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Represalias a las familias que denunciaron discriminación en el comedor escolar

Trabajar para erradicar la discriminación no siempre es sinónimo de conseguir éxitos inmediatos. En esta ocasión vamos a contaros cómo se han sucedido los acontecimientos en un caso de discriminación religiosa en un colegio público de Madrid del que ya os hablamos antes aquí y cómo las represalias sufridas por las familias que se atrevieron a alzar la voz han terminado por disuadirlas de seguir adelante con su reclamación.

En 2018, y a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, detectamos cómo varias familias de religión musulmana se habían encontrado con la negativa del centro educativo a contar con un menú alternativo en el comedor escolar, que fuese compatible con sus creencias religiosas.

Después de varias acciones infructuosas de interlocución con la Dirección del centro educativo, así como con el responsable del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as), desde Accem pusimos formalmente en conocimiento del Consejo Escolar, órgano de gobierno del centro educativo, el incidente indiciariamente discriminatorio (advertido en octubre de 2018).

Meses después, transcurrido un tiempo prudencial para acometer cambios y tomar decisiones encaminadas a corregir esta actuación de cariz discriminatorio, constatamos dos conclusiones: por una parte, la Dirección del centro educativo no ha considerado necesario incluir este tema en el orden del día de los dos Consejos Escolares celebrados en este tiempo; por otra parte, la AMPA no se ha pronunciado al respecto. Silencio oficial absoluto.

A día de hoy la realidad es clara: las familias musulmanas de este centro educativo siguen sin la posibilidad de recibir un menú alternativo en el comedor del colegio que sea compatible con sus convicciones religiosas.

Y lo más grave no es esto, sino las represalias que están sufriendo las familias que protestaron por su situación. Las dos familias que han liderado esta reivindicación de derechos han recibido comentarios en los que se les invita a abandonar el centro educativo en el próximo curso, teniendo que escuchar frases como “si no estáis a gusto, iros de este centro”. Las familias denuncian que uno de sus hijos –estudiante de Primaria- ha sido ridiculizado delante de otros menores por no comer cerdo y ha sido acusado de “mentiroso”. Otra de las familias, que contaba con un papel relevante y participativo en la vida escolar del centro, ha pasado a ser excluida de actividades, festivales, excursiones o de su papel de intermediación con otras familias musulmanas.

Hechos como estos han llevado a que ambas familias, que a finales del pasado año abogaban por reivindicar el reconocimiento a su derecho a la diversidad alimentaria, han decidido este año, y debido a estas represalias, no continuar con el proceso iniciado en reclamación de su derecho constitucional.

En este punto nos gustaría reflejar la definición de represalia, como “cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto”.

Una voluntad de integración que brilla por su ausencia

El reconocimiento de la diversidad en el ámbito alimentario y del derecho a una alimentación acorde con las convicciones religiosas constituye la aplicación ineludible por parte de los centros educativos del mandato y garantía constitucional (artículo 16 que consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto y artículo 14 de igualdad ante la ley y no discriminación). Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el principio del pluralismo y la diversidad como hechos positivos y reconocidos.

El respeto a la diversidad es una obligación para todas las instituciones del Estado y, en este caso, para las Comunidades Autónomas, competentes en materia educativa, que no pueden abstraerse en la reglamentación adoptada de los principios y derechos reconocidos en la Constitución, como el citado artículo 14 que establece que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Además, la finalidad de promover actitudes de integración y de conciliar la labor educativa con la vida familiar está contenida en la Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo, Reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Esta voluntad de integración, convivencia y reconocimiento de la diversidad brilla por su notoria ausencia en el comedor de este centro escolar de Madrid.

OBERAXE publica manual contra el racismo dirigido a policía de proximidad

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado recientemente el “Toolkit contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia dirigido a municipios, especialmente a policía de proximidad”.

