España, puesto 29 sobre 38 en políticas antidiscriminación

El pasado 16 de junio se dieron a conocer los resultados de la cuarta edición del proyecto “Índice de Políticas de Inmigración e Integración” (MIPEX 2015) en España.

Este estudio, elaborado por la Fundación CIBOD y el Migration Policy Group (MPG), compara y clasifica la forma en que los 38 países participantes (28 estados miembros más Australia, Canadá, Islandia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y Estados Unidos) proporcionan oportunidades a los nacionales de terceros países para participar en la sociedad de acogida.

Este Índice permite evaluar, comparar y mejorar las políticas de integración mediante 167 indicadores que valoran el compromiso de los gobiernos a favor de la participación de los inmigrantes en la sociedad.

Principales resultados

Según los datos presentados, en el ranking general de políticas de integración, España se sitúa en el puesto 11, por encima de Francia, Gran Bretaña e Italia, y por debajo de Suecia, Portugal o Nueva Zelanda que, por este orden, son los tres países que encabezan la lista.

Al analizar los resultados por áreas de integración encontramos diferencias significativas:

Así por ejemplo, España destaca con una puntuación por encima de la media en las siguientes áreas de integración: acceso al mercado de trabajo, reagrupación familiar, residencia permanente; por el contrario, España obtiene malos resultados en las áreas de educación, acceso a la nacionalidad y lucha contra la discriminación.

En esta última área, en los cuatro años que han transcurrido desde el anterior informe, muy poco se ha avanzado en materia de políticas de igualdad y no discriminación. El estudio subraya claramente que, desde el año 2007, no se han registrado progresos en este campo.

En lo que a las políticas antidiscriminación respecta, entre las principales conclusiones recogidas, el estudio pone en evidencia que:

• La legislación antidiscriminación y las políticas de igualdad en España son débiles. España se ubica en el puesto 29 de los 38 países que participan en el estudio, situándose muy por debajo de la puntuación promedio alcanzada en esta área en los países de Europa occidental.
• Los nacionales de terceros países están escasamente protegidos contra la discriminación múltiple o por nacionalidad, y ello pese a ser uno de los grupos que más está sufriendo los efectos sociales y económicos de la crisis.

• El organismo de igualdad español, creado en el 2009, se encuentra entre los que tienen capacidades más limitadas para informar y apoyar a las potenciales víctimas de discriminación racial o étnica.
• El informe subraya que el débil mandato de este organismo socava la eficacia de las leyes antidiscriminación y los compromisos de igualdad asumidos por el gobierno.
• El estudio concluye que, a pesar de las promesas de reforma, nada ha cambiado desde 2007. La relativa novedad y debilidad de las leyes y políticas antidiscriminatorias tiene por consecuencia que, por cada 3.000 potenciales víctimas de discriminación racial o étnica, sólo se presente una queja o reclamación ante el organismo de igualdad competente.

Más información disponible en: http://www.mipex.eu/spain