Manifiesto de la red EAPN España, de la que Accem forma parte a nivel estatal y también a través de sus diferentes redes autonómicas, a favor de una renta mínima estatal.

La actual pandemia de la COVID-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad social y económica en la que viven millones de personas en España.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que disponer de una Renta Mínima debe ser un derecho de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para el desarrollo de la vida en condiciones básicas de dignidad y bienestar. Es un requisito indispensable para que personas y familias con mayores dificultades puedan cubrir sus necesidades, así como participar y contribuir a la sociedad en la que viven. Por tanto, resulta fundamental para hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales define la renta mínima como la prestación adecuada que garantiza una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de suficientes recursos.

La Renta Mínima Estatal beneficiaría a millones de personas que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de gran precariedad, a las que se sumarían quienes a consecuencia de la COVID-19 ahora se encuentran bajo el umbral de pobreza.

Actualmente, casi 600.000 familias carecen de ingresos y hay que recordar que antes de la pandemia un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión social en España, mientras la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de personas.

Disponer de un ingreso estable y de fácil acceso y gestión permitiría reactivar el  proceso de inclusión social de las personas que viven esta realidad. Y en ese sentido, defendemos la Renta Mínima Estatal como un derecho subjetivo y compatible con los sistemas de ingreso mínimo de las Comunidades Autónomas, estableciendo una base mínima, que puede ser ampliada por los gobiernos autonómicos, según sus criterios.

Sin embargo, la defensa del derecho a salir de la pobreza a través de esta herramienta, que consideramos fundamental para mejorar la vida de las personas, se está utilizando también para fomentar, la polarización social, el discurso de odio y la aporofobia. Se han producido reacciones que refuerzan los prejuicios y discriminación sobre las personas que podrían beneficiarse de la misma, menoscabando su dignidad.

No podemos permitir un paso atrás en la defensa de derechos básicos de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ni mucho menos en la defensa de su dignidad.

Por ese motivo, y frente a la falsa imagen que transmiten los prejuicios y el odio, queremos dejar claro que la renta mínima que proponemos no supone un gasto, sino una inversión para la inclusión social y fundamento de desarrollo económico sostenible. Es una medida de eficiencia económica, que contribuirá, en un primer momento, a paliar las necesidades de emergencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, a medio y largo plazo, a dar estabilidad económica y bienestar a las personas, para que puedan alcanzar el máximo potencial de su capital humano.

Organizaciones de acción social y cooperación al desarrollo de toda España reiteramos que disponer de un ingreso digno es un derecho que consideramos fundamental para el desarrollo individual y familiar. En este sentido, la Renta Mínima estatal debe:

• Eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa, proporcionando a los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, una renta que les permita salir de tal situación.
• Eliminar la pobreza infantil mediante un complemento por hijo/a a cargo, para todos los hogares que estén por debajo del umbral de pobreza.
• Asegurar una vivienda digna para los hogares en pobreza, mediante un complemento por vivienda, en los casos en los que no se disponga de una vivienda adecuada.
• Incrementar la inclusión social, estableciendo itinerarios sociolaborales personalizados, con perspectiva de género, para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de las personas beneficiarias que estén en condiciones de trabajar.
• Debe ser un sistema ágil y accesible que permita que cualquier persona que lo necesite pueda acceder y desarrollar el proceso de solicitud sin trabas burocráticas, y asegurando que se dispone de los apoyos necesarios para atender cualquier dificultad de comprensión y conexión digital.

La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino de millones de personas. Una Renta Mínima Estatal es más necesaria que nunca.

Pon tus prejuicios en cuarentena. Defendemos el derecho de las personas a la garantía de ingresos para una vida digna. Actívate contra la Pobreza.

#RentaMínimaSí

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