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Accem se une a la campaña #SoloJuntos de Naciones Unidas para un acceso justo y no discriminatorio a las vacunas contra la Covid-19

Accem se ha unido a la nueva campaña #SoloJuntos de Verified y Naciones Unidas para pedir un acceso justo a las vacunas contra la Covid-19 en todo el mundo, sin discriminación.

Nuestro mundo ha cambiado en el último año. Amigos y familias separadas, fiestas y celebraciones en suspenso… La pandemia ha transformado nuestras vidas, pero todos queremos volver a hacer las cosas de antes con la gente a la que queremos. El problema es que si los países avanzan a velocidades diferentes, nada garantiza que todo eso se haga realidad.

Debemos decidir que es posible erradicar rápidamente la pandemia apoyando el llamamiento de Naciones Unidas para que las vacunas sean consideradas un bien público accesible y disponible para todos y todas, en todas partes. Debemos vacunar según las necesidades, empezando por los trabajadores sanitarios, para poder salvar más vidas y reanudar nuestras actividades lo antes posible.

Aumentar la fabricación y la producción, incrementar la financiación y compartir las dosis excedentarias podría ayudar a poner fin a la pandemia cuanto antes para todos y todas. Nuestros gobiernos deben aunar esfuerzos para que nadie se quede atrás. Compartir información y recursos ha sido siempre nuestro mejor medio para esperar un futuro mejor, así que hagámoslo ahora y acabemos juntos con la pandemia.

¿Cómo participar?

La campaña #SoloJuntos (#OnlyTogether en ámbito internacional) nos invita a participar publicando contenido en nuestras redes sociales. Se trata de reivindicar colectivamente la necesidad urgente de vacunas contra la Covid-19 para todos y todas y en todas partes.

Dentro de la campaña se festejan las cosas que echamos de menos y queremos volver a hacer. Utiliza la etiqueta #SoloJuntos junto a las fotos, imágenes o textos que compartas sobre lo que te gustaría hacer una vez un acceso justo a las vacunas haya terminado con la pandemia.

> Accede aquí a la web de la campaña #SoloJuntos.

Verified es una iniciativa de Naciones Unidas para proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que salve vidas, en el marco del desafío que la humanidad enfrenta en la lucha contra la pandemia por la Covid-19.

 

 

Comunicado de Accem por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Un año más, el próximo día 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En el contexto actual, tras un año de pandemia mundial, y aún inmersos en un difícil y accidentado proceso de inmunización colectiva de la población, es notoria y relevante la brecha de desigualdad de trato ocasionada por la emergencia sanitaria global para las personas con especial vulnerabilidad por razón de su origen y/o condición de personas migrantes y/o refugiadas.

La discriminación a determinados colectivos de personas es una realidad recurrente, acrecentada durante el año 2020, tanto en el ámbito privado como en el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana (empleo, vivienda, educación, asistencia sanitaria, acceso a las nuevas tecnologías, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios…).

El incremento de los discursos racistas, xenófobos y de ‘nacionalismos excluyentes y trasnochados’ de determinados partidos políticos, inciden y golpean con mayor rotundidad en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Confunden a la sociedad de acogida y animan a ‘legitimar’ su exclusión social y legal.   

El reciente Informe sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por las potenciales víctimas, publicado por el órgano de igualdad de trato español, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, arroja datos preocupantes.

Así, el 52% de las personas encuestadas, pertenecientes todas ellas a grupos étnico-raciales minoritarios, contestaron haber sido discriminadas. Pero lo más relevante es que el 81% de las personas que habían sufrido cualquier manifestación de discriminación racial o étnica, contestaron no haber reclamado su derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por miedo o desconocimiento.

Accem, como entidad social organizada de la sociedad civil concernida en la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente las medidas que se están impulsando actualmente, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de trato, puesta de manifiesto una vez más.

La Unión Europea aprobó, en septiembre de 2020, un Plan de Acción contra el Racismo, con un periodo de ejecución hasta el año 2025, en el que se insta a los Estados miembros a acometer reformas estructurales, implementar herramientas y revisar normativa, en orden a su erradicación y a la aplicación efectiva del principio de no discriminación, en la sociedad civil de los Estados miembros.

La Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación,  en tramitación parlamentaria desde el pasado 15 de febrero en el Congreso de los Diputados/as, constituye la respuesta necesaria de los poderes públicos a una deuda histórica con la igualdad de trato y no discriminación de la sociedad española.  

