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Varias ONG se alían para exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con la Ley de Igualdad de Trato

Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que se cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Una deuda con la igualdad

Numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado muchas mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011. Por ello, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. 

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales.

Por otro lado, hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias. Así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del Estado español

Este jueves 16 de julio culminaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno español ha expresado de manera muy contundente su compromiso con el impulso de esta norma, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, en la que se “ha previsto la creación de un organismo, que tendría el carácter de Autoridad para la Igualdad, encargado específicamente de promover y velar por la aplicación efectiva de esta legislación”, que contará “con autonomía y con personalidad jurídica, personal y presupuesto propio, que aplicará un régimen de infracciones y sanciones”.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.

Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.

La discriminación múltiple que sufre la mujer inmigrante

Participamos en una mesa redonda dentro de las actividades por el Día de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, dentro del marco del II Plan de Igualdad Municipal (2018- 2021), el Ayuntamiento ciudadrealeño de Valdepeñas organizó la charla “Mujer y Discriminación Múltiple”, que contó con la presencia de la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, a la que se sumó la responsable provincial de Fundación Secretariado Gitano de Ciudad Real y la responsable del área de mujer de CERNI.

El Centro Cultural “La Confianza” acogió un interesante debate en el que se expusieron diferentes situaciones discriminatorias que padecen las mujeres de origen no nacional, las mujeres gitanas y las mujeres con discapacidad. La jornada fue inaugurada por María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales.

En la exposición planteada por la responsable del programa de Accem, Esther Peña, hizo mención a la discriminación múltiple de la mujer extranjera, por su género y origen diverso, y a la importancia de poder plantear medidas que tengan en cuenta la transversalidad de género para superar estas brechas. Dentro del marco contextual que marca la discriminación, en la que se entiende como una práctica ya normalizada en múltiples espacios, poco visible a la sociedad, con un marco normativo desconocido y una obligación del estado de derecho de crear legislación en igualdad de trato, Esther Peña añadió el desconocimiento por parte de las víctimas de las opciones con las que cuentan, la dificultad para reportar los incidentes, el aumento de manifestaciones racistas y las nuevas formas de racismo que se dan con las nuevas tecnologías.

Desde esta premisa, la apuesta de Accem bajo el amparo del 8 de marzo nos lleva a enfocar nuestra mirada sobre la mujer en su diversidad de origen y condición (refugiada, víctima de trata, menor no acompañada…) analizando distintas situaciones en la sociedad de acogida, y abogando por la igualdad real y efectiva de derechos y libertades de estas como sujeto individual, corrigiendo la invisibilidad, logrando una ciudadanía inclusiva de todas ellas.

La realidad estadística señala que casi la mitad de la población inmigrante son mujeres (46%). De esta población, muchas de las mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico, cuidando mayores y menores, alejadas del espacio publico y siendo más vulnerables a sus derechos como trabajadoras, en muchas ocasiones con cargas familiares (tanto en España y/o en sus países de origen, o incluso en otros países) y con múltiples obstáculos y dificultades administrativas para su incorporación laboral.

Siguiendo con las estadísticas, la pobreza en España indica que tiene rostro de mujer inmigrante, que los cuidados siguen estando confinados en el ámbito privado, dándose episodios de abusos laborales y sexuales en algunas situaciones.

Desde esta realidad, Accem, además de la atención integral que desarrolla con la población inmigrante, de los servicios de mediación intercultural y las acciones de participación comunitaria, lleva a cabo el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico, que ofrece apoyo, información, asesoramiento y defensa legal ante situaciones discriminatorias y/o constitutivas de delitos de odio. Durante la charla, se ejemplificaron situaciones de discriminación por origen racial, atravesadas por la condición de mujer y las dificultades a las que se enfrentan.

Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias

El martes 11 de febrero de 2020, desde el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico de Accem participamos en las Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio organizadas por la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias a través de las Delegaciones de Participación Ciudadana y Formación.

