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Valoración del examen a España en Naciones Unidas desde la mirada de las comunidades afrodescendientes

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El pasado 22 de enero tuvo lugar el Examen Periódico Universal (EPU) al gobierno de España en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. El EPU es un examen realizado por el Consejo de Derechos Humanos, que cada cinco años evalúa el grado de cumplimiento en un gobierno de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Para la realización de este EPU ante Naciones Unidas participaron un total de 89 organizaciones de la sociedad civil, que identificaron e informaron sobre lo que entendían como violaciones de los derechos humanos, incluyendo los actos de discriminación racial. En este proceso también participó el Defensor del Pueblo. El EPU a España se realizó ante la presencia de representantes de otros 117 estados.

Según se recoge en la nota difundida por el equipo de organización del encuentro entre la sociedad civil y el grupo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas, durante el examen en Ginebra el Gobierno de España fue preguntado en varias ocasiones sobre la cuestión de las personas afrodescendientes, sin que aportara ninguna medida concreta adoptada para prevenir la discriminación estructural que afecta a las comunidades afrodescendientes.

Ninguna de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU en su informe 39/69/Add2. sobre su misión en España en 2018 ha sido adoptada. Se trata de más de 30 recomendaciones de diferentes mecanismos de la ONU al gobierno de España, con objeto de mejorar la situación de las personas afrodescendientes: desde aprobar una Ley Integral Contra el Racismo, pasando por recoger datos desglosados según criterios étnicos, poner fin al uso de perfiles raciales y aplicar plenamente las actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, entre otras. Tampoco hubo ninguna referencia a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lugares donde se producen abusos y violaciones a personas migrantes en situación administrativa irregular.

En el mes de junio del presente año, está previsto que nuestro gobierno comunique en otra sesión cuáles de las recomendaciones recibidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto aplicar, y qué otras medidas se pondrán en marcha para prevenir las violaciones y abusos detectados.

La delegación del gobierno de España que acudió a Ginebra estuvo compuesta por representantes de distintos ministerios y encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela.

Naciones Unidas ha declarado la presente década entre 2015 y 2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes.

Visita de Naciones Unidas para evaluar la situación de las personas afrodescendientes

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Accem participó en la reunión con el grupo de trabajo de personas expertas de Naciones Unidas que, con motivo del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, visitaron distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid, el pasado mes de febrero.

Durante la visita, evaluaron la situación de los derechos humanos de los/las afrodescendientes que viven en nuestro país, incluidas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y recabaron información sobre las distintas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y demás formas conexas de intolerancia a las que se enfrentan. Los expertos y expertas de Naciones Unidas partieron del estudio de las medidas oficiales adoptadas y de los mecanismos de prevención y protección de las víctimas ante la discriminación racial sistemática.

Fue en este marco en el que se celebró en el pasado mes de febrero un encuentro de trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil, expertas en esta materia, y entre las que se encontraba Accem, en la que se abordó la realidad de las personas afrodescendientes como potenciales víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

La aportación de Accem consistió en la presentación de un informe sobre la “Protección y defensa jurídica efectiva de las víctimas de discriminación racial o étnica”, abogando por la necesidad y oportunidad de legislar una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

En posterior rueda de prensa, el grupo de trabajo agradeció la colaboración y aportaciones de las entidades e interlocutores varios, Gobierno e instituciones locales al tiempo que efectuó una declaración preliminar a las conclusiones definitivas y recomendaciones finales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre de 2018.

Así, se destacó la importancia de la existencia de un compromiso institucional en participar en el diálogo, la cooperación y la acción contra la discriminación racial, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y afrodescendientes, y de proporcionar a esas organizaciones los fondos financieros adecuados para desarrollar su labor.

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