Se trata de una herramienta práctica que deberá ayudar a prevenir, detectar y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y que servirá como guía a los agentes de policía. Su creación se enmarca en el proyecto europeo Proximity, que lidera España y del que forman parte además Finlandia, Bulgaria, Estonia, Italia, Letonia, Estonia, Portugal y Reino Unido en calidad de socios.

El manual comienza explicando cómo se identifica un delito de odio y continúa con una exposición de los distintos marcos legislativos, de coordinación y de buenas relaciones con la comunidad, así como con una descripción de posibles herramientas para crear redes de organizaciones para afrontar con eficacia los delitos de odio. Este plan de acción finaliza con ejemplos prácticos y anexos de desarrollo.

Accem, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, estuvo presente en la formación impartida al respecto, como organización miembro de la Plataforma Policial por la Gestión de la Diversidad.

El documento, elaborado por la Policía Municipal de Madrid bajo la supervisión y coordinación del OBERAXE, está disponible en inglés y en español.

 

 

 

 

Ante la discriminación, no te calles: participa contra la discriminación

Comunicado del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

Desde el año 1966, el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, día en el que Naciones Unidas nos recuerda que, en muchas partes del mundo, la incitación al odio y las prácticas discriminatorias por razones de origen racial o étnico, religión, nacionalidad, entre otras, están muy extendidas.

En este día nos parece relevante realizar una reflexión teniendo en cuenta el contexto actual de rechazo social hacia determinados grupos de población por su origen racial, étnico o nacional, contexto se sigue manteniendo y nos preocupa porque afecta al pleno ejercicio de la vida de las pers>onas. Este rechazo está, en gran medida, ocasionado por los prejuicios y estereotipos que provocan comportamientos discriminatorios que atentan contra la dignidad humana. Por ello, es vital la sensibilización y la concienciación de nuestra sociedad.

En España, desde el año 2013, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (creado para cumplir con uno de los principales mandatos de la Directiva 2000/43/CE) presta asistencia y orientación a las personas que sufren estas situaciones, atendiendo más de 600 casos y desarrollando más de 150 acciones de información y sensibilización en derechos a potenciales víctimas de discriminación racial o étnica cada año tal y como consta en nuestras memorias anuales. El objetivo de nuestra actividad es, continuar visibilizando la discriminación cotidiana que siguen sufriendo las personas de distintas etnias, orígenes y procedencias, en el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando quieren encontrar un empleo, alquilar una vivienda, acceder a determinados servicios (bares, tiendas, supermercados, etc). Derechos, todos ellos, vitales para gozar de una vida digna.

Asimismo, otro de nuestros objetivos es el de concienciar a la ciudadanía de que para combatir la discriminación racial o étnica es necesaria su denuncia y su implicación.

Las entidades sociales que formamos parte de este Servicio de Asistencia somos conscientes de que los casos registrados y publicados en nuestros informes sobre discriminación son la punta del iceberg, porque nos encontramos ante una grave situación de infradenuncia de los incidentes discriminatorios cuya causa radica en la asimilación del rechazo por parte de las víctimas, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza en la efectividad de la denuncia.

Desde el Servicio somos conscientes de la importancia de seguir impulsando acciones de información y sensibilización a las potenciales víctimas en todas las localidades, las cuales, ante un caso de discriminación deben sentirse acompañadas durante todo el proceso, así como trabajar en red con los agentes profesionales clave y los distintos operadores jurídicos, incluidas las distintas administraciones a quienes consideramos piezas imprescindibles en este proceso de empoderamiento de las víctimas. Persiste el desconocimiento por parte de la sociedad de la legislación antidiscriminatoria vigente, un hecho que sin duda repercute en las víctimas teniendo un doble impacto: por un lado, no saben el alcance de sus derechos y por tanto asimilan la discriminación como algo normal y por otro, con respecto a la sociedad en general, ésta sigue percibiendo que discriminar es una conducta carente de un reproche jurídico adecuado.

