La pandemia acentuó las brechas digitales de menores y jóvenes migrantes no acompañados

  • La falta de ordenadores y otras infraestructuras en los centros supone una desigualdad social que dificulta su proceso de adaptación escolar y crecimiento profesional.
  • La pandemia ha expuesto las grandes dificultades que tienen para hacer efectiva su inclusión tecnológica.
  • Los menores y jóvenes reconocen haber vivido discriminación y ataques a través de las redes sociales.

Accem ha presentado este viernes el informe “Brechas digitales en menores y jóvenes no acompañados”, fruto de un año de investigación y entrevistas a niños, jóvenes y profesionales encargados de atenderles. Se analiza el papel que juegan las tecnologías, su acceso, uso y aprovechamiento como condicionantes en sus procesos de integración en la sociedad de acogida.

La elaboración del estudio ha estado marcada por las excepcionales circunstancias del año 2020, ligadas a la covid-19, que han puesto de manifiesto con mayor intensidad la dependencia de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC).

La crisis sanitaria ha expuesto las grandes dificultades que tienen los menores y extutelados migrantes para hacer efectiva su inclusión tecnológica, ante la falta de ordenadores y otros dispositivos disponibles en la mayoría de los centros en los que residen. Asistir a las clases de forma presencial favorecía su normalización e integración en la sociedad de acogida, además de ser para ellos un espacio de aprendizaje profesional de cara a su proyecto de futuro. La suspensión de las clases tuvo graves implicaciones.

Por otro lado, también se detectaron avances, puesto que el confinamiento ha llevado a dar mayor importancia a la superación de brechas digitales, a la flexibilización de normativas de uso y a la toma de conciencia sobre la necesidad de mejores dotaciones tecnológicas.

Durante la investigación, realizada con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se realizaron entrevistas individuales y grupales con 28 especialistas de diferentes áreas y profesionales del ámbito de la infancia migrante no acompañada y las nuevas tecnologías y con 38 menores extranjeros no acompañados, menores en protección y extutelados migrantes.

En las entrevistas quedó patente la vulnerabilidad ante los ataques que reciben a través de las redes sociales. La mayoría de los menores y sus educadores reconocen haber vivido malas experiencias online centradas en la recepción de mensajes y ataques racistas generados por variedad de perfiles diferentes, tanto conocidos como desconocidos. Muchos de ellos reconocen también haber sido víctimas de estafas y los profesionales subrayan su preocupación ante el riesgo de las redes de trata que operan también en el ámbito digital.

El resumen ejecutivo y el informe completo están disponibles aquí.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres – La violencia contra las mujeres es causa de asilo

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde Accem queremos unirnos a la denuncia de todas las formas de violencia que sufren las mujeres por razón de su género. Queremos unirnos al recuerdo doloroso de las 41 mujeres asesinadas en España en 2020; de las 55 asesinadas en 2019; de las 1.074 mujeres asesinadas en nuestro país por la violencia de género desde 2003, cuando comenzaron a recogerse en las estadísticas oficiales. 

Pero desde Accem, como organización especializada en el derecho de asilo y la atención y acogida a las personas refugiadas, también queremos hoy hacer visible que las diferentes formas de persecución y violencia que sufren las mujeres en el mundo y que les obligan a huir de sus países de origen son causa de asilo en España. 

Las mujeres se convierten en refugiadas por los mismos motivos que los hombres, si bien para ellas el peligro siempre es mayor, al sufrir más actos graves de persecución, como es la violencia sexual. Pero además, las mujeres se enfrentan a formas específicas de persecución por causa de su género. Matrimonio forzado, mutilación genital, discriminación grave y falta de libertad, violencia física y sexual, crímenes de honor, trata de personas, persecución de la diversidad sexual, son algunas de las principales formas de violencia que obligan a las mujeres a huir.

