Tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional para la Tolerancia.

En 1995, la ONU estableció el Día Internacional para la Tolerancia, y la UNESCO adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos. La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para las personas, los grupos y los Estados.

En la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 se celebra su conmemoración anual, constituyendo este aniversario de notoria relevancia en su difusión, alcance e impacto: tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso.

La discriminación, el racismo y los delitos de odios son formas comunes de intolerancia en nuestra sociedad.

La situación de emergencia sanitaria iniciada en 2020, como consecuencia de la pandemia global de la Covid-19, ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de los Estados afectados y su población.

Se han multiplicado los episodios discriminatorios en los espacios públicos y privados, y en distintos ámbitos cotidianos (sanitario, educativo, laboral, de vivienda, de seguridad ciudadana, de ocio, etc..) a nivel mundial, y España no es una excepción.

En este sentido, y aun cuando las necesidades sanitarias de la población se atenúen en un futuro todavía incierto, es relevante cómo actuemos ante la emergencia de otras necesidades de carácter socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de población más vulnerables que puedan ahondar en su exclusión social y negación de los derechos y libertades ya consolidados.

En estos tiempos tan difíciles, la prioridad deberían ser los mensajes que hablen de la solidaridad entre las personas, la responsabilidad como sociedad diversa y los cuidados comunitarios. Estamos asistiendo a discursos excluyentes, a mensajes racistas y de odio, a cuestionamientos de la sociedad plural y a la estigmatización del diferente como fuente de contagio o dispersión del mismo. La Covid-19 tiene como aliados la desinformación, las noticias falsas, los estereotipos, los prejuicios, en definitiva, la intolerancia hacia personas y colectivos vulnerables.

El virus no conoce fronteras. La desigualdad y discriminación motivada por el origen diverso o condición de las personas afectadas por esta crisis, constituye un grave retroceso para TODOS los seres humanos y los Estados.

Por ello, ante situaciones tan extraordinarias como la actual, las entidades de la sociedad civil, la ciudadanía y, los Estados, debemos realizar, también, un esfuerzo extraordinario, en no invisibilizar y abandonar a quienes son más vulnerables. Antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, debe constituir el núcleo de nuestras reivindicaciones en la celebración del Dia Internacional de la Tolerancia 2020.

 

 

 

 

 

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urge al Gobierno a cumplir con su compromiso de tramitar una nueva ley

En el Día Internacional para la Tolerancia volvemos a reclamar la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su promulgación.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que nos hemos unido en la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, volvemos a urgir a los poderes públicos a que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación, dejando a España aún en deuda con la igualdad.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, las entidades que formamos parte de la Alianza aún no hemos tenido conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco contamos con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Consideramos fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recordamos que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que formamos parte de esta Alianza hemos remitido una carta al Gobierno de España para urgir al cumplimiento del compromiso adquirido con la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.

 

> Descarga el Dossier Informativo

EAPN-ES reclama un Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España

Manifiesto del nodo en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Europa (EAPN-ES), de la que Accem forma parte, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre. 

En España, la persistente situación de pobreza y exclusión (AROPE) en la que viven casi 12 millones de personas nos convierte en una de las sociedades más desiguales e injustas de la Europa rica (España aporta el 10,81% del total de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de la UE, aunque representa el 9,09% de su población). En lugar de reducir la pobreza y exclusión en entre 1,4 y 1,5  millones como nos comprometimos en 2010, hemos aumentado la cifra en aproximadamente 1 millón  de personas, lo cual nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Una de las razones que explica esta situación es que la recuperación macroeconómica registrada en la economía española desde 2014 no benefició a las personas en pobreza y exclusión. No todo el mundo sufrió la crisis por igual.  La cuarta parte más pobre de la población ha perdido un 10,4 % de renta real y el resto ha perdido tres veces menos. Dentro del conjunto de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, las mujeres se ven más afectadas (el 26%, frente al 24,6% de los hombres). La pobreza y exclusión incide más en las personas más jóvenes, llegando al 31,7% del grupo de 16 a 29 años, y al 30,1% de la infancia y adolescencia. Aunque 3 de cada 4 personas que están en AROPE son españolas, la afectación es elevada entre las personas con nacionalidad extranjera, alcanzando a 1 de cada 2 de las extracomunitarias (54,2%) y de las comunitarias (46,3%). Con respecto al tipo de hogares, tener hijos/as es un factor de riesgo, que se agrava cuando se trata de hogares monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres, en los que el 46,8% se encuentra en pobreza y/o exclusión social.