La limitada eficacia normativa de la legislación antidiscriminatoria española, especialmente a la hora de sancionar a los agentes discriminatorios y de reparar los daños sufridos por las víctimas, es, sin duda una cuestión que tenemos que abordar, ya que restringe en muchos casos las estrategias de actuación ante la discriminación racial o étnica y, por tanto, siguen condicionando los resultados de las mismas.

Estas limitaciones invitan a reclamar una mejora en los instrumentos normativos destinados a la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación y una respuesta eficaz frente a la misma, restaurando los derechos de las víctimas y facilitando durante todo el proceso el acompañamiento de las mismas.

Desde el Servicio de Asistencia también queremos sensibilizar a toda la ciudadanía sobre las consecuencias que la discriminación y el rechazo social tienen en la vida de las personas. Queremos que la sociedad se solidarice y apoye nuestra reivindicación, para construir entre todos y toda una sociedad mejor, más respetuosa con los derechos fundamentales, bajo el lema “Participa contra la discriminación racial o étnica”.

Hacemos un llamamiento a la participación social en las acciones que desarrollaremos para conmemorar el día 21 de marzo en las distintas oficinas del Servicio a nivel estatal bajo el lema “Ante la discriminación no te calles, participa contra la discriminación” ya que ésta supone una vulneración directa al derecho fundamental a la Igualdad protegido no sólo en nuestro texto constitucional sino también por la Directiva europea 2000/43.

Actividades organizadas por el Servicio

Desde el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica queremos informar que este Servicio va a desarrollar simultáneamente varios actos a nivel estatal: en más de 40 localidades se organizarán acciones de calle dirigidas principalmente a la ciudadanía en general para sensibilizarla e implicarla en la defensa de la no discriminación racial o étnica. Para ello, durante la semana del 18 al 22 de marzo de 2019 se está desarrollando una actividad en diferentes espacios públicos y que estamos difundiendo en redes sociales con el hashtag
#NoTeCalles

Más información

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está formado por ocho organizaciones: Accem, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano (coordinadora del Servicio).

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica adscrito a la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad de la Secretaria de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

> Toda la información sobre el trabajo que realizamos está disponible en la web del Servicio de Asistencia y Orientación.

> Accede al video del Servicio de Asistencia. 

Presentado y activado el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, presentaron el pasado 15 de enero el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Se trata de una guía que establece medidas para combatir la discriminación y las expresiones de odio contra colectivos concretos según su origen nacional, étnico, su ideología, género u orientación sexual, entre otras razones. Entre las líneas principales de actuación del plan destacan la mejora de la formación específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y el perfeccionamiento de los sistemas de prevención y atención a las víctimas.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado en su especialidad de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de 2018, los delitos e incidentes de odio se incrementaron en un 11,6 % respecto a la memoria de la Fiscalía de 2017. De ellos, el 26 % tuvo una motivación racista y xenófoba.

El Plan de Acción contra los Delitos de Odio ha contado con la colaboración de Accem, entre otras entidades, para su desarrollo. Desde nuestra entidad se han aportado propuestas para la formación de las FCSE en la detección, registro y actuación policial en esta materia; para la adecuada y eficaz atención a las víctimas de delitos de odio, así como para la necesaria interlocución y colaboración con entidades de la sociedad civil de defensa de los derechos de los colectivos y personas vulnerables afectadas. Grande-Marlaska agradeció en el acto de presentación a las entidades sociales el trabajo y la vigilancia del cumplimiento del deber de las instituciones, calificando a las organizaciones del tercer sector como motores del cambio y la transformación social.

El ministro del Interior calificó de “prioridad” la lucha contra la discriminación. “En los últimos años estamos viendo cómo avances en derechos que creíamos consolidados se están poniendo en cuestión y prolifera el discurso del odio hacia quienes no encajan en un modelo de sociedad monocolor y sectario que algunos pretenden imponer”, señaló Grande-Marlaska. El plan aprobado, ya en ejecución, permanecerá en vigor hasta finales de 2020.

