21 de marzo 2022: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El día 21 de marzo de 2022 seguimos conmemorando el Día Internacional contra la Discriminación Racial o Étnica.

En el convulso panorama actual, y tras dos años de pandemia mundial, debemos ser muy conscientes de la brecha de desigualdad de trato ocasionada en un difícil y sesgado proceso de inmunización de la población con especial vulnerabilidad por razón de su origen o condición.

Los Estados, cuyos principios y valores se sustentan en el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, si bien han realizado un esfuerzo notable en procurar combatir la crisis sanitaria, han dejado atrás a gran parte de la sociedad civil mundial más necesitada de nuestra solidaridad y compromiso.

Y, tras un ápice de esperanza en su finalización, nos encontramos inmersos en un complejo y anacrónico escenario de invasión bélica a un estado soberano en territorio europeo que, a nivel humanitario, ha ocasionado en poco más de veinte días casi tres millones de desplazamientos de personas huyendo de la guerra.

Diversos Relatores especiales de Naciones Unidas, como la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos que “la ofensiva rusa en Ucrania está generando un impacto enorme en los derechos humanos de millones de personas en todo el país”.

También se sumó a la condena la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, quien denunció las amenazas racistas y el trato xenófobo que reciben las personas no blancas que huyen de Ucrania. Así, recordó que “la prohibición de discriminación racial, al igual que el resto de los derechos humanos y libertades fundamentales son aplicables en tiempos de paz, pero también en situaciones de conflicto”.

La propuesta de la Comisión Europea de aplicar La Directiva de Protección temporal 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal de personas desplazadas, es significativa y relevante. Como lo es la implementación que ha realizado el Gobierno español, ampliando plazos de acogimiento, y extendiendo las medidas de protección a todas las personas que huyen del conflicto, incluidos quienes no puedan retornar o residan en nuestro país; garantizando su inclusión independientemente de su ciudadanía, etnia, estatus migratorio…

De esta manera, los poderes públicos, supranacionales y domésticos dan respuesta a una deuda histórica con el Derecho Humano Fundamental de Prohibición de Discriminación y el Principio Fundamental de Igualdad de Trato, entendidos en el marco normativo comunitario como “la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual”.

Precepto que hay que poner en relación con el Derecho Fundamental a la Igualdad de Trato y No discriminación, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y sobre el que hay que interpretar todo nuestro derecho interno, como lo es la Directiva en vigor que está siendo aplicada.

Accem, como entidad social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y la No Discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente este escenario normativo humanitario de obligado cumplimiento, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de Trato, puesta de manifiesto una vez más.

Por otro lado, el avance en la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación, constituye una acción institucional y colectiva de la ciudanía española entendida como solidaria, comprometida y unánime contra toda vulneración de un Derecho Fundamental de las personas.

La actual tramitación en nuestro país de esta ley incorpora elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un organismo independiente de Igualdad. Su promulgación definitiva contribuirá a blindar la protección de las víctimas y a la aplicación efectiva del principio constitucional de Igualdad de Trato.

Y, si venimos diciendo que no debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena inclusión de las personas de origen diverso en nuestra sociedad global, con mayor fundamento seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los Derechos Humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de Trato por origen racial o étnico.

Ni la pandemia ni la agresión bélica rusa a Ucrania nos debe paralizar ni cambiar el rumbo pendiente, sino que, al contrario, desde el profundo rechazo a la resolución de conflictos con violencia, sigamos avanzando en Igualdad y Dignidad de las personas, de las que huyen y de las acogidas, de las refugiadas, de las desplazadas y de las migrantes.

Conflicto en Ucrania y sus posibles consecuencias para la población civil

Después de semanas de tensión política y militar en Ucrania, finalmente ha estallado una nueva emergencia que se suma al conflicto que permanece activo desde 2014 en este país, uno de esos conflictos olvidados que saltan sólo de vez en cuando al primer foco mediático y de debate. 

Desde Accem, como organización en defensa de los derechos humanos y de las personas refugiadas, queremos exponer públicamente nuestra preocupación por la situación actual. Cuando una guerra se desencadena, cuando un conflicto armado aparece o se recrudece, es la sociedad civil la que soporta los golpes de la guerra, en forma de muerte, destrucción, violaciones de los derechos humanos y generación de movimientos forzosos de población.