La situación tampoco es homogénea a nivel territorial. Las Comunidades Autónomas (CCAA) del norte tienen bajas tasas de AROPE (entre 3 y 14 puntos por debajo de la media nacional). Las CCAA del sur presentan tasas muy elevadas, (entre 4 y 18 por encima de la media nacional). Las diferencias se relacionan con las variaciones de la renta de los hogares, pero también con la inversión social y las políticas redistributivas realizadas por los gobiernos.

Las cifras de la pobreza y la exclusión son frías representaciones de procesos sociales cargados de angustia y dolor: la frustración vital e invisible de millones de hogares, la falta de oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes y el fracaso colectivo en la creación de una sociedad inclusiva. La pandemia de la  COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas que ya estaban en pobreza y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas, pero claramente observable en las innumerables colas de familias pidiendo alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen no solo estudiantes en vulnerabilidad, también amplios sectores sociales de distintos colectivos o ámbitos territoriales. Aún contando con las medidas del ‘escudo social’, es probable que la pobreza y exclusión se sitúen por encima del 25,8% actual, debido a la crisis económica y de empleo, así como por la lentitud en la cobertura de asistencia social.

Llevamos más de 10 años dando cifras pormenorizadas; no se trata entonces de que ‘falte información”’para actuar. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social y/o estrategias contra la pobreza; no se trata de una “ausencia de ideas o propuestas”. Lo que ha fallado  ha sido la voluntad política sostenida de erradicar la pobreza y de aumentar la inversión social, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Necesitamos que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, mediante un empleo de calidad -que sitúen a las personas por encima del umbral de la pobreza-, un Ingreso Mínimo Vital -que sea accesible para todas las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, adecuado e inclusivo-, y pensiones mínimas inclusivas -que aseguren el bienestar de las personas mayores y con discapacidad-. Necesitamos combatir integralmente la desigualdad de género en la sociedad, en los hogares y en el empleo: las mujeres están sobrerepresentadas entre quienes cobran el salario mínimo y trabajan en el servicio doméstico; también presentan más elevadas tasas de inactividad, de trabajo a tiempo parcial involuntario y de paro. Necesitamos un “boom inmobiliario de la vivienda social”, que elimine el sinhogarismo y reduzca el desorbitado peso de la vivienda sobre aquellos hogares con rentas medias y bajas. Necesitamos una sanidad que esté preparada para los retos epidémicos y de cuidados de larga duración de una sociedad envejecida como la española, que reduzca o elimine los altos niveles de copago actuales, que cubra la salud mental y la bucodental. Necesitamos luchar contra la pobreza infantil, resolviendo la inseguridad y la escasez de la renta familiar mediante una prestación universal por hijo/a a cargo.

Estamos a favor de la digitalización y de la transición verde de la UE. En este sentido, reclamamos que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’. Para EAPN esto significa asegurar, de forma prioritaria, que todos los cambios que se realicen sean inclusivos y no dejen a nadie atrás.

> Sobre la presentación del último informe “El estado de la pobreza en España” de la red EAPN-ES, pincha aquí. 

> Accede al comunicado en la web de EAPN-ES.

Día Europeo contra la Trata de Personas – Por una ley integral contra la trata de personas y un abordaje basado en los derechos humanos y la protección de las víctimas

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Personas (18 de octubre), desde Accem queremos incidir en la importancia de un abordaje integral en la lucha contra la trata con fines de explotación, en la necesidad de abandonar el enfoque persecutorio y avanzar hacia una normativa y unas políticas públicas centradas en los derechos humanos.