Contar con una normativa clara y precisa de derecho antidiscriminatorio, supone dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de prohibición de discriminación, en aras de evitar la impunidad y desprotección de las víctimas ante comportamientos discriminatorios no constitutivos de delito, y sí de infracciones de naturaleza administrativa que sancionen las formas de discriminación más habituales y cotidianas.

Se requiere de una ley que tenga como objetivo prevenir, sancionar y contribuir a la erradicación cualquier forma y ámbito de discriminación, y que al tiempo ofrezca protección a las víctimas e impulse la concienciación de nuestra sociedad, en la que prevalecen los prejuicios y estereotipos hacia determinados grupos de población. 

Es obligación del Estado de derecho promover las condiciones, mediante su acción política, para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa, plural e inclusiva.

La Ley Integral de Igualdad de Trato deberá constituir una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano con independencia de su origen racial o étnico o condición diversa.

La acción institucional y la colectiva de la ciudadanía española debe ser solidaria, comprometida y unánime. No debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena y diversa inclusión de las personas en nuestra sociedad global. Seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los derechos humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de trato por origen racial o étnico. La pandemia no debe paralizarnos ni cambiar el reto aún pendiente, antes al contrario, debe servir de mayor acicate para su consecución y aplicación.     

“Historias mano a mano”: un audiolibro intergeneracional con relatos sobre los tiempos que vivimos

Ya está a disposición de todo el mundo el audiolibro “Historias mano a mano”, una serie de relatos en los que 28 vecinos y vecinas de Sigüenza (Guadalajara) de diferentes generaciones, procedencias y sensibilidades reflejan sus inquietudes ante la situación de pandemia que atravesamos.

La publicación de este audiolibro es el colofón a una actividad conjunta del Ayuntamiento de Sigüenza y Accem en la localidad seguntina, en la que personas de diferentes generaciones han entrado en contacto a través de distintas herramientas de comunicación online para compartir reflexiones y experiencias vividas en tiempos de la Covid-19.

El pasado verano se publicaban estos relatos en formato libro. Ahora, los propios autores han grabado cada relato con su voz y todos se han montado para poder ser escuchados y leídos a la vez, además de ser accesibles a todo el mundo.

Se puede acceder al audiolibro a través de la web del Centro Joven La Salamandra, o directamente en YouTube.

La actividad ha sido realizada a través del Centro Joven La Salamandra de Sigüenza y los programas de “Atención socioeducativa al menor en el medio rural”, “Promoción de la calidad de vida y envejecimiento activo” y “Envejecimiento activo accesible en el medio rural” que Accem gestiona en Sigüenza con financiación del Fondo Social Europeo, la Junta de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar Social y la Diputación de Guadalajara.

 

Covid-19, retos de futuro y nuevas ilusiones en el Encuentro de Voluntariado de Accem

El pasado viernes 4 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, tuvo lugar en formato online el Encuentro de Voluntariado de Accem, bajo el título “Voluntariado en tiempos de cambios. Experiencias y retos de futuro”, con la participación de medio centenar de personas entre voluntarios/as y personal técnico de la entidad.

El encuentro comenzó con una mesa de experiencias en la que participaron seis personas del equipo de voluntariado de Accem, que intercambiaron opiniones y vivencias en torno a sus principales motivaciones para ser voluntarias, a cómo ha cambiado este año la crisis de la Covid-19 la actividad de voluntariado y al modo como se plantean su participación futura como voluntarios y voluntarias. A ellas se unieron otras de nuestras voluntarias que también quisieron compartir su experiencia en una conversación muy bonita y fluida entre todos los participantes en la jornada.

Una segunda mesa estuvo dedicada a reflexionar sobre los retos de futuro para el voluntariado, con la intervención de varios de los referentes de Accem para el voluntariado en los distintos territorios en los que estamos presentes. Desde Accem en Málaga llegó la buena noticia de que dos de nuestros voluntarios, Andrés Sánchez Bravo y Juana Jiménez Carrasco, acababan de recibir una mención especial de reconocimiento por parte del Ayuntamiento en los XVI Premios Málaga Voluntaria.

El encuentro se cerró con la presentación del proyecto “Muros que desaparecen”, concedido recientemente por el Cuerpo Europeo de Solidaridad y que se llevará a cabo durante 2021 por Accem en A Coruña y Vigo, en una exposición muy ilusionante e inspiradora que mira hacia el futuro.