Grande-Marlaska señaló que con este documento el propósito es también reducir la infradenuncia, para lo que se pretende que las FCSE tengan un mayor conocimiento de las agresiones detectadas. Desde el Ministerio del Interior se señala asimismo al espacio virtual y las redes sociales como el ámbito en el que más ha crecido la denuncia por parte de colectivos y personas agredidas.

Entre otras medidas previstas por el nuevo “Plan de acción contra los delitos de odio” se encuentran la puesta en marcha de actividades formativas y material didáctico para los cuerpos de seguridad; la vinculación a proyectos europeos análogos en el espacio de la OSCE-ODHIR; la publicación anual de un informe estatal sobre delitos de odio y la introducción en centros educativos.

> Pincha aquí para acceder al Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. 

> Lee más noticias sobre ‘Igualdad de trato y no discriminación”.

Entrevista con el Proyecto POLITICS sobre movimientos y políticas de antirracismo

En los últimos días de febrero recibimos en nuestra sede en Madrid al investigador Luca Sebastini, del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal), que nos visitó como representante del “Proyecto POLITICS – Política del antirracismo en Europa y América Latina: producción de conocimiento, decisión política y luchas colectivas”. Sebastini se entrevistó con nuestra compañera Esther Peña, responsable del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem.

El Proyecto POLITICS pretende contribuir con conocimiento innovador sobre el antirracismo desde una perspectiva interdisciplinar, combinando tres ejes principales de investigación: Marcos Políticos y Políticas Públicas, Culturas Académicas y Universidades Públicas, y Racismo Cotidiano. El propio proyecto propone una investigación a cinco subniveles de análisis: instituciones estatales, universidades públicas, medios de comunicación, clase política y ONG.

A través de este proyecto se quiere visibilizar los movimientos y políticas de antirracismo en Brasil, Perú, Portugal y España, recogiendo datos empíricos, cruciales para asegurar que se escuchan las voces de quienes se involucran en la lucha contra la discriminación. Este proyecto está impulsado por el Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, en Portugal, con financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Durante la entrevista, el investigador se interesó por la evolución de los casos e incidentes discriminatorios que se han ido atendiendo en el marco del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”; por la perspectiva legal que tiene la discriminación y los delitos de odio en España; la evolución legislativa en relación a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y el contenido de los distintas acciones en materia de sensibilización con potenciales víctimas, centros educativos y profesionales implicados.

El Proyecto POLITICS está contando con la participación de académicos y académicas, personal de investigación, clase política, funcionariado de alto nivel, representantes de ONG y movimiento de base, expertos o expertas legales, víctimas de discriminación racial o de delitos de odio, fiscalía, jueces y juezas, representantes de gobiernos locales, periodistas, equipos de producción de televisión, organizaciones sindicales de fuerzas policiales, estudiantes, asociaciones estudiantiles, representantes de colegios profesionales…

Los resultados del proyecto, además de seminarios y conferencias, desarrollarán un conjunto de publicaciones académicas, informes, cursos de formación avanzada, documentales, pagina web y otras iniciativas de divulgación.

 

Asistimos al I Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación

Los pasados 13 y 14 de diciembre de 2018 tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el I Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato Y No Discriminación, bajo el lema “Libres e iguales en dignidad y derechos”.

La inauguración del evento corrió a cargo del profesor y experto en migraciones Sami Nair, tras cuya ponencia se sucedieron dos intervenciones relativas al compromiso de los medios de comunicación con la igualdad de trato y de los grupos políticos representados en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco sobre iniciativas legislativas contra la discriminación.

Otros temas tratados durante las dos jornadas en las que se extendió el encuentro fueron la discriminación en las redes sociales y el ciberactivismo como arma contra el odio; la discriminación en los espacios públicos; la prevención de la discriminación y promoción de la convivencia en el ámbito educativo…

Como declaración de intenciones, desde la representación institucional se concluyó que “la lucha contra la discriminación y los delitos de odio constituye uno de los ejes de las políticas avanzadas en materia de igualdad, gestión de la diversidad y cohesión social”. Asimismo se remarcó que combatir esta lacra es necesario ante “cualquier planteamiento de justicia e integración social de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social sobre las que recaen actitudes y comportamientos de rechazo y marginación”.

