Seis ONG estatales instan a reformar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes

Más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo.

En la reunión mantenida esta mañana con Santiago Yerga, director general de Migraciones (dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones), representantes de las entidades sociales de ámbito estatal que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía, entre ellas Accem, le han trasladado una propuesta conjunta para que la proyectada reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) dé respuesta urgente a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19.

La Ley de extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo.

Medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos

Actualmente, en nuestro país se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa.

Los principales problemas que, en la práctica, detectamos desde las organizaciones sociales se refieren al desarrollo del RELOEX, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica que tenemos, que deja en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española.

El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma.

Flexibilizar y simplificar varios supuestos del Reglamento

Durante la reunión con el director general de Migraciones, las organizaciones sociales hemos señalado la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante.

Esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para:

  • Adecuar la norma a los estándares de derechos humanos.
  • Facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan.

En el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.

Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante.

 

*Las entidades sociales que han participado en esta iniciativa son: Accem, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Fundación Cepaim y Red Acoge. 

 

 

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del que Accem forma parte, aprobada en el Pleno del 23 de junio de 2021 contra los delitos de odio.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.  Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el  Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el  último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior,  que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Declaración del Foro de la Inmigración de Murcia ante las últimas agresiones racistas

Declaración del Foro de la Inmigración de la Región de Murcia, del que Accem forma parte, en relación a las agresiones racistas de las que han sido víctimas ciudadanos/as de origen extranjero.

El Foro de la Inmigración de la Región de Murcia quiere expresar ante la sociedad murciana su rotunda condena de los episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región.

Estamos asistiendo con gran preocupación, a un crecimiento de los discursos racistas y xenófobos contra los vecinos y vecinas de origen inmigrante en diferentes municipios de la Región de Murcia, que lamentablemente se han traducido en episodios de delitos de odio que han ocasionado el asesinato de un vecino de origen marroquí del municipio de Mazarrón, y la agresión de una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos. Con exclamaciones del tipo de “¡Qué mierda hacéis aquí todos los moros!”, “¡Muerte a los moros!”, o “¡…los inmigrantes nos quitan la comida!”, el odio hacia las personas inmigrantes, ha mostrado su rostro más despiadado. Se ha pasado del discurso del odio, del rechazo del diferente, al asesinato y a la agresión.

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hemos podido ver cómo las manifestaciones de racismo y xenofobia, han acompañado a la pandemia, asociando el origen de la enfermedad, con una determinada nacionalidad y culpabilizando de su propagación, a trabajadores y trabajadoras extranjeros/as, que han sido fundamentales para el mantenimiento de sectores productivos esenciales para el sustento y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido observar cómo la crisis social y económica asociada a la sanitaria, está propiciando un contexto de “competencia” por los recursos entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, enfrentando a personas contra personas. Una confrontación provocada e impulsada desde determinados discursos que defienden la idea de que los derechos de las personas autóctonas, han de prevalecer frente a los de los otros vecinos/as, olvidando que la convivencia democrática es la que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, económica y social de este país y de esta región. Las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión, están en la base de los contextos que dan lugar a estos delitos de odio que hoy denunciamos públicamente. Pero también determinadas posiciones políticas y sociales que provocan el miedo hacia las personas inmigrantes y refugiadas, con discursos estereotipados basados en generalizaciones y falsedades.

Ante estos hechos, no vale el silencio o la indiferencia. Mientras sigamos banalizando las palabras y actos que deshumanizan a la población migrante o refugiada o que la discriminan por su origen cultural o étnico, estos hechos podrán volver a ocurrir en cualquier municipio de esta región. Recordemos que el racismo, la discriminación, las desigualdades y la injusticia, destruyen la convivencia, la cohesión social, la integración y el desarrollo regional. Y en ocasiones límites como la vivida en Mazarrón o en Cartagena, pueden llegar terminar con la vida, los anhelos y los sueños de un ser humano de forma irracional.

Ante estos hechos desde el Foro de la Inmigración de la Región de Murcia planteamos la urgente necesidad de poner en marcha una serie de medidas:

Recuperar el protagonismo de las políticas de integración de la población inmigrante y refugiada en la agenda política y social, apostando por la gestión positiva de la diversidad en los centros educativos, en los barrios, en las empresas y en las organizaciones.

Que el Gobierno Regional y los Ayuntamientos lideren procesos orientados a la corrección de las desigualdades sociales, con una estrategia regional que aborde las situaciones de pobreza y exclusión social que tanto daño están haciendo a esta Región.

Se hace inaplazable el diseño y desarrollo de una estrategia de inclusión, convivencia e integración de las personas inmigrantes en la Región de Murcia, en la que el Foro Regional, como espacio de participación y consulta, tenga un papel activo.

Es necesaria una inversión sostenida en políticas de convivencia intercultural en nuestros barrios y municipios, el lugar donde se materializan las relaciones, la vida de los vecinos y las vecinas.

Es necesario, que se acometa la elaboración de una estrategia regional contra el racismo y la xenofobia, que integre medidas de sensibilización social, en la cual el Foro Regional de la Inmigración de la Región de Murcia, debe tener una participación activa.

Es inaplazable que la sociedad murciana en su conjunto, denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Apostamos por poner en valor el respeto a los derechos humanos; porque creemos firmemente en el valor positivo de la diversidad cultural, generando espacios que nos permitan convivir, espacios donde poder acercarnos los unos a los otros. Solo así, podremos conseguir una sociedad que no permita que el racismo, la xenofobia y la discriminación paseen a sus anchas por nuestras calles.

Foro de la Inmigración de la Región de Murcia

Día Mundial de las Personas Refugiadas – Las vías legales y seguras deben convertirse en una realidad

Las organizaciones que, como Accem, trabajamos en el ámbito de las migraciones, las personas refugiadas y la defensa de los derechos humanos, llevamos años alzando la voz para pedir vías legales, reales y seguras para las personas refugiadas. Este año, con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, queremos decir que estas vías existen, no son una abstracción, pero su habilitación efectiva depende de decisiones concretas y un compromiso con las personas en necesidad de protección internacional.

Hacer efectivas las vías seguras reduciría sensiblemente el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias, que se cobran cada año miles de muertes y desapariciones. Hacer efectivas las vías seguras es multiplicar el número y procedencias de las personas acogidas a través del reasentamiento; es habilitar la posibilidad de solicitar asilo en las sedes diplomáticas; es aplicar la directiva europea de protección temporal en casos de emergencia humanitaria; es flexibilizar los requisitos para realizar la reagrupación familiar. Desde Accem reclamamos que las vías legales y seguras sean una realidad.

Este último año todo ha estado condicionado por la pandemia de la Covid-19. La reducción drástica de la movilidad internacional para las personas y el aumento de las medidas de control de fronteras han hecho aún más difícil el acceso a la protección internacional y el asilo. Mientras los conflictos no cesan, mientras las causas que originan el fenómeno del desplazamiento forzado no se alteran, se hace cada vez más complicada la posibilidad de escapar y llegar a un lugar seguro. No es únicamente más difícil: es también más peligroso. Los obstáculos a la migración obligan a las personas refugiadas y migrantes a tomar caminos cada vez más arriesgados, en los que aumenta la posibilidad de perder la vida. La ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias y la ruta del Mediterráneo Central, ambas desde las costas de África, fueron las que provocaron más personas muertas y desaparecidas en 2020.

Por otra parte, junto a la habilitación urgente de vías seguras, se hace necesario reforzar el acceso al procedimiento de asilo. Es imprescindible asegurar la posibilidad de solicitar protección internacional a las personas que llegan a las mismas puertas de Europa. Y este acceso al procedimiento debe producirse con todas las garantías de un asesoramiento jurídico personalizado con la asistencia de un servicio de traducción e interpretación. Junto al acceso al asilo, deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos.

Más de 200 organizaciones sociales salimos en defensa de los niños y niñas migrantes que llegan solos a España

Accem se une al comunicado de más de 200 entidades.

UNICEF España, Save the Children, Fundación Raíces, el Consejo General de la Abogacía Española, la Plataforma de Infancia, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas, Colectivo Caminando Fronteras, Colectivo ExMenasMadrid, Pueblos Unidos y las más de 200 organizaciones abajo firmantes, como entidades defensoras de los derechos humanos y especialmente de la infancia, consideran intolerable la instrumentalización de los niños y niñas que llegan solos y solas a España en la estrategia electoral de cualquier formación política. No podemos olvidar que estos niños y niñas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por su condición de infancia, por ser extranjeros y por no tener referentes familiares en España. 

Las entidades firmantes estudiarán detenidamente la adopción de medidas legales en defensa del honor de estos niños y niñas con el objetivo último de contrarrestar los bulos y los discursos de odio presentes en los mensajes que se están difundiendo a través de la propaganda electoral y las redes sociales. 

Las entidades firmantes instan:

  • A la Consejería de Políticas Sociales, Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, como tutora de estos niños y niñas, y a la Fiscalía Provincial de Madrid y al Fiscal de Sala Coordinador de Menores, como instituciones que velan por la protección de los Derechos Fundamentales de la infancia, a que adopten las medidas oportunas destinadas a proteger la integridad física y moral de estos niños y niñas.
  • A la Junta Electoral Provincial de Madrid, a que verifique si se está cometiendo un delito en materia de propaganda electoral.
  • A la ciudadanía, para que no participe en la difusión de este tipo de mensajes ni siquiera para discutirlos.

ENTIDADES FIRMANTES 

  • Accem
  • Acollim Cerdanyola Ripollet
  • Asamblea Antirracista de Madrid
  • Asamblea Plaza de los Pueblos
  • Associació Amb Papers
  • Asociación Apoyo 
  • Asociación Aventura 2000
  • Asociación Caminar
  • Asociación Cultural Maloka
  • Asociación de Mujeres Amalgama
  • Asociación Elbassma
  • Asociación Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos
  • Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI
  • Asociación Feministas San Blas-Canillejas
  • Asociación Mon sense Guerres i sense violència
  • Asociación Progestión
  • Asociacion Solidary Wheels No Borders for Human Rights
  • Asociación Somos Acogida
  • Asociación Vecinal ” La Vecinal”
  • Cáritas
  • Centro Pastoral San Carlos Borromeo
  • Colectivo Alucinos la Salle
  • Colectivo Caminando Fronteras
  • Colectivo ExMenas Madrid
  • Coletivo Pelos Direitos No Brasil
  • Colectivo Solidarity Wheel
  • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
  • Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi
  • Confederación Estatal de Personas Sordas
  • Confederación Intersindical
  • Consejo General de la Abogacía Española
  • Coordinadora de Barrios
  • Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
  • Coordinadora Obrim Fonteres
  • Cibeles Acull
  • Don Bosco Salesianos Social
  • Eix de Migracions I Refugi de BComú
  • Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA)
  • Federación INJUCAM
  • Federación SOS Racismo
  • Fundación Amigó
  • Fundación APIP-ACAM
  • Fundación Canaria Main
  • Fundación CEPAIM
  • Fundación Iniciativa Solidaria Angel Tomas
  • Fundación Luz Casanova
  • Fundación María Auxiliadora
  • Fundación Mornese
  • Fundación Raíces
  • Fundación Valponasca
  • Fundación Valse
  • HUSTE – Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enseñanza de Huesca
  • La Conca Terra d’Acollida
  • Mesa Migración y Antirracismo San Blas-Canillejas
  • Movimiento WIPHALA España
  • Otra Escuela
  • Peruanxs en Madrid
  • Plataforma de Infancia
  • Plataforma del Tercer Sector
  • Plataforma El Mural No se Toca 
  • Plataforma Girona Acull
  • Plataforma Sarrià Sant Gervasi Refugi 
  • Plataforma Stop Mare Mortum
  • PorCausa
  • Pueblos Unidos
  • Red Acoge
  • Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN Madrid)
  • Red Migrantes con Derechos
  • Salesians Sant Jordi
  • Samidoun España
  • Save the Children
  • SOS Racismo Gipuzkoa
  • STES Intersindical
  • UCFR Garraf
  • UNICEF España
  • Voluntarios por otro Mundo
  • Wasata sans Frontières

 

Accem se une a la campaña #SoloJuntos de Naciones Unidas para un acceso justo y no discriminatorio a las vacunas contra la Covid-19

Accem se ha unido a la nueva campaña #SoloJuntos de Verified y Naciones Unidas para pedir un acceso justo a las vacunas contra la Covid-19 en todo el mundo, sin discriminación.

Nuestro mundo ha cambiado en el último año. Amigos y familias separadas, fiestas y celebraciones en suspenso… La pandemia ha transformado nuestras vidas, pero todos queremos volver a hacer las cosas de antes con la gente a la que queremos. El problema es que si los países avanzan a velocidades diferentes, nada garantiza que todo eso se haga realidad.

Debemos decidir que es posible erradicar rápidamente la pandemia apoyando el llamamiento de Naciones Unidas para que las vacunas sean consideradas un bien público accesible y disponible para todos y todas, en todas partes. Debemos vacunar según las necesidades, empezando por los trabajadores sanitarios, para poder salvar más vidas y reanudar nuestras actividades lo antes posible.

Aumentar la fabricación y la producción, incrementar la financiación y compartir las dosis excedentarias podría ayudar a poner fin a la pandemia cuanto antes para todos y todas. Nuestros gobiernos deben aunar esfuerzos para que nadie se quede atrás. Compartir información y recursos ha sido siempre nuestro mejor medio para esperar un futuro mejor, así que hagámoslo ahora y acabemos juntos con la pandemia.

¿Cómo participar?

La campaña #SoloJuntos (#OnlyTogether en ámbito internacional) nos invita a participar publicando contenido en nuestras redes sociales. Se trata de reivindicar colectivamente la necesidad urgente de vacunas contra la Covid-19 para todos y todas y en todas partes.

Dentro de la campaña se festejan las cosas que echamos de menos y queremos volver a hacer. Utiliza la etiqueta #SoloJuntos junto a las fotos, imágenes o textos que compartas sobre lo que te gustaría hacer una vez un acceso justo a las vacunas haya terminado con la pandemia.

> Accede aquí a la web de la campaña #SoloJuntos.

Verified es una iniciativa de Naciones Unidas para proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que salve vidas, en el marco del desafío que la humanidad enfrenta en la lucha contra la pandemia por la Covid-19.

 

 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato remite sus propuestas al Congreso de los Diputados

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

  • La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, creada por organizaciones referentes en la lucha contra el racismo, se amplía ahora a entidades de lucha contra otras discriminaciones, dedicadas al trabajo en infancia, personas LGTBI, personas con VIH, discapacidad, sinhogarismo y enfermedad. 
  • Desde esta Alianza se han remitido una serie de aportaciones a la Proposición de Ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y se trabajará para asegurar que la Ley sea finalmente aprobada y garantice de manera efectiva la protección frente a todas las formas de discriminación. 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por 13 ONG dedicadas a la lucha contra distintas formas de discriminación, ha remitido un documento conjunto al Congreso con sus aportaciones a la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, basadas todas ellas en su experiencia de trabajo con personas pertenecientes a grupos de población que sufren algún tipo de discriminación.

En el documento remitido a los y las portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, estas entidades manifiestan una valoración positiva de la proposición registrada, al incorporar elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un Organismo independiente de Igualdad. Estos elementos, afirman, son “indispensables para el abordaje de la discriminación, por lo que esperamos que se mantengan a lo largo de la tramitación”.

Ahora bien, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también apuntan una serie de áreas de mejora, con el objetivo de que este proceso parlamentario sirva para enriquecer el texto legislativo. En este sentido, en el documento de aportaciones, se menciona la necesidad de profundizar en determinados principios generales, como la accesibilidad, el enfoque de protección de la infancia y el diálogo con la sociedad. También se apunta a la necesidad de reforzar la figura del Organismo de igualdad de trato y su independencia, así como a la mejora de la formación de los agentes clave en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, instan a incorporar planes de diversidad en las empresas, concretar mejor las conductas que pueden dar lugar a una sanción, y a mejorar la regulación en ámbitos tales como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la administración de justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular, las entidades instan a los legisladores a protegerlas frente a expedientes sancionadores que puedan dar lugar a su expulsión cuando denuncien casos de discriminación.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a tener en cuenta estas propuestas en sus enmiendas al articulado, lo que, en opinión de estas organizaciones, “servirá para blindar la protección de las víctimas de discriminación y la promoción del principio de igualdad de trato en sentido amplio en nuestro país”.

Esta Alianza, creada en julio del año pasado por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar la tramitación de esta Ley, se ha ampliado ahora para incorporar organizaciones referentes en la lucha contra otras formas de discriminación a las que alude la Proposición de Ley. La Alianza queda conformada, en su composición actual, por: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Red Acoge y Save the Children.

Comunicado de Accem por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Un año más, el próximo día 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En el contexto actual, tras un año de pandemia mundial, y aún inmersos en un difícil y accidentado proceso de inmunización colectiva de la población, es notoria y relevante la brecha de desigualdad de trato ocasionada por la emergencia sanitaria global para las personas con especial vulnerabilidad por razón de su origen y/o condición de personas migrantes y/o refugiadas.

La discriminación a determinados colectivos de personas es una realidad recurrente, acrecentada durante el año 2020, tanto en el ámbito privado como en el público, y en todas las esferas de la vida cotidiana (empleo, vivienda, educación, asistencia sanitaria, acceso a las nuevas tecnologías, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios…).

El incremento de los discursos racistas, xenófobos y de ‘nacionalismos excluyentes y trasnochados’ de determinados partidos políticos, inciden y golpean con mayor rotundidad en la transmisión y difusión del relato de odio al diferente. Confunden a la sociedad de acogida y animan a ‘legitimar’ su exclusión social y legal.   

El reciente Informe sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por las potenciales víctimas, publicado por el órgano de igualdad de trato español, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, arroja datos preocupantes.

Así, el 52% de las personas encuestadas, pertenecientes todas ellas a grupos étnico-raciales minoritarios, contestaron haber sido discriminadas. Pero lo más relevante es que el 81% de las personas que habían sufrido cualquier manifestación de discriminación racial o étnica, contestaron no haber reclamado su derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por miedo o desconocimiento.

Accem, como entidad social organizada de la sociedad civil concernida en la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente las medidas que se están impulsando actualmente, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de trato, puesta de manifiesto una vez más.

La Unión Europea aprobó, en septiembre de 2020, un Plan de Acción contra el Racismo, con un periodo de ejecución hasta el año 2025, en el que se insta a los Estados miembros a acometer reformas estructurales, implementar herramientas y revisar normativa, en orden a su erradicación y a la aplicación efectiva del principio de no discriminación, en la sociedad civil de los Estados miembros.

La Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación,  en tramitación parlamentaria desde el pasado 15 de febrero en el Congreso de los Diputados/as, constituye la respuesta necesaria de los poderes públicos a una deuda histórica con la igualdad de trato y no discriminación de la sociedad española.  

Contar con una normativa clara y precisa de derecho antidiscriminatorio, supone dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de prohibición de discriminación, en aras de evitar la impunidad y desprotección de las víctimas ante comportamientos discriminatorios no constitutivos de delito, y sí de infracciones de naturaleza administrativa que sancionen las formas de discriminación más habituales y cotidianas.

Se requiere de una ley que tenga como objetivo prevenir, sancionar y contribuir a la erradicación cualquier forma y ámbito de discriminación, y que al tiempo ofrezca protección a las víctimas e impulse la concienciación de nuestra sociedad, en la que prevalecen los prejuicios y estereotipos hacia determinados grupos de población. 

Es obligación del Estado de derecho promover las condiciones, mediante su acción política, para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa, plural e inclusiva.

La Ley Integral de Igualdad de Trato deberá constituir una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano con independencia de su origen racial o étnico o condición diversa.

La acción institucional y la colectiva de la ciudadanía española debe ser solidaria, comprometida y unánime. No debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena y diversa inclusión de las personas en nuestra sociedad global. Seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los derechos humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de trato por origen racial o étnico. La pandemia no debe paralizarnos ni cambiar el reto aún pendiente, antes al contrario, debe servir de mayor acicate para su consecución y aplicación.     

Accem apoya con su trabajo la atención a la emergencia humanitaria en Canarias

  • Accem proporciona apoyo al tiempo que comparte su experiencia en planificación y trabajo de más de 30 años con personas migrantes.
  • La entidad está realizando una labor de emergencia y asistencia con el objetivo de dar respuesta a las necesidades básicas de las personas que se encuentran en Las Raíces.

Accem ha puesto a disposición de la emergencia humanitaria en las Islas Canarias el conocimiento y la experiencia adquiridas en la atención y el acompañamiento a las personas migrantes, comenzando a trabajar en Tenerife para dar respuesta a necesidades acuciantes mediante apoyo material y profesional.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es quien determina la puesta en marcha de los dispositivos y proporciona la infraestructura así como la comida y el agua a las personas acogidas en el dispositivo. Accem realiza su labor de apoyo a este esfuerzo por responder a la emergencia, manteniendo comunicación y coordinación constante con las autoridades responsables con el objetivo de paliar las necesidades que puedan surgir en la instalación.

El apoyo de Accem se encuadra dentro de su carácter de medida de emergencia para proporcionar cobijo y protección inmediatos a personas en situación de vulnerabilidad que, de otro modo, se verían obligadas a estar durmiendo a la intemperie en refugios improvisados o al raso y sin comida o abrigo. Accem aboga por soluciones a largo plazo, vías legales y seguras, responsabilidad compartida… en diferentes espacios de interlocución con las autoridades, mientras que asiste en el terreno a las personas más vulnerables que se encuentran en una situación de gran precariedad entendiendo lo excepcional y urgente del momento.

Por ello, la entidad también trabaja en coordinación con los servicios y administraciones canarias. El contacto con el entorno local y las personas cercanas es una premisa necesaria para desarrollar la respuesta humanitaria.

El equipo de profesionales de Accem en el dispositivo de emergencia de Las Raíces trata de paliar la situación de las personas migrantes proporcionando cobertura a las necesidades básicas y realizando labores de mediación y apoyo psicosocial al tiempo que se facilita asesoramiento legal, atención sanitaria y acompañamiento.

Día Mundial de la Justicia Social: “Un llamamiento a la justicia social en la economía digital”

  • La pandemia ha dejado aún más en evidencia las dificultades en el acceso a la tecnología de las personas migrantes y refugiadas en España.
  • En el Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en España: tendencias y retos para la inclusión social; y en el Informe Brechas digitales en menores extranjeros no acompañados analizamos estas cuestiones.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y el tema para este 2021, impulsado por las Naciones Unidas es “Un llamamiento a la justicia social en la economía digital”. Durante 2020 el mundo tembló ante una pandemia sin precedentes. El avance de la tecnología propició el teletrabajo y la continuidad de la escolarización y demás estudios desde casa.

La Covid- 19 dejó al descubierto la creciente brecha digital en lo que respecta a la disponibilidad, al acceso y uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.

En el Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en España: tendencias y retos para la inclusión social publicado por Accem al cierre de 2020, se evidencia que las dificultades de la población extranjera con el uso de las nuevas tecnologías es un problema de gran relevancia debido a la situación de crisis sanitaria. “Afecta tanto a niños/as en edad escolar como a personas adultas ya que una parte importante de las formaciones se están realizando vía online”.

En el estudio se señala que entre las principales dificultades que se seleccionan respecto a esta área se encuentran: “no tener acceso a internet o datos móviles” y la “falta de competencias específicas en el uso de las TICs”. No disponer de herramientas digitales y acceso a Internet o datos móviles repercute en el retraso de la educación de niños y niñas en edad escolar y supone una importante limitación a la población adulta para realizar formaciones que faciliten la mejora de sus capacitaciones.

“La mejora del nivel del idioma, así como de las competencias en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuiría de forma importante a mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral en condiciones de legalidad”.

El empleo de herramientas digitales venía siendo un proceso demandante en la sociedad actual que, debido a la irrupción de la pandemia, se ha acelerado de forma importante. En el Informe Brechas digitales en menores extranjeros no acompañados, también realizado por Accem en el último año, se evidenció que en los centros donde son acogidas estas niñas, niños y adolescentes tuvieron que adaptarse a la “nueva normalidad” digital y buscar el modo de obtener un mayor acceso en cuanto a equipos y wifi, que facilitara una mayor conectividad para el uso educativo y recreativo de estos menores en situaciones vulnerables durante el confinamiento.

En la actualidad, tener a disponibilidad estas herramientas no es una opción sino una necesidad básica e imprescindible para estar incluidos en la sociedad. Son necesarias en el empleo, en la educación, en la vida diaria para establecer redes sociales, para tramitar documentos con la administración, etc. Un amplio porcentaje de población inmigrante y refugiada, y en general población en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a un equipamiento tecnológico adecuado, Internet o datos móviles lo que dificulta de forma importante su inclusión social. Hemos de afrontar este reto para no dejar a nadie atrás.