Más de 87.000 refugiados provocados por el conflicto en el Donbass

En el año 2014 se vivieron en Ucrania una serie de acontecimientos de calado que desembocaron en una situación de gran inestabilidad: las protestas del Euromaidán (iniciadas en 2013), el derrocamiento del presidente Viktor Yanukóvich, la subida al poder de Petró Poroshenko, la anexión de Crimea por parte de Rusia, los enfrentamientos y la matanza en la casa de los sindicados de Odessa, o el inicio de la guerra en la región del Donbass, en el este del país, ocurrieron en ese año clave.

El conflicto armado en el Donbass, la región del este del país en la que fueron autoproclamadas las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, entre las fuerzas prorrusas y el Estado ucraniano, ha provocado la muerte de más de 13.000 personas, la salida del país de más de 87.000 refugiados y el desplazamiento forzoso de 734.000 personas dentro del territorio del país, según los datos de ACNUR y las Naciones Unidas (2020).

Accem atendió a más 1.500 ciudadanos ucranianos en los últimos siete años

En Accem tenemos una experiencia de 30 años en la atención integral y acogida a personas refugiadas. En estos 30 años hemos participado en la acogida en España a personas que han escapado de guerras, dictaduras y situaciones de violencia y persecución generalizadas en todos los rincones del mundo. También hemos asistido y acompañado a los refugiados ucranianos.

Entre 2015 y 2022, atendimos a un total de 1.515 personas (801 hombres y 714 mujeres) de nacionalidad ucraniana, la mayoría de las cuales conforman núcleos familiares. De hecho, en Accem hemos dado atención a 297 menores a cargo de estas familias. A todas ellas se proporcionó un servicio jurídico especializado. De ellas, 1.202 eran solicitantes de protección internacional. El principal motivo que expusieron para explicar su salida de su país de origen fue la existencia del conflicto.

PERSONAS ATENDIDAS POR ACCEM PROCEDENTES DE UCRANIA (2015-2022)

Refugiados ucranianos en España

Desde 2015 hasta 2022, Ucrania siempre ha ocupado un puesto entre los diez países con mayor número de solicitantes de protección internacional, con un total de 15.102 personas.

De hecho, en el último año, Ucrania se situó en quinta posición entre los principales países de procedencia de las personas a las que se concede protección internacional en España. Según el avance de datos hecho público desde el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 1.037 personas presentaron su solicitud de protección internacional, y se emitió una resolución favorable a un total de 568 personas. Además, otras 25 personas más vieron como recibían la autorización de residencia por razones humanitarias.

Nota: En las resoluciones favorables se incluyen la concesión del estatuto del refugiado,
la protección subsidiaria y la autorización de residencia por razones humanitarias

Más del 90 % de las solicitudes son denegadas en España

Un vistazo a este gráfico muestra cómo se produce un importante salto en las solicitudes de 2014 a 2015, con un incremento del 262 % en el número de solicitantes de protección internacional de origen ucraniano. La inestabilidad política, la guerra y las violaciones de los derechos humanos provocan la huida de miles de personas refugiadas que se ven en la obligación de encontrar un lugar seguro para ellas y sus familias. Una parte de ellas llega a España en busca de protección y mejores condiciones para desarrollar su vida en términos de seguridad.

En los datos de solicitantes de protección internacional en España de origen ucraniano, se aprecia, tras el pico en las peticiones de asilo de 2015, cierta estabilización de las solicitudes por encima de las 2.000 anuales. En los dos últimos años, las solicitudes han bajado a la mitad, aunque un factor importante ha sido la situación pandémica, que ha dificultado aún más el movimiento de las personas.

Si hablamos de las resoluciones de estas solicitudes de protección internacional, una primera conclusión es que se deniega la protección internacional a más del 90 % de los solicitantes ucranianos. En el ciclo 2014-2021, se ha concedido protección internacional en España a 1.571 personas, siendo el último año 2021 en el que se emitido, con mucha diferencia, un mayor número de resoluciones positivas, hasta 593, contabilizando tanto estatutos de refugiado, como protección subsidiaria y la autorización de residencia por razones humanitarias, aunque se trate de figuras con sensibles diferencias entre sí. Por consiguiente, 2021, según los datos recopilados por Accem, es el único año en el que la tasa de denegaciones bajó del 90 %, para situarse en el 75 %.

