La mayor tragedia en el Canal de la Mancha vuelve a reflejar de forma cruel un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos

En las últimas horas se ha producido en el Canal de la Mancha la mayor tragedia migratoria de la que se tiene noticia hasta la fecha en esta frontera que separa en aguas atlánticas a Francia y el Reino Unido. Al menos 27 personas han fallecido en el naufragio de su embarcación cerca de la ciudad francesa de Calais, cuando intentaban alcanzar las costas británicas.

En aguas atlánticas, pero en la frontera sur europea que separa Marruecos de las Islas Canarias, al menos 14 personas habrían muerto en los últimos días mientras se dirigían hacia territorio europeo, según han denunciado desde las ONG Alarm Phone y Caminando Fronteras. La embarcación llevaba tres semanas a la deriva.

En otro territorio fronterizo, en este caso en la frontera entre Bielorrusia por una parte y Polonia, Lituania y Letonia por otro, más de una decena de personas han fallecido en lo que va de año en su tránsito migratorio.

Estos hechos están conectados por una misma realidad: la existencia de un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos, que pasa por encima de las personas y que no toma como prioridad la salvaguarda de la vida de las personas refugiadas y migrantes. Intereses económicos y tensiones y conflictos de carácter geopolítico sustentan un sistema de fronteras que no respeta la vida y en el que se llega a instrumentalizar a las personas migrantes como arma arrojadiza, depreciando sus derechos, su dignidad, su sufrimiento y su vida.

Desde Accem insistimos una vez más en la necesidad de habilitar y facilitar vías reales, legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Al tiempo, reclamamos un compromiso internacional firme, que comience por la Unión Europea y todos sus miembros, incluida España, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan las fronteras, así como el ejercicio de sus derechos en virtud de los acuerdos internacionales vigentes.

Los Derechos Humanos deben imponerse ante la instrumentalización de personas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Miles de personas se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa, sin casi alimentos, sin cobijo y a bajas temperaturas, en una dramática situación que pone en evidencia la instrumentalización política de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todas estas personas, que en su mayoría provienen de países de Oriente Medio inmersos en una gran inestabilidad y conflictos armados ⎼como Afganistán, Siria o el Kurdistán iraquí⎼, se ven privadas de continuar su proyecto migratorio para encontrar un lugar seguro.

Mientras Bielorrusia mantiene una presión contra la Unión Europea a través de su cercanía con países limítrofes como Polonia o Lituania, en respuesta a las sanciones impuestas desde Bruselas tras las acusaciones de violaciones contra los Derechos Humanos, el país comunitario detiene y devuelve a quien logra traspasar la frontera. De esta manera, todas estas personas se encuentran retenidas en un limbo del que no encuentran salida y en el que se está agravando de forma alarmante esta emergencia humanitaria.

Resulta inhumano usar como arma política a mujeres, niñas, niños y hombres, utilizando sus esperanzas y su deseo de supervivencia de forma interesada y valiéndose de su vulnerabilidad y de su desesperación para alcanzar cualquier objetivo político. Esta restricción de la movilidad es una muestra más de la falta de voluntad para crear y mantener vías seguras y legales, una urgente necesidad en la que numerosas entidades, como Accem, venimos insistiendo para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Ante esta realidad, urge que la Unión Europea se mantenga firme en sus principios y valores fundacionales de protección universal de los derechos, de defensa de la dignidad humana y de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario dar una respuesta rápida y coordinada ante esta crisis, instando a los estados a cumplir con la acogida de estas personas para seguir construyendo una sociedad de futuro y ejemplar como garante de los Derechos Humanos.

Día Europeo contra la Trata de Personas – La trata con fines de explotación laboral, más cerca de lo que pensamos

Con ocasión del Día Europeo contra la Trata, hoy 18 de octubre, desde Accem queremos poner el foco en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y en los millones de personas que cada año se ven afectadas por esta grave violación de los derechos humanos.

La trata con fines de explotación laboral está más cerca de lo que pensamos. En España, y solo el año pasado, 548 personas fueron rescatadas de situaciones de explotación laboral y 99 fueron identificadas expresamente como víctimas de trata para este fin. Además, fueron detectados 8.273 casos de personas en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales, según datos estadísticos del Ministerio del Interior. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2016 eran 16 millones las personas explotadas en el sector privado, como el trabajo doméstico, la construcción o la agricultura. La trata está presente en cualquier sector o ámbito laboral y afecta a personas de cualquier procedencia, edad o sexo.

La nueva Estrategia de la Unión Europea sobre la Trata de Seres Humanos para el periodo 2021-2025 prevé una serie de medidas para reducir la demanda de bienes y servicios que sean fruto de trata de personas –y que la alimenten de este modo–, para romper el modelo de negocio de la trata y facilitar la protección, la atención y el empoderamiento de las víctimas, así como para promover la cooperación internacional. En esta perspectiva, la Estrategia insiste en la importancia de asegurar una gestión responsable de las cadenas de producción y suministro de bienes y servicios, así como en el deber de diligencia de las empresas en el respeto de los Derechos Humanos.

En esta fecha, y como parte del trabajo de Accem para visibilizar y concienciar acerca de este grave problema, lanzamos la campaña Humans market para poner en relieve las situaciones de trata laboral existentes e invisibles en nuestro país y estimular la reflexión y la responsabilidad individual acerca del consumo de bienes y servicios libres de la trata de personas y de la explotación.

> Descubre el trabajo de Accem contra la trata de personas y en apoyo a víctimas de trata

Ceuta: Todas las comunidades autónomas deben implicarse en la protección de la infancia migrante no acompañada

A pesar de que el foco mediático ya no está centrado en esta cuestión, desde Accem queremos seguir haciendo hincapié en la situación que viven en Ceuta los niños y niñas sin acompañamiento adulto. Desde Accem queremos reiterar que es necesario que todas las comunidades autónomas se impliquen en ofrecer una respuesta coordinada, solidaria y comprometida a las necesidades de acogida que tienen los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en una situación de emergencia en Ceuta.

Se estima que hay entre 500 y 700 niños, niñas y adolescentes no acompañados en Ceuta en dispositivos de emergencia y de carácter temporal que no cumplen con las garantías necesarias para satisfacer sus necesidades de acogida, protección y apoyo en su integración social en cumplimiento del derecho al interés superior del menor.

España en virtud de los Tratados Internacionales de Protección a la Infancia de los que es parte debe dar una protección efectiva a los niños y niñas no acompañados que llegan a nuestro territorio. Aunque la competencia de acogida esté transferida a las comunidades autónomas, este hecho no puede motivar que en situaciones de emergencia se prive a los niños y niñas no acompañados de los derechos que tienen reconocidos.

Por esta razón, pedimos que desde el Estado se impulse un mecanismo estable de coordinación y solidaridad que haga posible el reparto solidario entre las distintas comunidades autónomas de la acogida a estos y estas menores en situación de vulnerabilidad.

Desde Accem, queremos subrayar el reciente pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha declarado nulas de pleno derecho las devoluciones que se produjeron. Consideramos que la vía de la devolución en ningún caso es la salida de estas personas y que solo el traslado a las distintas comunidades autónomas garantizará los Derechos de estos/as menores.

Las organizaciones sociales estaremos alerta para que no vuelvan a producirse actos que pueden lesionar los derechos de un colectivo tan vulnerable como es la infancia.

 

> Accem se une a más de 25 ONG para solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de repatriaciones de menores no acompañados

Declaración de la RIOOD a 20 años de Durban

Los desafíos en la lucha contra el racismo y la discriminación en Iberoamérica

En el 2001, los Estados reunidos en Durban aprobaron un plan de acción concreto para prevenir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Aquella conferencia mundial reconoció que el racismo, la discriminación racial y la xenofobia vulneraban a los grupos que históricamente fueron víctimas de la discriminación y  el racismo estructural. En todas las áreas en las que la discriminación obstaculiza a las  personas para el pleno goce de sus derechos humanos, la Declaración y Programa de Acción  de Durban estableció un marco integral para exigir los cambios necesarios que modifiquen las realidades.

Aunque algunos Estados han conseguido avances cuantitativos y cualitativos en su lucha contra el racismo y la discriminación, aún queda un largo recorrido respecto al reconocimiento de derechos. Los mecanismos de protección, que fueron consolidados por los importantes consensos alcanzados por la comunidad internacional en la Conferencia de Durban, requieren un nuevo impulso para ser revitalizados tanto a nivel internacional, como a nivel regional, nacional y local, en un espíritu de colaboración y cooperación.

La pandemia del COVID-19 llegó para recordarles a los Estados y a la sociedad en general que el racismo tiene consecuencias devastadoras, ya que determinados grupos y personas han resultado afectadas de forma desproporcionada; y demuestra una vez más que el racismo, la discriminación y la xenofobia conducen a crisis económicas, políticas y sociales que interrumpen el desarrollo y profundizan las condiciones para una pobreza estructural ascendente.

El racismo constituye un obstáculo para el desarrollo, por lo que la lucha contra el racismo, y todas las demás formas de discriminación debe constituir una parte integral de nuestros esfuerzos para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La situación actual nos muestra que los desafíos mutaron, pero aún persisten. Urge una mirada interseccional para la lucha contra la discriminación con una  perspectiva que integre a todas las personas.

La RIOOD nace con el propósito común de fortalecer y estrechar los lazos de cooperación entre las instituciones, organismos públicos, y organizaciones de la sociedad civil, que se proponen converger en una serie de compromisos comunes para enfrentar el flagelo de la discriminación; que impide el desarrollo social y la construcción de naciones y sociedades democráticas.

Los organismos y organizaciones nucleadas en la RIOOD propiciamos procesos de reflexión, acercamiento y cooperación, con el fin de impulsar acciones conjuntas y promover e  incidir en la inclusión de la problemática de la discriminación como prioritaria en las agendas  de los Estados. Señalamos la necesidad de establecer marcos normativos concretos, y destacamos la importancia de contar con organismos estatales competentes para prevenir y erradicar la discriminación racial, el racismo y las formas conexas de intolerancia.

En el marco de este vigésimo aniversario, entendemos la oportunidad que tiene la Red para renovar y fortalecer el compromiso político en la lucha contra el racismo y la  discriminación racial, con más trabajo por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.

Declaración de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, con motivo del 20 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

Desplazados climáticos: víctimas de desastres naturales sin la necesaria protección

Hay países, como Haití, que son azotados periódicamente por fenómenos climáticos de carácter extremo que provocan consecuencias devastadoras, condicionadas tanto por las circunstancias geográficas y naturales como por la pobreza y la realidad socio-económica. En la semana en la que se cumple un mes del último desastre, un terremoto que se ha cobrado la vida de más de 2.200 personas y que ha dejado miles de heridos e incontables pérdidas materiales, queremos desde Accem poner sobre la mesa la invisibilidad de los desplazamientos forzosos provocados por fenómenos de esta naturaleza, que se están viendo agudizados por el cambio climático en el que estamos inmersos. 

Poblaciones enteras sufren periódicamente, y cada vez con mayor agresividad, los embates de estos fenómenos naturales. El caso de Haití, el país más empobrecido del continente americano, es especialmente significativo al no contar con los recursos necesarios para no solo prevenir los efectos de estos desastres, sino poder recuperarse de uno antes de ser golpeado por el siguiente.

Por este motivo, establecer un marco internacional que permita otorgar algún tipo de protección a las personas que tienen que huir y abandonar sus hogares debido a estas causas y a sus terribles consecuencias es, en el mundo actual, una necesidad.

Según ACNUR, cada año más de 20 millones de personas se ven obligadas a desplazarse dentro de su propio país o a buscar un futuro estable fuera de él a causa de estas catástrofes: terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, hambrunas, incendios o aumento del nivel del mar… Sin embargo, no existe ninguna figura jurídica que permita otorgarles alguna protección y les facilite recomponer su vida lejos de su hogar. A pesar de tratarse de causas evidentes de emergencia humanitaria y de que la gran mayoría de los estados miembro de la ONU ya han realizado un primer acercamiento para abordar esta realidad en la ratificación del Pacto Mundial sobre los Refugiados en 2018, la situación de todas estas personas se continúa equiparando a la de quienes emigran por causas económicas, ya que actualmente su contexto no se encuentra contemplado entre los criterios para solicitar ningún tipo de protección.

Desde Accem consideramos necesaria la existencia de alguna forma de protección específica para que las personas que huyen de las consecuencias de estos desastres naturales y humanitarios puedan encontrar un lugar seguro donde poder avanzar y continuar con su vida, a través de un nuevo estatuto específico que ampare a estas personas.

Sin vías seguras y legales, el contador de muertes evitables en el mar continuará activo

  • La ruta canaria está siendo una de las más mortíferas: en 2020, un total de 1.417 personas perdieron la vida y 2021 apunta a superar esa cifra.
  • Aumenta el número de mujeres, niñas y niños que arriesgan su vida para alcanzar Europa a través de esta vía.

Durante la época estival es común el aumento del número de llegadas de personas migrantes por la vía marítima. Lo que resulta alarmante es ver cómo miles de personas continúan arriesgando sus vidas en una de las rutas de migración más mortíferas: la ruta canaria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de agosto, han llegado a Canarias por mar 8.222 personas migrantes, un 144 % más que en el mismo período en 2020.

