo encontramos en el ámbito digital y particularmente en las redes sociales, donde el discurso de odio consigue una peligrosa difusión y capacidad de propagación.

Diagnóstico de necesidades de las asociaciones de personas migrantes y gitanas en Asturias

Recientemente ha sido presentado en Asturias un diagnóstico de identificación de necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas del Principado, realizado a lo largo de 2017 por las entidades sociales, entre ellas Accem, que prestan el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación.

Este diagnóstico ha sido realizado con el doble objetivo de conocer las necesidades reales de estas asociaciones así como de crear redes para la planificación de acciones conjuntas. La recogida de datos se llevó a cabo a partir de encuestas realizadas a un total de 28 asociaciones, de las cuales el 71% eran asociaciones de personas inmigrantes y el 29% asociaciones de personas gitanas. El análisis se ha centrado en tres dimensiones diferentes: casos de discriminación, formación y metodología y legislación y recursos.

El 79% de las asociaciones encuestadas declaró haber detectado casos de discriminación. Por ámbitos de estudio, hasta el 71% de las asociaciones preguntadas detectó casos de discriminación en el acceso a una vivienda; el 68% lo detectó en el ámbito del empleo y el 61% registró casos de discriminación en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Cuando analizamos los datos de manera desglosada entre las asociaciones de personas inmigrantes y las asociaciones de personas gitanas, nos encontramos con algunos datos relevantes, como los picos en la detección de casos de discriminación constatados por las asociaciones de inmigrantes en el ámbito del empleo (75% de las asociaciones así lo señalaron) o en la discriminación en el acceso a una vivienda para las personas gitanas (hasta un 87,5%).

 

Gráfico: ¿Han detectado casos de discriminación en los siguientes ámbitos?

 

Las asociaciones respondieron que las principales dificultades detectadas para recoger casos de discriminación son la normalización de conductas, la negativa a seguir con el proceso por parte de la víctima, los problemas para la identificación del incidente discriminatorio y el tiempo transcurrido entre el hecho y su denuncia en la asociación.

En los casos de negativa a seguir con el proceso de denuncia de una situación de discriminación, se aludió especialmente al miedo a las represalias (43%), normalización de la discriminación (39%) y falta de confianza en la eficacia de la denuncia (21%).

En otros datos de interés, las asociaciones encuestadas respondieron que en un 75% de los casos de discriminación la información la recibieron de las propias víctimas. La actuación de las asociaciones al recibir esta información se centra en la derivación (46,4%), mediación (25%), denuncia (17,9%),  y queja (14,3%).

Por otra parte, en lo referente a formación y metodología, el 68% de las asociaciones indicaron que no realizan acciones formativas en su entidad, pero hasta un 89% de ellas se mostraron interesadas en recibir formación sobre discriminación.

En el capítulo legislativo, el estudio indica que las asociaciones se dirigirían, en caso de denuncia de un caso de discriminación, al juzgado, los servicios sociales, la fiscalía o el propio agente discriminador, por este orden.

La elaboración de este diagnóstico nos ha dejado un balance muy satisfactorio, al habernos permitido conocer de primera mano las necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas, para poder ofrecerles una respuesta ajustada a estas necesidades. El estudio nos ha permitido establecer asímismo un vínculo con todas ellas que nos permitirá profundizar en el trabajo en red.

¿Has sido víctima de discriminación? Conoce tus derechos.

 

 

 

La Fiscalía reconoce en su memoria “cierto incremento” de los delitos de odio

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada en el pasado mes de septiembre, alertaba sobre “un cierto incremento” de los delitos de odio registrados, es decir, de las amenazas y agresiones por motivos racistas, xenófobos y por otras formas de intolerancia y discriminación.

La Fiscalía evidencia un aumento de la presencia del discurso de odio en internet y las redes sociales. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación constituye un altavoz para la propagación del discurso de odio, con graves déficits hasta el momento en su investigación, persecución y condena penal.

La Memoria de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2016, contiene un capítulo dedicado a “La tutela penal de la igualdad y contra la discriminación”. En este apartado se explicitan conceptos esenciales como que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista”. Asimismo, se asume que “la incitación a la exclusión de los extranjeros” constituye una “lesión fundamental de los derechos de las personas”, tal y como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

La Fiscalía subraya que el discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia de los artículos 16 y 20 de la Constitución Española (CE).

Sancionar penalmente aquellas conductas y formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, la discriminación o la violencia es la herramienta adecuada de la que dispone un estado de derecho cuando se están infringiendo los principios constitucionales de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado detecta que “muchas agresiones y actos constitutivos de delitos contra la igualdad y la discriminación (728) son cometidos por menores de dieciocho años”. Se enfatiza asimismo en la importancia de la colaboración y coordinación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, radicadas en las propias Fiscalías o en los Juzgados, desde una doble perspectiva, como derivación de las potenciales víctimas de delitos de odio y como fuente de conocimiento estadístico.

Como hecho novedoso y reseñable se reconoce la labor de la sociedad civil, a través de las asociaciones y entidades sociales de defensa de los derechos de los colectivos afectados, como es el caso de Accem, calificando nuestro cometido como esencial para que muchas agresiones hayan llegado a los tribunales de justicia y, una vez judicializadas, se haya podido hacer un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando su impunidad.

Desde el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem agradecemos este reconocimiento de nuestra labor por parte de la Fiscalía del Estado, así como la disponibilidad de las fiscalías delegadas provinciales sobre Tutela Penal de la Igualdad y No Discriminación. Y reafirmamos una vez más nuestra disposición a seguir avanzando en la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación racial y delitos de odio, la dignidad de todos los seres humanos y la aplicación de la igualdad de trato y no discriminación como pilares de una sociedad de acogida democrática, pluralista y diversa.

> ¿Conoces el trabajo de Accem por la igualdad de trato? Pincha aquí para saber más. 

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Comunicado ante los ataques xenófobos de Pedrera (Sevilla)

Desde las entidades Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad mostramos nuestro malestar ante los comentarios y ataques xenófobos en Pedrera (Sevilla).

Las entidades sociales implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, manifestamos lo siguiente:

El pasado 6 de enero tuvieron lugar una serie de actos violentos en contra de la comunidad rumana del municipio de Pedrera (Sevilla), que se saldó con daños materiales y varias personas detenidas. A esos hechos le siguieron una concentración espontánea de personas frente a las dependencias de la Policía Local en la que se encontraban detenidos los responsables de una agresión; tras ello los manifestantes se dirigieron a diferentes calles de la localidad y volcaron tres vehículos de ciudadanos rumanos residentes en Pedrera. Además se convocó a través de redes sociales y sin la pertinente autorización de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, una concentración de más de 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Pedrera en contra de la presencia de los ciudadanos rumanos en Pedrera.

Las entidades firmantes somos conscientes y nos consta la correcta intervención realizada tanto por la Guardia Civil como por la Policía local de Pedrera en la gestión del incidente; no obstante tenemos que manifestar nuestro profundo malestar y preocupación ante lo ocurrido ya que nos encontramos ante un ataque xenófobo hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que podría constituir un delito de odio.

Ante estos hechos pedimos que sigan siendo las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los vecinos y vecinas se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo. Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad. En un Estado de Derecho, corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo.

Igualmente, mostramos nuestra preocupación por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido pidiendo la expulsión del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido, sin tener en cuenta que hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años, que nada tienen que ver con los hechos acontecidos y que se están viendo afectadas por esta situación.

En un Estado de Derecho la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito.

Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que informen con objetividad y rigor, evitando estigmatizar y criminalizar a determinados colectivos. Así como a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia.

 

 

 

Primeros pasos de la plataforma de la ODIHR para la denuncia y registro de incidentes y delitos de odio

A finales de noviembre, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR por sus siglas en inglés) de la OSCE presentó la versión piloto de la plataforma para la denuncia y registro de incidentes motivados por odio, durante una reunión mantenida con representantes de organizaciones sociales de Polonia y Hungría.

Esta plataforma tiene la finalidad de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de la región OSCE en el registro y monitoreo de los delitos de odio y los incidentes discriminatorios. A través de un formulario online, las víctimas y los testigos de dichos incidentes tendrán la posibilidad de denunciarlos directamente a organizaciones sociales a nivel local, y estas podrán mantener una base de datos en relación a los episodios denunciados como base empírica para abogar por unas medidas de prevención y repuesta más eficaces.

