Ceuta: Todas las comunidades autónomas deben implicarse en la protección de la infancia migrante no acompañada
A pesar de que el foco mediático ya no está centrado en esta cuestión, desde Accem queremos seguir haciendo hincapié en la situación que viven en Ceuta los niños y niñas sin acompañamiento adulto. Desde Accem queremos reiterar que es necesario que todas las comunidades autónomas se impliquen en ofrecer una respuesta coordinada, solidaria y comprometida a las necesidades de acogida que tienen los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en una situación de emergencia en Ceuta.
Se estima que hay entre 500 y 700 niños, niñas y adolescentes no acompañados en Ceuta en dispositivos de emergencia y de carácter temporal que no cumplen con las garantías necesarias para satisfacer sus necesidades de acogida, protección y apoyo en su integración social en cumplimiento del derecho al interés superior del menor.
España en virtud de los Tratados Internacionales de Protección a la Infancia de los que es parte debe dar una protección efectiva a los niños y niñas no acompañados que llegan a nuestro territorio. Aunque la competencia de acogida esté transferida a las comunidades autónomas, este hecho no puede motivar que en situaciones de emergencia se prive a los niños y niñas no acompañados de los derechos que tienen reconocidos.
Por esta razón, pedimos que desde el Estado se impulse un mecanismo estable de coordinación y solidaridad que haga posible el reparto solidario entre las distintas comunidades autónomas de la acogida a estos y estas menores en situación de vulnerabilidad.
Desde Accem, queremos subrayar el reciente pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha declarado nulas de pleno derecho las devoluciones que se produjeron. Consideramos que la vía de la devolución en ningún caso es la salida de estas personas y que solo el traslado a las distintas comunidades autónomas garantizará los Derechos de estos/as menores.
Las organizaciones sociales estaremos alerta para que no vuelvan a producirse actos que pueden lesionar los derechos de un colectivo tan vulnerable como es la infancia.
