En Accem volvemos a tomar la palabra para expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en el seno de la Unión Europea en materia de políticas migratorias, con enfoques que priorizan las medidas dirigidas al control migratorio sobre el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la protección de las personas en situación vulnerable. En este caso ha sido el Parlamento de Lituania quien ha aprobado la nueva Ley de Fronteras, que podría poner en peligro el respeto al derecho de asilo al abrir la puerta a las ‘devoluciones en caliente’ de personas refugiadas y migrantes, a través de la aplicación del estado de excepción. Recordemos en este punto que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la figura del estado de excepción no exime a los miembros de la Unión de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, algo que va en dirección contraria a lo que han establecido las autoridades lituanas. Nos preocupan igualmente las restricciones que se establecen en la nueva ley tanto a ONG como a medios de comunicación para el acceso a zonas de frontera.

Desde Accem volvemos a recordar que estas prácticas, se hagan en el país que se hagan, no son garantistas con el respeto al derecho de asilo, al no garantizar un análisis individual que explore la posible necesidad de acceso a procedimientos de protección internacional, que detecte de forma adecuada la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, víctimas de trata, víctimas de tortura, persecución por orientación sexual, etc.) y que permita el acceso tanto a atención sanitaria como a servicios de traducción e intérprete. Si hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por la adopción del estado de emergencia en Italia ante la situación migratoria, hoy lo hacemos ante la nueva ley en Lituania, desde el convencimiento de que el enfoque común de asilo y migración en la UE debe estar basado en la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas.

Esta preocupación se relaciona directamente con hechos como los que vemos en Sudán, país africano que en estos días vive combates entre el Ejército y otros actores armados del país. Desgraciadamente, los nuevos combates suponen un episodio más en una larga sucesión de años de inestabilidad y violencia en este país africano. Cualquier situación de guerra o conflicto armado genera sufrimiento humano y el desplazamiento forzado de muchos de sus nacionales, a otras regiones del país u otros países del entorno. ACNUR estima en que los nuevos enfrentamientos pueden provocar la huida de al menos 145.000 personas. Estas personas, cuando traspasen las fronteras de su país, serán llamadas refugiadas y, aunque en su mayoría permanecerán en los países limítrofes al escenario del conflicto, esperando un posible regreso, en algunos casos emprenderán un difícil éxodo en busca de un país seguro y estable.

Sin embargo, ante la falta de vías legales y seguras para ellas, atravesarán rutas muy largas y con numerosos obstáculos y peligros, para poder, finalmente, intentar alcanzar su objetivo: la llegada a países más prósperos, seguros y estables, como, por ejemplo, los estados miembros de la UE. Pero en ese momento se encontrarán con medidas como las que hablamos hoy de Italia o Lituania, que no garantizan el acceso a los procedimientos de asilo y en las que no está garantizado en la práctica el respeto a los derechos humanos.

Desde Accem seguimos haciendo hincapié en la necesidad de vías legales y seguras que garanticen la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, así como en la necesaria respuesta conjunta y solidaria que la Unión Europea debe dar a estas personas ante estas situaciones.