La fase piloto durará unos tres meses y las ONG participantes proporcionarán sus comentarios acerca del diseño y la funcionalidad de la plataforma, con el objetivo de mejorar la herramienta. El plan es involucrar a un número más amplio de organizaciones de la sociedad civil en el uso de la plataforma durante la primera parte de 2018.

> Se puede encontrar más información pinchando aquí. 

 

 

 

Italia: primer informe de la Comisión ‘Jo Cox’ contra la intolerancia y el racismo

En Italia, la Comisión “Jo Cox” contra la intolerancia, el racismo, la xenofobia y los fenómenos de odio, así llamada en recuerdo de la diputada británica asesinada en 2016 durante la campaña electoral por el referéndum sobre el Brexit, adoptó su primer informe en el pasado mes de julio.

Esta comisión, constituida en el marco de la Cámara de los Diputados, se conformó en mayo de 2016 con la finalidad de crear en Italia una “alianza contra el odio”, es decir una red de parlamentarios, ciudadanos y asociaciones comprometidas en la lucha contra estos fenómenos, en la línea de la misma iniciativa promovida por el Consejo de Europa.

El informe, que incluye también una infografía y una serie de recomendaciones (también disponibles en inglés), delinea una pirámide de odio cuya base está constituida por los estereotipos, la falsa representación, la denigración y el lenguaje hostil. El documento abarca distintos temas relacionados con el racismo, la xenofobia y el odio, así como también otras formas de discriminación por género, motivos religiosos o contra el colectivo LGTB.

Entre sus recomendaciones, la Comisión “Jo Cox” subraya la necesidad de adoptar una estrategia nacional integral para luchar contra el odio en todas sus formas, que incluya planes de acción específicos para combatir la discriminación contra determinados grupos de población. Recalca además la necesidad de mejorar la recopilación de datos acerca de estos fenómenos y el conocimiento sobre los mismos, junto a la relevancia de promover iniciativas a nivel político, institucional, educativo, cultural y en el ámbito de los medios, incluidas las redes sociales.

> Se pueden descargar todos los materiales pinchando aquí.

 

 

 

Algunos datos del informe del Ministerio del Interior sobre delitos de odio en 2016

El Ministerio del Interior presentó en el pasado mes de junio el cuarto informe anual sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, con datos relativos a 2016.

En la publicación se destaca que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado registraron un total de 1.272 delitos de odio durante 2016, con una disminución de un 4,2 % con respecto a los datos recopilados en 2015.

Los incidentes registrados se distribuyen de la siguiente forma según la motivación que los originó: antisemitismo (7), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (47), discapacidad (262), orientación o identidad sexual (230), racismo y xenofobia (416), ideología (259) y discriminación por razón de sexo/género (41).

Al hacer referencia a la evolución de estos delitos en nuestro país, se señala un aumento de los motivos de discriminación por discapacidad, por orientación o identidad sexual y por sexo/género.

El informe recopila información y datos cuyo desglose resulta relevante para tener una fotografía de la situación en España, en relación al tipo delictivo registrado, destacando los 249 casos de lesiones, o al ámbito en el que se produjo el incidente, con 453 hechos delictivos ocurridos en la vía pública.

Finalmente, la publicación contiene una serie de conclusiones, entre las cuales cabe destacar que los responsables de los delitos de odio suelen ser de sexo masculino (86,69 %), tienen una edad comprendida entre los 18 y 40 años y son de nacionalidad española. Entre las víctimas, destacan en número las personas procedentes de Marruecos, Rumanía, y Senegal.

> Se puede descargar el informe pinchando aquí.

 

 

 

SOS Racismo presenta su informe anual 2017 sobre el racismo en España

El pasado 15 de septiembre, la organización SOS Racismo lanzó su “Informe anual sobre la situación del racismo y la xenofobia en España 2017”, en el que se subraya cómo, a pesar de los avances realizados, la discriminación racial o étnica sigue siendo un fenómeno muy arraigado en la sociedad española y europea.

