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Estrasburgo falla a favor del reconocimiento oficial del nombre y género de las personas refugiadas trans

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido en una sentencia del 16 de julio de este 2020 el derecho de las personas refugiadas trans al reconocimiento legal de su género, según informa en su web Transgender Europe (TGEU).

En el caso Rana vs Hungría, el Tribunal de Estrasburgo falla que el Estado húngaro violó el derecho a la vida privada y familiar de la persona demandante al rechazar su solicitud de cambiar oficialmente su nombre y su sexo. Se daba la circunstancia de que a la persona solicitante se le había concedido el estatuto de refugiado/a precisamente por la persecución sufrida a causa de su identidad trans en su país de origen, Irán.

En su sentencia, el TEDH amplía la extensión de su decisión a todas las personas no nacionales de Hungría que estén en las mismas circunstancias y en situación regular en el país. La sentencia es especialmente significativa en un momento en el que el Parlamento húngaro ha aprobado recientemente un proyecto de ley regresivo en este sentido, al reemplazar en el registro civil la casilla reservada al sexo por una específica de ‘sexo asignado al nacer’, lo que de hecho imposibilita el reconocimiento de la identidad de género en Hungría. En el momento en el que se presentó el caso Rana vs Hungría, en 2017, esta posibilidad sí existía, aunque debido a una laguna legislativa dejaba fuera a todas las personas no húngaras residentes en el país. El TEDH y el Tribunal Constitucional de Hungría afirmaron entonces que esto “restringía desproporcionadamente su derecho a la dignidad humana”.

Con esta sentencia se pone de manifiesto una vez más la necesidad de establecer mecanismos efectivos para el cambio de nombre y sexo en registros y documentación oficial para de este modo respetar y no vulnerar el derecho a la intimidad de las personas trans no nacionales. Esta necesidad es especialmente acuciante en el caso de las personas refugiadas que han sufrido persecución precisamente por su identidad de género, hasta el punto de haber tenido que abandonar su país de origen para salvaguardar su vida e integridad. Para ellas es prácticamente imposible realizar estos cambios en sus países de origen.

> Para más información pincha aquí.

> Accede aquí a la sentencia del caso Rana vs Hungría.

 

 

Derechos de las víctimas: nueva estrategia para empoderar a las víctimas

Comunicado de la Comisión Europea 

La Comisión Europea ha presentado la primera estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas para garantizar que todas las víctimas de delitos puedan invocar plenamente sus derechos, con independencia del lugar de la Unión en que se haya cometido el delito.

La estrategia establece una serie de acciones para los cinco próximos años, centrándose en dos objetivos: en primer lugar, empoderar a las víctimas para que denuncien los delitos, reclamen una indemnización y, en última instancia, se recuperen de las consecuencias del delito; en segundo lugar, colaborar con todos los interlocutores pertinentes en materia de derechos de las víctimas.

A la vista de la reciente pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento subsiguientes, que influyeron en un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil, la ciberdelincuencia y los delitos de odio racista y xenófobo, es especialmente importante que el marco de apoyo y protección a las víctimas sea también resiliente en situaciones de crisis.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado lo siguiente: «Demasiadas víctimas de delitos quedan sin escuchar, sin acceso a la justicia y sin un apoyo adecuado. La Unión Europea está del lado de las víctimas y la estrategia de hoy tiene por objeto empoderarlas, especialmente a las más vulnerables, como las víctimas de la violencia de género o de los delitos motivados por el odio. Tenemos que movilizar a los Estados miembros para que apliquen plenamente las normas de la UE en materia de derechos de las víctimas, sin condiciones ni objeciones».

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha declarado: «Una Unión de la igualdad que proteja a sus ciudadanos debe garantizar el apoyo, la protección y el acceso no discriminatorio a la justicia para todas las víctimas de delitos. Nos vamos a esforzar por lograrlo mediante la nueva estrategia, en colaboración con los Estados miembros y la sociedad civil».

La UE ya dispone de un sólido conjunto de normas para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, las víctimas de delitos todavía no pueden confiar plenamente en los derechos concedidos por la UE. El punto de partida debe ser una mejor aplicación de las normas de la UE en la práctica. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas para reforzar estas normas de aquí a 2022. A tal fin, la nueva estrategia presentada hoy presenta una serie de acciones centradas en cinco prioridades clave:

  1. Comunicar eficazmente con las víctimas y proporcionarles un entorno seguro para que denuncien los delitos

Demasiado a menudo las víctimas no son conscientes de sus derechos o temen denunciar el delito por miedo al delincuente o a las consecuencias negativas. La Comisión, entre otras cosas, pondrá en marcha una campaña de la UE para difundir los derechos de las víctimas y promover un apoyo y protección especializados a las víctimas con necesidades específicas. La Comisión también seguirá supervisando la aplicación de las normas pertinentes de la UE, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

  1. Mejorar la protección y el apoyo a las víctimas más vulnerables

Todas las víctimas son vulnerables y, en particular, los niños, los ancianos y las víctimas de la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos racistas u homófobos y el terrorismo, además de las víctimas con discapacidades. La Comisión estudiará el refuerzo de la protección a las víctimas mediante la introducción de normas mínimas sobre su protección física. Los Estados miembros deben crear servicios de apoyo especializados para las víctimas más vulnerables, tales como casas seguras para los menores, las familias y las personas LGBTI+.

