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Accem, ejemplo de buenas prácticas contra la discriminación en las escuelas

El pasado 20 de noviembre tuvieron lugar las “I Jornadas Integraschool: buenas prácticas de sensibilización intercultural” en la Casa de la Cultura del municipio de Tineo (Asturias). Allí, representantes de Accem en Asturias presentaron el “Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico”, tras lo cual el proyecto resultó elegido como ejemplo de buena práctica.

Esta iniciativa estaba impulsada por la Fundación Agricultores Solidarios, entidad nacida en 2001 para abordar la necesidad de inclusión de las personas inmigrantes que acuden, año tras año, a las campañas de recogida y manipulación de la fruta en distintas comunidades autónomas.

Sobre esta filosofía de fomentar la igualdad y cohesión social se creó el proyecto Integraschool, cuya finalidad es la de promover buenas prácticas de sensibilización ante el hecho migratorio dentro de las escuelas, implicando tanto a la propia comunidad educativa como a entidades sociales públicas y privadas.

En este marco Accem fue invitada para participar para dar a conocer su trabajo contra la discriminación ante diferentes profesionales –educadores, trabajadores sociales, psicopedagogos, entidades sociales…– con el objetivo de que pudieran conocer de primera mano las actividades llevadas a cabo y el éxito o las dificultades en su aplicación. Así, el programa presentado por Accem y elegido como referente de buenas prácticas, consiste en un servicio de información, orientación, asesoramiento social y jurídico, acompañamiento y sensibilización social a personas discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito, ya sea en educa­ción, sanidad, vivienda, empleo, acceso a bienes y servicios…

La Ley de Igualdad de Trato debe ser una herramienta eficaz para la protección real de las víctimas de discriminación

Desde Accem, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el pasado mes de marzo, ya manifestamos la necesidad e importancia de aprobar en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios, etc. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó, en su informe de 2016, a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios.

En coherencia con este planteamiento, el pasado 3 de julio participamos, junto a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, en la Jornada Parlamentaria que se celebró en el Congreso de los Diputados con motivo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso en febrero de 2017 con el objetivo de impulsar y complementar el marco legislativo de lucha contra la discriminación.

A partir del cuerpo normativo europeo, es necesario aprobar una ley que sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación. Una ley que se apruebe desde las organizaciones, desde la ciudadanía diversa y que se constituya como una herramienta útil de reconocimiento y garantía para el ejercicio y disfrute de derechos. La ley que se ha presentado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria debe reconocer que la dificultad de la lucha contra la discriminación no radica únicamente en el reconocimiento del problema sino también en la protección real y efectiva de las víctimas.

La ley que se apruebe debe ser una ley de auténtico derecho antidiscriminatorio, y no una mera transposición de los objetivos y fines de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico, y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y ocupación. La futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe ser ambiciosa e ir más allá de una adecuada incorporación de las normas comunitarias (de obligada aplicación en cada estado miembro).

En este momento, y concretamente a partir del próximo mes de septiembre, la proposición de ley entra en una fase de análisis crítico, en la que las organizaciones sociales, como Accem, podrán participar a través de propuestas de mejora que contribuyan a mejorar la eficacia de este instrumento normativo.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, que desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Española dedicado a garantizar el derecho a la igualdad y el mandato constitucional que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra. La Ley Integral deberá ser una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano.