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Taller sobre discriminación y trato igualitario con la Guardia Civil en León

El pasado 31 de octubre realizamos en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en León un taller sobre “Igualdad de trato y no discriminación: actuación frente a los delitos de odio”, dirigido a los miembros del instituto armado en León.

La celebración de esta jornada se enmarcó dentro de las acciones de sensibilización dirigidas a profesionales concernidos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio que están siendo impulsadas desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Mediante esta actividad, se pretendía visibilizar conceptos como ‘discriminación’ y ‘trato Igualitario’; mejorar la comprensión del fenómeno de la discriminación en general y la discriminación racial/ étnica en particular; e interactuar y compartir experiencias en el desempeño de las respectivas funciones entre las fuerzas de seguridad del estado y las organizaciones sociales.

Durante la jornada se pusieron en común herramientas y estrategias utilizadas para hacer frente a la discriminación racial o étnica, así como se resaltó la importancia de detectar, registrar y actuar ante los casos de discriminación e incidentes motivados por el odio al diferente.

La duración de la actividad fue de dos horas, en las que se presentó el programa de Accem, que actualmente se ejecuta en cuatro comunidades autónomas, se distinguieron los distintos tipos de discriminación racial o étnica, los ámbitos en los que se produce, se analizó el marco normativo existente y se abordó el incremento -jurídico y mediático- tanto de los delitos de odio con respecto al año anterior, a través de agresiones de naturaleza racista o xenófoba, como del discurso de odio en internet y las redes sociales.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión para calificar penalmente como hecho antijurídico los denominados delitos de odio, la protección y tutela de los derechos fundamentales de las personas y grupos susceptibles de padecer alguna forma de discriminación por motivos racistas, y la adecuación del reproche penal –tipicidad- transcendencia y gravedad punitiva (código penal vigente).

El objetivo de todo ello era, finalmente, conseguir una interlocución constante entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones del tercer sector representativas de víctimas y/o colectivos vulnerables; mejorar el conocimiento y tratamiento policial en los incidentes de odio y poner sobre la mesa la relevancia del trato dado a las víctimas.

En la jornada participaron la técnica del programa de Accem de asistencia a víctimas en León, Teresa Álvarez Oría, y la responsable estatal del mismo, Esther Peña, que centraron sus intervenciones en los incidentes y delitos de odio, la aplicación de la norma penal sustantiva sobre la materia y la importancia de su correcta identificación, registro y actuación. El taller contó con la asistencia de 48 personas de diferentes rangos y escalas.

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem cabe destacar la relevancia de acciones de esta naturaleza entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y la sociedad civil, representada en organizaciones como la nuestra, por ser ambos actores en contacto permanente con colectivos vulnerables por razón de su nacionalidad y/o origen racial, susceptibles de ser víctimas reales y/o potenciales de discriminación y odio.

Ponencia dirigida al equipo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito

El pasado 9 de octubre, estuvimos presentes en el curso de “Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables con particular referencia a las víctimas de delitos de odio”, organizado en Madrid por el Ministerio de Justicia y dirigido al equipo multidisciplinar de profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, Esther Peña, participó en la mesa redonda dedicada a “La perspectiva del tejido social y su experiencia en la atención social y defensa de las víctimas”, compartiendo debate con representantes de organizaciones también especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, como la Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Hogar Sí y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Estuvo moderada por Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Durante el desarrollo del debate se expuso la experiencia de Accem con personas que son víctimas de incidentes discriminatorios y/o de delitos de odio. Se afirmó que la atención y asistencia a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de su origen no nacional/racial/étnico ha permitido que, en muchas ocasiones, las agresiones hayan podido llegar a los tribunales de justicia, y una vez judicializadas, se haya podido realizar un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando la impunidad de los supuestos agresores.

Si se da visibilidad y voz a las personas en situación más vulnerable, se defienden sus derechos y sus libertades más fundamentales, se propicia una sociedad más inclusiva y diversa y se crea un motor de cambio social.

Esther Peña se reafirmó en su intervención en que las personas a las que se atiende son muy vulnerables al posible riesgo de exclusión en la sociedad española, comparten dificultades de integración y en la consolidación de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. “Las personas a las que se atiende están indefensas, tienen miedo y acuden con cierta cautela, temen perder aquello que han conseguido o que puedan conseguir en la sociedad española, lo que justifica el nivel de infradenuncia de los episodios de discriminación. Es por ello que se hace muy necesario el empoderamiento de estas víctimas para garantizar su eficaz asistencia y protección”.

Como entidad, el principal valor con el que cuenta Accem para trabajar con las víctimas de delitos de odio son la escucha activa, la información, el apoyo, la atención, el asesoramiento y defensa legal y rigurosa ante hechos indiciariamente discriminatorios y constitutivos de calificarse como ilícitos penales por razón de su diversidad. “La brevedad en la respuesta que se les ofrece, y si además es eficaz, permitirá no sólo una resolución acorde a la situación detectada sino también posibilitar el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y los mecanismos para su efectiva protección”, aseveró Peña.

