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ECRE lanza sus prioridades en materia de asilo y refugio ante las elecciones europeas de junio

Como organización miembro del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Accem se ha adherido a la campaña de movilización del voto para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024 en los 27 Estados miembros, concretamente el domingo 9 de junio en el Estado español. Más de 400 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos con derecho al voto están llamados a elegir los 720 escaños de esta institución de la Unión Europea, la cual puede influir en las propuestas legislativas relacionadas con migración y asilo.

Ante esta cita con las urnas, ECRE hace un llamamiento a la participación para proteger los derechos fundamentales en las políticas internas y externas de la UE, y recuerda el papel clave del Parlamento Europeo a la hora de pedir responsabilidades tanto a la Comisión Europea como al Consejo de la UE (Estados miembros de la UE), incluyendo aquí las políticas que afectan a los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y otros grupos vulnerables.

Según manifiesta ECRE, la próxima composición de la Eurocámara será determinante en el actual contexto de ascenso de la extrema derecha en Europa, que supone una amenaza para los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas refugiadas. En esta situación, ECRE sugiere cuatro prioridades para la legislatura 2024-2029: 

  • El establecimiento de sistemas de asilo justos y funcionales en Europa que garanticen los más altos estándares de derechos humanos.
  • Garantizar a las personas refugiadas el acceso a sus derechos para promover su inclusión en las sociedades europeas.
  • Una financiación transparente y responsable de la UE que promueva los derechos de las personas desplazadas tanto dentro como fuera de Europa.
  • Frente a las políticas centradas en el control de la migración, fomentar que la política exterior de la UE promueva los derechos de las personas desplazadas.

Desde Accem nos sumamos a estas peticiones elevadas por ECRE para que se incluyan en los programas electorales de los partidos políticos que concurren en estas elecciones europeas. Tal y como manifestamos ante la aprobación del Pacto europeo sobre migración y asilo, nuestra organización defiende la protección igual y efectiva en todos los países de la UE de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, así como la existencia de vías legales y seguras que garanticen la seguridad de las personas que se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

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El aumento de llegadas a Canarias marca 2023: Accem atendió a más de 77.000 personas, superando la cifra de 2022

Si el año 2022 estuvo marcado por la llegada y acogida de ciudadanos/as de origen ucraniano, el pasado 2023 destacó en materia migratoria por el aumento de las llegadas por vía marítima a Canarias, que han dejado las cifras más elevadas en España, superando las de 2006. A raíz de ello, Accem atendió a 77.184 usuarios/as el pasado año, 2.641 más que en 2022, cuando se registraron las que hasta ahora eran cifras más altas de la historia de la entidad, con un total de 74.543 personas a las que se dio apoyo.

Esta circunstancia también se refleja en las principales nacionalidades que la entidad atendió a lo largo del pasado año, siendo la mayoritaria la senegalesa, con 13.483 usuarios/as, seguida de la marroquí, con 9.777, la ucraniana, con 9.498, la colombiana, con 8.273, y la venezolana, con 6.874. En 2022, sin embargo, fueron mayoría las personas provenientes de Ucrania (29.050), seguidas de las originarias de Marruecos (8.062), mientras que las senegalesas fueron alrededor de 2.500, muy lejos de la cifra de 2023.

 

En línea con lo anterior, el perfil mayoritario de usuarios de Accem fue el de un varón, de origen senegalés y de entre 18 y 34 años. En cuanto a la diferencia por sexos, la entidad atendió a un 65% de hombres (50.317) y a un 35% de mujeres (26.867). Sin embargo, es curioso destacar que, durante los seis primeros meses del año pasado, las mujeres fueron mayoría, siendo las principales nacionalidades la ucraniana, colombiana, marroquí y venezolana. La tendencia cambió en la segunda mitad del año, al aumentar las llegadas a Canarias, que finalmente han supuesto un aumento del 154% respecto a 2022, según datos del Ministerio del Interior. 

Por otro lado, respecto a la situación administrativa, se observa que la mayoría de personas atendidas por Accem en 2023 fueron personas migrantes (40.761), debido de nuevo a las cifras de llegadas a las costas canarias. Les siguen los solicitantes de Protección Internacional, con 18.337 usuarios/as, los beneficiarios de Protección Temporal, una figura legal puesta en marcha por la UE para dar respuesta a la crisis de refugiados provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, con 18.337, y los/as españoles/es de origen, con 6.115. 

 

 

Asimismo, a lo largo del pasado año, la entidad proporcionó un total de 1.767.093 prestaciones, frente a las 1.169.196 de 2022. Entre las prestaciones están los servicios de atención e intervención social, ayudas económicas, asesoramiento legal y jurídico, atención psicológica, interpretación y traducción, orientación laboral y formación y aprendizaje del idioma, entre otras. 

Otro dato relevante del balance de la labor de Accem en 2023 es que también aumentó el número de personas a las que la entidad atendió en municipios rurales de menos de 30.000 habitantes, pasando de las 9.112 de 2022 a las 10.802 de 2023, lo que destaca la apuesta de la entidad por la reactivación de estas áreas.

 

 

En definitiva, las cifras de estos últimos años, en constante aumento, ponen en evidencia un panorama global convulso, con conflictos y contextos de persecución, inestabilidad social y política y/o vulneración de derechos de los que, cada vez más personas, se ven obligadas a huir. Asimismo, refleja la necesidad de que existan vías legales y seguras para que, quienes huyen de situaciones de este tipo, puedan llegar a territorio español y europeo sin jugarse la vida.

 

 

Desde las 13 comunidades autónomas en las que estamos presentes, desde las 53 sedes con las que contamos y en los 437 municipios a los que llegamos, atendimos, apoyamos y acompañamos a más de 77.000 personas en situación de vulnerabilidad y a las que ofrecimos cerca de 1.800.000 prestaciones, continuando con la ejecución de nuestra misión de defensa de los derechos fundamentales y atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras

Dada la aprobación hoy mismo por parte de las instituciones europeas del Pacto europeo sobre migración y asilo, y a instancias de un futuro análisis más en profundidad, desde Accem advertimos del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes. En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

En relación con la gestión de los flujos de personas, otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Además, será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

En esta línea, otra de las cuestiones que nos preocupa es el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad. Este hecho puede provocar una deficiente detección de las necesidades de protección de las personas y que algunas puedan llegar a ser retornadas, siendo expuestas a sufrir persecución. Además, hay que incidir en que uno de los criterios que se establecen para someter a las personas migrantes a este proceso es el origen, pues ciudadanos/as de países que tengan baja tasa de reconocimiento de protección internacional se tendrán que someter a este criterio, lo que supone una discriminación por razón de orígen. 

Otra de las cuestiones por las que desde Accem mostramos nuestra preocupación es el hecho de que el pacto permita a un país, ante una situación de crisis, flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Esta circunstancia, según el acuerdo, puede ser consecuencia, o bien de un aumento de llegadas o de la “instrumentalización” de la migración por parte de un país tercero para afectar a un Estado miembro.

Además, queremos recordar que ya existe un mecanismo para gestionar situaciones de crisis de llegadas, recientemente utilizado: la directiva europea de Protección Temporal. Se trata de un mecanismo garantista, que acelera el amparo y la garantía de derechos de las personas refugiadas y que se ha probado eficaz para resolver crisis de calado humanitario. Consideramos que, precisamente, este acuerdo de migración y asilo va en el sentido contrario de esta norma, al posibilitar que se incumplan parcial o totalmente las normas de asilo y refugio.

Por último, lamentamos que un pacto que tenía entre sus objetivos garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la UE para las personas refugiadas pueda derivar en ampliar más las diferencias a la hora de aplicar los criterios del sistema europeo común de asilo. Así pues, nos inquieta el concepto de solidaridad obligatoria pero flexible, que establece la existencia de cuotas de redistribución de demandantes de asilo de las cuales, sin embargo, los países podrán exonerarse a cambio del pago de 20.000 euros por persona, contribuyendo con medios materiales a la gestión migratoria de la UE o asumiendo la gestión de personas que están en su territorio aunque entrasen por otro país, que sería al que correspondería su gestión.

Dos años de acogida a las personas refugiadas de Afganistán que escaparon del regreso de los talibanes

Desde agosto de 2021, cuando se produjo la primera acogida a personas refugiadas procedentes de Afganistán en el marco de la Operación Antígona tras la toma de control del país por parte de los talibanes, en Accem hemos atendido a un total de 859 personas de nacionalidad afgana, de las que 398 son mujeres. De ellas, 117 llegaron solas, sin la compañía de ningún familiar.

La Operación Antígona es el nombre del dispositivo que puso en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España para organizar la acogida en España de las personas evacuadas desde Afganistán al encontrarse en riesgo por haber colaborado en los últimos años con las fuerzas internacionales presentes en el país asiático hasta el regreso al poder de los talibanes. Asimismo, y de manera paralela a los operativos especiales que se pusieron en marcha para su evacuación, se ha ido facilitando el traslado a España de antiguos colaboradores/as y otras personas en situación de riesgo que han podido llegar por sus propios medios a países vecinos y que han solicitado en la embajada española su traslado a nuestro país con la intención de solicitar protección internacional. Esto se ha llevado a cabo al amparo de la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del asilo en España. A fecha de agosto de 2022, con información hecha pública entonces, el Gobierno español había evacuado a un total de 3.900 afganos y afganas.

Facilitar el traslado a España desde las sedes diplomáticas en el exterior para poder tramitar la solicitud de protección internacional es una de las vías legales y seguras que las organizaciones sociales, entre ellas Accem, reclaman con insistencia para reducir el sufrimiento de las largas y penosas rutas migratorias hacia los países de destino, llenas de riesgos para la vida y la integridad de las personas.

El acceso a esta vía es generalmente lento, por la lista de espera existente y los trámites necesarios para activarla, pero una vez en España, las personas afganas acceden al procedimiento de protección internacional de manera ágil y sus solicitudes se estudian y resuelven con relativa celeridad. En 2022 se registraron 1.581 solicitudes de protección internacional de personas afganas y la tasa de reconocimiento se situó en un 98,7 %. También atendemos a personas que han conseguido acceder a España por otras vías: por sus propios medios o con el apoyo de otras organizaciones.

Es de reseñar cómo desde el pasado mes de marzo, un total de 160 personas (90 mujeres y 70 hombres) de origen afgano han sido acogidas en el CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación) de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, gestionado por Accem y puesto en marcha un año antes para dar respuesta a la llegada de las miles de personas refugiadas de la guerra en Ucrania. Así, el primer grupo acogido en el CREADE de personas no procedentes de la guerra en Ucrania estuvo conformado por cinco mujeres afganas que habían sobrevivido a un atentado en el país. Posteriormente, a partir del 23 de abril han sido acogidas en el CREADE un total de 152 personas aterrizadas en España procedentes de Islamabad (Pakistán).

Las personas procedentes de Afganistán atendidas por Accem

Actualmente, a término del primer semestre de 2023, estamos acompañando en su proceso de inclusión social a un total de 297 personas de origen afgano, de las que 150 son mujeres. En estos casi dos años, desde Accem hemos atendido a un total de 859 personas procedentes de Afganistán. Un primer dato nos muestra que la distribución por sexos se encuentra relativamente equilibrada, con un 54 % de hombres y un 46 % de mujeres.

Personas de origen afgano atendidas por Accem (2021-2023). Por sexos

El tramo de edad mayoritario es el comprendido entre los 18 y 34 años de edad, que aglutina al 43,5 % de las personas a las que hemos atendido. Es de destacar la presencia de un 33 % de menores de 18 años, lo que apunta a un exilio familiar en el que el progenitor/a o progenitores se trasladan junto a sus hijos.

Personas de origen afgano atendidas por Accem (2021-2023). Por edades

En nuestra intervención hemos detectado la presencia de, al menos, 138 personas procedentes de Afganistán que cuentan con estudios superiores, que suponen el 16 % del total de personas atendidas. En cuanto a la situación administrativa de las personas a las que hemos acompañado, en el 50 % de los casos eran solicitantes de protección internacional y/o protección temporal; un total de 232 personas eran beneficiarias del estatuto de refugiado y otras 44 de la protección subsidiaria.

En coherencia con nuestro modelo territorial de intervención, hemos dado apoyo a personas afganas en 12 comunidades autónomas diferentes, si bien es cierto que en este caso, las personas atendidas se han concentrado de manera muy significativa en Madrid, con 619 personas atendidas. A continuación se sitúa Castilla-La Mancha, con 109 personas atendidas.

Personas refugiadas afganas atendidas por Accem (2021-2023). Por CC.AA.

 

Nuestro trabajo de acogida e inclusión: un camino no exento de dificultades

En estos dos años, las principales actuaciones que nos han demandado las personas procedentes de Afganistán a las que hemos atendido han sido: asistencia jurídica, en un 49 % de los casos; aprendizaje del idioma, en el 37 %; atención psicológica, por parte del 32 % de las personas atendidas; y orientación y apoyo para la inserción laboral, en un 17 % de los casos.

La asistencia jurídica se requiere especialmente para facilitar el acceso a la protección internacional y para la regularización de la situación jurídica en el país de acogida; el aprendizaje del idioma, como elemento esencial para avanzar en los procesos de inclusión social; la asistencia psicológica, para apoyar el proceso de recuperación personal después de experiencias frecuentemente traumáticas y atravesadas por distintos duelos; y el empleo, como pieza fundamental para culminar los procesos de inserción y conquista de la autonomía. Estas actuaciones conforman un mapa global de nuestra intervención, que atiende de manera integral e individualizada a las distintas necesidades de las personas, orientada siempre y desde el primer momento hacia la inclusión social.

Atenciones desplegadas por Accem para atender a las personas afganas (2021-2023)

 

Sin embargo, nos parece que es también interesante hacer visibles las dificultades que aparecen en los procesos de inclusión social de las personas refugiadas en España. En el caso de las personas que han conseguido escapar del Afganistán de los talibanes, hemos observado especialmente el peso que supone la falta de una red de apoyo de otras familias afganas en el municipio de acogida. La falta de una comunidad afgana amplia y consolidada en España ha llevado a que algunas familias hayan preferido buscar alternativas en otros países del entorno europeo. La barrera del idioma constituye un segundo obstáculo de importancia. En este caso, se ha producido un gran desequilibrio entre las personas que manejan el idioma, por haber trabajado en el pasado con españoles/as desplazados/as en Afganistán, y las que no contaban con esta herramienta tan crucial para los procesos de inclusión. Estos desajustes se producen en el seno de las mismas familias, repercutiendo además de forma muy directa en las posibilidades de acceder a un empleo.

A nivel psicológico, nos hemos encontrado con frecuencia a personas con un deteriorado estado anímico y psicológico. Algunas de estas personas han sufrido problemas de sueño y/o estrés postraumático. En este sentido, cabe señalar cómo el desplazamiento forzoso y no organizado de estas personas ha provocado un grave desajuste de sus planes y expectativas futuras, además del trauma emocional que conlleva abandonar de manera inmediata y arriesgada el país de origen, dejando atrás a sus familiares y vidas anteriores. Las dificultades y la lentitud de los procesos de reagrupación familiar también conllevan un importante coste emocional, con la preocupación de contar con familiares cercanos en el país de origen o países limítrofes, a menudo atravesando situaciones de gran vulnerabilidad.