Un informe recoge los incidentes discriminatorios y racistas ocurridos durante el estado de alarma

El pasado 2 de octubre asistimos al webinar “Racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, organizado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain (RIS), en el que se presentó un informe sobre la “Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España”.

El informe documenta más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas en España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, así como a personas migrantes especialmente vulnerables, como aquellas con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Estos incidentes discriminatorios han afectado tanto a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, como a aquellas en proceso de pedir protección internacional y también a personas inmigrantes con su situación administrativa regularizada. De hecho, el informe presentado indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, señalan desde las organizaciones convocantes de la jornada.

Con la lectura de este informe se reafirma la necesidad y la urgencia de actuar para la eliminación de la discriminación racial. Para su equipo redactor, la discriminación racial se incrementa con las medidas adoptadas a raíz de la lucha contra la Covid-19, por lo que plantean la necesidad de añadir una perspectiva de género y racial en aquellas acciones sanitarias, legales, sociales y económicas que se adopten como planes de respuesta y de recuperación superada la crisis sanitaria.

En la presentación del informe estuvieron presentes Paula Guerra Cáceres, ex presidenta de SOS Racismo Madrid; Spitou Mendy Rodona, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y la campaña #RegularizaciónYa; Emilio Israel Cortés, co-fundador y director de Juristas Gitanos; Gemma Ferreón, portavoz y responsable de Incidencia Social y Política en SOS Racisme Catalunya;  y Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Participaron también y moderaron la jornada las personas autoras del informe: Esther Mamadou, Youssef M. Ouled,  Isabelle Mamadou y Lydia Vicente Márquez.

Durante el debate, se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir para abordar la catarsis de las estructuras que perpetúan la discriminación racial. Se puso sobre la mesa, asimismo, que es el momento de reconstruir una sociedad más inclusiva, solidaria, más fuerte y más igualitaria para todas las personas que las formamos. El informe incluye una serie de recomendaciones que el Equipo de Implementación y RIS creen que pueden servir para promover un progreso concreto hacia este objetivo.

La data elegida para la presentación no fue casualidad, el 2 de octubre es la fecha decretada por la ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia.

> Puedes descargar el informe aquí.

> Puedes consultar el webinar aquí.

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El Tercer Sector reclama una mayor visibilización de su labor en los discursos políticos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que Accem forma parte junto con otras 28.000 ONG de Acción Social, considera preocupante la “falta de consideración e interlocución” del Gobierno con el Tercer Sector y ha alzado la voz ante la “invisibilización” de las entidades en los discursos políticos.

Accem lleva realizando esta demanda desde hace tiempo y, especialmente, en un momento “socialmente crítico” –como lo ha calificado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato– como el actual, donde la acción realizada desde las ONG de Acción Social se ha demostrado necesaria y esencial.

Durante la pandemia las ONG hemos sostenido las necesidades de los colectivos más vulnerables y hemos demostrado nuestra capacidad, movilizando nuestros propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados. Ahora estamos en una situación de absoluta penumbra y por eso reclamamos al Gobierno una actitud activa y comprometida con el sector”, ha añadido Poyato.

Durante la Junta Directiva que la Plataforma del Tercer Sector ha celebrado con el objetivo de diseñar una estrategia de acción conjunta que incida de manera directa en las políticas de reconstrucción del país, Poyato ha señalado que el primer paso para lograrlo es sacar adelante unos presupuestos generales “con mirada social” que tengan en cuenta a las principales víctimas de esta pandemia: los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

Para lograrlo, es imperativo que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo de mínimos que permita a estos colectivos hacer frente a una realidad “muy dura”. Actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha ido en aumento debido a que la pandemia ha cronificado aún más esta problemática.

De esta manera, Accem se une a la reclamación realizada desde la PTS al Gobierno para establecer un diálogo real y efectivo que permita afrontar y gestionar de una manera conjunta, productiva y ágil las consecuencias provocadas por la covid-19 y avanzar hacia la verdadera reconstrucción.

Los rebrotes de la Covid-19 hacen visible la situación de pobreza y exclusión de los trabajadores temporeros migrantes

En este verano de 2020 distintos hechos han puesto en primer plano de la actualidad la situación de extrema precariedad vital que atraviesan miles de trabajadores/as migrantes en España empleados en las campañas agrícolas. Los rebrotes de la Covid-19 sufridos por los trabajadores temporeros en Huesca, Lleida o Albacete; los incendios en los asentamientos de jornaleros del campo en la provincia de Huelva o la dramática muerte del trabajador Eleazar Blandón a causa aparentemente de un golpe de calor en Murcia han hecho visible una realidad que para muchos permanecía oculta. Una realidad social de infraviviendas y hacinamiento; de falta de acceso a agua potable y saneamiento; de situaciones de calle y grave exclusión social; de explotación laboral, abuso e indefensión; en definitiva, de ausencia de los recursos y las condiciones más básicas para desarrollar una vida digna.