  1. Facilitar el acceso de las víctimas a una indemnización

En muchos Estados miembros, el acceso de las víctimas a una indemnización resulta difícil. En el marco de la estrategia, la Comisión supervisará y evaluará la legislación de la UE sobre indemnizaciones, incluidas las estatales, y la Decisión marco sobre el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias. En caso necesario, la Comisión propondrá medidas para complementar este marco de aquí a 2022.

  1. Reforzar la cooperación y la coordinación entre los interlocutores en materia de derechos de las víctimas

Para garantizar un planteamiento más horizontal sobre los derechos de las víctimas a escala de la UE, la Comisión creará una plataforma de derechos de las víctimas, que reunirá a todos los interlocutores pertinentes. Por su parte, los Estados miembros deben establecer estrategias nacionales sobre los derechos de las víctimas. Un coordinador de derechos de las víctimas velará también por la coherencia y la eficacia de las diferentes actuaciones relacionadas con la política en materia de derechos de las víctimas.

  1. Reforzar la dimensión internacional de los derechos de las víctimas

El Plan de acción para los derechos humanos y la democracia, adoptado recientemente, reafirma el compromiso de la UE de promover, proteger y observar los derechos humanos en todo el mundo. La UE y sus Estados miembros seguirán dialogando con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y también en el seno de estas instituciones, para promover los derechos de las víctimas en los países socios e intercambiar mejores prácticas. La UE seguirá colaborando estrechamente con los países candidatos y los países candidatos potenciales para reforzar los derechos de las víctimas y apoyar las acciones de desarrollo de capacidades para los países socios prioritarios en relación con el apoyo a las víctimas del terrorismo.

Contexto

Cada año, millones de personas en la Unión Europea son víctimas de delitos. En 2017, alrededor de 15 millones de personas fueron víctimas de delitos graves, como homicidios, abusos sexuales de menores o secuestros. La violencia de género en la UE es alarmante: una de cada tres mujeres (el 33 %) ha sufrido violencia física o sexual a partir de los quince años. Tan solo alrededor de un tercio de las mujeres víctimas de abusos físicos o sexuales, principalmente por parte de sus parejas o familiares cercanos, recurre a las autoridades. El confinamiento de la sociedad durante la pandemia de COVID-19 coincidió con un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil y la ciberdelincuencia, así como de los delitos de odio racista y xenófobo.

Aunque la UE dispone de un sólido conjunto de normas, estos instrumentos aún no han alcanzado todo su potencial, sobre todo debido a la incorporación incompleta o incorrecta de las normas de la UE a los ordenamientos jurídicos nacionales. La Comisión seguirá evaluando los instrumentos de la UE y sus posibles deficiencias y, en caso necesario, presentará de aquí a 2022 propuestas legislativas encaminadas a reforzar los derechos de las víctimas.

La aplicación de esta estrategia se supervisará periódicamente, también a través de reuniones periódicas de la Plataforma de los Derechos de las Víctimas, a fin de actualizar las acciones bajo la responsabilidad de las distintas partes interesadas. Además, la Comisión hará balance de las acciones de la estrategia a medio plazo y la actualizará cuando sea necesario.

Más información

 

Accem entra a formar parte de la Plataforma de Infancia

Desde Accem celebramos nuestra entrada como miembro de la Plataforma de Infancia el pasado 5 de mayo. Se trata de una alianza de más de 60 organizaciones que tiene el objetivo de proteger, promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, integrando el esfuerzo de las organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.

Las acciones de la Plataforma de Infancia tienen la finalidad de sensibilizar a la sociedad para el conocimiento y el respeto de los derechos de la infancia e impulsar políticas generales y sectoriales que promuevan el bienestar de la infancia y especialmente de aquellos niños y niñas en situaciones de riesgo individual o social.

Asimismo, esta alianza pretende desarrollar el diálogo, la colaboración y la participación en todos los organismos públicos y privados relacionados con el bienestar de la infancia y con la aplicación de sus derechos, así como promocionar la participación y el asociacionismo de la infancia.

