Los rebrotes de la Covid-19 hacen visible la situación de pobreza y exclusión de los trabajadores temporeros migrantes
En este verano de 2020 distintos hechos han puesto en primer plano de la actualidad la situación de extrema precariedad vital que atraviesan miles de trabajadores/as migrantes en España empleados en las campañas agrícolas. Los rebrotes de la Covid-19 sufridos por los trabajadores temporeros en Huesca, Lleida o Albacete; los incendios en los asentamientos de jornaleros del campo en la provincia de Huelva o la dramática muerte del trabajador Eleazar Blandón a causa aparentemente de un golpe de calor en Murcia han hecho visible una realidad que para muchos permanecía oculta. Una realidad social de infraviviendas y hacinamiento; de falta de acceso a agua potable y saneamiento; de situaciones de calle y grave exclusión social; de explotación laboral, abuso e indefensión; en definitiva, de ausencia de los recursos y las condiciones más básicas para desarrollar una vida digna.
Sin embargo, y aunque se haya puesto este verano sobre la mesa, esta realidad de extrema pobreza y precariedad en España no es un fenómeno nuevo ni desconocido. En este mes de julio de 2020 se presentó el informe final de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.
El diagnóstico del Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza
Alston, que visitó nuestro país entre el 27 de enero y el 7 de febrero de este año, declaró, en palabras recogidas por la red EAPN-ES, haber encontrado “niveles aterradores de pobreza y exclusión”, llamando la atención sobre varias de las realidades específicas con las que había tenido contacto, entre ellas la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en el campo onubense, ligados a la campaña agrícola de la recogida de la fresa y los frutos rojos. En el informe final del Relator Especial se relata que Alston visitó un asentamiento de trabajadores y trabajadoras migrantes en Huelva “cuyas condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo”. Según recogió, solo en el campo de Huelva, vinculadas a la temporada de la fresa, viven en asentamientos de condiciones “inhumanas” de vida entre 2.300 y 2.500 personas.
(…) El Relator Especial visitó lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país: un poblado de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, cuyos habitantes (trabajadores y trabajadoras migrantes) han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice (…).
(…) Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos. Ganan apenas 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública. En palabras de una de esas personas: ‘Cuando hay trabajo, España necesita migrantes, pero a nadie le interesa cómo vivimos’ (…).
Con la aparición de diferentes brotes de la Covid-19 ligados a espacios donde trabajan y viven trabajadores temporeros, se han hecho visibles las condiciones de vida que sufren estas personas, pero también se ha extendido ese otro virus del racismo y la xenofobia provocado por el miedo y fortalecido por la despersonalización que en ocasiones se ha realizado de este colectivo en situación especialmente vulnerable. El estado de tensión social, cuando no de pánico, sirve de caldo de cultivo muy peligroso que facilita la aparición de brotes de racismo y xenofobia. La búsqueda de un chivo expiatorio siempre es tentadora, como hemos visto en tantas ocasiones.
Es labor de las organizaciones sociales y del conjunto de la ciudadanía poner el foco en lo verdaderamente relevante: la facilidad para la aparición en estos contextos específicos de brotes de la enfermedad, las condiciones favorables al contagio y la dificultad para el confinamiento son resultado de situaciones vergonzosamente extremas de pobreza y exclusión social, de condiciones de vida y de trabajo que deberían ser impropias de este tiempo y este país.
Accem trabaja desde hace bastantes años en estos espacios de enorme vulnerabilidad que son los asentamientos informales y las infraviviendas, poblados a menudo por personas de origen migrante. En la provincias de Huelva y Albacete o en la Región de Murcia hemos desarrollado durante años y seguimos haciéndolo en estos días una acción humanitaria y de atención social, ayudando a paliar los efectos más graves de la exclusión y aportando todo nuestro esfuerzo a la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas.
La salud y la enfermedad, también en el caso de la Covid-19, sí entienden y guardan relación con la pobreza y la exclusión social.