En los procesos de inserción han aparecido dos barreras que son muy habituales en los procesos de inclusión de las personas a las que atendemos en el ámbito de la protección internacional: la búsqueda de una vivienda y el acceso a un empleo. En el caso de la vivienda, nos enfrentamos a situaciones de escasa oferta, precios elevadísimos, así como a propietarios que exigen unas condiciones inasumibles para arrendar una vivienda, junto a situaciones de discriminación. Todos estos factores hacen difícil dar el salto del centro de acogida a una vivienda de alquiler. Con respecto al empleo, al contexto de un mercado laboral de gran competitividad y altos niveles de desempleo, se unen factores como la falta de dominio del idioma, el nivel de formación o las dificultades para la homologación de títulos.

Las mujeres se enfrentan a barreras añadidas en los procesos de inclusión

En clave de género, la distribución de roles en el ámbito de la pareja ha llevado a que en líneas generales los procesos de inclusión social de las mujeres hayan llevado un ritmo más lento. Las mujeres, por su rol como principales cuidadoras de las niñas, niños y adultos dependientes, enfrentan mayores dificultades para seguir un itinerario de preparación para la autonomía por no disponer, por ejemplo, del tiempo necesario para asistir a clases de castellano, lo que complica enormemente los siguientes pasos y, en definitiva, el acceso a un empleo y a la autonomía. En ocasiones, directamente, cuando es el hombre quien conoce el idioma, la posible incorporación de la mujer al empleo queda al margen, centrándose en el cuidado de los menores y del hogar. Este tipo de cuestiones se han trabajado desde los equipos de intervención a través de talleres y grupos de discusión en los que tratar la equidad de género e intentar favorecer el empoderamiento de la mujer en las diferentes esferas de actuación. No obstante, también nos encontramos casos en los que la referente de la unidad familiar ha demostrado ser una mujer autónoma, que toma decisiones en pro del bienestar de la totalidad de su familia, notándose una evolución del aprendizaje del idioma superior y con mayor rapidez que el de los hombres y un mayor nivel de adaptación.

Este conjunto de factores y dificultades han repercutido en los procesos de inclusión y conquista de la autonomía. Por este motivo, en fechas próximas a la finalización del itinerario de acogida e inclusión, que se prolonga durante 18 meses, de las primeras personas llegadas en el marco de la Operación Antígona, se valoró desde la Secretaría de Estado de Migraciones, titular de los programas de acogida e inclusión a personas con protección internacional, la necesidad de ofrecer una respuesta excepcional, permitiendo la solicitud de una prórroga de seis meses adicionales en el programa para las personas y familias que lo necesitaran.

Desde Accem seguimos trabajando, de acuerdo con nuestra misión, en la atención, acogida y acompañamiento en los procesos de inclusión social de las personas de origen afgano que han buscado un refugio en nuestro país ante el riesgo cierto para sus vidas y su integridad al que se enfrentaban de haber continuado viviendo en Afganistán. Sin embargo, es necesario el apoyo, la iniciativa y la solidaridad del conjunto de la sociedad para que estas personas puedan reconquistar su autonomía perdida para salir adelante y aportar todo lo que llevan dentro a la sociedad de acogida. Este trabajo se realiza gracias a la cofinanciación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea

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Accem atendió a más de 12.500 solicitantes de protección internacional en el primer semestre de 2023

En los seis primeros meses del año, desde Accem atendimos a un total de 12.590 solicitantes de protección internacional, de los que el 55 % fueron hombres y el 45 % mujeres. La mayoría de las personas que atendimos entre las que habían solicitado protección procedían de Venezuela, Colombia y Perú, lo que coincide con las principales nacionalidades registradas a nivel estatal.

Personas solicitantes de protección internacional atendidas por Accem en el primer semestre de 2023

En cuanto a las causas registradas en los motivos de solicitud, en un 43 % de los casos se referían a haber sufrido “daños graves”; en un 18 % de los casos escapaban de situaciones de conflicto generalizado en su país de origen y en un 14,5 % habían solicitado protección por sufrir persecución por sus ideas políticas. Atendimos, asimismo, a 331 personas que habían solicitado protección al ser perseguidas debido a su orientación sexual y/o identidad de género, y a 248 personas que solicitaron protección por motivos de género.

Por otra parte, desde Accem también atendimos en este primer semestre a un total de 491 personas beneficiarias del estatuto de refugiado y a 437 personas amparadas por la protección subsidiaria. Afganistán, Siria y Mali son los países de origen mayoritarios entre las personas a las que atendimos con protección internacional.

Atendimos a 5.942 personas con la protección temporal aplicada a quienes escapan de la guerra en Ucrania

En cuanto a las personas que se han refugiado en España escapando de la guerra en Ucrania, durante los primeros seis meses del año proporcionamos atención a 5.942 personas beneficiarias de la figura jurídica de protección temporal que se ha activado para los ciudadanos/as procedentes de Ucrania. De ellas, el 61 % son mujeres y niñas. Junto a ellas, atendimos a otras 698 personas que habían solicitado acogerse a esta figura jurídica de la protección temporal, pero que en el momento de la atención aún no se les había concedido.