Lo que preocupa aún más es la cantidad de personas que desaparecen o mueren en el camino. En el primer semestre de 2021 ya la OIM, a través de su proyecto Missing Migrants, alertaba de un incremento y cifraba en 250 las vidas perdidas en esta ruta. Sin embargo, con el aumento de viajes en los últimos meses ya son casi 500 las muertes de personas en la ruta canaria, aunque no deja de ser una estimación mínima, puesto que resulta imposible tener datos exactos de las muertes de personas migrantes en el mar.

Este mes está siendo realmente trágico y doloroso para las personas que se juegan la vida con el deseo de alcanzar Europa en busca de sueños alejados de la pobreza, de las persecuciones o de la violencia. Se ha conocido que solo en esta ruta, durante agosto, habrían muerto al menos 91 personas y otras tantas están desaparecidas.

Más mujeres, niños y niñas se arriesgan en la ruta canaria

También destacan el aumento del número de mujeres, niñas y niños en estos viajes. Entre las personas fallecidas este año en esta ruta se han contabilizado 65 mujeres y 27 niños y niñas, unos perfiles en situaciones de mayor vulnerabilidad y para quienes estos trayectos entrañan mayores riesgos y peligros.

La falta de vías legales, seguras y reales deja estas terribles consecuencias a través de las diferentes rutas tomadas por las personas migrantes como única alternativa para intentar llegar a Europa. Mientras que en todo 2020 la cantidad de vidas perdidas fue de 1.417, en lo que llevamos de este 2021 se han contabilizado 1.311 muertes, un dato con el que ya se puede prever que este año será aún más trágico.

Urge una colaboración internacional para prevenir que se sigan dando estas situaciones tan dramáticas, en las que cada vez hay un mayor número de mujeres, niñas y niños. Sin vías legales para que las personas migrantes puedan emprender viajes seguros, el contador de fallecimientos evitables continuará activo. La movilidad humana siempre ha existido y sabemos que el cierre o control de rutas no son soluciones duraderas. Del mismo modo, así como es necesario salvar vidas y evitar la peligrosidad del viaje, también es necesaria la atención de las personas que llegan, identificar las situaciones de vulnerabilidad y ofrecer protección internacional a las personas que lo requieran.

La implicación de todas las CCAA con los menores llegados solos a Ceuta, una solución con garantías y de futuro

Los menores migrantes llegados a Ceuta sin acompañamiento y que no desean regresar a Marruecos o no son susceptibles de ser repatriados en virtud de su interés superior, necesitan ser protegidos. Como hemos venido solicitando en reiteradas ocasiones, debe imperar la legalidad nacional e internacional para amparar a los niños, niñas y adolescentes a fin de atender sus situaciones de especial vulnerabilidad. Deben ser protegidos.

Entendemos que la ciudad autónoma de Ceuta no puede hacerse cargo en su totalidad de estos menores. La solución inmediata para aliviar esta crisis comienza por el compromiso de todas las Comunidades Autónomas de sumarse a la acogida de estos menores. Sin este apoyo se continuarán vulnerando los derechos de los menores a tener una acogida digna y duradera.

Prolongar en el tiempo la acogida de estos menores en dispositivos de emergencia afecta a su integración social, laboral y educativa, así como a su posterior autonomía e independencia. Por ello es imprescindible una estrategia coordinada y responsable entre todas las CCAA para que se pueda sostener esta situación y se dé una solución solidaria, justa y duradera para el futuro de estos menores, garantizando la protección de sus derechos y su desarrollo.

Reiteramos la necesidad de que toda atención a los menores migrantes llegados sin acompañamiento debe ser individualizada para poder garantizar su bienestar. Proteger a la infancia es un imperativo para toda la sociedad.

 

Lee otras noticias sobre los menores migrantes en Ceuta

>> Las devoluciones de menores a Marruecos deben cumplir con la legalidad y atender a su interés superior para garantizar sus derechos

>> Ceuta: Accem se une a más de 25 ONG para solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de repatriaciones de menores no acompañados

La Comunidad Internacional debe garantizar la seguridad de quienes huyen de Afganistán y ofrecer una acogida responsable y digna

La situación que se está viviendo en Afganistán es realmente preocupante. Hemos visto imágenes del horror y la desesperación de miles de personas por salir de este país. No es momento de mirar a otro lado, es tiempo de actuar por la seguridad de todas las personas que no desean permanecer ahí.