Este 2020 está suponiendo una dura prueba a causa de la pandemia de la Covid-19. La pérdida de empleos, la falta de acceso a derechos básicos como son la alimentación, la salud y la vivienda, han conducido a muchas personas a una situación de pobreza y exclusión social, incrementándose, con este aumento de su vulnerabilidad social, el riesgo de ser víctimas de trata de personas.

Por otra parte, las medidas de confinamiento originadas por la propia pandemia han determinado una mayor invisibilización y desprotección de las personas víctimas de trata y explotación. Pensamos especialmente en las personas a las que apoyamos desde Accem, como son las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de protección internacional y las personas refugiadas, que se han visto desprotegidas y se han convertido en un blanco más fácil para tratantes y explotadores.

Por estas razones, desde Accem consideramos que es aún más necesaria y prioritaria la aprobación en España de una ley integral contra la trata que se defina por un enfoque integral, interseccional y de derechos humanos, que abarque todas las formas de explotación y a todas las víctimas afectadas, sean mujeres, hombres, niñas, niños o personas transgénero. Una ley que abandone el enfoque puramente persecutorio y orientado al control de la inmigración irregular y que se centre en dar una respuesta efectiva a las necesidades individuales y de asistencia y protección de cualquier víctima, que garantice el acceso real a derechos y servicios básicos y que establezca un mecanismo estatal de identificación y derivación efectivo. Una ley, en fin, que introduzca medidas reales para favorecer la inclusión real y a largo plazo de las víctimas de trata y explotación.

 

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas.

 

 

 

Palabras mayores: dignidad y derechos frente a la discriminación por edad

Día Internacional de las Personas Mayores 2020

Este 1 de octubre se celebra un Día Internacional de las Personas Mayores marcado a fuego para ellas por los efectos de la Covid-19 en su salud física y mental. En un panorama incierto marcado por nuevos repuntes de contagios y aislamientos, desde Accem subrayamos que los derechos de las personas mayores a llevar vidas dignas y participar en la sociedad son irrenunciables.

“La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Así se lee en el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que este año cumple 20 años.

Por su parte la Constitución Española, en el artículo 50 asegura que las instituciones “promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Se trata de palabras mayores, de derechos irrenunciables que en ningún caso quedan suspendidos por la pandemia. No puede repetirse la situación de las residencias de mayores, los problemas de atención médica a las personas de edad contagiadas, la falta de cuidados para quienes quedaron aislados.

Por ello desde Accem suscribimos el manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas Mayores que reclama, entre otras cosas, la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores, la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razones de edad y a hacer efectivos sus derechos y el acceso a ellos.

Se hace preciso apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que se trabaje desde un enfoque de atención centrado en las personas y se garantice un sistema de inspección y el control de las administraciones públicas. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema público de salud, como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios.

Como recoge el manifiesto, debe asimismo reformarse la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones para promover la autonomía personal y adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados de las personas en situación de dependencia.

Los estudios apuntan a que la pandemia ha tenido desgraciadamente un impacto significativo en la esperanza de vida de la población española. En todo caso, España continúa siendo uno de los países más longevos del mundo, algo que es necesario poner en valor en la sociedad frente al fenómeno del edadismo.

Está extendida la discriminación hacia las personas mayores por considerarlas carentes de valor, devaluándolas por su edad y relegándolas a papeles meramente pasivos en la sociedad.

Esta discriminación, también conocida como edadismo, aumenta aún más cuando la participación de las personas mayores en el espacio público ha quedado reducida al mínimo por los efectos del coronavirus. El edadismo alcanza límites dramáticos cuando la edad cronológica se ha convertido en criterio de acceso para recursos y atención pública, sobre todo cuando se refiere a la salud.

Desde Accem tenemos claro que una de las claves más importantes es la promoción de un envejecimiento activo, basado en la prevención y en el fomento de la autonomía y el protagonismo social de las personas mayores. Desde este enfoque, intervenimos sobre grupos especialmente vulnerables, como los mayores en el medio rural o la emigración española en Bélgica.

Junto al trabajo de atención directa, hacemos un especial esfuerzo en realizar proyectos de sensibilización, para concienciar a la sociedad española sobre problemas crecientes e invisbilizados, como es el caso de la soledad no elegida de las personas mayores.

Durante el estado de alarma se lanzó la iniciativa #MayoresCuentan, a través de la que cientos de personas mayores compartieron sus relatos, poemas y cartas desde el confinamiento. Los equipos de psicólogos y terapeutas de Accem también elaboraron y difundieron vídeos para que las personas mayores pudiesen ejercitar cuerpo y mente desde casa.

> Conoce el trabajo de Accem con las personas mayores.

 

 

 

 

La reubicación de las personas refugiadas tras el incendio en Moria, una urgente necesidad

El incendio del campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en la madrugada del pasado 9 de septiembre, ha sacado a la luz pública la lamentablemente situación en la que se encontraban 12.500 personas que vivían en unas instalaciones con capacidad para solo 3.000.

Desde Accem no podemos dejar de recordar la urgente necesidad de que tanto la Unión Europea como sus Estados miembro asuman su responsabilidad y actúen con la solidaridad que requieren los principios de humanidad. Unos principios que parecen haber sido olvidados, especialmente tras lo ocurrido en Moria, a lo que se suma ahora el abandono en las cunetas, prácticamente sin agua, sin alimentos y sin atención médica, de personas que llegaron a Europa huyendo de situaciones de guerra y persecución en busca de asilo.

Ante la negativa del Gobierno español a formar parte de los países que trabajan en la reubicación de estas personas, nos hemos sumado a la petición realizada por la Coordinadora de ONGD, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, en la que se insta al Gobierno a:

  • Aceptar la reubicación en España de manera urgente e inmediata de una parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Lesbos, especialmente menores de edad migrantes no acompañados y familias con menores, que se han visto afectadas por el incendio en el campamento de Moria.
  • Adoptar una actitud proactiva en la UE para lograr la reubicación en condiciones dignas de la totalidad de las personas afectadas en el menor plazo de tiempo posible. Hay miles de vidas en juego.
  • Asumir de manera compartida entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad de atención a las personas migrantes y refugiadas, respetando los tratados internacionales y el pleno respeto de los derechos humanos, en el marco del futuro Pacto de Migración y Refugio.

El Tercer Sector reclama una mayor visibilización de su labor en los discursos políticos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que Accem forma parte junto con otras 28.000 ONG de Acción Social, considera preocupante la “falta de consideración e interlocución” del Gobierno con el Tercer Sector y ha alzado la voz ante la “invisibilización” de las entidades en los discursos políticos.

Accem lleva realizando esta demanda desde hace tiempo y, especialmente, en un momento “socialmente crítico” –como lo ha calificado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato– como el actual, donde la acción realizada desde las ONG de Acción Social se ha demostrado necesaria y esencial.

Durante la pandemia las ONG hemos sostenido las necesidades de los colectivos más vulnerables y hemos demostrado nuestra capacidad, movilizando nuestros propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados. Ahora estamos en una situación de absoluta penumbra y por eso reclamamos al Gobierno una actitud activa y comprometida con el sector”, ha añadido Poyato.

Durante la Junta Directiva que la Plataforma del Tercer Sector ha celebrado con el objetivo de diseñar una estrategia de acción conjunta que incida de manera directa en las políticas de reconstrucción del país, Poyato ha señalado que el primer paso para lograrlo es sacar adelante unos presupuestos generales “con mirada social” que tengan en cuenta a las principales víctimas de esta pandemia: los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

Para lograrlo, es imperativo que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo de mínimos que permita a estos colectivos hacer frente a una realidad “muy dura”. Actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha ido en aumento debido a que la pandemia ha cronificado aún más esta problemática.

De esta manera, Accem se une a la reclamación realizada desde la PTS al Gobierno para establecer un diálogo real y efectivo que permita afrontar y gestionar de una manera conjunta, productiva y ágil las consecuencias provocadas por la covid-19 y avanzar hacia la verdadera reconstrucción.

Habla chucho que no te escucho y más trucos frente al odio en redes

La campaña Save a Hater de Accem lanza sus consejos para rebajar la crispación en redes sociales y grupos de whatsapp

  • Recuerda que los algoritmos premian a las cuentas con más interacciones, por lo que no conviene reaccionar a todos los mensajes de odio.
  • Alerta contra la “cultura del zasca”, porque los bofetones verbales, por muy ingeniosos que sean, aumentan la polarización y dificultan los debates sosegados.
  • Subraya que los bulos se han disparado en tiempos de Covid-19 y recuerda que, ante la duda, es mejor no compartir noticias.

Los algoritmos premian a las cuentas con más interacciones, por lo que no conviene reaccionar a todos los mensajes de odio. Los zascas, por muy ingeniosos que sean, aumentan la polarización en redes sociales, así que es preferible dosificarlos. Es mejor verificar los titulares que llegan a los grupos de whatsapp antes de darlos por cierto y compartirlos. Estos son algunos de los consejos en forma de vídeo que lanza la campaña Save a Hater para arrancar el curso sin odio en las redes sociales.

Se acaba el primer verano de la nueva normalidad y arranca un curso impredecible. “Con el virus rondando nuestras vidas es difícil hacer planes y muy fácil caer en la incertidumbre y la tensión” se explica desde la campaña Save a Hater. “Volvemos a recibir muchas noticias alarmistas, se multiplican las discusiones airadas, buscamos chivos expiatorios ante una situación incierta. Y las redes sociales son el escenario propicio para las crispación, los bulos y las campañas difamatorias que tanto polarizan y tanto mal nos hacen como sociedad”.

Desde Save a Hater se recuerda que “en tu mano está también evitar que esto ocurra. Cuídate del virus usando mascarilla y manteniendo las distancias; cuídate del odio en redes siguiendo algunos consejos”.

No amplificar el discurso de odio

El primer impulso al leer un mensaje despectivo o una opinión discriminatoria, es responder. Pero reaccionar a todo lo que circula en redes sociales amplifica el discurso de odio, por lo que es importante contenerse.

Los algoritmos de las redes sociales dan más visibilidad a las cuentas con muchas interacciones, también a las que difunden odio y desinformación, y a las conversaciones públicas con muchos participantes, incluso si están rodeadas por la crispación.

Por eso es importante recordar que no hay que reaccionar a todo lo que circula en redes y conviene aplicar la máxima de “habla chucho que no te escucho”.

Cultura del zasca

Entre los consejos de Save a Hater también se alerta sobre la llamada cultura del zasca. Es así como se conocen a las respuestas ingeniosas y tajantes que pretenden dejar en evidencia al interlocutor en redes como si fuesen bofetones verbales. Los zascas se han popularizado y pueden resultar divertidos, pero también contribuyen a la polarización en redes sociales, a que los discursos se enconen y a que los debates sosegados sean cada vez más difíciles.

Frente a los zascas, el consejo es echar “pa fuera lo bueno”, es decir, compartir aprendizajes, dar visibilidad a usuarios y cuentas divulgativas y mostrar iniciativas constructivas. Es importante también difundir mensajes positivos en momentos tan complicados como estos.

Si dudas, no compartas

Desde Save a Hater se recuerda que los bulos se han disparado con el coronavirus y que la pandemia ha venido de la mano de una infodemia. Por eso es crucial recordar que no todos los titulares que circulan en redes sociales y grupos de whatsapp son ciertos. Es importante verificar la información antes de darla por cierta.

Save A Hater es una campaña de la ONG Accem que busca sensibilizar y generar una conciencia crítica sobre los efectos de la polarización social, la desinformación y el discurso del odio.

Enlace a los consejos y vídeos: https://saveahater.accem.es/#tips

Accem, es una ONG apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de personas en situación o riesgo de exclusión social en doce comunidades autónomas: personas refugiadas e inmigrantes, sin hogar, mayores, con discapacidad intelectual y niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más de 1.500 profesionales forman parte del equipo de Accem que atiende a más de 40.500 personas.

