Frontera Sur: preocupación ante el estado de emergencia en Italia

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A raíz de la declaración del estado de emergencia en Italia, desde Accem mostramos nuestra preocupación ante la deriva de las intervenciones en políticas migratorias que se están produciendo. Nos preocupa la criminalización de personas, el uso del lenguaje defensivo para tratar el tema y la creación de una alarma social que puede devenir en el recorte de acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. Queremos subrayar la obligación ética y el compromiso con los derechos humanos que supone atender a personas que llegan a nuestras fronteras y países. Especialmente de las que llegan a través del mar, permitiendo a las embarcaciones su llegada a puertos seguros. 

Por desgracia, hemos visto episodios en los que Italia o Malta han rechazado el atraque de este tipo de buques y por lo tanto la ayuda al salvamento, lo que consideramos inadmisible. Ante esto, incidimos en la necesidad de garantizar la asistencia humanitaria a las personas que acceden a territorio europeo a través de cualquier punto del continente, así como el acceso al derecho a solicitar asilo de todas las personas que llegan a Europa, para lo que es imprescindible un trato individualizado que comprenda, entre otras cosas, asistencia sanitaria y asesoramiento letrado.

El tratamiento de la cuestión migratoria a través de iniciativas como la puesta en marcha del estado de emergencia en Italia, con la expresa voluntad de acelerar las repatriaciones, pone en peligro estos derechos. Recordamos el principio de no devolución que impone la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado, firmada por todos los socios de la UE de garantizar que no se devuelve a personas a países donde su vida corra peligro. Tememos que la aceleración de las repatriaciones anunciada por el Gobierno italiano lleve consigo una erosión del principio de no devolución. Recordamos, además, que para llevar a cabo las repatriaciones deben existir tratados vigentes con los países de origen o de tránsito, para garantizar un contexto de seguridad de las personas repatriadas. Asimismo, recordamos la importancia de proteger a las personas con mayores vulnerabilidades, como los menores de edad, las víctimas de trata o personas LGTBI que huyan de zonas donde se las persigue. La falta de un tratamiento individualizado y un análisis profundo de los casos puede suponer vulneraciones para estas personas.

Desde Accem recordamos cómo la reacción a la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania ha demostrado que la Unión Europea es capaz de dar una respuesta conjunta y solidaria para las personas que huyen de conflictos y situaciones de inestabilidad política en sus países. Desde febrero de 2022, se ha dado atención, acogida y respuesta a un flujo de entre 4 y 5 millones de personas ucranianas, lo que demuestra que cuando existe voluntad política, se puede dar una respuesta adecuada a la llegada de personas. Pedimos,  por tanto, a las autoridades europeas, que se habiliten vías legales y seguras para hacer frente al fenómeno migratorio cumpliendo con los derechos humanos y que se actúe de forma inmediata y real para no solo promover politicas que generen un tratamiento de las cuestiones vinculadas a la inmigración y el asilo desde ese punto de vista sino para impedir lo que se encamine hacia acciones contrarias y generen polarización social y discriminación.

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