La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada en el pasado mes de septiembre, alertaba sobre “un cierto incremento” de los delitos de odio registrados, es decir, de las amenazas y agresiones por motivos racistas, xenófobos y por otras formas de intolerancia y discriminación.

La Fiscalía evidencia un aumento de la presencia del discurso de odio en internet y las redes sociales. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación constituye un altavoz para la propagación del discurso de odio, con graves déficits hasta el momento en su investigación, persecución y condena penal.

La Memoria de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2016, contiene un capítulo dedicado a “La tutela penal de la igualdad y contra la discriminación”. En este apartado se explicitan conceptos esenciales como que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista”. Asimismo, se asume que “la incitación a la exclusión de los extranjeros” constituye una “lesión fundamental de los derechos de las personas”, tal y como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

La Fiscalía subraya que el discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia de los artículos 16 y 20 de la Constitución Española (CE).

Sancionar penalmente aquellas conductas y formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, la discriminación o la violencia es la herramienta adecuada de la que dispone un estado de derecho cuando se están infringiendo los principios constitucionales de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado detecta que “muchas agresiones y actos constitutivos de delitos contra la igualdad y la discriminación (728) son cometidos por menores de dieciocho años”. Se enfatiza asimismo en la importancia de la colaboración y coordinación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, radicadas en las propias Fiscalías o en los Juzgados, desde una doble perspectiva, como derivación de las potenciales víctimas de delitos de odio y como fuente de conocimiento estadístico.

Como hecho novedoso y reseñable se reconoce la labor de la sociedad civil, a través de las asociaciones y entidades sociales de defensa de los derechos de los colectivos afectados, como es el caso de Accem, calificando nuestro cometido como esencial para que muchas agresiones hayan llegado a los tribunales de justicia y, una vez judicializadas, se haya podido hacer un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando su impunidad.

Desde el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem agradecemos este reconocimiento de nuestra labor por parte de la Fiscalía del Estado, así como la disponibilidad de las fiscalías delegadas provinciales sobre Tutela Penal de la Igualdad y No Discriminación. Y reafirmamos una vez más nuestra disposición a seguir avanzando en la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación racial y delitos de odio, la dignidad de todos los seres humanos y la aplicación de la igualdad de trato y no discriminación como pilares de una sociedad de acogida democrática, pluralista y diversa.

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