Tanto la responsable del “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem como la coordinadora de la organización en Vitoria participaron en distintas mesas temáticas, como la referente a la dignidad en el empleo o la gestión de quejas y denuncias sobre incidentes discriminatorios y comportamientos delictivos motivados por el odio. Las conclusiones de estas intervenciones versaron sobre el bajo número de denuncias existentes debido a la escasa la confianza de las víctimas en los recursos disponibles para su defensa.

Institucionalmente, la Oficina del Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) coincidió con las entidades sociales en la importancia de promover el conocimiento de los recursos y herramientas existentes así como propiciar el cumplimiento de la igualdad de trato. Del mismo modo, también defendió que la formación, la sensibilización y la atención directa de las víctimas de discriminación o de un delito de odio siguen siendo esenciales para avanzar en la lucha contra la discriminación.

Accem, ejemplo de buenas prácticas contra la discriminación en las escuelas

El pasado 20 de noviembre tuvieron lugar las “I Jornadas Integraschool: buenas prácticas de sensibilización intercultural” en la Casa de la Cultura del municipio de Tineo (Asturias). Allí, representantes de Accem en Asturias presentaron el “Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico”, tras lo cual el proyecto resultó elegido como ejemplo de buena práctica.

Esta iniciativa estaba impulsada por la Fundación Agricultores Solidarios, entidad nacida en 2001 para abordar la necesidad de inclusión de las personas inmigrantes que acuden, año tras año, a las campañas de recogida y manipulación de la fruta en distintas comunidades autónomas.

Sobre esta filosofía de fomentar la igualdad y cohesión social se creó el proyecto Integraschool, cuya finalidad es la de promover buenas prácticas de sensibilización ante el hecho migratorio dentro de las escuelas, implicando tanto a la propia comunidad educativa como a entidades sociales públicas y privadas.

En este marco Accem fue invitada para participar para dar a conocer su trabajo contra la discriminación ante diferentes profesionales –educadores, trabajadores sociales, psicopedagogos, entidades sociales…– con el objetivo de que pudieran conocer de primera mano las actividades llevadas a cabo y el éxito o las dificultades en su aplicación. Así, el programa presentado por Accem y elegido como referente de buenas prácticas, consiste en un servicio de información, orientación, asesoramiento social y jurídico, acompañamiento y sensibilización social a personas discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito, ya sea en educa­ción, sanidad, vivienda, empleo, acceso a bienes y servicios…

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Bajo este lema se conmemora Día Internacional para la Tolerancia este próximo 16 de noviembre. La tolerancia como un principio nuclear que cobra una especial relevancia ante los conflictos y comportamientos xenófobos, así como las situaciones de desigualdad de trato, individual o que afecta a colectivos, que menosprecian y vulneran los derechos fundamentales reconocidos a las personas.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en la que se afirma, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto a la diversidad social“.

La tolerancia implica el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros/as. Las sociedades del siglo XXI son diversas y plurales. La tolerancia al diferente, garantiza sociedades de acogida inclusivas y no excluyentes. La diversidad social, cultural, lingüística y étnica no debería constituir motivo de conflicto sino un valor añadido para todos/as.

Por ello, cuando hablamos de respeto y de tolerancia, debemos seguir avanzando hacia una auténtica obligación de cumplimento efectivo y garantista para los Estados e individuos y/o grupos que los conforman, y no circunscribirlo a una mera declaración de voluntad.

La desigualdad de trato, la exclusión social, la violencia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son formas comunes de intolerancia, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a constituir delitos de odio, previstos tipificados y perseguibles por el derecho penal de los Estados.

