Abogados libios recurren contra el acuerdo con Italia

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El Tribunal Administrativo de Trípoli ha suspendido, como medida de precaución, la aplicación del Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito el pasado 2 de febrero de 2017 por el Presidente del Consejo presidencial del gobierno de reconciliación nacional de Libia Fayez Mustafa Serraj y por el Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno italiano Gentiloni.

Según ha informado el diario Herald de Libia, la acción fue presentada por seis personas, entre ellas el ex Ministro de justicia Salah al-Marghani.  Su recurso no se ocupó solo de los controvertidos planes descritos en el memorándum, que incluyen el retorno de migrantes a campos de detención en Libia. También se pone en duda la capacidad de Serraj a firmar dicho acuerdo en nombre del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). Esto es porque según el acuerdo político libio, hasta que sea aprobado por la cámara de representantes, el GNA junto con el Consejo de estado no tiene ningún estatus legal.

Antes de ser firmado por el primer ministro Fayez al Sarraj en Roma, el Memorando no ha sido aprobado por el gobierno libio y el Parlamento por unanimidad. Al Sarraj no ha en efecto obtenido el apoyo de los parlamentarios libios, quienes se han retirado en Tobruk en 2014. Además, el acuerdo implicaría compromisos onerosos de Trípoli, que no figuran en el anterior Tratado de amistad entre Italia y Libia firmado en 2008, a las que se inspira el memorando. Por otra parte, el apoyo financiero a Libia no ha sido cuantificado dentro del acuerdo, a cambio de un compromiso por parte de Libia que es igualmente vago.

La abogada Azza Maghur, entre los firmantes del recurso, explicó en una entrevista que el acuerdo entre Italia y Libia viola las normas europeas en materia de asilo, ya que permite la devolución de refugiados a un país que no reconoce la Convención de Ginebra sobre los refugiados de 1951, por lo que no puede ser considerado un país seguro.

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