Finalmente, trabaja para denunciar situaciones de vulneración de los derechos de la infancia por parte de las instituciones públicas, del sector privado o de particulares, y para fortalecer las estructuras democráticas y de la sociedad civil mediante el apoyo, la creación y consolidación de plataformas, coordinadoras o redes de infancia nacionales e internacionales.

Para ello, la Plataforma de Infancia organiza el trabajo de sus miembros a través de grupos de trabajo, que abarcan distintos aspectos relacionados con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

 

Día Internacional del Migrante – Infancia migrante no acompañada: Garantizar su protección y bienestar; Defender su derecho a ser niños y niñas

Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, desde Accem queremos subrayar la necesidad y obligatoriedad de que se garantice la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que emigran solos/as, sin el acompañamiento de un adulto.

En los últimos meses hemos visto cómo estos menores han sido objeto de criminalización por parte de algunos sectores de la sociedad. Un acoso basado en afirmaciones llenas de estereotipos, generalizaciones y datos falsos, que provocan una alarma infundada en la ciudadanía y ponen en riesgo su seguridad.

La deshumanización que conlleva el uso generalizado del acrónimo MENA, para abreviar la terminología administrativa de menores extranjeros no acompañados, ha llevado a estigmatizar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad dentro del colectivo de personas migrantes.

Aunque sean menores, los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir de sus países de origen son los mismos que los de las personas adultas, lo que les obliga a enfrentarse a situaciones que no se corresponden con su edad: pobreza, falta de futuro y expectativas; desprotección; catástrofes naturales; guerra, persecución, violencia y situaciones de violación generalizada de los derechos humanos.

A estos menores hay que ofrecerles protección; hay que garantizar el respeto y el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad y, muy especialmente, hay que cuidar su derecho a soñar, su derecho al futuro y su derecho a ser tratados/as como niños y niñas, con sus ilusiones, sueños y esperanzas.

Es necesario recordar que, a partir de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la propia legislación nacional, la atención, acogida y protección a los niños y niñas migrantes no acompañados/as no es una opción, es una obligación legal.

Que me traten como a un niño

Trepar paredes como Spiderman y marcar goles como Messi son sueños muy difíciles de lograr. Hay otros deseos que deberían estar al alcance de cualquiera. Hoy, lanzamos Que me traten como un niño, un spot que recuerda los derechos básicos de la infancia.

Desde Accem propusimos a algunos de los menores que viven en nuestros centros de acogida que pensasen en sus mayores fantasías. Unos querían ser superhéroes o presidir un gobierno, otros bailar al estilo de Michael Jackson o chutar como grandes futbolistas.

Después les preguntamos por sus deseos más inmediatos. Vivir tranquilo; vivir en paz, son algunas de las respuestas que nos dieron los niños y adolescentes que han llegado hasta nuestro país sin la compañía de sus padres, madres y familiares. Que me traten como un niño, que recordemos que no han cumplido los 18 años y es nuestro deber garantizar su protección.

El uso generalizado del acrónimo MENA, para abreviar la terminología administrativa de menores extranjeros no acompañados, ha llevado a deshumanizar primero y criminalizar después a un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad. Por eso es importante recordar lo que son detrás de las siglas: menores con derechos.

El vídeo se lanza en víspera del Día Internacional de las Personas Migrantes, el 18 de diciembre, una fecha que dedicamos este año a las niñas y niños de origen extranjero.

Decisiones adultas, necesidades infantiles

Accem trabaja desde hace más de 20 años con niños y niñas en situación de desamparo, de origen autóctono y extranjero, tutelados por las distintas administraciones públicas.

En la actualidad tenemos pisos y centros de acogida en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León para de niños y niñas migrantes que se encuentran sin acompañamiento adulto.

Entre los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir de sus países de origen se encuentran la pobreza y la falta de futuro y expectativas; situaciones de desestructuración familiar y desprotección institucional; catástrofes naturales; la guerra, la persecución, la violencia y situaciones de violación generalizada de los derechos humanos.

Tuvieron que tomar muy pronto decisiones de personas adultas y aprendieron a sobrevivir en la adversidad pero que, a pesar de todo, siguen siendo niños, niñas y jóvenes con necesidad de apoyo y protección.

La prioridad es garantizar la protección y el bienestar de cada niña y niño acogido, su desarrollo personal y su inserción, actuando sobre los factores que dificultan los procesos de integración social y laboral.

Cuando estos chicos y chicas llegaban a la mayoría de edad quedan muy a menudo en una situación de desamparo y riesgo grave de exclusión social. Por este motivo también impulsamos programas y dispositivos orientados a jóvenes, como el proyecto 17plus, para jóvenes migrantes no acompañados de más de 17 años, con un alto grado de autonomía y responsabilidad y que hayan tenido alguna medida de protección por parte del gobierno autonómico siendo aún menores. El objetivo es que su estancia en estos pisos sea un puente de transición hacia la vida totalmente independiente.