Personas beneficiarias de protección temporal (Ucrania) atendidas por Accem en el primer semestre de 2023

Este trabajo se realiza gracias a la cofinanciación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

Accem presenta un informe de referencia en Europa respecto a la situación de las personas refugiadas en España

Este jueves, Accem ha llevado a cabo un acto en el Ateneo de Madrid en el que ha dado a conocer los resultados del Informe de País 2022: España, respecto a la situación del sistema de asilo y de las personas refugiadas en nuestro país. Desde 2016, Accem es la entidad experta responsable de elaborar este informe relativo a España, con información actualizada y fiable sobre el procedimiento de asilo, las condiciones de acogida, el acceso y disfrute de derechos e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y la detección de prácticas a mejorar o ser tenidas en cuenta en este marco.

Este informe forma parte del Proyecto AIDA (Asylum Information Database), una base de datos gestionada por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés) y que contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países, entre los que se incluyen 19 estados pertenecientes a la Unión Europea.

Se trata de un informe de referencia a nivel europeo que, a tenor de su contenido, tiende a marcar pautas en las políticas adoptadas desde los principales órganos regidores de la Unión Europea en materia de asilo y migración. En este sentido, este año se ha realizado un anexo específico sobre la aplicación de la protección temporal en España, habilitada por primera vez por la Comisión Europea en 2022 para dar respuesta a las necesidades de acogida a las personas llegadas a causa del conflicto en Ucrania.

El objetivo general de este proyecto es contribuir a mejorar las políticas y prácticas de asilo y las prácticas relativas a este tema en el continente europeo, así como las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional gracias a la información y a las herramientas aportadas a través de este trabajo.

Buenas prácticas y mejoras en el sistema de asilo y de acogida

El informe detalla las mejoras producidas en el sistema de asilo y acogida a las personas refugiadas y solicitantes de protección en el último año. Así, entre estas mejoras, destaca que, entre 2021 y 2023, el Gobierno ha destinado una importante partida del Plan de Recuperación y Resiliencia para la creación de 17 nuevos dispositivos de acogida, con una capacidad de 6.100 nuevas plazas para personas migrantes y refugiadas.

El informe también resalta la sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2021 en la que se establece la suspensión automática del procedimiento de expulsión por estancia irregular hasta que no exista una decisión firme de denegación o inadmisión justificada de cualquier solicitud de protección internacional.

Además, pone de relevancia la puesta en marcha de mecanismos para la prevención y la respuesta a la violencia de género en los dispositivos de acogida para las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y, también, la reforma parcial de la definición de “persona refugiada” en febrero de 2022, al incluir expresamente la “identidad de género” como motivo para conceder el asilo en nuestro país.

“Devoluciones en caliente”, muertes en el mar y dificultades en el acceso a derechos sociales

De entre las prácticas que se describen y que continúan sin atajarse a tenor de la legalidad internacional, las llamadas “devoluciones en caliente” se han seguido produciendo durante el año pasado, especialmente en la frontera de Melilla y Marruecos. Se trata de una práctica que impide la identificación individualizada de vulnerabilidades y la garantía al derecho a la protección internacional.

Asimismo, la falta de vías legales y seguras, especialmente en rutas tan peligrosas como el Mediterráneo o la ruta canaria, ha provocado la muerte de 2.390 personas durante 2022. De todas las pérdidas de estas vidas humanas, 3 de cada 4 se produjeron en la conocida como ruta canaria.

Las personas migrantes y refugiadas han continuado afrontando obstáculos en el acceso a sus derechos, especialmente a la vivienda, al trabajo y a los servicios financieros, en parte debido a prácticas discriminatorias, según refleja el documento. Esto ha motivado que la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa llevara a exhortar al Gobierno a mejorar el acceso a los derechos sociales de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Nuestro país también recibió la crítica de la representante de ACNUR en España, quien calificó de “crítica” la situación en el acceso a la protección internacional en España, debido a los numerosos obstáculos y los largos periodos de espera para obtener la cita necesaria para formalizar la solicitud.

Protección temporal en España

El Informe de País 2022: España incluye por primera vez un anexo referente a la protección temporal. Tras estallar el conflicto en Ucrania, la Unión Europea habilitó un mecanismo más flexible y simplificado para proporcionar protección a las personas que huían del de este país sin necesidad de presentar una solicitud de protección internacional. En España, este nuevo procedimiento permitió que la Oficina de Asilo y Refugio, órgano competente en esta materia, adoptara una decisión sobre la concesión en el plazo de 24 horas desde la presentación de la solicitud, reconociendo la residencia temporal, la autorización al trabajo y el acceso al sistema sanitario y a la educación para menores de edad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Durante 2022, se concedió protección temporal a 161.037 personas que huían de Ucrania. Hasta el 16 de enero de 2023 se han concedido 163.140 autorizaciones de residencia, siendo el 63% de las personas beneficiarias mujeres y el 37% hombres, y 1 de cada 3, menores de edad.