La Convención de Ginebra de 1951 no reconoce específicamente el género como causa de asilo, aunque sí establece que la persecución por la pertenencia a un grupo social determinado es causa de asilo. La legislación española, con la aprobación de la Ley de Asilo del año 2009 dio un importante paso más en la protección de las mujeres y reconoció la persecución por género y orientación sexual como causa de asilo en España.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se recuerda el asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. Ellas eran activistas y opositoras contra el régimen y sufrieron detenciones, encarcelamiento, violaciones y otras formas de tortura antes de ser finalmente asesinadas. 

Hoy, desde Accem nos unimos al recuerdo de las hermanas Mirabal, al dolor por las mujeres asesinadas cada año y a la denuncia de todas las formas de violencia y persecución que por causa de su género sufren las mujeres en el mundo, convirtiéndolas con frecuencia en refugiadas. 

Más información

Con ocasión del 25-N, os invitamos a visitar la web www.mujeresrefugiadas.accem.es y ampliar información sobre las distintas violencias que obligan a las mujeres a huir por el mero hecho de ser mujeres. Accede aquí a las #RefugiadasXGénero.

Crisis migratoria en Canarias: una gestión que no puede generar más exclusión

Comunicado de la red EAPN en el Estado español, de la que Accem forma parte.

Las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para afrontar la situación migratoria en Canarias tienen un denominador común: llegan tarde. El repunte migratorio que vive las Islas, que se inició en su primer ciclo en septiembre de 2019 y ha tenido un inaudito incremento a partir de septiembre del año en curso, requería más determinación.

Admitiendo el esfuerzo realizado por la administración estatal, competente en la materia, se ha constatado que no contar con una red de acogida humanitaria estable en un territorio fronterizo como el archipiélago canario, ni desde el inicio con una política de derivación clara, transparente, ágil y periódica ha socavado tanto los derechos de las personas que llegan y cuya mayoría se encuentran sin recursos, así como el ánimo de la población local que no comprende el plan diseñado desde Madrid para afrontar esta situación de emergencia.

La separación de niñas y niños de sus padres, que se corrigió, la ausencia o deficiencia en la asistencia letrada de las personas, un derecho fundamental, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la descoordinación entre ministerios y la lenta puesta en marcha de una red de acogida humanitaria está lastrando una gestión que ha tenido como intención no dejar a nadie sin un lugar en el que dormir, algo loable, pero que está conduciendo a un callejón sin salida, con más de 6.000 personas que ahora mismo duermen en hoteles que quedaron cerrados por la crisis turística derivada de la pandemia.

Siendo esta la principal causa por la que las personas están saliendo de sus países, especialmente de Marruecos y Senegal en los últimos meses, entendemos que el objetivo debe ser dar la protección necesaria en un momento especialmente complejo. Y junto a esta medida, y cualquier otra que se ponga en marcha para amortiguar la situación que están pasando las personas migrantes que quedan en situación de vulnerabilidad a su llegada a Canarias, deben de ser acompañada por más recursos, también, para ampliar la red de protección a las personas que están en situación de exclusión, y muchas veces en situación de calle, en las Islas Canarias producto de una crónica situación, en algunos casos, o de exclusión sobrevenida como consecuencia de la pandemia en otros, porque el territorio canario es uno de los más afectados dada su alta dependencia de un sector que se ha visto frenado en seco: el turismo.

En definitiva, las medidas puestas en marcha deberían ser integrales y, efectivamente, no dejar a nadie atrás, porque lo contrario significará discriminar y avivar la pugna entre personas desfavorecidas, especialmente en esta situación de crisis.

Urgimos a medidas concretas, directas y que ayuden a paliar la situación: hablamos de más acogida humanitaria, especial atención al sinhogarismo y exclusión en Canarias, derivaciones ágiles, transparentes y periódicas a la Península, pedagogía sobre los desplazamientos de personas y, también, más trabajo directo con los países de origen para conseguir dos objetivos: generar vías legales, ordenadas y seguras y apuntalar condiciones de vida que hagan que migrar sea una opción, un derecho, pero no una cuestión de vida o muerte.

Tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional para la Tolerancia.

En 1995, la ONU estableció el Día Internacional para la Tolerancia, y la UNESCO adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos. La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para las personas, los grupos y los Estados.

En la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 se celebra su conmemoración anual, constituyendo este aniversario de notoria relevancia en su difusión, alcance e impacto: tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso.

La discriminación, el racismo y los delitos de odios son formas comunes de intolerancia en nuestra sociedad.

La situación de emergencia sanitaria iniciada en 2020, como consecuencia de la pandemia global de la Covid-19, ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de los Estados afectados y su población.

Se han multiplicado los episodios discriminatorios en los espacios públicos y privados, y en distintos ámbitos cotidianos (sanitario, educativo, laboral, de vivienda, de seguridad ciudadana, de ocio, etc..) a nivel mundial, y España no es una excepción.

En este sentido, y aun cuando las necesidades sanitarias de la población se atenúen en un futuro todavía incierto, es relevante cómo actuemos ante la emergencia de otras necesidades de carácter socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de población más vulnerables que puedan ahondar en su exclusión social y negación de los derechos y libertades ya consolidados.

En estos tiempos tan difíciles, la prioridad deberían ser los mensajes que hablen de la solidaridad entre las personas, la responsabilidad como sociedad diversa y los cuidados comunitarios. Estamos asistiendo a discursos excluyentes, a mensajes racistas y de odio, a cuestionamientos de la sociedad plural y a la estigmatización del diferente como fuente de contagio o dispersión del mismo. La Covid-19 tiene como aliados la desinformación, las noticias falsas, los estereotipos, los prejuicios, en definitiva, la intolerancia hacia personas y colectivos vulnerables.

El virus no conoce fronteras. La desigualdad y discriminación motivada por el origen diverso o condición de las personas afectadas por esta crisis, constituye un grave retroceso para TODOS los seres humanos y los Estados.

Por ello, ante situaciones tan extraordinarias como la actual, las entidades de la sociedad civil, la ciudadanía y, los Estados, debemos realizar, también, un esfuerzo extraordinario, en no invisibilizar y abandonar a quienes son más vulnerables. Antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, debe constituir el núcleo de nuestras reivindicaciones en la celebración del Dia Internacional de la Tolerancia 2020.

 

 

 

 

 

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urge al Gobierno a cumplir con su compromiso de tramitar una nueva ley

En el Día Internacional para la Tolerancia volvemos a reclamar la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su promulgación.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que nos hemos unido en la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, volvemos a urgir a los poderes públicos a que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación, dejando a España aún en deuda con la igualdad.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, las entidades que formamos parte de la Alianza aún no hemos tenido conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco contamos con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Consideramos fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recordamos que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que formamos parte de esta Alianza hemos remitido una carta al Gobierno de España para urgir al cumplimiento del compromiso adquirido con la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.

 

> Descarga el Dossier Informativo

EAPN-ES reclama un Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España

Manifiesto del nodo en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Europa (EAPN-ES), de la que Accem forma parte, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre. 

En España, la persistente situación de pobreza y exclusión (AROPE) en la que viven casi 12 millones de personas nos convierte en una de las sociedades más desiguales e injustas de la Europa rica (España aporta el 10,81% del total de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de la UE, aunque representa el 9,09% de su población). En lugar de reducir la pobreza y exclusión en entre 1,4 y 1,5  millones como nos comprometimos en 2010, hemos aumentado la cifra en aproximadamente 1 millón  de personas, lo cual nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Una de las razones que explica esta situación es que la recuperación macroeconómica registrada en la economía española desde 2014 no benefició a las personas en pobreza y exclusión. No todo el mundo sufrió la crisis por igual.  La cuarta parte más pobre de la población ha perdido un 10,4 % de renta real y el resto ha perdido tres veces menos. Dentro del conjunto de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, las mujeres se ven más afectadas (el 26%, frente al 24,6% de los hombres). La pobreza y exclusión incide más en las personas más jóvenes, llegando al 31,7% del grupo de 16 a 29 años, y al 30,1% de la infancia y adolescencia. Aunque 3 de cada 4 personas que están en AROPE son españolas, la afectación es elevada entre las personas con nacionalidad extranjera, alcanzando a 1 de cada 2 de las extracomunitarias (54,2%) y de las comunitarias (46,3%). Con respecto al tipo de hogares, tener hijos/as es un factor de riesgo, que se agrava cuando se trata de hogares monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres, en los que el 46,8% se encuentra en pobreza y/o exclusión social.

