Entradas

Comunicado de Accem por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Un año más, el próximo día 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En el contexto actual, tras un año de pandemia mundial, y aún inmersos en un difícil y accidentado proceso de inmunización colectiva de la población, es notoria y relevante la brecha de desigualdad de trato ocasionada por la emergencia sanitaria global para las personas con especial vulnerabilidad por razón de su origen y/o condición de personas migrantes y/o refugiadas.

La discriminación a determinados colectivos de personas es una realidad recurrente, acrecentada durante el año 2020, tanto en el ámbito privado como en el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana (empleo, vivienda, educación, asistencia sanitaria, acceso a las nuevas tecnologías, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios…).

El incremento de los discursos racistas, xenófobos y de ‘nacionalismos excluyentes y trasnochados’ de determinados partidos políticos, inciden y golpean con mayor rotundidad en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Confunden a la sociedad de acogida y animan a ‘legitimar’ su exclusión social y legal.   

El reciente Informe sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por las potenciales víctimas, publicado por el órgano de igualdad de trato español, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, arroja datos preocupantes.

Así, el 52% de las personas encuestadas, pertenecientes todas ellas a grupos étnico-raciales minoritarios, contestaron haber sido discriminadas. Pero lo más relevante es que el 81% de las personas que habían sufrido cualquier manifestación de discriminación racial o étnica, contestaron no haber reclamado su derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por miedo o desconocimiento.

Accem, como entidad social organizada de la sociedad civil concernida en la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente las medidas que se están impulsando actualmente, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de trato, puesta de manifiesto una vez más.

La Unión Europea aprobó, en septiembre de 2020, un Plan de Acción contra el Racismo, con un periodo de ejecución hasta el año 2025, en el que se insta a los Estados miembros a acometer reformas estructurales, implementar herramientas y revisar normativa, en orden a su erradicación y a la aplicación efectiva del principio de no discriminación, en la sociedad civil de los Estados miembros.

La Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación,  en tramitación parlamentaria desde el pasado 15 de febrero en el Congreso de los Diputados/as, constituye la respuesta necesaria de los poderes públicos a una deuda histórica con la igualdad de trato y no discriminación de la sociedad española.  

Contar con una normativa clara y precisa de derecho antidiscriminatorio, supone dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de prohibición de discriminación, en aras de evitar la impunidad y desprotección de las víctimas ante comportamientos discriminatorios no constitutivos de delito, y sí de infracciones de naturaleza administrativa que sancionen las formas de discriminación más habituales y cotidianas.

Se requiere de una ley que tenga como objetivo prevenir, sancionar y contribuir a la erradicación cualquier forma y ámbito de discriminación, y que al tiempo ofrezca protección a las víctimas e impulse la concienciación de nuestra sociedad, en la que prevalecen los prejuicios y estereotipos hacia determinados grupos de población. 

Es obligación del Estado de derecho promover las condiciones, mediante su acción política, para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa, plural e inclusiva.

La Ley Integral de Igualdad de Trato deberá constituir una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano con independencia de su origen racial o étnico o condición diversa.

La acción institucional y la colectiva de la ciudadanía española debe ser solidaria, comprometida y unánime. No debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena y diversa inclusión de las personas en nuestra sociedad global. Seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los derechos humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de trato por origen racial o étnico. La pandemia no debe paralizarnos ni cambiar el reto aún pendiente, antes al contrario, debe servir de mayor acicate para su consecución y aplicación.