Para responder a las necesidades surgidas a raíz de este conflicto, a principios de marzo de 2022 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE). El primero de los cuales, ubicado en Pozuelo, ha estado gestionado por Accem desde el principio. Estos centros han garantizado el acceso a derechos como la acogida y manutención, apoyo económico, acceso a la educación y aprendizaje del español, apoyo psicológico, orientación y formación laboral y asistencia médica, entre otros.

Principales datos de asilo en España

Durante 2022, un total de 118.842 personas solicitaron protección internacional en España, la mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos y Honduras, que se posicionan como los principales países de origen de las personas solicitantes.

Por lo que se refiere a las resoluciones, se concedió el estatuto de refugiado a 6.830 personas, la protección subsidiaria a 7.405 personas. De esta manera, los primeros cinco países de origen de las personas beneficiarias de alguna forma de protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria) durante el año pasado fueron Mali, Afganistán, Ucrania, Siria y Colombia.

Además, se concedió la protección por razones humanitarias a 20.924 personas. Por otro lado, un total de 51.838 solicitudes fueron desfavorables y, a finales de año, aún había 92.152 solicitudes pendientes de resolución.

> Pincha aquí para acceder al resumen ejecutivo del Informe de País 2022: España (en castellano)

Preocupación por la deriva europea que dificulta el acceso de las personas refugiadas a la protección internacional

Comunicado de Accem por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos en este 2023 hacer visible nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en todo el seno de la Unión Europea en relación a las políticas migratorias, con la adopción por diferentes países de la UE de medidas excepcionales que pueden suponer verdaderos impedimentos para el ejercicio del derecho de asilo, la protección de las personas en situación vulnerable y, por extensión, la salvaguarda de los derechos humanos.

Las organizaciones sociales venimos años advirtiendo de que se han generalizado y normalizado enfoques en relación a las políticas migratorias que priorizan las medidas destinadas al control de los flujos migratorios y las trabas a las personas en movimiento sobre el respeto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales adquiridos, lo que nos parece un grave error que nos llena de preocupación.

Uno de los casos más evidentes y repetidos en distintos puntos fronterizos de la UE es la aceptación y naturalización de prácticas como las devoluciones automáticas o ‘devoluciones en caliente’ para personas que han rebasado irregularmente las fronteras de algún país de la Unión. Queremos recordar una vez más que para el ejercicio del derecho de asilo es imprescindible realizar un análisis individualizado de cada petición, en el que se pueda explorar adecuadamente la posible necesidad de protección, en el que se puedan detectar situaciones de especial vulnerabilidad y en el que las personas tengan acceso a servicios de traducción e interpretación. Accem corrobora que, como ha reflejado en el informe anual AIDA (Asylum Information Database) de ECRE (Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados), “la práctica de las devoluciones en caliente continuó en 2022”. Estas devoluciones contradicen en la práctica el ejercicio garantista del derecho de asilo.

Siguiendo con lo recogido en el informe AIDA, y como organización española responsable de elaborar el informe de país correspondiente a España, nos preocupan las denuncias que diferentes organizaciones han realizado a lo largo del último año “por el uso indiscriminado de la violencia en la gestión de la situación en la frontera” entre Marruecos y España, que tuvo su capítulo más terrible en los últimos tiempos el pasado 24 de junio de 2022 con la muerte de al menos 37 personas que intentaban saltar la valla. Estamos convencidos/as de que el enfoque común de asilo y migración en la UE y todos sus Estados miembros debe estar basado en el respeto a los derechos humanos de las personas en sus fronteras exteriores.

En un panorama poco alentador, nos preocupan fenómenos en auge como el intento de criminalización de las personas que migran, el uso de un lenguaje bélico y defensivo para abordar las migraciones y la generación de situaciones de una falsa sensación de ‘alarma social’ que, sin una base real, acaban por devenir en nuevos recortes en el acceso a derechos. Nos preocupan las situaciones que se están generando a nivel europeo de negación de auxilio en el mar y de interposición de todo tipo de obstáculos a las organizaciones humanitarias que realizan unas operaciones de socorro y rescate que deberían llevarse a cabo desde instancias públicas. Desde enero de 2022, y según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 4.343 personas han fallecido en la ruta migratoria hacia Europa en el Mediterráneo y el Atlántico, en una tragedia que no cesa y que, de nuevo, parece haber sido naturalizada en las sociedades europeas. En los últimos días hemos conocido el naufragio de un barco en aguas griegas en el que el número de fallecidos podría ser de varios centenares de personas, al estimarse entre 400 y 800 sus pasajeros y haberse rescatado con vida apenas a un centenar de ellos.

Más de 108 millones de personas en situación de desplazamiento forzado

Más de 108 millones de personas en el mundo, según los últimos datos de ACNUR, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por causa de la guerra, la violencia que se padece en sus países o regiones de origen, o la persecución acometida contra distintos grupos sociales por motivos como el género, el grupo étnico o nacional de pertenencia, la religión, la orientación sexual, o las ideas políticas, entre otras razones.

En la actualidad se calcula que una población de alrededor de 850 millones de personas en el mundo se encuentran afectadas por la existencia de conflictos de alta o media intensidad en 23 países. Es el caso de Siria, Afganistán, Yemen, Sudán o Somalia, por poner algunos ejemplos.