La situación tampoco es homogénea a nivel territorial. Las Comunidades Autónomas (CCAA) del norte tienen bajas tasas de AROPE (entre 3 y 14 puntos por debajo de la media nacional). Las CCAA del sur presentan tasas muy elevadas, (entre 4 y 18 por encima de la media nacional). Las diferencias se relacionan con las variaciones de la renta de los hogares, pero también con la inversión social y las políticas redistributivas realizadas por los gobiernos.

Las cifras de la pobreza y la exclusión son frías representaciones de procesos sociales cargados de angustia y dolor: la frustración vital e invisible de millones de hogares, la falta de oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes y el fracaso colectivo en la creación de una sociedad inclusiva. La pandemia de la  COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas que ya estaban en pobreza y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas, pero claramente observable en las innumerables colas de familias pidiendo alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen no solo estudiantes en vulnerabilidad, también amplios sectores sociales de distintos colectivos o ámbitos territoriales. Aún contando con las medidas del ‘escudo social’, es probable que la pobreza y exclusión se sitúen por encima del 25,8% actual, debido a la crisis económica y de empleo, así como por la lentitud en la cobertura de asistencia social.

Llevamos más de 10 años dando cifras pormenorizadas; no se trata entonces de que ‘falte información”’para actuar. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social y/o estrategias contra la pobreza; no se trata de una “ausencia de ideas o propuestas”. Lo que ha fallado  ha sido la voluntad política sostenida de erradicar la pobreza y de aumentar la inversión social, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Necesitamos que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, mediante un empleo de calidad -que sitúen a las personas por encima del umbral de la pobreza-, un Ingreso Mínimo Vital -que sea accesible para todas las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, adecuado e inclusivo-, y pensiones mínimas inclusivas -que aseguren el bienestar de las personas mayores y con discapacidad-. Necesitamos combatir integralmente la desigualdad de género en la sociedad, en los hogares y en el empleo: las mujeres están sobrerepresentadas entre quienes cobran el salario mínimo y trabajan en el servicio doméstico; también presentan más elevadas tasas de inactividad, de trabajo a tiempo parcial involuntario y de paro. Necesitamos un “boom inmobiliario de la vivienda social”, que elimine el sinhogarismo y reduzca el desorbitado peso de la vivienda sobre aquellos hogares con rentas medias y bajas. Necesitamos una sanidad que esté preparada para los retos epidémicos y de cuidados de larga duración de una sociedad envejecida como la española, que reduzca o elimine los altos niveles de copago actuales, que cubra la salud mental y la bucodental. Necesitamos luchar contra la pobreza infantil, resolviendo la inseguridad y la escasez de la renta familiar mediante una prestación universal por hijo/a a cargo.

Estamos a favor de la digitalización y de la transición verde de la UE. En este sentido, reclamamos que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’. Para EAPN esto significa asegurar, de forma prioritaria, que todos los cambios que se realicen sean inclusivos y no dejen a nadie atrás.

> Sobre la presentación del último informe “El estado de la pobreza en España” de la red EAPN-ES, pincha aquí. 

> Accede al comunicado en la web de EAPN-ES.

Día Europeo contra la Trata de Personas – Por una ley integral contra la trata de personas y un abordaje basado en los derechos humanos y la protección de las víctimas

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Personas (18 de octubre), desde Accem queremos incidir en la importancia de un abordaje integral en la lucha contra la trata con fines de explotación, en la necesidad de abandonar el enfoque persecutorio y avanzar hacia una normativa y unas políticas públicas centradas en los derechos humanos.

Este 2020 está suponiendo una dura prueba a causa de la pandemia de la Covid-19. La pérdida de empleos, la falta de acceso a derechos básicos como son la alimentación, la salud y la vivienda, han conducido a muchas personas a una situación de pobreza y exclusión social, incrementándose, con este aumento de su vulnerabilidad social, el riesgo de ser víctimas de trata de personas.

Por otra parte, las medidas de confinamiento originadas por la propia pandemia han determinado una mayor invisibilización y desprotección de las personas víctimas de trata y explotación. Pensamos especialmente en las personas a las que apoyamos desde Accem, como son las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de protección internacional y las personas refugiadas, que se han visto desprotegidas y se han convertido en un blanco más fácil para tratantes y explotadores.

Por estas razones, desde Accem consideramos que es aún más necesaria y prioritaria la aprobación en España de una ley integral contra la trata que se defina por un enfoque integral, interseccional y de derechos humanos, que abarque todas las formas de explotación y a todas las víctimas afectadas, sean mujeres, hombres, niñas, niños o personas transgénero. Una ley que abandone el enfoque puramente persecutorio y orientado al control de la inmigración irregular y que se centre en dar una respuesta efectiva a las necesidades individuales y de asistencia y protección de cualquier víctima, que garantice el acceso real a derechos y servicios básicos y que establezca un mecanismo estatal de identificación y derivación efectivo. Una ley, en fin, que introduzca medidas reales para favorecer la inclusión real y a largo plazo de las víctimas de trata y explotación.

 

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas.

 

 

 

Palabras mayores: dignidad y derechos frente a la discriminación por edad

Día Internacional de las Personas Mayores 2020

Este 1 de octubre se celebra un Día Internacional de las Personas Mayores marcado a fuego para ellas por los efectos de la Covid-19 en su salud física y mental. En un panorama incierto marcado por nuevos repuntes de contagios y aislamientos, desde Accem subrayamos que los derechos de las personas mayores a llevar vidas dignas y participar en la sociedad son irrenunciables.

“La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Así se lee en el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que este año cumple 20 años.

Por su parte la Constitución Española, en el artículo 50 asegura que las instituciones “promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Se trata de palabras mayores, de derechos irrenunciables que en ningún caso quedan suspendidos por la pandemia. No puede repetirse la situación de las residencias de mayores, los problemas de atención médica a las personas de edad contagiadas, la falta de cuidados para quienes quedaron aislados.

Por ello desde Accem suscribimos el manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas Mayores que reclama, entre otras cosas, la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores, la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razones de edad y a hacer efectivos sus derechos y el acceso a ellos.

Se hace preciso apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que se trabaje desde un enfoque de atención centrado en las personas y se garantice un sistema de inspección y el control de las administraciones públicas. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema público de salud, como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios.

Como recoge el manifiesto, debe asimismo reformarse la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones para promover la autonomía personal y adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados de las personas en situación de dependencia.

Los estudios apuntan a que la pandemia ha tenido desgraciadamente un impacto significativo en la esperanza de vida de la población española. En todo caso, España continúa siendo uno de los países más longevos del mundo, algo que es necesario poner en valor en la sociedad frente al fenómeno del edadismo.

Está extendida la discriminación hacia las personas mayores por considerarlas carentes de valor, devaluándolas por su edad y relegándolas a papeles meramente pasivos en la sociedad.

Esta discriminación, también conocida como edadismo, aumenta aún más cuando la participación de las personas mayores en el espacio público ha quedado reducida al mínimo por los efectos del coronavirus. El edadismo alcanza límites dramáticos cuando la edad cronológica se ha convertido en criterio de acceso para recursos y atención pública, sobre todo cuando se refiere a la salud.

Desde Accem tenemos claro que una de las claves más importantes es la promoción de un envejecimiento activo, basado en la prevención y en el fomento de la autonomía y el protagonismo social de las personas mayores. Desde este enfoque, intervenimos sobre grupos especialmente vulnerables, como los mayores en el medio rural o la emigración española en Bélgica.

Junto al trabajo de atención directa, hacemos un especial esfuerzo en realizar proyectos de sensibilización, para concienciar a la sociedad española sobre problemas crecientes e invisbilizados, como es el caso de la soledad no elegida de las personas mayores.

Durante el estado de alarma se lanzó la iniciativa #MayoresCuentan, a través de la que cientos de personas mayores compartieron sus relatos, poemas y cartas desde el confinamiento. Los equipos de psicólogos y terapeutas de Accem también elaboraron y difundieron vídeos para que las personas mayores pudiesen ejercitar cuerpo y mente desde casa.

> Conoce el trabajo de Accem con las personas mayores.

 

 

 

 

La reubicación de las personas refugiadas tras el incendio en Moria, una urgente necesidad

El incendio del campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en la madrugada del pasado 9 de septiembre, ha sacado a la luz pública la lamentablemente situación en la que se encontraban 12.500 personas que vivían en unas instalaciones con capacidad para solo 3.000.

Desde Accem no podemos dejar de recordar la urgente necesidad de que tanto la Unión Europea como sus Estados miembro asuman su responsabilidad y actúen con la solidaridad que requieren los principios de humanidad. Unos principios que parecen haber sido olvidados, especialmente tras lo ocurrido en Moria, a lo que se suma ahora el abandono en las cunetas, prácticamente sin agua, sin alimentos y sin atención médica, de personas que llegaron a Europa huyendo de situaciones de guerra y persecución en busca de asilo.

Ante la negativa del Gobierno español a formar parte de los países que trabajan en la reubicación de estas personas, nos hemos sumado a la petición realizada por la Coordinadora de ONGD, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, en la que se insta al Gobierno a:

  • Aceptar la reubicación en España de manera urgente e inmediata de una parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Lesbos, especialmente menores de edad migrantes no acompañados y familias con menores, que se han visto afectadas por el incendio en el campamento de Moria.
  • Adoptar una actitud proactiva en la UE para lograr la reubicación en condiciones dignas de la totalidad de las personas afectadas en el menor plazo de tiempo posible. Hay miles de vidas en juego.
  • Asumir de manera compartida entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad de atención a las personas migrantes y refugiadas, respetando los tratados internacionales y el pleno respeto de los derechos humanos, en el marco del futuro Pacto de Migración y Refugio.

El Tercer Sector reclama una mayor visibilización de su labor en los discursos políticos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que Accem forma parte junto con otras 28.000 ONG de Acción Social, considera preocupante la “falta de consideración e interlocución” del Gobierno con el Tercer Sector y ha alzado la voz ante la “invisibilización” de las entidades en los discursos políticos.

Accem lleva realizando esta demanda desde hace tiempo y, especialmente, en un momento “socialmente crítico” –como lo ha calificado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato– como el actual, donde la acción realizada desde las ONG de Acción Social se ha demostrado necesaria y esencial.

Durante la pandemia las ONG hemos sostenido las necesidades de los colectivos más vulnerables y hemos demostrado nuestra capacidad, movilizando nuestros propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados. Ahora estamos en una situación de absoluta penumbra y por eso reclamamos al Gobierno una actitud activa y comprometida con el sector”, ha añadido Poyato.

Durante la Junta Directiva que la Plataforma del Tercer Sector ha celebrado con el objetivo de diseñar una estrategia de acción conjunta que incida de manera directa en las políticas de reconstrucción del país, Poyato ha señalado que el primer paso para lograrlo es sacar adelante unos presupuestos generales “con mirada social” que tengan en cuenta a las principales víctimas de esta pandemia: los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

Para lograrlo, es imperativo que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo de mínimos que permita a estos colectivos hacer frente a una realidad “muy dura”. Actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha ido en aumento debido a que la pandemia ha cronificado aún más esta problemática.

De esta manera, Accem se une a la reclamación realizada desde la PTS al Gobierno para establecer un diálogo real y efectivo que permita afrontar y gestionar de una manera conjunta, productiva y ágil las consecuencias provocadas por la covid-19 y avanzar hacia la verdadera reconstrucción.