La exposición finalizó con varios ejemplos de casos de discriminación que desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” se han atendido y no estuvo exenta de polémica en el turno de palabra otorgado a los/as profesionales de las citadas oficinas, toda vez que, en algunas intervenciones, se responsabilizó a las víctimas de etnia gitana y a las personas migrantes de alguna determinada nacionalidad de dificultar y frustrar el desempeño laboral de los equipos profesionales de estas oficinas. Hechos que nos permiten concluir que es aún más necesario seguir avanzando en la sensibilización y capacitación en igualdad de trato y no discriminación, con acciones como esta, dirigidas a los agentes sociales y profesionales de la Administración Pública concernidos.

Avances con la consecución del Estatuto de la Víctima de Delito

Esta jornada, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, sirvió para hacer balance de la realidad jurídica que inaugura la aprobación hace seis meses de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, de 27 de abril, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea D2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español. Esta ley reconoce no solo derechos en el ámbito del proceso penal sino, también, un catálogo general de derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor. Normas de obligada aplicación sustantiva y procesal desde el año 1996 a la actualidad más reciente que otorgaban a este tipo de victimas un tratamiento asistencial especifico y un nítido reconocimiento de derechos en el ámbito del procedimiento penal, si bien con resultados diversos. Pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, esto es, un estatuto general para las víctimas de todos los delitos, y, por tanto, que también incluyera a las víctimas susceptibles de sufrir ilícitos penales calificados como delitos de odio, es decir, hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual, siendo éste el elemento nuclear de su comisión delictiva.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora, que va desde el derecho a la protección, información, asistencia lingüística gratuita, traducción e interpretación, apoyo, asistencia jurídica, psicológica y social, a ser parte activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el inicio, durante y con posterioridad al proceso, con independencia de si es parte o no en ese proceso e incluso con anterioridad al comienzo de este.

Los servicios de apoyo mencionados en el texto jurídico se traducen en la mejor regulación del cometido y naturaleza de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, entendidas como un espacio multidisciplinar de atención a las víctimas, con carácter público y gratuito, bajo la competencia del Ministerio de Justicia, creando para ello una red de oficinas de asistencia a las personas perjudicadas por la comisión delictiva que están localizadas en todas las comunidades autónomas y en casi todas las capitales provinciales, dentro de las sedes judiciales. El objetivo de estas oficinas es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

 

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

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Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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En 2017 fueron atendidos 646 incidentes discriminatorios por el Servicio de Asistencia a Víctimas

El pasado 13 de junio, tuvo lugar en Valladolid y con la participación de Accem, una jornada dedicada a presentar la labor del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, a través de los datos recogidos sobre su actividad en 2017.

Así, en 2017, la Memoria Anual de este instrumento de lucha contra la discriminación racial del que Accem forma parte, recoge 646 casos e incidentes discriminatorios (370 individuales y 276 colectivos). El 71% de ellos afectan a población menor de 45 años. El 35% afectan únicamente a mujeres; el 27% únicamente a hombres y el 38% conjuntamente a mujeres y hombres.

Los principales ámbitos en los que se producen estos incidentes, por este orden, son: acceso a bienes y servicios, medios de comunicación, empleo, vivienda y educación. En el 85% de las veces se trató de casos de discriminación directa.

Entre octubre de 2015 y octubre de 2017 fueron atendidos 1.214 casos discriminatorios, de los que 98 tuvieron lugar en Valladolid, ciudad anfitriona de esta presentación, que contó con amplia cobertura de los medios de comunicación locales.

La jornada permitió debatir sobre aspectos como los actores clave en la lucha contra la discriminación racial o étnica, la metodología de trabajo utilizada y los retos de futuro que se presentan. El intercambio de opiniones y la exposición de los datos sirvió para concluir que tanto a nivel estatal como local la mayor parte de situaciones e incidentes discriminatorios (penales, laborales, administrativos), continúan permaneciendo ocultos, impidiendo una mayor visibilidad de las víctimas y la aplicación efectiva de la normativa.

La “Jornada sobre Discriminación: Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Retos de futuro por la Igualdad” fue ocasión para dar a conocer a la ciudadanía, administraciones públicas y agentes profesionales clave el contexto de discriminación racial o étnica sobre el que el Servicio actúa, así como concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo y la importancia de denunciar los casos de discriminación.

La organización anfitriona de la jornada fue Red Acoge, entidad de referencia regional del Servicio en Valladolid, y tuvo lugar en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo. Se contó con la participación en sendas mesas redondas, de carácter institucional y de análisis de resultados, de la entidad coordinadora del Servicio a nivel estatal, Fundación Secretariado Gitano (FSG); de representantes de ONG como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Cruz Roja y Accem, así como de otros agentes clave como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (a través del responsable de Delitos de Odio en la Comandancia de la Guardia Civil de zona); el Colegio de Abogados de Valladolid y el Observatorio para la Igualdad de la Universidad de Valladolid.

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