En España, en el año 2022, más de 118.000 personas solicitaron protección internacional, lo que supone un nuevo récord histórico y una vuelta a los datos de peticiones de asilo previos a la pandemia. En el conjunto de Europa el número de solicitantes superó los 881.000, siendo España el tercer país de la UE por detrás de Alemania y Francia.

Si miramos las resoluciones de protección, en 2022 se concedió en España el estatuto de refugiado a un total de 6.830 personas y la protección subsidiaria a 7.405 personas. Constituyen el 21,5 % del total de resoluciones de protección. A ellas hay que añadir a las 161.037 personas desplazadas por la guerra en Ucrania que obtuvieron la llamada protección temporal, activada al efecto a nivel europeo, y a las 20.924 personas que accedieron a la autorización de residencia por razones humanitarias, la mayoría de ellas procedentes de Venezuela en este caso.

Cuando prestamos atención a los principales países de origen de las personas que consiguieron protección en España, nos encontramos países de Oriente Medio como Siria o Afganistán; países latinoamericanos como Colombia, Honduras o Nicaragua; europeos como Ucrania y países africanos como Sudán o Mali. Todos ellos conforman un mapa global de la protección y la necesidad de refugio. ¿Pero por qué huyen las personas refugiadas de sus países?

En Accem este año hemos comenzado a construir nuestro Atlas de Refugio, un atlas que abarca todas las latitudes del planeta en mayor o menor medida, el atlas geográfico que conforman por ahora los principales países de origen de las personas que obtienen protección en España, que consiguieron escapar, que lograron llegar y que tras un largo camino vieron resuelta favorablemente su solicitud de protección. ¿Pero por qué escapaban? Creemos que conocer sus motivos es un buen paso para generar empatía y solidaridad entre la ciudadanía del país de acogida.

Vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

En este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem volvemos a reclamar que se establezcan y se hagan efectivas vías legales, reales y seguras para que las personas refugiadas puedan llegar a territorio español y europeo y puedan tener acceso a los procedimientos de solicitud de protección internacional.

Cuando hablamos de activar y fortalecer estas vías seguras hablamos de desarrollar la posibilidad real de solicitar asilo en embajadas; establecer visados humanitarios; flexibilizar los criterios para acogerse a la reagrupación familiar; garantizar la posibilidad de solicitar protección en todos los puestos fronterizos; seguir reforzando el programa de reasentamiento y aplicar la directiva de protección temporal que se ha utilizado en el caso de Ucrania también para otros conflictos similares.

Haciendo reales y efectivas estas vías legales y seguras disminuirá la necesidad de emprender travesías tan peligrosas como las que emprenden las personas refugiadas y migrantes, poniendo en juego su propia vida e integridad.

 

El trabajo de Accem con estas personas se realiza gracias a la cofinanciación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

Accem se vuelca con la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas el próximo 20 de junio, Accem pone en marcha una serie de acciones y contenidos dirigidos a sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas, su acogida en nuestro país y hacer balance del año en materia de asilo. Entre ellos, publicamos el Informe de Personas Refugiadas 2022, un análisis de la acogida en nuestro país, destacando las cifras récord en esta materia, pues se registraron 118.842 solicitudes de protección internacional, situando a España como el tercer país de la UE en este asunto, por detrás de Alemania y Francia. A ello hay que sumar las 161.037 personas desplazadas por la guerra en Ucrania, que se acogieron a la figura de Protección Temporal.

Accem atendió a 47.996 personas que solicitaron o tienen algún tipo de protección internacional en 2022 frente a las 14.390 de 2021. De ese total, la nacionalidad ucraniana fue la más numerosa, contándose a 29.050 personas. Pusimos en marcha en tiempo récord y de forma ágil el primer Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de España para canalizar la llegada de ciudadanos/as de este origen, por el que han pasado hasta la fecha más de 24.200 personas.

Por otro lado, y dejando de lado los datos, queremos expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en la Unión Europea en relación a las políticas migratorias, con la adopción de medidas de corte exclusivamente securitario en algunos Estados que pueden suponer limitaciones para el ejercicio del derecho al asilo. Cabe recordar que, desde enero de 2022, y según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 4.343 personas han fallecido en la ruta migratoria hacia Europa en el Mediterráneo y el Atlántico, en una tragedia que no cesa y que, de nuevo, parece haber sido naturalizada en las sociedades europeas.

Además, Accem realiza la edición en España del Informe Europeo AIDA, del European Council on Refugees and Exiles (ECRE), que contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países. Entre las conclusiones, destaca la preocupación por la naturalización de prácticas como las devoluciones automáticas y la inquietud por los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera entre España y Marruecos, que dejaron al menos 37 personas muertas.

Por todo ello, volvemos a incidir sobre la necesidad de establecer y hacer efectivas vías legales, reales y seguras para que las personas refugiadas puedan llegar a territorio europeo y tener acceso a la solicitud de protección internacional. Accem reclama medidas como la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, establecer corredores humanitarios, flexibilizar los criterios de la figura de la reagrupación familiar, garantizar la posibilidad de solicitar protección en puestos fronterizos, reforzar los programas de reasentamiento o aplicar la directiva de Protección Temporal para contextos de guerra como el ucraniano.