Sin embargo, y aunque se haya puesto este verano sobre la mesa, esta realidad de extrema pobreza y precariedad en España no es un fenómeno nuevo ni desconocido. En este mes de julio de 2020 se presentó el informe final de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.

El diagnóstico del Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza

Alston, que visitó nuestro país entre el 27 de enero y el 7 de febrero de este año, declaró, en palabras recogidas por la red EAPN-ES, haber encontrado “niveles aterradores de pobreza y exclusión”, llamando la atención sobre varias de las realidades específicas con las que había tenido contacto, entre ellas la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en el campo onubense, ligados a la campaña agrícola de la recogida de la fresa y los frutos rojos. En el informe final del Relator Especial se relata que Alston visitó un asentamiento de trabajadores y trabajadoras migrantes en Huelva “cuyas condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo”. Según recogió, solo en el campo de Huelva, vinculadas a la temporada de la fresa, viven en asentamientos de condiciones “inhumanas” de vida entre 2.300 y 2.500 personas.

(…) El Relator Especial visitó lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país: un poblado de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, cuyos habitantes (trabajadores y trabajadoras migrantes) han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice (…).

(…) Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos. Ganan apenas 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública. En palabras de una de esas personas: ‘Cuando hay trabajo, España necesita migrantes, pero a nadie le interesa cómo vivimos’ (…).

Con la aparición de diferentes brotes de la Covid-19 ligados a espacios donde trabajan y viven trabajadores temporeros, se han hecho visibles las condiciones de vida que sufren estas personas, pero también se ha extendido ese otro virus del racismo y la xenofobia provocado por el miedo y fortalecido por la despersonalización que en ocasiones se ha realizado de este colectivo en situación especialmente vulnerable. El estado de tensión social, cuando no de pánico, sirve de caldo de cultivo muy peligroso que facilita la aparición de brotes de racismo y xenofobia. La búsqueda de un chivo expiatorio siempre es tentadora, como hemos visto en tantas ocasiones.

Es labor de las organizaciones sociales y del conjunto de la ciudadanía poner el foco en lo verdaderamente relevante: la facilidad para la aparición en estos contextos específicos de brotes de la enfermedad, las condiciones favorables al contagio y la dificultad para el confinamiento son resultado de situaciones vergonzosamente extremas de pobreza y exclusión social, de condiciones de vida y de trabajo que deberían ser impropias de este tiempo y este país.

Accem trabaja desde hace bastantes años en estos espacios de enorme vulnerabilidad que son los asentamientos informales y las infraviviendas, poblados a menudo por personas de origen migrante. En la provincias de Huelva y Albacete o en la Región de Murcia hemos desarrollado durante años y seguimos haciéndolo en estos días una acción humanitaria y de atención social, ayudando a paliar los efectos más graves de la exclusión y aportando todo nuestro esfuerzo a la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas.

La salud y la enfermedad, también en el caso de la Covid-19, sí entienden y guardan relación con la pobreza y la exclusión social.

Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.

Renta Mínima Sí. Pon tus prejuicios en cuarentena

Manifiesto de la red EAPN España, de la que Accem forma parte a nivel estatal y también a través de sus diferentes redes autonómicas, a favor de una renta mínima estatal.

La actual pandemia de la COVID-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad social y económica en la que viven millones de personas en España.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que disponer de una Renta Mínima debe ser un derecho de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para el desarrollo de la vida en condiciones básicas de dignidad y bienestar. Es un requisito indispensable para que personas y familias con mayores dificultades puedan cubrir sus necesidades, así como participar y contribuir a la sociedad en la que viven. Por tanto, resulta fundamental para hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales define la renta mínima como la prestación adecuada que garantiza una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de suficientes recursos.

La Renta Mínima Estatal beneficiaría a millones de personas que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de gran precariedad, a las que se sumarían quienes a consecuencia de la COVID-19 ahora se encuentran bajo el umbral de pobreza.

Actualmente, casi 600.000 familias carecen de ingresos y hay que recordar que antes de la pandemia un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión social en España, mientras la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de personas.