La publicación da cuenta de las 309 denuncias presentadas en 2016 en las Oficinas de Información y Denuncia (OID) presentes en distintas comunidades autónomas y que se refieren a diferentes tipos de discriminación por motivos racistas, como la discriminación en el empleo, en el acceso a prestaciones públicas, conflictos vecinales, etc.

El informe además da cuenta de episodios discriminatorios que se producen entre particulares o con la administración, y no solo de situaciones del ámbito penal que integran los llamados ‘delitos de odio’.

Por otro lado, cabe destacar que el informe contiene testimonios de casos de discriminación y xenofobia; reflexiona sobre la política migratoria europea y española y sobre el racismo social e institucional, para centrarse también en la situación en la frontera sur, concretamente en Ceuta y Melilla. Asimismo, la publicación dedica especial atención a la discriminación que sufren las mujeres, los menores y el pueblo gitano, y se enfoca también en el discurso de la discriminación y del odio que la opinión pública y los partidos políticos han particularmente fomentado durante 2016.

> Se puede descargar el informe pinchando aquí.

 

 

 

Comunicado de Accem: ¿Es el acuerdo europeo para la reubicación de refugiados un nuevo papel mojado?

A pocas semanas de que se cumpla el plazo de los dos años para la reubicación de personas refugiadas y ante el anuncio de ayer por parte de las autoridades griegas de que actualmente no hay personas, entre las miles de refugiadas que siguen a la espera de una solución en el país heleno, que cumplan con los requisitos establecidos para acogerse al proceso de reubicación en otros países europeos, desde Accem queremos señalar:

– El proceso de reubicación únicamente ha sido accesible para personas de algunas nacionalidades, lo que ha supuesto de facto una forma de discriminación hacia personas refugiadas procedentes de otros países (como Somalia, Afganistán, Pakistán o Nigeria, por ejemplo).

– El acuerdo entre la UE y Turquía, fechado en marzo de 2016 y que abrió la puerta a la devolución forzosa de personas refugiadas a Turquía, cerró las puertas al proceso de reubicación a todas las personas que, desde entonces, han continuado llegando hasta Grecia.

– Son circunstancias como estas las que impiden a muchas personas necesitadas de protección y que continúan atrapadas en Grecia acogerse al proceso de reubicación. Son algunas de las razones que llevan a las autoridades de Grecia a decir que no hay personas refugiadas que se adecúen a los requisitos exigidos.

– Queda de manifiesto lo que hemos repetido una y otra vez: ha sido evidente en todo momento la falta de voluntad política firme y decidida del conjunto de la Unión Europea y de todos sus Estados miembro para dar una respuesta real, efectiva y eficaz a una situación extremadamente grave de crisis humanitaria a las puertas de Europa.

– Es necesario revisar con urgencia los requisitos exigidos para acogerse al proceso de reubicación con la finalidad de que las personas necesitadas de protección encuentren una vía abierta para conseguir la atención y acogida que les corresponde por derecho.

– La UE y todos sus Estados miembro deben demostrar que los acuerdos firmados y comprometidos tienen alguna credibilidad o si, por el contrario, son únicamente ‘papel mojado’.

 

 

 

 

La FRA insiste en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de delitos de odio

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, según sus siglas en inglés) ha presentado un resumen sobre las principales conclusiones y recomendaciones del informe titulado “Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives” (Garantizar la justicia a las víctimas de crímenes de odio: perspectivas profesionales).

Tras constatar la importancia de prevenir y luchar contra los delitos de odio, la FRA subraya la necesidad de garantizar a las víctimas de estos delitos el acceso a la justicia, en concreto la posibilidad de denunciar las situaciones vividas a los órganos competentes y de recibir el apoyo y el asesoramiento que necesiten. Al mismo tiempo, la agencia europea considera esencial que dichos delitos se investiguen sin demora y de manera efectiva, y que se penalice a sus autores.

La publicación recoge la perspectiva de una gran variedad de expertos, incluso representantes del poder judicial, fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad, y organizaciones no gubernamentales implicadas en el apoyo y asesoramiento a las víctimas. Y sobre todo evidencia las complejidades que las víctimas de delitos de odio enfrentan a la hora de denunciar, así como los factores organizativos y de procedimiento que impiden su acceso al sistema judicial y el correcto registro y persecución de estos delitos.  

> Se puede consultar el documento en español pinchando aquí.