La celebración también este año 2018 del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es una gran oportunidad para consolidar la corresponsabilidad social, normativa y defender los derechos de todos/as. A su vez, España celebrará el próximo 6 de diciembre el 40º  aniversario de la Constitución de 1978 cuyas normas articulan el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales ajenos, así como la obligación del estado de garantizarlos.

Accem, organización comprometida con la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social, aboga y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social; por ello nos unimos a la campaña Juntos que ha lanzado Naciones Unidas para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo, y que tiene por objetivo reducir las percepciones y actitudes negativas hacia las personas refugiadas y migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes.

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

> Lee aquí la noticia completa publicada en El Diario.

Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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Taller para prevenir y atajar la discriminación en la atención sanitaria

El pasado 21 de mayo estuvimos en León desarrollando un taller sobre igualdad de trato y no discriminación dirigido a los/as profesionales de la sanidad pública de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de la ciudad.

Esta actividad, que se enmarca en el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, surgió como consecuencia de algunos episodios preocupantes detectados en este centro hospitalario. Estos casos pusieron sobre la mesa la necesidad de incidir en la labor informativa y de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación en el sistema público de salud. El desarrollo de un taller específico ayudó a acercar a los/as profesionales sanitarios la realidad que sufren las personas refugiadas y migrantes que, en ocasiones, reciben un trato desfavorable, consecuencia de su origen racial o étnico, de su situación administrativa, de la falta de información adecuada y del desconocimiento de sus derechos.

Es una realidad recurrente, y más común de lo que pudiera parecer, que se detecten casos en los que personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional, si bien no se les niega el acceso a la asistencia, sí se les factura o intenta facturar el importe de la prestación recibida como pacientes de los servicios de urgencias hospitalarias, quebrantando las normas que amparan el derecho a recibir esta atención así como el principio de igualdad de trato.

Concretamente, desde Accem detectamos un caso de estas características en el que a una persona, con su solicitud admitida para obtener protección internacional a través de la figura de la apatridia, se le estaba reclamando el importe de la asistencia recibida. Su derecho a la prestación de asistencia sanitaria mientras permanezca en esta situación legal está reconocida por la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

Desde Accem, en este caso, actuamos en dos direcciones complementarias. Por una parte se formuló el oportuno recurso administrativo frente a la decisión de facturar la asistencia sanitaria prestada a esta persona, demandando la gratuidad del servicio, ante el Hospital Universitario de León, que reclamaba el importe. Nuestra petición fue estimada, dejando sin efecto la reclamación de la deuda (la factura). La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León nos solicitó la emisión de un informe jurídico sobre la cuestión, para poderlo trasladar a los profesionales.

Por otra parte, se diseñó el citado taller dirigido a profesionales sanitarios, que consiguió una buena aceptación y acogida por parte del personal, con la participación de una veintena de profesionales del personal médico, de enfermería y administrativo del hospital. Con esta acción cumplimos con nuestro objetivo nuclear: sensibilizar sobre las dificultades que afrontan algunos colectivos vulnerables en el acceso a la salud; generar conciencia y conocimiento sobre la discriminación racial e involucrar a instituciones sanitarias en la lucha contra la discriminación por origen, aplicando y respetando las normas vigentes de igualdad de trato en la prestación sanitaria: el acceso, y gratuidad, a la asistencia sanitaria de urgencia con independencia del origen y condición del paciente.

Los hechos descritos y que propiciaron la intervención de Accem constituían una situación de discriminación institucional que afortunadamente pudimos revertir. Hay que recordar que la exclusión de la atención sanitaria de las personas inmigrantes en función de su situación administrativa en España—con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— entró en vigor por el real decreto 16/2012. Recientemente se ha anunciado la supresión de este real decreto y la aprobación de uno nuevo que recupera el carácter universal del Sistema Nacional de Salud. Deberemos de permanecer atentos/as para detectar y evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones discriminatorias en el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria.