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Taller para prevenir y atajar la discriminación en la atención sanitaria

El pasado 21 de mayo estuvimos en León desarrollando un taller sobre igualdad de trato y no discriminación dirigido a los/as profesionales de la sanidad pública de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de la ciudad.

Esta actividad, que se enmarca en el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, surgió como consecuencia de algunos episodios preocupantes detectados en este centro hospitalario. Estos casos pusieron sobre la mesa la necesidad de incidir en la labor informativa y de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación en el sistema público de salud. El desarrollo de un taller específico ayudó a acercar a los/as profesionales sanitarios la realidad que sufren las personas refugiadas y migrantes que, en ocasiones, reciben un trato desfavorable, consecuencia de su origen racial o étnico, de su situación administrativa, de la falta de información adecuada y del desconocimiento de sus derechos.

Es una realidad recurrente, y más común de lo que pudiera parecer, que se detecten casos en los que personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional, si bien no se les niega el acceso a la asistencia, sí se les factura o intenta facturar el importe de la prestación recibida como pacientes de los servicios de urgencias hospitalarias, quebrantando las normas que amparan el derecho a recibir esta atención así como el principio de igualdad de trato.

Concretamente, desde Accem detectamos un caso de estas características en el que a una persona, con su solicitud admitida para obtener protección internacional a través de la figura de la apatridia, se le estaba reclamando el importe de la asistencia recibida. Su derecho a la prestación de asistencia sanitaria mientras permanezca en esta situación legal está reconocida por la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

Desde Accem, en este caso, actuamos en dos direcciones complementarias. Por una parte se formuló el oportuno recurso administrativo frente a la decisión de facturar la asistencia sanitaria prestada a esta persona, demandando la gratuidad del servicio, ante el Hospital Universitario de León, que reclamaba el importe. Nuestra petición fue estimada, dejando sin efecto la reclamación de la deuda (la factura). La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León nos solicitó la emisión de un informe jurídico sobre la cuestión, para poderlo trasladar a los profesionales.

Por otra parte, se diseñó el citado taller dirigido a profesionales sanitarios, que consiguió una buena aceptación y acogida por parte del personal, con la participación de una veintena de profesionales del personal médico, de enfermería y administrativo del hospital. Con esta acción cumplimos con nuestro objetivo nuclear: sensibilizar sobre las dificultades que afrontan algunos colectivos vulnerables en el acceso a la salud; generar conciencia y conocimiento sobre la discriminación racial e involucrar a instituciones sanitarias en la lucha contra la discriminación por origen, aplicando y respetando las normas vigentes de igualdad de trato en la prestación sanitaria: el acceso, y gratuidad, a la asistencia sanitaria de urgencia con independencia del origen y condición del paciente.

Los hechos descritos y que propiciaron la intervención de Accem constituían una situación de discriminación institucional que afortunadamente pudimos revertir. Hay que recordar que la exclusión de la atención sanitaria de las personas inmigrantes en función de su situación administrativa en España—con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— entró en vigor por el real decreto 16/2012. Recientemente se ha anunciado la supresión de este real decreto y la aprobación de uno nuevo que recupera el carácter universal del Sistema Nacional de Salud. Deberemos de permanecer atentos/as para detectar y evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones discriminatorias en el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria.

En 2017 fueron atendidos 646 incidentes discriminatorios por el Servicio de Asistencia a Víctimas

El pasado 13 de junio, tuvo lugar en Valladolid y con la participación de Accem, una jornada dedicada a presentar la labor del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, a través de los datos recogidos sobre su actividad en 2017.

Así, en 2017, la Memoria Anual de este instrumento de lucha contra la discriminación racial del que Accem forma parte, recoge 646 casos e incidentes discriminatorios (370 individuales y 276 colectivos). El 71% de ellos afectan a población menor de 45 años. El 35% afectan únicamente a mujeres; el 27% únicamente a hombres y el 38% conjuntamente a mujeres y hombres.

Los principales ámbitos en los que se producen estos incidentes, por este orden, son: acceso a bienes y servicios, medios de comunicación, empleo, vivienda y educación. En el 85% de las veces se trató de casos de discriminación directa.

Entre octubre de 2015 y octubre de 2017 fueron atendidos 1.214 casos discriminatorios, de los que 98 tuvieron lugar en Valladolid, ciudad anfitriona de esta presentación, que contó con amplia cobertura de los medios de comunicación locales.

La jornada permitió debatir sobre aspectos como los actores clave en la lucha contra la discriminación racial o étnica, la metodología de trabajo utilizada y los retos de futuro que se presentan. El intercambio de opiniones y la exposición de los datos sirvió para concluir que tanto a nivel estatal como local la mayor parte de situaciones e incidentes discriminatorios (penales, laborales, administrativos), continúan permaneciendo ocultos, impidiendo una mayor visibilidad de las víctimas y la aplicación efectiva de la normativa.

La “Jornada sobre Discriminación: Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Retos de futuro por la Igualdad” fue ocasión para dar a conocer a la ciudadanía, administraciones públicas y agentes profesionales clave el contexto de discriminación racial o étnica sobre el que el Servicio actúa, así como concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo y la importancia de denunciar los casos de discriminación.

La organización anfitriona de la jornada fue Red Acoge, entidad de referencia regional del Servicio en Valladolid, y tuvo lugar en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo. Se contó con la participación en sendas mesas redondas, de carácter institucional y de análisis de resultados, de la entidad coordinadora del Servicio a nivel estatal, Fundación Secretariado Gitano (FSG); de representantes de ONG como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Cruz Roja y Accem, así como de otros agentes clave como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (a través del responsable de Delitos de Odio en la Comandancia de la Guardia Civil de zona); el Colegio de Abogados de Valladolid y el Observatorio para la Igualdad de la Universidad de Valladolid.

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Se publica el quinto informe de ECRI sobre el estado de la lucha contra la intolerancia en España

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado su nuevo informe referido a España, en el que analiza la situación de nuestro país en relación a la lucha contra el racismo y la intolerancia.

En este informe, ECRI realiza dos recomendaciones de carácter prioritario a las autoridades españolas. Por una parte, pide que se establezca un organismo independiente de promoción de la igualdad, con el fin de que se asegure que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica goce de una real independencia y esté dotado de las facultades necesarias para que sea efectivo. Por otra parte, ECRI recomienda que se conciban y se lleven a cabo las actividades precisas para garantizar un rápido incremento del porcentaje de niños y niñas de etnia gitana que finalizan la enseñanza obligatoria. ECRI afirma que realizará un seguimiento específico del recorrido de estas dos recomendaciones prioritarias.

El ECRI, en el marco de sus actividades estatutarias, lleva a cabo una labor de supervisión de los países miembros, analizando progresos y debilidades y formulando sugerencias y propuestas para abordar los problemas detectados. Este cometido lo realiza en ciclos de cinco años. El quinto ciclo comenzó en noviembre de 2012 y ha terminado en el mes de junio de este año. En el quinto informe sobre España, desde ECRI se acogen con agrado los cambios positivos detectados desde la adopción del cuarto informe (2010), si bien se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que suscitan preocupación. Destacan las siguientes:

1.- La Constitución Española restringe el derecho de los extranjeros a la igualdad; las disposiciones relativas a los delitos motivados por el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas y prácticamente no se han presentado casos de discriminación ante los tribunales.

2.- No se ha promulgado un proyecto de ley de 2011 relativo a una nueva legislación contra la discriminación. El organismo de lucha contra la discriminación -CERED- no es independiente, no tiene una infraestructura propia y han cesado prácticamente todas sus actividades.

3.- Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias en la recopilación de datos y no están suficientemente vinculadas con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación. El discurso de incitación al odio en internet y en las redes sociales ha aumentado de manera notable.

4.- Se han adoptado pocas medidas desde 2015 para prevenir el racismo y el discurso de incitación al odio.

5.- Los mecanismos autorreguladores para los medios de comunicación apenas contribuyen a prevenir la publicación de contenido xenófobo y racista.

Asimismo, en el presente informe, ECRI pide a las autoridades españolas que adopten medidas en diversos ámbitos. Para ello, formula una serie de recomendaciones:

1.- Tipificar como delito toda discriminación en el ejercicio de los cargos públicos de una persona.

2.- Adoptar una legislación nueva y amplia para combatir la discriminación.

3. Actualizar la estrategia de lucha contra el racismo y sensibilizar acerca de la existencia de códigos éticos y de organismos autorreguladores destinados a los medios de comunicación y a mejorar su competencia a la hora de afrontar el discurso de incitación al odio. Iniciar investigaciones, impartir formación e incitar a la reflexión a los profesionales de los medios de comunicación sobre maneras de evitar el discurso de incitación al odio en los medios de comunicación.

