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Más de 100 personas fueron penalizadas en Europa por asistir a personas migrantes en 2023

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Rescatar o ayudar a personas migrantes en peligro en el mar; proporcionar refugio; promover políticas inclusivas a nivel local; tratar de detener una deportación; o proporcionar a las personas migrantes comida, agua y ropa. Estos ejemplos han sido citados por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) como casos reales de actos tipificados como delito en algunos países de la Unión Europea a lo largo de 2023.  

PICUM, plataforma de la que Accem forma parte, ha publicado recientemente los resultados de una investigación sobre la persecución de personas que se han tenido que enfrentar a procesos judiciales en la Unión Europea por haber ayudado a personas migrantes bajo conceptos como los señalados anteriormente. Como señala esta plataforma, “el derecho penal y otros enfoques basados en sanciones se utilizan a menudo para castigar a las personas migrantes y a quienes les prestan asistencia”, lo cual se define como criminalización. 

El informe, que se titula “Casos de criminalización de la migración y la solidaridad en la UE en 2023”, muestra que a lo largo del año pasado hubo un total de 117 personas acusadas por haber colaborado con la entrada, la estancia o el tránsito de personas migrantes. En 2023, casi el 60% de los casos estuvieron relacionados con la asistencia a personas migrantes en tierra, y aproximadamente el 40% en el mar.  

Desde PICUM señalan que en 2023 hubo más casos reportados que en 2022 y 2021, por lo cual confirman una tendencia preocupante y constante observada en informes anteriores. Los datos de PICUM se extraen de un monitoreo de informaciones publicadas por distintos medios de comunicación, por lo cual se consideran una aproximación a la realidad y no un reflejo real del total de casos de persecución en la UE, pues muchos casos no son reportados por los medios o porque la gente teme represalias, especialmente las personas migrantes.  

Desde PICUM añaden que la legislación contra el tráfico de personas criminaliza la solidaridad, pero también el propio acto de migrar. De hecho, en 2023, al menos 76 personas migrantes en Italia, Grecia y España fueron perseguidas por el hecho de cruzar fronteras de forma irregular. Esta persecución afecta también a la infancia y la juventud, pues al menos siete de las personas penalizadas en 2023 eran menores de edad en el momento de los hechos. 

Por otro lado, el seguimiento de los medios de comunicación recogido en el informe de PICUM indica la existencia de 15 casos de acoso extrajudicial, que afectaron a 17 personas y 12 ONG. En un tercio de los casos, la persona/organización en cuestión recibió una multa administrativa por sus acciones de apoyo a los inmigrantes. Otras formas no judiciales de acoso incluían la confiscación de material, el acoso policial, la detención, las amenazas de grupos privados o la difamación.  

Los aspectos más destacados del informe incluyen: 

Cases of criminalisation of migration and solidarity in the EU in 2023. PICUM.

  • Distribución geográfica: Se han registrado casos en al menos 8 países de la UE, la mayoría en países del sur de Europa, en particular Italia y Grecia. 
  • Tipos de solidaridad: Las personas enfrentaron repercusiones legales por diversos actos de solidaridad, incluido proporcionar refugio y necesidades básicas a los migrantes, abogar por políticas inclusivas y tratar de detener una deportación. 
  • Procedimientos legales prolongados: En promedio, los procedimientos legales duraron 3,5 años, y algunos casos se prolongaron incluso más. 
  • Criminalización de la infancia en la migración: Al menos siete menores de edad enfrentaron procesos judiciales y encarcelamiento como presuntos “conductores de embarcaciones”. 
  • Acoso extrajudicial: Se registraron al menos 15 casos, que afectaban a 17 personas y 12 ONG, además de los 117 casos registrados. 

>Accede aquí al informe completo (disponible en inglés)

 

Nuestra labor de asistencia humanitaria en Andalucía

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19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Desde que en 2008 la ONU decretara el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, esta jornada ha servido como homenaje a todos y todas las trabajadoras humanitarias por su labor en el cuidado de las personas de todos el mundo.

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es, asimismo, una ocasión para reflexionar sobre la situación de quienes más necesitan ayuda, como es el caso de la población víctima del desplazamiento forzado, o también las decenas de miles de personas que se ven obligadas a acudir a vías inseguras y muy peligrosas en su trayecto migratorio. Los y las trabajadoras humanitarios trabajan en cualquier rincón del planeta para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en el acceso a la cobertura de sus necesidades básicas y los servicios más elementales, como son alimentación, agua, atención médica o refugio.

Las situaciones de emergencia humanitaria no suceden únicamente en lugares lejanos, sino que están presentes también en nuestro contexto más inmediato. De manera particular se está produciendo una descomunal emergencia humanitaria en nuestra frontera sur, donde cada años cientos de personas se dejan la vida en el mar, intentando acceder a las costas peninsulares y de los archipiélagos balear y canario. La última gran tragedia la hemos conocido esta misma semana: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado de que al menos 63 personas han muerto en el cayuco con el que intentaban alcanzar las Islas Canarias desde Cabo Verde.

Por otra parte, en un mundo atravesado por numerosas crisis humanitarias, queremos poner de manifiesto una constante: en todas estas situaciones, siempre son las mujeres y las niñas quienes pagan el precio más alto. En situación de emergencia humanitaria, la violencia de género aumenta.

En Accem contamos con mucha experiencia afrontando situaciones de emergencia humanitaria. De manera particular, en este 2023 ponemos el foco en nuestro trabajo en Andalucía, y compartimos a continuación algunos de los proyectos que estamos desarrollando en la región.

Programa de Atención Humanitaria a Personas Inmigrantes (PAHI)

Accem desarrolla el Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI), de carácter estatal, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y orientado, principalmente, a dar una respuesta humanitaria a las personas migrantes que acaban de llegar al país en condiciones de gran vulnerabilidad. Son personas que se han visto en la necesidad de gastar todos sus ahorros en el trayecto migratorio y se encuentran en una situación de imposibilidad de afrontar por sí mismas la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido o alojamiento, por lo que se enfrentan a un riesgo verdadero de caer en la exclusión social. A estos factores se une con frecuencia la falta de una red social o familiar de apoyo, el desconocimiento del idioma y de las características y el funcionamiento básico de la sociedad española. El PAHI es una respuesta humanitaria a estas personas que encamina su intervención, desde el primer momento, a facilitar la inclusión social y la conquista de la autonomía.

La labor fundamental del equipo de Accem es facilitar esa primera toma de contacto con el país de acogida, ese acercamiento a su nueva realidad. En los primeros días de acogida nos centramos en la cobertura de las necesidades sanitarias, de higiene y alimentación, así como de facilitar un espacio seguro donde nuestras abogadas puedan explicarles con más tranquilidad, gracias a las traductoras, su situación legal y las posibles alternativas con las que cuentan.

La estancia en el programa normalmente es de tres meses de duración, aunque en muchos casos las personas acogidas deciden abandonar antes el recurso de acogida y continuar con su trayecto migratorio, normalmente hacia el norte, con un alto porcentaje de personas que tienen como prioridad alcanzar otros países europeos, condicionados por la presencia de familiares o por el conocimiento del idioma.

La situación geográfica de Andalucía, abarcando casi todo el litoral sur peninsular, destino de llegada para una parte importante de las embarcaciones precarias que tratan de alcanzar territorio español y europeo, convierten en un enclave estratégico a nuestros dispositivos del programa. Actualmente, Accem gestiona en Andalucía un total de 172 plazas de acogida del PAHI, distribuidas en pisos ubicados en Córdoba, Málaga, Huelva, Sevilla  y Jerez de la Frontera, así como el centro de acogida de Arcos de la Frontera (Cádiz), con capacidad para 50 personas. En este último centro, la estancia máxima dura 15 días, que sirven para orientar a la persona en su nuevo contexto.

Intervención integral con personas migrantes en asentamientos

Por otra parte, pero en el mismo marco de nuestros proyectos de asistencia humanitaria, Accem está presente en los precarios asentamientos habitados por personas migrantes en las provincias de Huelva (municipios de Palos de la Frontera, Lucena y Moguer), Almería (Níjar) y Sevilla. A través de este proyecto de intervención integral, nuestros/as técnicos acuden a los asentamientos, como también a infraviviendas o garajes habitados, a pesar de no contar con las mínimas condiciones de higiene y habitabilidad. Durante la intervención, se presta una especial atención a las mujeres que residen en estos espacios, al sufrir riesgos, vulnerabilidades y formas de violencia específicas. A través de este programa se da respuesta a las necesidades básicas de alimentación, higiene, salud, asesoramiento, apoyo y acompañamiento de las personas que viven en estas condiciones de emergencia, así como se promueve su participación e inclusión social.

Oficina jurídica itinerante en la provincia de Huelva

Finalmente, en la provincia de Huelva contamos con una oficina jurídica itinerante que trabaja en los asentamientos de la zona, ligados habitualmente al trabajo agrícola y habitados por personas migrantes en situación de gran vulnerabilidad. A través de este proyecto se lleva a cabo un trabajo de asesoramiento y atención jurídica y administrativa a las personas que viven en estos asentamientos. Al llevarse a cabo directamente en estos espacios, se facilita que los recursos recursos sociales y públicos que gestionamos lleguen realmente a sus destinatarios, trabajando siempre en coordinación con las administraciones implicadas.