> Accede a nuestro comunicado por el Día Internacional del Migrante. 

> Conoce todo nuestro trabajo con la infancia migrante no acompañada. 

 

 

8-M – Comunicado de Accem: Por los derechos de las mujeres invisibilizadas

Este 8 de marzo queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres fijando nuestra mirada en aquellas mujeres con las que trabajamos y que, precisamente por estar en una situación de vulnerabilidad, quedan abocadas a la invisibilidad.

Son muchos los derechos que las mujeres han de alcanzar y defender, pero hoy queremos remarcar que para algunas el camino tiene muchos más obstáculos.

Hablamos de las mujeres refugiadas, que representan alrededor de la mitad de las personas refugiadas en el mundo, que son perseguidas además de por los mismos motivos que los hombres, por cuestión de género.

Hablamos de las mujeres mayores, porque alrededor de 800.000 mujeres mayores viven y se sienten solas en España, una realidad social cercana pero que permanece oculta y que va en aumento.

Hablamos de las mujeres migrantes, para las que la brecha de género en el ámbito laboral es aún mayor y que han de luchar cada día contra estereotipos y situaciones de doble y triple discriminación.

Hablamos de mujeres sin hogar, porque hay más de 4.500 mujeres en situación de sinhogarismo en nuestro país con un alto riesgo de sufrir todo tipo de abusos, malos tratos o violaciones.

Hacemos un llamamiento para reclamar igualdad. Una igualdad que incluya la protección y el acceso a los derechos y que acabe con la vulnerabilidad y exclusión que hacen invisibles a estas mujeres para una gran parte de la sociedad.

 

> Accede aquí a nuestro especial 8-M.

 

 

Jornada en Murcia para fortalecer la lucha contra la discriminación

Con la finalidad de sensibilizar e informar en materia de la lucha contra la discriminación y atención a la diversidad cultural, con especial atención en la población gitana y la población migrante de Murcia, hemos participado en la jornada “Mecanismos de asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica. Retos para el futuro”.

La actividad, que se realizó el 6 de noviembre en Murcia, ha estado dirigida especialmente a los cuerpos de policía local, así como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE), y a empleados públicos implicados en el trabajo por la igualdad y no discriminación.

En total participaron 63 personas, 47 pertenecientes a la administración pública (principalmente FCSE) y 16 a entidades de tercer sector. La jornada sirvió para el fortalecimiento de la relación y el conocimiento mutuo entre el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, concretamente de la mesa territorial de Murcia, con el Fiscal de delitos de Odio y Discriminación de la Comunidad de Murcia y el Inspector Delegado de Participación Ciudadana de la Dirección General de Policía y la Guardia Civil.

Este encuentro ha sido organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública con el Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica y contó con la colaboración de la Mesa Territorial en Murcia del propio Servicio, integrada por Accem, Fundación Secretariado Gitano (FSG), Fundación Cepaim, Red Acoge y Cruz Roja Española.

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Bajo este lema se conmemora Día Internacional para la Tolerancia este próximo 16 de noviembre. La tolerancia como un principio nuclear que cobra una especial relevancia ante los conflictos y comportamientos xenófobos, así como las situaciones de desigualdad de trato, individual o que afecta a colectivos, que menosprecian y vulneran los derechos fundamentales reconocidos a las personas.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en la que se afirma, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto a la diversidad social“.

La tolerancia implica el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros/as. Las sociedades del siglo XXI son diversas y plurales. La tolerancia al diferente, garantiza sociedades de acogida inclusivas y no excluyentes. La diversidad social, cultural, lingüística y étnica no debería constituir motivo de conflicto sino un valor añadido para todos/as.

Por ello, cuando hablamos de respeto y de tolerancia, debemos seguir avanzando hacia una auténtica obligación de cumplimento efectivo y garantista para los Estados e individuos y/o grupos que los conforman, y no circunscribirlo a una mera declaración de voluntad.

La desigualdad de trato, la exclusión social, la violencia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son formas comunes de intolerancia, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a constituir delitos de odio, previstos tipificados y perseguibles por el derecho penal de los Estados.

La celebración también este año 2018 del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es una gran oportunidad para consolidar la corresponsabilidad social, normativa y defender los derechos de todos/as. A su vez, España celebrará el próximo 6 de diciembre el 40º  aniversario de la Constitución de 1978 cuyas normas articulan el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales ajenos, así como la obligación del estado de garantizarlos.

Accem, organización comprometida con la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social, aboga y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social; por ello nos unimos a la campaña Juntos que ha lanzado Naciones Unidas para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo, y que tiene por objetivo reducir las percepciones y actitudes negativas hacia las personas refugiadas y migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes.

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

> Lee aquí la noticia completa publicada en El Diario.

Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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