Si deseas colaborar con la emergencia en Ucrania, puedes hacer un donativo a través de este enlace, o bien, a través de una transferencia a ES27 0049 1892 6828 1053 2056. Con tu solidaridad podemos continuar acompañando y asistiendo a todas las personas refugiadas.

> Información para personas ucranianas desplazadas en España

Día Internacional del Migrante – Vías legales y seguras, respeto a los DD.HH. y protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados

Un año más, en este Día Internacional del Migrante, nos sentimos en el compromiso ineludible de exigir la habilitación urgente de vías efectivas, legales y seguras para que las personas refugiadas y migrantes puedan llegar a territorio de la Unión Europea y, por tanto, también a España.

En 2021, y hasta el 10 de diciembre, han muerto más de 4.400 personas migrantes en todo el mundo. Más de la mitad se han dejado la vida en las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Mediterráneo Central, con más de 1.300 personas muertas y la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, con cerca de un millar de personas fallecidas, constituyen las rutas más mortíferas.

La consecuencia de un sistema global marcado por la desigualdad y por el cierre de fronteras es que estas se configuran como espacios en los que las vidas humanas corren peligro, donde los derechos humanos no son respetados ni protegidos. Las personas migrantes, atrapadas entre esas líneas reales o imaginarias, se convierten en moneda de cambio y en arma arrojadiza al servicio de los intereses económicos y políticos, despojándolas del valor incalculable de su vida y su dignidad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo integral para garantizar la salvaguarda escrupulosa de los derechos humanos en las fronteras nacionales y de la Unión Europea.

En el caso de España, si hablamos de fronteras, es necesario hablar de Ceuta y Melilla, únicos enclaves terrestres fronterizos entre Europa y África. Desde Accem, seguimos observando con gran preocupación las prácticas que se llevan a cabo para la devolución a Marruecos de personas que intentan el acceso a territorio español. Nos preocupa que estos procesos se lleven a cabo sin las obligadas garantías, sin la atención e información personalizada sobre sus derechos y opciones, sin el acceso a asesoramiento jurídico y a la solicitud protección internacional y sin el derecho a tener intérprete.

Esta preocupación se acentúa en el caso de las y los menores sin acompañamiento adulto y por eso en Accem nos hemos sumado a las organizaciones para pedir la suspensión de sus devoluciones al país vecino. A la observación escrupulosa de la legalidad nacional e internacional, es decir primar la protección del interés superior del menor y de los derechos de la infancia, debe sumarse poder realizar una pormenorizada escucha y atención a situaciones de especial vulnerabilidad y desamparo.

Al hilo de esto, en Accem queremos también reconocer el positivo avance que ha supuesto la reforma del reglamento de Extranjería, que va a facilitar sensiblemente la vida de muchos/as menores y jóvenes migrantes en los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia. La simplificación y agilización de estos procesos va a redundar en el bienestar de estos jóvenes y en facilitar sus procesos de inclusión y conquista de la autonomía. Esta ha sido sin duda una buena noticia, largamente esperada, en este año.

Desde nuestro punto de vista, la mejora pendiente es la regulación de los procedimientos para la determinación de la edad de las y los menores afectados. Actualmente, no existe una regulación clara, lo que permite dejar el campo abonado a la arbitrariedad y a criterios muy discutibles, como es el caso de las pruebas oseométricas, que proporcionan una horquilla de edades, amplia e imprecisa. Esto no puede constituir la base para tomar una decisión tan trascendental como es la determinación de la minoría o no de edad. Los procedimientos para esta determinación deben ser fiables y garantistas para la protección de la infancia por lo que debe prevalecer la existencia de documentación sobre los resultados de estas pruebas.

Por último, recordar algo que en Accem nos preocupa especialmente: la extensión y naturalización social del discurso de odio contra las personas migrantes y, particularmente, contra los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que está siendo sometido a una campaña de acoso, persecución y estigmatización insoportable en los últimos años. No podemos acostumbrarnos a este señalamiento tan doloroso, injusto e injustificado. No nos cansaremos de repetirlo: son niños, niñas y adolescentes, que tienen derechos y necesitan protección.

La mayor tragedia en el Canal de la Mancha vuelve a reflejar de forma cruel un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos

En las últimas horas se ha producido en el Canal de la Mancha la mayor tragedia migratoria de la que se tiene noticia hasta la fecha en esta frontera que separa en aguas atlánticas a Francia y el Reino Unido. Al menos 27 personas han fallecido en el naufragio de su embarcación cerca de la ciudad francesa de Calais, cuando intentaban alcanzar las costas británicas.