El objetivo general de estas Jornadas era establecer y fomentar capacidades para mejorar la sensibilización y formación de los/as policías en el reconocimiento, capacitación e investigación de los delitos de odio, así como acrecentar la cooperación y colaboración con las asociaciones sociales y ONG implicadas en la lucha y sensibilización contra este tipo de delitos.

Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de tres días (del 10 al 12 de febrero) teniendo una duración de 17 horas, y contaron con la asistencia de 56 personas: agentes de Policía Nacional de todas las comisarías de Asturias.

Las temáticas trabajadas fueron las siguientes: normativa reguladora; legislación sobre discriminación y delitos de odio; aspectos de interés de las organizaciones del tercer sector en relación con los delitos de odio; programa TACLE.

Para abordarlas se contó con la presencia de los/as siguientes especialistas relevantes en la materia, entidades y organizaciones sociales: Fiscal Delegado en Asturias de Delitos de Discriminación y Odio y Delitos Informáticos; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; Inspector de Policía y Jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; Inspector de Policía y Delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Asturias; Fundación Secretariado Gitano; Plena Inclusión; Xega; Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social- EAPN-AS y Accem.

Nuestra intervención se centró en dar a conocer a todos los participantes el desarrollo del cometido social y legal del programa de Accem en materia de lucha contra la discriminación racial o étnica y los delitos motivados por el odio a la diversidad racial. Presentamos nuestro Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, así como los ámbitos en los que mayoritariamente se encuentra presente esta discriminación, destacando en el ámbito del acceso a la vivienda el rechazo creciente de las comunidades de propietarios a inquilinos de origen no nacional; el desconocimiento de instituciones y profesional sanitario del derecho establecido a la asistencia sanitaria gratuita de las personas de origen no nacional; los problemas para detectar la discriminación (normalización e infradenuncia) y las claves y estrategias para fomentar el trabajo en red.

Se incidió asimismo en el asesoramiento social y la defensa legal a las potenciales víctimas de discriminación racial que se proporciona desde el programa, ante el caso concreto sea discriminatorio y/o constitutivo de delito de odio, destacando de igual modo, a pesar de la infradenuncia, el incremento paulatino de casos e incidentes.

Estas jornadas constituyeron un punto de partida muy importante que nos permitió visibilizar nuestro trabajo y establecer vínculos que potencian el trabajo en red. Cabe destacar el gran interés mostrado por los/as asistentes a lo largo de nuestra intervención, resaltando la importancia de continuar estableciendo estrategias de cooperación y colaboración para mejorar y reforzar la lucha y sensibilización contra los delitos de odio.

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Covid-19: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica denuncia “numerosos” casos de “discriminación, rechazo y odio”

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ha expresado en un comunicado su preocupación ante los “numerosos” casos “de discriminación, rechazo y odio” que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia del coronavirus.

Según informa este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad y adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, se han documentado “ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios”, así como “se ha detectado una gran difusión de discursos de odio racistas, antigitanos y xenófobos en redes sociales”.

En el comunicado, recogido aquí por la agencia Europa Press, se denuncia asimismo “el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”. Se lamentan igualmente las “manifestaciones de representantes públicos en las que se alude al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas”, lo que contribuye “al estigma y al rechazo hacia determinados grupos”.

Ante todos estos hechos observados, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha hecho públicas las siguientes recomendaciones:

– Evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de los colectivos, especialmente desde los medios de comunicación y los representantes públicos.

– Frenar la difusión de noticias falsas y del discurso del odio, siendo especialmente importante informarse únicamente a través de fuentes fiables, y contrastar la información antes de compartirla.

– Garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico y su situación administrativa.

– Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables y a la discriminación interseccional por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

– Crear redes de solidaridad antirracistas tejiendo redes de apoyo mutuo e impulsar la igualdad como política de Estado, instando a todos los actores implicados a defender la igualdad y seguir impulsando el compromiso real con la lucha contra el racismo y la xenofobia.

– Denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena ante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

 

Puedes contactar con el Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica por los siguientes medios:

Tel.- 900 203 041

info@asistenciavictimasdiscriminacion.org

 

Día Internacional de la Mujer – Lanzamos la campaña #Enfócalas8M

Unas gafas para fijar la mirada en mujeres invisibilizadas

Hay gafas que no corrigen la miopía ni sirven para la vista cansada, pero sí permiten enfocar la mirada en mujeres que sufren dobles discriminaciones, que pasan desapercibidas a pesar de vivir muy cerca. Desde Accem lanzamos la campaña #Enfócalas8M, con la que queremos llamar la atención sobre esos colectivos de mujeres y reivindicar, con unas lentes de papel, su papel en la sociedad y su espíritu de superación.

Son mujeres refugiadas y migrantes, supervivientes de diferentes tipos de trata. Unas cumplen condena en un sistema penitenciario pensado para hombres, otras han recorrido un largo camino hasta perder su hogar y vivir en situación de calle. La campaña abarca todas las edades, desde las mujeres más mayores que reclaman su papel en la sociedad y un envejecimiento activo, a las niñas y adolescentes que han llegado solas a nuestro país enfrentándose a muchos peligros.

Todas esas mujeres se enfrentan a situaciones difíciles, que se agravan por el hecho de ser mujeres. Las discriminaciones se cruzan, las amenazas de sufrir violencia se multiplican y el esfuerzo para superar esas circunstancias deben ser mayores.

Desde Accem desarrollamos actividades y proyectos con todos esos colectivos de mujeres, que demuestran una gran resiliencia y una firme voluntad de ser dueñas de sus vidas.

A través de la campaña #Enfócalas8M, lanzada en torno al Día de la Mujer, se ha querido recoger sus testimonios y también aportar información que ayude a entender mejor el contexto de sus vidas.

La campaña explica que 3 de cada 4 víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y que se enfrentan a la explotación sexual, pero también al esclavismo laboral, la mendicidad obligada o son forzadas a cometer delitos. Cuenta que las mujeres sin hogar generalmente han recorrido un proceso más largo que el de los hombres y que para ellas es mayor el estigma de vivir en la calle, donde se enfrentan a un número mayor de amenazas de violencia y abusos.

La campaña relata que esos peligros de violencia sexual son muy reales en el trayecto de las mujeres que buscan refugio y en el de las niñas y mujeres no acompañadas que llegan a nuestro país. Y explica que el hecho de ser inferiores en número que los hombres lleva a que las mujeres reclusas tengan peores condiciones en el sistema penitenciario y menos oportunidades de formación y reinserción.

En estos días organizaremos decenas de actividades en diferentes ciudades con el lema #Enfócalas8M, incitando a toda la ciudadanía a ponerse unas gafas de cartón que les “permitirán” ver a todas esas mujeres. También extendemos la campaña por las redes sociales, con un filtro de Instagram que coloca esas gafas y una web donde se puede ampliar información.

> Visita la web de la campaña #Enfócalas8M.

Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Actividad de sensibilización sobre discriminación en Asturias con profesionales de la intervención

El 7 de noviembre de 2019 en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo tuvo lugar la actividad de sensibilización con profesionales “Libres de discriminación: intervención socio-educativa en igualdad de trato”, actividad enmarcada dentro del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen racial o Étnico de Accem, en la que participaron doce personas, alumnado del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa.

A lo largo de la actividad, consistente en una sesión de dos horas de duración, las personas asistentes reflexionaron sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional en nuestro país.

La finalidad del taller impartido era facilitar herramientas y recursos para la detección de situaciones y/o hechos constitutivos de discriminación y desigualdad de trato por origen racial o étnico, dotando a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos para trabajar tanto en prevención como en atención y asistencia a las potenciales víctimas de discriminación racial o étnica.

En el futuro, como profesionales de la intervención social que serán, podrán desempeñar diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad o la intervención con grupos y comunidades, entre otras. En este sentido, la sensibilización y capacitación de este colectivo en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación podrá ser de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional venidera.

Esta sesión formativa sirvió para tomar conciencia acerca de las diversas formas de discriminación e intolerancia a las que están expuestas las personas inmigrantes y refugiadas en nuestro país y para dar a conocer experiencias de intervención social que se están llevando a cabo para la atención a las víctimas.

Acuerdos y declaración de la VII Reunión de la RIOOD

La Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, celebró los pasados días 24 de octubre y 12 de noviembre su VII Reunión Ordinaria.

Accem forma parte de la RIODD desde el año 2016. La misión de esta red consiste en contribuir a la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información y la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

En esta ocasión, la Secretaría Técnica de la RIODD, presidida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (CONAPRED) y la Presidencia, a cargo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA), estimaron que, ante la falta de quorum para realizar la reunión presencialmente, se desarrollaría a distancia, con la asistencia de medios tecnológicos adecuados a tal fin, y todo ello de conformidad con lo preceptuado estatutariamente.

Representando a Accem estuvo presente la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, Esther Peña, desde las instalaciones en Madrid de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que también forma parte de la RIODD.

Acuerdos de la Asamblea General de la RIODD

La Asamblea General de la RIODD determinó, con fundamento en los artículos 14, 36, 37 y 38 del Estatuto vigente, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Se aprueba en lo general la estructura del “Informe Iberoamericano sobre la Atención a la Discriminación” y el “Atlas del Derecho a la No Discriminación en Iberoamérica”.

2.- Se aprueban las propuestas sobre mantener la naturaleza de la RIOOD; la elaboración de una planeación estratégica a largo, mediano y corto plazo, así como las propuestas sobre el equilibrio de temas y mecanismos de participación contenidos en el documento “Análisis del funcionamiento de la RIOOD”, elaborado por la Comisión de Transición. Con base en ello, se insta a la Comisión de Estatutos reactivar sus trabajos a partir del 15 de noviembre de 2019 para que se realicen las adecuaciones y adiciones pertinentes en un plazo no mayor a 3 meses.

3.- Se aprueba la conformación de las siguientes comisiones:

  • Comisión de financiamiento, cuyo objetivo será la identificación de recursos o procesos de cooperación para abonar al funcionamiento y productos de la RIOOD. Estará integrada por Accem; el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España; la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior de Colombia; CONAPRED; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
  • Comisión de garantías o de evaluación de ingresos, permanencia y desincorporación, que tendrá como objetivo identificar y proponer los criterios y lineamientos que deberán estipularse en el estatuto para el ingreso, incorporación y desincorporación de integrantes con el fin de garantizar criterios claros y objetivos que no estén en detrimento del espíritu de la RIOOD.
  • Comisión de plan de trabajo, cuyo objetivo será la elaboración de la propuesta de plan de trabajo y presupuestario. Para este fin, la comisión de transición transitará a la conformación de dicha comisión, que será presidida por CONAPRED y que entregará una propuesta a más tardar febrero de 2020. Se instará a los integrantes a sumarse a los trabajos de dicha comisión.
  • Comisión de asistencia técnica, que sustituye a la comisión de casos emblemáticos y que tendrá como objetivo ser un mecanismo de consulta y cooperación entre los integrantes u otros actores que lo soliciten, partiendo de la premisa de que la RIOOD es un espacio especializado en materia de igualdad y no discriminación.

4.-. La comisión del decenio afrodescendiente elaborará una propuesta para llevar a cabo una reunión (virtual o presencial) para identificar acciones conjuntas en el marco del decenio.

5.- Se aprueba la realización de la VII Reunión Extraordinaria en el marco de la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de 2020 en Guatemala y que será organizada por la CODISRA.

6.- Se aprueba la adopción de la declaración conjunta de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD, aceptando e incorporando en la misma, los cambios y sugerencias propuestos por Accem.

Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD

A continuación, exponemos el contenido de la Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD:

1. Estamos conscientes de los retos que aún enfrentan las sociedades contemporáneas en materia de la garantía, respeto, promoción y protección del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en la región de Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, y alrededor del mundo;

2. Reconocemos que existen personas y grupos de población que todavía enfrentan dificultades, obstáculos y limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, tales como las personas migrantes, las personas solicitantes de protección internacional, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género y características sexuales no normativas, las minorías religiosas, entre otras;

3. Tomamos en cuenta la importancia de abordar el fenómeno de la discriminación desde una perspectiva interseccional, integral y estructural para ofrecer alternativas y propuestas de legislación, políticas públicas, iniciativas civiles y acciones de cooperación internacional para el desarrollo eficaces que puedan ser implementadas y evaluadas;

4. Nos sumamos a lo expresado en el marco de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas por diversos mecanismos especiales relativos a la exacerbación de las tensiones sociales y raciales debido a los discursos de odio que incitan ataques con consecuencias letales en el mundo;

5. Sostenemos que el discurso de odio se ha convertido en un problema cada vez más frecuente y difundido en todo el mundo que amenaza la cohesión social, la seguridad humana, los valores democráticos, la estabilidad social y la paz;

6. Advertimos que la libertad de expresión no ampara ninguna expresión, narrativa o discurso de odio, ni la incitación a la discriminación, la xenofobia y formas conexas de intolerancia contra diversos grupos y personas en situación de vulnerabilidad;

7. Condenamos enérgicamente tales expresiones, narrativas y discursos de odio que difundan, inciten, promuevan o justifiquen cualquier forma de discriminación e intolerancia, tales como la xenofobia, el racismo y otras, sea en textos, imágenes, videos o cualquier forma de comunicación en línea y fuera de ella;

8. Conminamos a revisar jurídicamente las posibilidades de incorporar a las legislaciones de los países, en concordancia con los instrumentos internacionales, la tipificación de los delitos de odio como un ilícito penal;

9. Nos comprometemos a realizar todos nuestros esfuerzos, en el marco de nuestras competencias y ámbito de actuación, para:

  • Acompañar e implementar los compromisos internacionales plasmados en diversos instrumentos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para garantizar el compromiso de “No dejar a nadie atrás” como premisa para acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión;
  • Promover acciones en el marco del Decenio Iberoamericano de la lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (20202030), así como la Implementación de las recomendaciones del Plan de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024) bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”;
  • Visibilizar y atender a las personas o grupos que sufren discriminación múltiple e interseccional, ya que esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla;
  • Contrarrestar la propagación de expresiones, narrativas y discursos de odio y mitigar sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas;
  • Prevenir la difusión de los discursos o expresiones de odio e impulsar acciones para contrarrestarlos a través de contra narrativas y narrativas alternas;
  • Impulsar las acciones necesarias para promover el respeto en las sociedades y formular y aplicar las medidas que garanticen la libertad de expresión, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, a través de promover la tolerancia, la diversidad y una visión plural.

10. Celebramos la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia por parte del Estado mexicano, que se suma a la República Oriental de Uruguay, pues con ello dicho instrumento entrará en vigor y permitirá impulsar acciones para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia en la región, a fin de garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

11. Hacemos un llamado respetuoso para que los países de la Organización de Estados Americanos que no se han adherido a la citada Convención y a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia impulsen procesos de difusión, análisis y reflexión para la firma y ratificación de a ambos instrumentos y fortalecer nuestros marcos normativos para prevenir y eliminar la discriminación.

12. Exhortamos a los Estados de América para que, en el marco del año internacional de las lenguas indígenas, sigan implementando acciones tendientes a la recuperación y valorización de los idiomas de los pueblos indígenas. Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, exhortamos a los Estados de América a acompañar la iniciativa de establecer el decenio de las lenguas indígenas del mundo, propuesto en el 18 período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas.

13. Nos congratulamos con la iniciativa de establecer el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas cuya propuesta será elaborada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Ciencia y la Cultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (FILAC), que fortalecerá los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en concordancia con la normativa regional e internacional.