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8-M – Comunicado de Accem: Por los derechos de las mujeres invisibilizadas

Este 8 de marzo queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres fijando nuestra mirada en aquellas mujeres con las que trabajamos y que, precisamente por estar en una situación de vulnerabilidad, quedan abocadas a la invisibilidad.

Son muchos los derechos que las mujeres han de alcanzar y defender, pero hoy queremos remarcar que para algunas el camino tiene muchos más obstáculos.

Hablamos de las mujeres refugiadas, que representan alrededor de la mitad de las personas refugiadas en el mundo, que son perseguidas además de por los mismos motivos que los hombres, por cuestión de género.

Hablamos de las mujeres mayores, porque alrededor de 800.000 mujeres mayores viven y se sienten solas en España, una realidad social cercana pero que permanece oculta y que va en aumento.

Hablamos de las mujeres migrantes, para las que la brecha de género en el ámbito laboral es aún mayor y que han de luchar cada día contra estereotipos y situaciones de doble y triple discriminación.

Hablamos de mujeres sin hogar, porque hay más de 4.500 mujeres en situación de sinhogarismo en nuestro país con un alto riesgo de sufrir todo tipo de abusos, malos tratos o violaciones.

Hacemos un llamamiento para reclamar igualdad. Una igualdad que incluya la protección y el acceso a los derechos y que acabe con la vulnerabilidad y exclusión que hacen invisibles a estas mujeres para una gran parte de la sociedad.

 

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Jornada en Murcia para fortalecer la lucha contra la discriminación

Con la finalidad de sensibilizar e informar en materia de la lucha contra la discriminación y atención a la diversidad cultural, con especial atención en la población gitana y la población migrante de Murcia, hemos participado en la jornada “Mecanismos de asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica. Retos para el futuro”.

La actividad, que se realizó el 6 de noviembre en Murcia, ha estado dirigida especialmente a los cuerpos de policía local, así como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE), y a empleados públicos implicados en el trabajo por la igualdad y no discriminación.

En total participaron 63 personas, 47 pertenecientes a la administración pública (principalmente FCSE) y 16 a entidades de tercer sector. La jornada sirvió para el fortalecimiento de la relación y el conocimiento mutuo entre el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, concretamente de la mesa territorial de Murcia, con el Fiscal de delitos de Odio y Discriminación de la Comunidad de Murcia y el Inspector Delegado de Participación Ciudadana de la Dirección General de Policía y la Guardia Civil.

Este encuentro ha sido organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública con el Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica y contó con la colaboración de la Mesa Territorial en Murcia del propio Servicio, integrada por Accem, Fundación Secretariado Gitano (FSG), Fundación Cepaim, Red Acoge y Cruz Roja Española.

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Bajo este lema se conmemora Día Internacional para la Tolerancia este próximo 16 de noviembre. La tolerancia como un principio nuclear que cobra una especial relevancia ante los conflictos y comportamientos xenófobos, así como las situaciones de desigualdad de trato, individual o que afecta a colectivos, que menosprecian y vulneran los derechos fundamentales reconocidos a las personas.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en la que se afirma, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto a la diversidad social“.

La tolerancia implica el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros/as. Las sociedades del siglo XXI son diversas y plurales. La tolerancia al diferente, garantiza sociedades de acogida inclusivas y no excluyentes. La diversidad social, cultural, lingüística y étnica no debería constituir motivo de conflicto sino un valor añadido para todos/as.

Por ello, cuando hablamos de respeto y de tolerancia, debemos seguir avanzando hacia una auténtica obligación de cumplimento efectivo y garantista para los Estados e individuos y/o grupos que los conforman, y no circunscribirlo a una mera declaración de voluntad.

La desigualdad de trato, la exclusión social, la violencia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son formas comunes de intolerancia, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a constituir delitos de odio, previstos tipificados y perseguibles por el derecho penal de los Estados.

La celebración también este año 2018 del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es una gran oportunidad para consolidar la corresponsabilidad social, normativa y defender los derechos de todos/as. A su vez, España celebrará el próximo 6 de diciembre el 40º  aniversario de la Constitución de 1978 cuyas normas articulan el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales ajenos, así como la obligación del estado de garantizarlos.

Accem, organización comprometida con la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social, aboga y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social; por ello nos unimos a la campaña Juntos que ha lanzado Naciones Unidas para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo, y que tiene por objetivo reducir las percepciones y actitudes negativas hacia las personas refugiadas y migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes.

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

> Lee aquí la noticia completa publicada en El Diario.

Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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