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener autorización de residencia sin renunciar al asilo

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener la autorización de residencia en España sin por eso tener que renunciar a su solicitud de protección, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha respondido favorablemente al Defensor del Pueblo, institución desde la que se había pedido desde 2017 que se clarificase la compatibilidad de los procedimientos de asilo con aquellos regulados por la legislación de extranjería. La petición del Defensor del Pueblo se debía a las barreras con las que se encontraban los solicitantes de protección internacional que veían que el trámite de solicitud de residencia por circunstancias excepcionales se veía condicionado por la renuncia a la solicitud de asilo.

Con esta decisión, y aunque el procedimiento de extranjería y el de la protección internacional responden a dos realidades diferenciadas, los/as solicitantes de protección internacional podrán solicitar la autorización de residencia temporal por razón de arraigo por circunstancias excepcionales. Esta solicitud de autorización de residencia por arraigo en ningún caso podrá ser inadmitida a trámite.

La secretaria de Estado, en su respuesta al Defensor del Pueblo, defiende la necesidad de adoptar “un enfoque flexible y personalizado” en el diseño e implementación de políticas inclusivas, que ponga “en primer lugar a la persona”, al amparo del artículo 10.1 de la Constitución española, dedicado al reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes.

Desde Accem consideramos favorablemente esta medida ya que permitirá que los solicitantes de protección internacional puedan solicitar una autorización de residencia por arraigo sin tener que renunciar a su solicitud de protección como venía sucediendo hasta ahora en la práctica. De esta forma, se refuerza el correcto ejercicio del derecho a solicitar asilo, garantizando que toda persona que lo solicite, no se vea obligada a renunciar a su solicitud por intentar obtener un permiso de residencia.

> Accede a la información publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

> Conoce el trabajo de atención, acogida e integración de Accem con las personas refugiadas.

> Accede a más noticias sobre asilo y refugio.

Día Mundial de las Personas Refugiadas – La pandemia por la Covid-19 subraya la necesidad de articular vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

Este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos expresar nuestra preocupación por las consecuencias que las medidas tomadas para la contención de la pandemia originada por la Covid-19 pueden tener para las personas refugiadas y para salvaguardar de manera efectiva el derecho de asilo en España.

Con motivo del estado de alarma decretado en nuestro país se tomaron una serie de medidas en relación al asilo, como la paralización de todos los plazos de los procedimientos en curso o la renovación automática de la documentación, que desde Accem saludamos positivamente, pues estaban dirigidas a garantizar derechos y a proteger a las personas. Sin embargo, estas medidas de emergencia también implicaban la paralización temporal de la posibilidad de solicitar asilo en España. En este momento, es necesario clarificar el modo en el que se va a garantizar a corto y medio plazo el ejercicio del derecho de asilo en España.

Junto a esta reactivación del asilo, en Accem estamos preocupados a escala global y local por cómo está afectando y va a continuar haciéndolo el nuevo endurecimiento del cierre de fronteras y la nueva vuelta de tuerca en las restricciones al movimiento de las personas en necesidad de solicitar y recibir protección internacional. Si ayer la excusa fue la seguridad y el control migratorio, hoy a estos factores se suma el riesgo sanitario. Sin infravalorar la necesidad de dar respuesta a los retos de nuestros días, como en este caso es la situación mundial de pandemia, es necesario comprender la existencia de un efecto expulsión que provoca la necesidad ineludible de huir de su tierra a muchas personas, escapando de la persecución, la guerra o la violencia.

A esta necesidad es imprescindible responder desde el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente del derecho de asilo. Para ello pedimos una vez más que se articulen y se hagan verdaderamente efectivas vías legales, seguras y reales para las personas refugiadas. Su ausencia sigue condenando al riesgo cierto para la vida y la integridad física y moral a decenas de miles de personas en el mundo. Desde Accem volvemos este 20 de junio a reclamar una apuesta decidida por el refuerzo de vías como el reasentamiento, las posibilidades de aplicación de la extensión familiar, de solicitar asilo en las sedes diplomáticas de España en el exterior o de hacer efectiva la directiva comunitaria de protección temporal. Pedimos asimismo que una vez se activara el pasado año la vía de autorización de residencia por motivos humanitarios se aplique con generosidad y como manera de garantizar tanto la no devolución de solicitantes de protección internacional como el acceso al sistema de salud.