La Comunidad Internacional no debe desentenderse de esta realidad y es necesaria su plena implicación para dar una solución a todas estas personas que huyen de un cambio de régimen, tras un conflicto bélico que se ha alargado demasiados años y que ha supuesto la pérdida de decenas de miles de vidas y el desplazamiento de muchas más. De hecho, según cifras de ACNUR, solo en lo que va de este año, más de medio millón de personas se han visto obligadas a escapar de sus casas y desplazarse a otras regiones de este país de Oriente Medio para encontrar un refugio.

En Accem consideramos urgente y necesaria una estrategia global de apertura de corredores humanitarios que permita a estas personas salir de forma segura de Afganistán, llegar a un país que les brinde la protección que buscan y poder garantizar su vida, especialmente de quienes se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, como son mujeres y niñas. Del mismo modo, también apostamos por que estas vías seguras, legales y reales se mantengan abiertas y disponibles en adelante para agilizar el tránsito de cualquier otra persona o colectivo que necesite hacer uso de ellas por estos o por cualquier otro motivo humanitario.

Abandonar a las personas a su grito de auxilio y en su momento de mayor necesidad no es una opción para una sociedad que se considere alineada y comprometida con los Derechos Humanos y los valores que representan, por lo que la respuesta a esta, como a cualquier otra crisis humanitaria, debe ir en consonancia con la premisa de proteger y salvar vidas, así como ofrecer una acogida responsable, solidaria y digna.

Ceuta: Accem se une a más de 25 ONG para solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de repatriaciones de menores no acompañados

Ante las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes que están teniendo lugar en Ceuta desde el pasado viernes 13 de agosto, 28 ONG han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su paralización inmediata. Las organizaciones firmantes han trasladado en esta carta al presidente Sánchez su profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada.

Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.

La carta recoge como ayer mismo y a pesar de las dificultades existentes para la defensa jurídica de estos niños y niñas, se produjeron dos pronunciamientos muy relevantes que ponen en evidencia la ilegalidad de estas actuaciones e imponen la necesidad de suspenderlas de manera inmediata. En el ámbito nacional, un juzgado de Ceuta ha paralizado cautelarmente la repatriación de 9 de 12 niños que iban a ser expulsados esa misma mañana (3 ya habían sido expulsados), ante la medida cautelarísima solicitada por considerar acreditada la falta de garantías de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno y la Policía de Ceuta, ya que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores” En el ámbito internacional, el propio Comité de los Derechos del Niño ha solicitado como medida provisional la paralización de la expulsión de 10 niños, aunque 4 de ellos ya habían sido expulsados, ante la presentación de una comunicación individual que alega la violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las organizaciones recuerdan que tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, Por ello, el retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen 3 requisitos: es en el interés superior del niño, se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.

Las organizaciones señalan, además, que estas actuaciones contravienen lo establecido por el Tribunal Constitucional español en dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, en las que reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse judicialmente a su repatriación a Marruecos, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses. Desde entonces, nuestro ordenamiento garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los menores extranjeros tutelados por la Administración Pública, reconociéndoles capacidad procesal suficiente para recurrir por sí mismos o mediante el nombramiento de defensor judicial, las decisiones contrarias a sus intereses, incluso, sin el consentimiento de sus tutores legales. Este derecho está siendo sistemática y gravemente vulnerado por el Estado español a las decenas de niños marroquíes que ya han sido repatriados a Marruecos sin las debidas garantías, entre ellas, sin haber sido escuchados y sin asistencia letrada.

Por todo ello, las organizaciones solicitan al presidente Sánchez que suspenda de manera inmediata estas repatriaciones, que impulse desde el Gobierno los mecanismos de reparto para evitar la saturación del sistema de protección ceutí, y garantice que se inician los procedimientos legales de evaluación del interés superior de estos menores, con todas las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para determinar cuál es la solución duradera que más se ajusta a sus necesidades.

Las organizaciones de infancia y de derechos humanos firmantes son:
• Plataforma de Organizaciones de Infancia
• Save The Children
• Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
• Coordinadora de Barrios
• Proyecto Solidario por la Infancia
• Maakum Ceuta
• Unicef Comité Español
• Red Acoge
• Voluntarios por Otro Mundo
• Médicos del Mundo
• Asociación Rumiñahui
• Asociación Colectivo Agar – Red interlavapies
• Valiente Bangla
• Senda de Cuidados
• Territorio Doméstico
• Asociación Geum Dodou (Melilla)
• Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
• Asamblea 8M de Lavapiés
• Red Solidaria de Acogida (RSA)
• UMOYA- Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
• Servicio Jesuita a Migrantes
• Gentium
• Cáritas
• EDUCO
• ACCEM
• Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife
• Fundación Raíces
• Amnistía Internacional