4.- Mejorar el sistema de registro y vigilancia del discurso de incitación al odio y de otros delitos conexos.

5.- Intensificar e institucionalizar el diálogo sostenible con los grupos vulnerables.

6.- Dada la escasa información sobre el uso de la legislación civil o administrativa contra la difusión del discurso de incitación al odio, ECRI considera que, además de las actividades de formación de los colegios de abogados, un organismo efectivo de promoción de la igualdad ayudaría a mejorar las respuestas al discurso de incitación al odio en este ámbito.

 

Sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, es un organismo de supervisión independiente en materia de derechos humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está compuesta por miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, nombró a principios de año como nueva representante española a la abogada Sara Giménez Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

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Accem estuvo presente en la VI Asamblea de la RIOOD

Del 15 al 18 de mayo de 2018 tuvo lugar la VI Asamblea Ordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD) en Cartagena de Indias (Colombia), de la que Accem forma parte desde el año 2016.

En las distintas sesiones de sexta reunión anual, se adoptaron diversos acuerdos tanto de carácter orgánico como declarativo. En este sentido, la RIOOD abogó por la necesidad de:

  1. Redoblar los esfuerzos por reconocer a la población afrodescendiente y su contribución histórica al desarrollo, así como a implementar condiciones equitativas para su acceso efectivo a derechos humanos.
  2. Fortalecer el reconocimiento y promoción del derecho a los pueblos indígenas en sus aportes en la vida económica, social, cultural y política de los países que conforman la RIOOD. Es necesario destacar sus formas de ver y entender el cosmos, culturales, así como su mística de relacionamiento con la madre naturaleza, lo que motiva a que luchen por la defensa del territorio, sus propias formas de organización y aplicación de la justicia en las comunidades.
  3. Remover los obstáculos y barreras que dificultan e incluso impiden el pleno ejercicio de derechos de las personas migrantes.
  4. Reconocer las dificultades que enfrentan las personas pertenecientes a comunidades roma para reconocerles como sujetos de derechos en los países en que transitan y residen.
  5. Instamos a condenar los discursos de odio, fundamentalismos y violencias hacia personas LGBTI, a generar e impulsar políticas y legislaciones que combaten toda discriminación, a reconocer el ejercicio igualitario de todos los derechos y a asegurar la urgente protección de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal de las personas en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación.
  6. Promover procesos que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, sumando voluntades para erradicar todas las formas de discriminación y promover la inclusión social plena en la vida comunitaria con dignidad, autonomía e independencia.
  7. Considerar las diferentes etapas de vida de las personas en las estrategias focalizadas de lucha contra la discriminación, poniendo especial atención en la niñez, adolescencia, etapa reproductiva y aquella de las personas adultas mayores.
  8. Continuar impulsando actuaciones para promover y consolidar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en condiciones de dignidad y libertad, libres de violencia de género.

 

La RIOOD pretende consolidarse como un referente en la lucha e instrumentación de estrategias para la reducción de la desigualdad y el combate a la discriminación estructural en la región.

A nivel orgánico, en la VI Asamblea Ordinaria se renovaron los cargos ejecutivos de la red, por el periodo desde el 18 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019. La presidencia en este periodo la ostentará Guatemala, a través del organismo gubernamental de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA), con el apoyo en la secretaría técnica de México, por medio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México (COPRED).

Se creó una Comisión de Transición de naturaleza jurídica de la que Accem es integrante, con fecha límite de actuación hasta el 31 de marzo de 2019, en orden a poder resolver, optimizar y ordenar el marco normativo y económico interno de referencia. Accem también tiene presencia en la Comisión Estatutaria, en suspenso hasta la finalización de los trabajos de la Comisión de Transición, así como en la Comisión de Casos Emblemáticos.

 

Sobre la RIOOD

La RIOOD está integrada por organismos públicos, organizaciones regionales, internacionales, multilaterales; organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, que comparten los mismos objetivos en la búsqueda del respeto al derecho a la igualdad y la no-discriminación en Iberoamérica.

Fue creada el 24 de septiembre de 2007 en el marco del “Encuentro Iberoamericano: Desarrollo Social, Democracia y No Discriminación”, y tiene como misión coadyuvar en la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información, así como la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

Sus objetivos nucleares son los siguientes:

  • Propiciar procesos de reflexión, acercamiento y cooperación entre sus integrantes a fin de impulsar acciones conjuntas para combatir la discriminación en toda la región iberoamericana.
  • Promover e incidir en la inclusión de la problemática de la discriminación como prioritaria en las agendas de acción de los Estados.
  • Impulsar el seguimiento de las recomendaciones internacionales emitidas por los diferentes organismos internacionales relativas a la no-discriminación y ratificación de instrumentos internacionales que defiendan los derechos humanos.
  • Promover la generación de información y estudios relacionados con la discriminación como insumos para incidir en las políticas de la región.

 

Ante la discriminación no te calles

A continuación reproducimos el comunicado emitido con ocasión de este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte. 


“Ante la discriminación no te calles”

El 21 de marzo se celebra desde el año 1966 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en el que Naciones Unidas nos recuerda que en muchas partes del mundo, la incitación al odio y las prácticas discriminatorias por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, entre otras, están muy extendidas.

En este día nos parece relevante hacer una reflexión: una de las formas en las que se traduce la vulneración del derecho a la Igualdad es la discriminación. El trato peor y diferente a determinadas personas por su condición racial o étnica, es una de las formas más atroces de atentar contra la dignidad humana y que nuestra sociedad debe superar a través de la educación, la sensibilización y la legislación.

En España, desde el año 2013, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, presta asistencia y orientación a las personas que sufren estas situaciones, atendiendo más de 600 casos cada año tal y como consta en nuestras memorias anuales. El objetivo de la publicación de nuestra actividad es, por un lado, visibilizar la discriminación cotidiana que siguen sufriendo las personas de distintas etnias, orígenes y procedencias, en el ejercicio de sus derechos, concretamente en el acceso al empleo, la vivienda, bienes y servicios, todos ellos vitales para gozar de una vida digna; por otro, concienciar a la ciudadanía en general de que para combatir la discriminación racial o étnica es necesaria su denuncia.

Las entidades sociales que formamos parte de este Servicio de Asistencia somos conscientes de que los casos registrados y publicados en nuestros informes sobre discriminación son la punta del iceberg, porque nos encontramos ante una grave situación de infradenuncia de los  incidentes discriminatorios cuya causa radica en la asimilación del rechazo por parte de las víctimas, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza en la respuesta del sistema jurídico.

Por todo ello, consideramos necesario seguir impulsando acciones de información y sensibilización en derechos a las potenciales víctimas en todas las localidades, trabajar con los agentes profesionales clave en esta materia para que la resolución de los casos sea efectiva, y sensibilizar a toda la ciudadanía sobre las consecuencias del rechazo social en la vida de las personas. Queremos que la sociedad se solidarice y apoye nuestra reivindicación, para entre todos y todas construir una sociedad mejor y respetuosa con los derechos fundamentales, bajo el lema “Ante la discriminación no te calles”.

Hacemos un llamamiento a la participación social en  las distintas acciones que  desarrollaremos para  conmemorar el día 21 de marzo en las distintas oficinas del Servicio a nivel estatal bajo el lema “Ante la discriminación no te calles”, ya que esta supone una vulneración directa al derecho fundamental a la Igualdad  protegido no sólo en nuestro texto constitucional sino también por la Directiva europea 2000/43.

Actividades organizadas por el Servicio

Desde el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica queremos informar que este Servicio va a desarrollar simultáneamente varios actos a nivel estatal:

En más de 40 localidades se organizarán acciones de calle dirigidas principalmente a la ciudadanía en general para sensibilizarla e implicarla en la defensa de la no discriminación racial o étnica. Para ello, durante la semana del 19 al 23 de marzo de 2018 se desarrollará una actividad en diferentes espacios públicos con el lema “Ante la discriminación no te calles” y que difundiremos en redes sociales con el hashtag #21deMarzoNoTeCalles

Más información

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está formado por ocho organizaciones: Accem, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano (coordinadora del Servicio).

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica adscrito al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Toda la información sobre el trabajo realizado está disponible en la web:

http://asistenciavictimasdiscriminacion.org/

 

21M – Comunicado de Accem: Por la urgente y necesaria aprobación de una ley de igualdad de trato y no discriminación

Desde Accem, y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, queremos poner de manifiesto la necesidad e importancia de que se apruebe en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, etc.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios. Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución y como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra.

Por otra parte, también queremos señalar que es importante que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, del que Accem forma parte y que depende directamente de instancias gubernamentales, se convierta, tal y como recomiendan los organismos internacionales y las directivas europeas, en un órgano independiente y suficientemente dotado de recursos y autonomía.

Finalmente, desde Accem nos gustaría expresar nuestra profunda preocupación por el incremento, ya observado desde instituciones como la Fiscalía General de Estado, del discurso y los delitos de odio, es decir, por el aumento de las amenazas y agresiones de carácter xenófobo, racista u originadas por cualquier forma de intolerancia y discriminación. Un capítulo especial de este fenómeno lo encontramos en el ámbito digital y particularmente en las redes sociales, donde el discurso de odio consigue una peligrosa difusión y capacidad de propagación.

Diagnóstico de necesidades de las asociaciones de personas migrantes y gitanas en Asturias

Recientemente ha sido presentado en Asturias un diagnóstico de identificación de necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas del Principado, realizado a lo largo de 2017 por las entidades sociales, entre ellas Accem, que prestan el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación.

Este diagnóstico ha sido realizado con el doble objetivo de conocer las necesidades reales de estas asociaciones así como de crear redes para la planificación de acciones conjuntas. La recogida de datos se llevó a cabo a partir de encuestas realizadas a un total de 28 asociaciones, de las cuales el 71% eran asociaciones de personas inmigrantes y el 29% asociaciones de personas gitanas. El análisis se ha centrado en tres dimensiones diferentes: casos de discriminación, formación y metodología y legislación y recursos.

El 79% de las asociaciones encuestadas declaró haber detectado casos de discriminación. Por ámbitos de estudio, hasta el 71% de las asociaciones preguntadas detectó casos de discriminación en el acceso a una vivienda; el 68% lo detectó en el ámbito del empleo y el 61% registró casos de discriminación en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Cuando analizamos los datos de manera desglosada entre las asociaciones de personas inmigrantes y las asociaciones de personas gitanas, nos encontramos con algunos datos relevantes, como los picos en la detección de casos de discriminación constatados por las asociaciones de inmigrantes en el ámbito del empleo (75% de las asociaciones así lo señalaron) o en la discriminación en el acceso a una vivienda para las personas gitanas (hasta un 87,5%).

 

Gráfico: ¿Han detectado casos de discriminación en los siguientes ámbitos?

 

Las asociaciones respondieron que las principales dificultades detectadas para recoger casos de discriminación son la normalización de conductas, la negativa a seguir con el proceso por parte de la víctima, los problemas para la identificación del incidente discriminatorio y el tiempo transcurrido entre el hecho y su denuncia en la asociación.

En los casos de negativa a seguir con el proceso de denuncia de una situación de discriminación, se aludió especialmente al miedo a las represalias (43%), normalización de la discriminación (39%) y falta de confianza en la eficacia de la denuncia (21%).

En otros datos de interés, las asociaciones encuestadas respondieron que en un 75% de los casos de discriminación la información la recibieron de las propias víctimas. La actuación de las asociaciones al recibir esta información se centra en la derivación (46,4%), mediación (25%), denuncia (17,9%),  y queja (14,3%).

Por otra parte, en lo referente a formación y metodología, el 68% de las asociaciones indicaron que no realizan acciones formativas en su entidad, pero hasta un 89% de ellas se mostraron interesadas en recibir formación sobre discriminación.

En el capítulo legislativo, el estudio indica que las asociaciones se dirigirían, en caso de denuncia de un caso de discriminación, al juzgado, los servicios sociales, la fiscalía o el propio agente discriminador, por este orden.

La elaboración de este diagnóstico nos ha dejado un balance muy satisfactorio, al habernos permitido conocer de primera mano las necesidades de las asociaciones de personas inmigrantes y gitanas, para poder ofrecerles una respuesta ajustada a estas necesidades. El estudio nos ha permitido establecer asímismo un vínculo con todas ellas que nos permitirá profundizar en el trabajo en red.

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Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial en Andalucía

Nombre del programa: Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial

Ámbito Geográfico: Sevilla (Andalucía)

Financiadores: Junta de Andalucía – Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Convocatoria IRPF 2017.

Contenido:

El proyecto “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial” está orientado a ampliar y reforzar las actuaciones que la entidad realiza en este ámbito, así como afianzar las bases metodológicas de trabajo para una mayor efectividad en la lucha contra la discriminación de las personas por el origen racial o étnico.

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La Fiscalía reconoce en su memoria “cierto incremento” de los delitos de odio

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada en el pasado mes de septiembre, alertaba sobre “un cierto incremento” de los delitos de odio registrados, es decir, de las amenazas y agresiones por motivos racistas, xenófobos y por otras formas de intolerancia y discriminación.

La Fiscalía evidencia un aumento de la presencia del discurso de odio en internet y las redes sociales. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación constituye un altavoz para la propagación del discurso de odio, con graves déficits hasta el momento en su investigación, persecución y condena penal.

La Memoria de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2016, contiene un capítulo dedicado a “La tutela penal de la igualdad y contra la discriminación”. En este apartado se explicitan conceptos esenciales como que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista”. Asimismo, se asume que “la incitación a la exclusión de los extranjeros” constituye una “lesión fundamental de los derechos de las personas”, tal y como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

La Fiscalía subraya que el discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia de los artículos 16 y 20 de la Constitución Española (CE).

Sancionar penalmente aquellas conductas y formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, la discriminación o la violencia es la herramienta adecuada de la que dispone un estado de derecho cuando se están infringiendo los principios constitucionales de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado detecta que “muchas agresiones y actos constitutivos de delitos contra la igualdad y la discriminación (728) son cometidos por menores de dieciocho años”. Se enfatiza asimismo en la importancia de la colaboración y coordinación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, radicadas en las propias Fiscalías o en los Juzgados, desde una doble perspectiva, como derivación de las potenciales víctimas de delitos de odio y como fuente de conocimiento estadístico.

Como hecho novedoso y reseñable se reconoce la labor de la sociedad civil, a través de las asociaciones y entidades sociales de defensa de los derechos de los colectivos afectados, como es el caso de Accem, calificando nuestro cometido como esencial para que muchas agresiones hayan llegado a los tribunales de justicia y, una vez judicializadas, se haya podido hacer un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando su impunidad.

Desde el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem agradecemos este reconocimiento de nuestra labor por parte de la Fiscalía del Estado, así como la disponibilidad de las fiscalías delegadas provinciales sobre Tutela Penal de la Igualdad y No Discriminación. Y reafirmamos una vez más nuestra disposición a seguir avanzando en la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación racial y delitos de odio, la dignidad de todos los seres humanos y la aplicación de la igualdad de trato y no discriminación como pilares de una sociedad de acogida democrática, pluralista y diversa.

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Comunicado ante los ataques xenófobos de Pedrera (Sevilla)

Desde las entidades Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad mostramos nuestro malestar ante los comentarios y ataques xenófobos en Pedrera (Sevilla).

Las entidades sociales implicadas en la defensa del Derecho a la Igualdad Accem, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz – MPDL, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano, manifestamos lo siguiente:

El pasado 6 de enero tuvieron lugar una serie de actos violentos en contra de la comunidad rumana del municipio de Pedrera (Sevilla), que se saldó con daños materiales y varias personas detenidas. A esos hechos le siguieron una concentración espontánea de personas frente a las dependencias de la Policía Local en la que se encontraban detenidos los responsables de una agresión; tras ello los manifestantes se dirigieron a diferentes calles de la localidad y volcaron tres vehículos de ciudadanos rumanos residentes en Pedrera. Además se convocó a través de redes sociales y sin la pertinente autorización de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, una concentración de más de 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Pedrera en contra de la presencia de los ciudadanos rumanos en Pedrera.

Las entidades firmantes somos conscientes y nos consta la correcta intervención realizada tanto por la Guardia Civil como por la Policía local de Pedrera en la gestión del incidente; no obstante tenemos que manifestar nuestro profundo malestar y preocupación ante lo ocurrido ya que nos encontramos ante un ataque xenófobo hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que podría constituir un delito de odio.

Ante estos hechos pedimos que sigan siendo las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los vecinos y vecinas se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo. Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad. En un Estado de Derecho, corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo.

Igualmente, mostramos nuestra preocupación por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido pidiendo la expulsión del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido, sin tener en cuenta que hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años, que nada tienen que ver con los hechos acontecidos y que se están viendo afectadas por esta situación.

En un Estado de Derecho la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito.

Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que informen con objetividad y rigor, evitando estigmatizar y criminalizar a determinados colectivos. Así como a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia.