Las personas migrantes siguen siendo vulnerables a la violación de los derechos humanos

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Comunicado de Accem por el Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre.

El 3,6 % de la población global es migrante. 281 millones de personas en el mundo residen en un país distinto a su país natal, según los datos de Naciones Unidas. La concurrencia de enfermedades, hambrunas, guerras y el cambio climático amenazan la seguridad de la población mundial y han generado movimientos migratorios sin precedentes.

Sin embargo, en un mundo gobernado por un estricto sistema de fronteras, son miles y miles de personas las que se ven obligadas a emprender su viaje por vías irregulares, enfrentándose a enormes riesgos y peligros. Así, únicamente en este 2022 que ahora está a punto de terminar, han muerto o desaparecido más de 2.400 personas cuando intentaban llegar a los Estados de la UE, especialmente en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el Día Internacional de las Personas Migrantes, desde Accem volvemos a pedir que se habiliten y hagan efectivas vías legales, seguras y reales para la migración.

Del mismo modo, hoy volvemos a recordar la gravedad de los hechos sucedidos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla, cuando al menos 23 personas -en una cifra que elevan sensiblemente algunas voces- murieron intentando superar el obstáculo fronterizo y el operativo policial dispuesto a ambos lados de la frontera en circunstancias que se continúan investigando. Desde Accem consideramos que la frontera española y europea debe ser un territorio seguro en el que esté garantizada la protección de los derechos humanos a ambos lados de la misma. Igualmente, deben abandonarse las devoluciones sumarias sin el respeto a los derechos y garantías jurídicas individuales de cada persona. Todo esto evidencia que las personas migrantes siguen siendo vulnerables a las violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, 2022 también ha sido el año en el que se ha aprobado el esperado nuevo reglamento de Extranjería, una buena noticia que ha mejorado la normativa migratoria vinculada al ámbito laboral y que va a simplificar los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia en España. No obstante, pese a la mejora, aparecen importantes campos con espacio por recorrer para avanzar en términos de acceso a derechos y garantías frente a la exclusión. Ahora únicamente enumeramos algunos de los retos pendientes:

  • En el ámbito de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, es necesario definir y mejorar las estrategias de denuncia segura para garantizar plenamente el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
  • Con respecto a los menores extranjeros, es necesaria una regulación clara de los procedimientos para la determinación de la edad, que deben ser fiables y garantistas.
  • En relación a los procedimientos administrativos de extranjería, es importante mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el personal para garantizar el acceso a derechos. Del mismo modo, deben ponerse medidas para acabar con las distintas brechas digitales que están obstaculizando de forma importante una relación eficaz entre la persona y la Administración.

 

Por una protección plena de las personas apátridas en España

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#DesplazamientosApatridas es la nueva campaña de sensibilización sobre la apatridia lanzada por la Red Europea sobre Apatridia, de la que Accem forma parte.

La apatridia afecta a millones de personas en el mundo, a más de medio millón en Europa y a miles en el Estado español. Es difícil identificar a las personas apátridas, por lo que el número real puede ser significativamente mayor. El propio Banco Mundial afirmó en 2017 que hay más de 1.100 millones de personas invisibles en el mundo, careciendo de la documentación necesaria para probar su identidad y nacionalidad.

Desde UNICEF se estima que un cuarto de los nacimientos no se registran, por lo que existen cientos de millones de menores sin certificado de nacimiento. Aunque la totalidad de tal estimación no corresponde per se con menores apátridas, estos se encuentran en riesgo de apatridia, sin la posibilidad de probar la relación con sus progenitores ni su lugar de nacimiento, elementos esenciales para la adquisición de una nacionalidad.

En el contexto europeo podemos encontrar también personas apátridas “en su propio país”, debido principalmente a la sucesión de estados o a políticas discriminatorias. Sin embargo, otras personas apátridas lo son en contextos migratorios, incluyendo aquellas que se convierten en apátridas como consecuencia del desplazamiento forzado, y personas que ya lo eran en su país de origen.

Las consecuencias de la apatridia son graves porque suponen una vulneración sistemática de derechos humanos que condiciona a las personas afectadas a una de las situaciones más vulnerables que pueden existir, según ACNUR. Hablamos de personas no consideradas como nacionales por parte de ningún Estado, siendo así impedidas del disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales fundamentales.

España es, desde 1997, uno de los países adheridos a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y en 2018 se adhirió a la “Convención para reducir los casos de apatridia” de 1961. Cumpliendo con las obligaciones y compromisos en virtud de dichos tratados, se reconocen en España como buenas prácticas la introducción de diferentes salvaguardas para menores de edad y la existencia de un procedimiento para la determinación y obtención del estatuto de apátrida.

Además, la reciente aprobación del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, garantiza el acceso de las personas apátridas a todas las fases del sistema estatal de acogida.

No obstante, todavía quedan por corregir algunas cuestiones pendientes. La apatridia en España precisa de un abordaje legislativo más amplio a través de la reforma urgente del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, que cubra las necesidades de protección de las personas solicitantes desde una perspectiva de derechos humanos. Este reglamento debe garantizar la asistencia letrada durante todo el procedimiento y el derecho a servicios de interpretación en el momento de la solicitud, estableciendo la posibilidad de realizarla tanto en territorio, como en puestos fronterizos, embajadas y consulados, equiparando sus derechos con las personas solicitantes de protección internacional, con arreglo al artículo 38 de la Ley 12/2009.

Además, debe reconocer el derecho a la permanencia provisional en el territorio, otorgar la autorización de trabajo y asegurar el respeto del principio de no devolución de las personas solicitantes de estatuto de apatridia durante el procedimiento. Es necesario considerar un régimen especial de reagrupación familiar para las personas reconocidas como apátridas que tenga en cuenta las particularidades inherentes de la situación relacionada con la documentación de sus familiares.

Asimismo, es precisa la reducción del plazo establecido en el Código Civil para la naturalización por residencia a dos años en el caso de personas apátridas.

En paralelo, resulta indispensable que las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones y el asilo cuenten con la información y recursos necesarios para acceder a y activar los mecanismos de detección y derivación al procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida dentro del procedimiento de protección internacional. Las personas apátridas tienen garantías específicas en virtud del derecho internacional y corren el riesgo de ser discriminadas si su apatridia no se identifica y se reconoce.

Con la finalidad de avanzar en este objetivo, desde el nodo español de la Red Europea sobre Apatridia (ENS – European Network on Statelessness) lanzamos una campaña de sensibilización y formación para fortalecer la plena protección de los derechos humanos de las personas apátridas, a través de la reforma urgente del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, teniendo en cuenta el compromiso mostrado por el Estado español desde hace más de dos décadas en materia de apatridia.

La Campaña por una protección plena de las personas apátridas en España se desarrollará en torno a dos ejes principales, dirigidos a:

1. Instituciones y administraciones públicas, con el objetivo de promover la reforma legislativa del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida y el Código Civil en materia de nacionalidad, a través de la incidencia política dirigida a grupos parlamentarios y actores clave, para cuya finalidad se han elaborado unas recomendaciones políticas para su abordaje.

2. Organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes y solicitantes de protección internacional, así como aquellas que gestionan plazas del sistema de acogida de protección internacional, con el objetivo de mejorar su conocimiento sobre los conceptos básicos de la apatridia, la prevención de la apatridia infantil, la identificación de casos y la aplicación del procedimiento de reconocimiento, a través de jornadas informativas, talleres formativos, actividades de sensibilización y difusión de materiales y guías para la identificación.

> Visita y apoya la campaña de sensibilización Stateless Journeys.

Un Mundial sin contar con los derechos humanos

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Este domingo 20 de noviembre dará comienzo la Copa Mundial de fútbol en Qatar y millones de aficionados de todo el mundo se sentarán delante de sus televisores para asistir a la cita más importante con su deporte favorito. Desde Accem queremos, antes de que dé comienzo el campeonato, unirnos al gran número de personas y organizaciones de todo el mundo que han alertado sobre la situación de los derechos humanos en este país del Golfo Pérsico.

Por una parte, desde que en 2010, la FIFA, institución que organiza el Mundial, concediera a Qatar la organización del campeonato, el país árabe tuvo que acometer un ingente plan de infraestructuras que le permitiera responder al reto organizativo. Este plan incluía la construcción de los estadios, pero también de muchas otras obras de envergadura, y ha requerido, además de una astronómica cifra económica, de la mano de obra de alrededor de dos millones de trabajadores, la mayoría de ellos migrantes, llegados especialmente desde países como India, Bangladesh, Filipinas, Nepal o Kenia. Las denuncias sobre las condiciones en las que han tenido que trabajar y vivir estos trabajadores han sido continuas. Miles de ellos han muerto y ha sido generalizado el trabajo en condiciones cercanas a la esclavitud, con realidades de trata de personas y explotación.

Por otra parte, y como han denunciado organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), la mitad de la población está legalmente discriminada en Qatar. Obviamente estamos hablando de las mujeres. Las mujeres sufren una situación de sometimiento legal a los hombres que se manifiesta en un amplio abanico de leyes y normas, que incluyen la imposibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas sin el consentimiento de un tutor masculino y otras formas de violencia que llegan a la condena a latigazos o incluso la lapidación para castigar, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Del mismo modo, el colectivo LGTB+ es duramente maltratado por Qatar, que castiga con penas de prisión las relaciones consentidas entre hombres mayores de 16 años.

Finalmente, los derechos fundamentales y las libertades están amenazadas por el Estado, especialmente el acceso a la justicia, la libertad de expresión, de manifestación o de prensa, con delitos tipificados para quien ataca la religión, la bandera o las autoridades del emirato.

En definitiva, parece evidente que Qatar se encuentra lejos de los estándares mínimos de democracia y respeto a los derechos humanos que deberían ser exigibles como condición previa para la organización de un evento de estas características. El Mundial de fútbol no es únicamente un campeonato, sino un escaparate global que entre otras cosas supone una gran operación propagandística para el país organizador. En este caso, esta operación será al servicio de un país que no respeta los derechos humanos y será con el amén del conjunto de la comunidad internacional.

 

Melilla-24J: Es necesario seguir investigando por justicia y para que no vuelva a pasar

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Desde Accem pedimos que se investigue hasta esclarecer de forma transparente los hechos que sucedieron el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, en la frontera de España y la Unión Europea con Marruecos, cuando entre 23 y 37 personas, según distintas fuentes, murieron cuando intentaban superar la frontera.

Es necesario investigar por la memoria de las personas fallecidas y de sus familias, por su derecho a la justicia, así como para depurar responsabilidades y tomar las decisiones y poner los medios necesarios para que no se vuelvan a repetir hechos tan trágicos.

Más allá del punto exacto de la frontera en el que se produjeron las muertes, lo esencial es que la frontera española y europea debe ser un territorio seguro en el que esté garantizada la protección de los derechos humanos. El derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad deben estar por encima de cualquier otro interés, prioridad o circunstancia.

Todas estas muertes y los centenares de heridos, que nunca deberían haberse producido, son consecuencia de la falta de vías legales, reales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. El acceso al asilo y a la protección internacional deben estar también garantizados para las personas que intentan llegar a Europa a través de su frontera sur.

Por una solución humanitaria urgente para las 985 personas a la espera de puerto seguro en el Mediterráneo Central

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Desde Accem reclamamos hoy una solución humanitaria urgente para las 985 personas migrantes que esperan actualmente en el Mediterráneo Central a bordo de tres barcos de diferentes ONG el permiso de las autoridades de Italia y Malta para poder atracar. Tomamos la palabra para pedir que se permita desembarcar en los puertos seguros más cercanos a estas personas que tras embarcarse en la peligrosa travesía del Mediterráneo Central desde las costas del norte de África fueron salvadas por unas organizaciones humanitarias presentes en el mar ante la inacción de los gobiernos de los Estados y la Unión Europea.

Pedimos una acción coordinada desde la UE encaminada al rescate y salvamento de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo, el Egeo o el Atlántico de forma desesperada para tratar de alcanzar territorio europeo. Una acción coordinada y eficaz que salve vidas y que ponga en primer lugar el respeto y salvaguarda de los derechos humanos. Y mientras se pone en marcha esta necesaria acción común, exigimos que se facilite su labor a las organizaciones humanitarias, disponiendo los medios adecuados para que puedan llevar a cabo su misión de rescate y facilitando su llegada y acogida en los puertos europeos más cercanos al rescate.

Pedimos asimismo al Gobierno de España que se implique activamente en la resolución de esta situación, desde las posibilidades de interlocución y recursos a su alcance. Finalmente, reclamamos una vez más la habilitación de vías reales, legales y seguras para alcanzar Europa para las personas refugiadas y migrantes que hagan posible que no tengan que buscar formas tan desesperadas y peligrosas de intentarlo.

En estos momentos, 572 personas esperan en el mar, a bordo del barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras. Otras 234 personas aguardan en el barco Ocean Viking, de la ONG SOS Mediterranée en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Finalmente, 179 personas, entre ellas más de 100 menores, esperan en el barco Humanity One, de la ONG SOS Humanity, el permiso para atracar en puerto. Las tres embarcaciones han solicitado permiso a las autoridades de Italia y Malta, los dos países más cercanos, sin haber recibido hasta el momento respuesta positiva.

Según los últimos datos hechos públicos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde enero de 2021 han muerto intentando llegar a Europa al menos 5.684 personas, aunque probablemente serán muchos más, por todos los naufragios y desaparecidos que nunca son registrados. Entre los fallecidos contabilizados, 2.836 personas murieron en la ruta del Mediterráneo Central que, desde las costas de Libia o Túnez, se dirige hacia Malta o Italia.

 

Por un marco legislativo apropiado para el abordaje integral de la lucha contra la trata

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Con ocasión del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, este 18 de octubre, desde Accem queremos incidir en la necesidad de que España se dote de un marco legislativo apropiado para garantizar la adopción a nivel estatal de un enfoque integral en el abordaje de la lucha contra la trata y explotación, desde una perspectiva de derechos humanos, género, edad e interseccional, que abarque todas las formas de explotación y proteja a todas las víctimas afectadas. En ese sentido, confiamos en que la iniciativa tomada desde el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia pueda ver pronto la luz.

En esta ocasión, queremos reconocer la importancia de la aprobación del “Plan de acción nacional contra el trabajo forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas”, así como del “Plan estratégico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos 2021-2023” en el ámbito de las políticas públicas, que podrán dotar a nuestro país de un marco ejecutivo desde el que abordar la lucha contra la trata de personas y la explotación de una manera integral y holística.

Estos avances en materia legislativa y de políticas públicas -a la espera de la culminación del proceso y desarrollo legislativo- representan un paso fundamental para poder luchar de manera adecuada contra la trata y garantizar una protección y atención efectiva e integral a todas las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos.

Sobre la realidad de la trata a escala mundial, queremos hacer visible cómo la pandemia de la covid-19, los conflictos armados abiertos en el mundo –como la guerra en Ucrania este año- o las consecuencias del cambio climático constituyen factores que incrementan la situación de vulnerabilidad de las personas, impactando en el ámbito educativo, laboral y social de sus comunidades, y determinando el aumento de la pobreza y, por tanto, de la necesidad de migrar. Este es el caldo de cultivo, marcado por la vulnerabilidad, que favorece y propicia el riesgo para las personas de ser víctimas de cualquier forma de trata y explotación.

Queremos recordar, en este Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que esta violación de los derechos humanos afecta actualmente a alrededor de 50 millones de mujeres, hombres, niños y niñas que cada día son víctimas de trata y explotación en el mundo.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas.

> Accede a más noticias sobre la trata de personas.

Día Internacional de las Personas de Edad – Ante las personas mayores, no pases la pelota

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La población mundial se encuentra cada vez más envejecida. A nivel mundial, en 2019 había 703 millones de personas de más 65 años y se estima que, para el año 2050, habrá cerca de 1.500 millones de personas mayores. La esperanza de vida ha aumentado gracias a los avances de la sanidad, la ciencia y la medicina, pero no solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos con calidad. Es necesario continuar trabajando para mejorar la salud mental de las personas mayores, luchar contra la soledad no deseada, ofrecerles alternativas de ocio, promover su desarrollo físico y centrarnos siempre en la persona para lograr maximizar su autonomía y su calidad de vida.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la década 2021-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable. Todas estas citas y declaraciones resultan cada vez más esenciales teniendo en cuenta los cambios a los que nuestras sociedades se exponen.

El tema elegido para la conmemoración de este año 2022 es “La resiliencia de las personas mayores en un mundo cambiante”.

La misión de Accem es atender y acompañar a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, así como defender los derechos fundamentales para todas las personas. Para Accem las personas que se encuentran en situación más vulnerable son prioridad. Es por ello que trabajamos con y por las personas mayores, como lo hacemos con otros colectivos en situación de vulnerabilidad como las personas refugiadas, la infancia en situación de desamparo o las personas sin hogar, y lo hacemos teniendo claro que una de las claves para la adecuada promoción de un envejecimiento saludable, está en la promoción de la autonomía, la autodeterminación y el protagonismo social de nuestras y nuestros mayores.

Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, debemos escuchar sus necesidades y perspectivas. Reconocer su capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas, su resiliencia, fortaleza y sus contribuciones a la sociedad. Hacerlos partícipes de los diálogos, políticas, programas y acciones relacionadas con el envejecimiento. Darles voz en su propio proyecto vital.

Las personas mayores son un valor de nuestra sociedad.

Las ciudadanas y ciudadanos, somos responsables de reconocer esta valía y reivindicar su sitio.

Los medios de comunicación deben ayudar en esta labor realizando un esfuerzo por acabar con los edadismos que tanto dañan la dignidad de las personas mayores.

Las administraciones publicas tienen la responsabilidad de velar por sus derechos y ofrecer una atención integral y accesible a sus necesidades.

Esta en mano de todos.

Ante las personas mayores, no pases la pelota. 

 

A continuación os presentamos el vídeo que hemos realizado en Guadalajara, donde Accem lleva años trabajando, pueblo a pueblo, con las personas mayores del medio rural de la provincia, fomentando el envejecimiento saludable y su protagonismo social en clave de igualdad de derechos.

 

 

> Conoce nuestro espacio web dedicado a las personas mayores

En defensa de los DD.HH. de las mujeres en Irán: “Mujeres, vida y libertad”

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Las mujeres en Irán viven bajo la sombra de una ley que las discrimina y coarta sus libertades. Lamentablemente Mahsa Amini se ha convertido en ícono de protestas en la lucha por la libertad de elección de las mujeres de llevar o no el hiyab, impuesto en Irán desde la Revolución Islámica en 1979. Mahsa, una joven de tan solo 22 años fue detenida por la policía moral iraní este mes de septiembre por “llevar mal puesto” el hiyab y dejar ver su cabello. Al ser detenida sufrió fuertes golpes en la cabeza según han denunciado familiares y el abogado de la familia, lo que le provocó un infarto, posteriormente entró en coma y murió.

Bajo consignas como “Mujeres, vida y libertad”, mujeres y hombres se mantienen protestando enérgicamente en las calles para exigir justicia y cambio en la legislación, pese a las represalias de las que están siendo víctimas y que suman más de 40 muertes según cifras oficiales y más de mil detenciones.

Desde Accem, como defensores de los derechos humanos rechazamos, a la vez que lamentamos, que hechos como este se sigan produciendo a día de hoy en el mundo. Este tipo de persecuciones y discriminaciones hacia la mujer constituyen una grave violación a los derechos humanos, que en ocasiones las obligan a escapar de sus países de origen y convertirse en refugiadas.

Recordemos que, en la ley de asilo de España, norma reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, se señala explícitamente que la persecución por motivos de género está reconocida como causa de asilo. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, que debe garantizarse en cualquier lugar del mundo.

Accem, con los refugiados que huyen del reclutamiento forzoso en Rusia

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La guerra iniciada por Rusia está trayendo terribles consecuencias. La última, el reclutamiento forzoso de civiles, personas que serán obligadas a luchar, a matar y a poner su vida en peligro y riesgo tanto físico como psicológico. El hecho de que tu vida e integridad física corran peligro por causa de persecución es el fundamento en el que se basa la definición del Estatuto del Refugiado.

No hay ninguna duda sobre que los jóvenes y hombres que huyen de su país para evitar ese peligro, o el riesgo de encarcelamiento, teniendo que dejar su vida y familia atrás, han de encontrar un refugio seguro y protección en cualquiera de los países firmantes de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York.

Para Accem no hay ninguna duda: estamos con las personas refugiadas y es urgente que se habiliten vías legales y seguras para que todas las personas que huyen de una guerra, sin exclusión, puedan acceder a la protección internacional.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebra por fin su aprobación en el Congreso

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Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

Las entidades que forman parte de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebran la aprobación en el Congreso de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral.

El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

Sin embargo, las entidades consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato considera que esta Ley es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación y para que España deje de estar “en deuda con la igualdad”. Fue creada en 2020 por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar su tramitación definitiva tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 y el compromiso de promulgación de la misma por parte de España ese mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Forman parte de la Alianza organizaciones referentes en la lucha contra múltiples formas de discriminación: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Provivienda, Red Acoge y Save the Children.