Comunicado de la red EAPN en el Estado español, de la que Accem forma parte.
Las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para afrontar la situación migratoria en Canarias tienen un denominador común: llegan tarde. El repunte migratorio que vive las Islas, que se inició en su primer ciclo en septiembre de 2019 y ha tenido un inaudito incremento a partir de septiembre del año en curso, requería más determinación.
Admitiendo el esfuerzo realizado por la administración estatal, competente en la materia, se ha constatado que no contar con una red de acogida humanitaria estable en un territorio fronterizo como el archipiélago canario, ni desde el inicio con una política de derivación clara, transparente, ágil y periódica ha socavado tanto los derechos de las personas que llegan y cuya mayoría se encuentran sin recursos, así como el ánimo de la población local que no comprende el plan diseñado desde Madrid para afrontar esta situación de emergencia.
La separación de niñas y niños de sus padres, que se corrigió, la ausencia o deficiencia en la asistencia letrada de las personas, un derecho fundamental, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la descoordinación entre ministerios y la lenta puesta en marcha de una red de acogida humanitaria está lastrando una gestión que ha tenido como intención no dejar a nadie sin un lugar en el que dormir, algo loable, pero que está conduciendo a un callejón sin salida, con más de 6.000 personas que ahora mismo duermen en hoteles que quedaron cerrados por la crisis turística derivada de la pandemia.
Siendo esta la principal causa por la que las personas están saliendo de sus países, especialmente de Marruecos y Senegal en los últimos meses, entendemos que el objetivo debe ser dar la protección necesaria en un momento especialmente complejo. Y junto a esta medida, y cualquier otra que se ponga en marcha para amortiguar la situación que están pasando las personas migrantes que quedan en situación de vulnerabilidad a su llegada a Canarias, deben de ser acompañada por más recursos, también, para ampliar la red de protección a las personas que están en situación de exclusión, y muchas veces en situación de calle, en las Islas Canarias producto de una crónica situación, en algunos casos, o de exclusión sobrevenida como consecuencia de la pandemia en otros, porque el territorio canario es uno de los más afectados dada su alta dependencia de un sector que se ha visto frenado en seco: el turismo.
En definitiva, las medidas puestas en marcha deberían ser integrales y, efectivamente, no dejar a nadie atrás, porque lo contrario significará discriminar y avivar la pugna entre personas desfavorecidas, especialmente en esta situación de crisis.
Urgimos a medidas concretas, directas y que ayuden a paliar la situación: hablamos de más acogida humanitaria, especial atención al sinhogarismo y exclusión en Canarias, derivaciones ágiles, transparentes y periódicas a la Península, pedagogía sobre los desplazamientos de personas y, también, más trabajo directo con los países de origen para conseguir dos objetivos: generar vías legales, ordenadas y seguras y apuntalar condiciones de vida que hagan que migrar sea una opción, un derecho, pero no una cuestión de vida o muerte.