Para conocer mejor los contextos de origen que hacen que una persona tenga que huir y buscar refugio en España, Accem lanza un Atlas de Refugio, una web interactiva que permite conocer la situación de Ucrania, Afganistán, Siria, Mali, Sudán, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los principales países desde los que llegan las personas refugiadas y beneficiarias de otros tipos de protección, y que tiene como objetivo sensibilizar sobre las razones que obligan a personas a dejar atrás sus hogares y sus vidas. Unido a eso y en este mismo marco, la entidad desarrolla la iniciativa “Semillas que reconstruyen vidas” y celebrará durante el mes de junio más de 70 actos en 44 ciudades españolas tales como carreras populares, talleres infantiles o conciertos solidarios con este mismo objetivo.

El trabajo que lleva a cabo Accem con estas personas se realiza gracias a la cofinanciación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

Las medidas excepcionales de control migratorio aprobadas en la UE impiden el acceso al asilo y la protección

En Accem volvemos a tomar la palabra para expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en el seno de la Unión Europea en materia de políticas migratorias, con enfoques que priorizan las medidas dirigidas al control migratorio sobre el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la protección de las personas en situación vulnerable. En este caso ha sido el Parlamento de Lituania quien ha aprobado la nueva Ley de Fronteras, que podría poner en peligro el respeto al derecho de asilo al abrir la puerta a las ‘devoluciones en caliente’ de personas refugiadas y migrantes, a través de la aplicación del estado de excepción. Recordemos en este punto que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la figura del estado de excepción no exime a los miembros de la Unión de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, algo que va en dirección contraria a lo que han establecido las autoridades lituanas. Nos preocupan igualmente las restricciones que se establecen en la nueva ley tanto a ONG como a medios de comunicación para el acceso a zonas de frontera.

Desde Accem volvemos a recordar que estas prácticas, se hagan en el país que se hagan, no son garantistas con el respeto al derecho de asilo, al no garantizar un análisis individual que explore la posible necesidad de acceso a procedimientos de protección internacional, que detecte de forma adecuada la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, víctimas de trata, víctimas de tortura, persecución por orientación sexual, etc.) y que permita el acceso tanto a atención sanitaria como a servicios de traducción e intérprete. Si hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por la adopción del estado de emergencia en Italia ante la situación migratoria, hoy lo hacemos ante la nueva ley en Lituania, desde el convencimiento de que el enfoque común de asilo y migración en la UE debe estar basado en la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas.

Esta preocupación se relaciona directamente con hechos como los que vemos en Sudán, país africano que en estos días vive combates entre el Ejército y otros actores armados del país. Desgraciadamente, los nuevos combates suponen un episodio más en una larga sucesión de años de inestabilidad y violencia en este país africano. Cualquier situación de guerra o conflicto armado genera sufrimiento humano y el desplazamiento forzado de muchos de sus nacionales, a otras regiones del país u otros países del entorno. ACNUR estima en que los nuevos enfrentamientos pueden provocar la huida de al menos 145.000 personas. Estas personas, cuando traspasen las fronteras de su país, serán llamadas refugiadas y, aunque en su mayoría permanecerán en los países limítrofes al escenario del conflicto, esperando un posible regreso, en algunos casos emprenderán un difícil éxodo en busca de un país seguro y estable.

Sin embargo, ante la falta de vías legales y seguras para ellas, atravesarán rutas muy largas y con numerosos obstáculos y peligros, para poder, finalmente, intentar alcanzar su objetivo: la llegada a países más prósperos, seguros y estables, como, por ejemplo, los estados miembros de la UE. Pero en ese momento se encontrarán con medidas como las que hablamos hoy de Italia o Lituania, que no garantizan el acceso a los procedimientos de asilo y en las que no está garantizado en la práctica el respeto a los derechos humanos.

Desde Accem seguimos haciendo hincapié en la necesidad de vías legales y seguras que garanticen la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, así como en la necesaria respuesta conjunta y solidaria que la Unión Europea debe dar a estas personas ante estas situaciones.

Informe AIDA – Country Report: Spain – Actualización 2022

Título: Informe AIDA – Country Report: Spain – Actualización 2022.

Autoría: Accem.

Edita: ECRE (European Concil of Refugees and Exiles).

Año de edición: 2023.

Páginas: 178.

Actualización del Informe País dedicado a España, con toda la información sobre la situación del asilo en 2022. Accem, como organización miembro de la red ECRE, ha sido la entidad encargada en exclusiva de realizar el informe sobre España para el proyecto AIDA (Asylum Information Database), una base de datos gestionada por ECRE que contiene información sobre los procedimientos de asilo, condiciones de acogida, detención y desarrollo de los dispositivos de protección internacional en los países europeos.

El objetivo de AIDA es contribuir a mejorar las políticas de asilo y las prácticas asociadas en Europa, así como mejorar las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, proporcionando a los actores relevantes información y herramientas apropiadas para el trabajo de incidencia y litigio, a escala estatal y europea.

En esta edición, además, se ha añadido un anexo expresamente para incluir los datos referentes a la Protección Temporal en el ámbito europeo tras la habilitación de esta figura de asilo a raíz del inicio del conflicto en Ucrania.