Disponer de un ingreso estable y de fácil acceso y gestión permitiría reactivar el  proceso de inclusión social de las personas que viven esta realidad. Y en ese sentido, defendemos la Renta Mínima Estatal como un derecho subjetivo y compatible con los sistemas de ingreso mínimo de las Comunidades Autónomas, estableciendo una base mínima, que puede ser ampliada por los gobiernos autonómicos, según sus criterios.

Sin embargo, la defensa del derecho a salir de la pobreza a través de esta herramienta, que consideramos fundamental para mejorar la vida de las personas, se está utilizando también para fomentar, la polarización social, el discurso de odio y la aporofobia. Se han producido reacciones que refuerzan los prejuicios y discriminación sobre las personas que podrían beneficiarse de la misma, menoscabando su dignidad.

No podemos permitir un paso atrás en la defensa de derechos básicos de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ni mucho menos en la defensa de su dignidad.

Por ese motivo, y frente a la falsa imagen que transmiten los prejuicios y el odio, queremos dejar claro que la renta mínima que proponemos no supone un gasto, sino una inversión para la inclusión social y fundamento de desarrollo económico sostenible. Es una medida de eficiencia económica, que contribuirá, en un primer momento, a paliar las necesidades de emergencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, a medio y largo plazo, a dar estabilidad económica y bienestar a las personas, para que puedan alcanzar el máximo potencial de su capital humano.

Organizaciones de acción social y cooperación al desarrollo de toda España reiteramos que disponer de un ingreso digno es un derecho que consideramos fundamental para el desarrollo individual y familiar. En este sentido, la Renta Mínima estatal debe:

  • Eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa, proporcionando a los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, una renta que les permita salir de tal situación.
  • Eliminar la pobreza infantil mediante un complemento por hijo/a a cargo, para todos los hogares que estén por debajo del umbral de pobreza.
  • Asegurar una vivienda digna para los hogares en pobreza, mediante un complemento por vivienda, en los casos en los que no se disponga de una vivienda adecuada.
  • Incrementar la inclusión social, estableciendo itinerarios sociolaborales personalizados, con perspectiva de género, para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de las personas beneficiarias que estén en condiciones de trabajar.
  • Debe ser un sistema ágil y accesible que permita que cualquier persona que lo necesite pueda acceder y desarrollar el proceso de solicitud sin trabas burocráticas, y asegurando que se dispone de los apoyos necesarios para atender cualquier dificultad de comprensión y conexión digital.

La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino de millones de personas. Una Renta Mínima Estatal es más necesaria que nunca.

Pon tus prejuicios en cuarentena. Defendemos el derecho de las personas a la garantía de ingresos para una vida digna. Actívate contra la Pobreza.

#RentaMínimaSí

> Muestra tu apoyo y únete a este manifiesto.

 

 

Personas refugiadas trabajando en Cáceres en la gestión de los residuos sanitarios del Covid-19

El incremento exponencial de los desechos hospitalarios causados por la pandemia del Covid-19 ha incrementado la demanda de mano de obra para su adecuada gestión y tratamiento. En este marco, la colaboración entre la empresa Interlun S.L. y Accem en Cáceres, a través del programa AccemARIADNA para la integración sociolaboral de personas refugiadas, ha permitido hasta el momento la contratación de 18 personas a las que damos atención desde Accem.

El programa AccemARIADNA acompaña a personas refugiadas en el proceso de su búsqueda de empleo, fomentando el desarrollo de sus competencias técnicas y transversales, con itinerarios individualizados para mejorar el acceso al mercado de trabajo, facilitando su plena integración sociolaboral en su lugar de acogida.

En esta ocasión, la empresa Interlun S.L., responsable de la gestión, transporte y tratamiento de los residuos biológico-infecciosos en hospitales, ha incrementado en las últimas semanas notablemente su carga de trabajo, para dar respuesta al impacto en el ámbito hospitalario del Covid-19. Ante la necesidad de aumentar su plantilla, la empresa contactó con Accem, que ha puesto a disposición de la empresa un servicio gratuito de intermediación laboral, adaptado a las necesidades de la empresa, diseñado de acuerdo a unos requerimientos específicos y con un contacto permanente para prevenir y resolver cualquier tipo de incidencia.

Accem está presente en Cáceres desde el año 2015, donde cuenta actualmente con 124 plazas de acogida dentro del programa estatal de atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y 12 más financiadas por la Junta de Extremadura. A todas las personas acogidas se les proporciona una atención integral, orientada desde el primer momento a la conquista de la autonomía y la integración sociolaboral.