La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato se reunió con la ministra de Igualdad
Las entidades que conforman la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, entre las que se encuentra Accem, se reunieron el pasado 9 de diciembre con la ministra de Igualdad, Irene Montero, de cara a impulsar la necesaria aprobación de una ley que se encuentra en fase de tramitación desde hace diez años.
Tras los anteriores intentos frustrados de aprobación de la ley en 2011 y 2019, el Estado español se comprometió en el pasado mes de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobar una ley de igualdad de trato lo antes posible.
La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato persigue que se impulse una norma que establezca un régimen de infracciones y sanciones, que incluya la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas, que prevea la creación de una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.
Distintos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.
Mientras que el Código Penal ha incorporado mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011.
Las entidades que impulsan la Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones.
La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.