En aguas atlánticas, pero en la frontera sur europea que separa Marruecos de las Islas Canarias, al menos 14 personas habrían muerto en los últimos días mientras se dirigían hacia territorio europeo, según han denunciado desde las ONG Alarm Phone y Caminando Fronteras. La embarcación llevaba tres semanas a la deriva.

En otro territorio fronterizo, en este caso en la frontera entre Bielorrusia por una parte y Polonia, Lituania y Letonia por otro, más de una decena de personas han fallecido en lo que va de año en su tránsito migratorio.

Estos hechos están conectados por una misma realidad: la existencia de un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos, que pasa por encima de las personas y que no toma como prioridad la salvaguarda de la vida de las personas refugiadas y migrantes. Intereses económicos y tensiones y conflictos de carácter geopolítico sustentan un sistema de fronteras que no respeta la vida y en el que se llega a instrumentalizar a las personas migrantes como arma arrojadiza, depreciando sus derechos, su dignidad, su sufrimiento y su vida.

Desde Accem insistimos una vez más en la necesidad de habilitar y facilitar vías reales, legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Al tiempo, reclamamos un compromiso internacional firme, que comience por la Unión Europea y todos sus miembros, incluida España, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan las fronteras, así como el ejercicio de sus derechos en virtud de los acuerdos internacionales vigentes.

Los Derechos Humanos deben imponerse ante la instrumentalización de personas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Miles de personas se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa, sin casi alimentos, sin cobijo y a bajas temperaturas, en una dramática situación que pone en evidencia la instrumentalización política de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todas estas personas, que en su mayoría provienen de países de Oriente Medio inmersos en una gran inestabilidad y conflictos armados ⎼como Afganistán, Siria o el Kurdistán iraquí⎼, se ven privadas de continuar su proyecto migratorio para encontrar un lugar seguro.

Mientras Bielorrusia mantiene una presión contra la Unión Europea a través de su cercanía con países limítrofes como Polonia o Lituania, en respuesta a las sanciones impuestas desde Bruselas tras las acusaciones de violaciones contra los Derechos Humanos, el país comunitario detiene y devuelve a quien logra traspasar la frontera. De esta manera, todas estas personas se encuentran retenidas en un limbo del que no encuentran salida y en el que se está agravando de forma alarmante esta emergencia humanitaria.

Resulta inhumano usar como arma política a mujeres, niñas, niños y hombres, utilizando sus esperanzas y su deseo de supervivencia de forma interesada y valiéndose de su vulnerabilidad y de su desesperación para alcanzar cualquier objetivo político. Esta restricción de la movilidad es una muestra más de la falta de voluntad para crear y mantener vías seguras y legales, una urgente necesidad en la que numerosas entidades, como Accem, venimos insistiendo para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Ante esta realidad, urge que la Unión Europea se mantenga firme en sus principios y valores fundacionales de protección universal de los derechos, de defensa de la dignidad humana y de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario dar una respuesta rápida y coordinada ante esta crisis, instando a los estados a cumplir con la acogida de estas personas para seguir construyendo una sociedad de futuro y ejemplar como garante de los Derechos Humanos.

Día Europeo contra la Trata de Personas – La trata con fines de explotación laboral, más cerca de lo que pensamos

Con ocasión del Día Europeo contra la Trata, hoy 18 de octubre, desde Accem queremos poner el foco en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y en los millones de personas que cada año se ven afectadas por esta grave violación de los derechos humanos.

La trata con fines de explotación laboral está más cerca de lo que pensamos. En España, y solo el año pasado, 548 personas fueron rescatadas de situaciones de explotación laboral y 99 fueron identificadas expresamente como víctimas de trata para este fin. Además, fueron detectados 8.273 casos de personas en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales, según datos estadísticos del Ministerio del Interior. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2016 eran 16 millones las personas explotadas en el sector privado, como el trabajo doméstico, la construcción o la agricultura. La trata está presente en cualquier sector o ámbito laboral y afecta a personas de cualquier procedencia, edad o sexo.

La nueva Estrategia de la Unión Europea sobre la Trata de Seres Humanos para el periodo 2021-2025 prevé una serie de medidas para reducir la demanda de bienes y servicios que sean fruto de trata de personas –y que la alimenten de este modo–, para romper el modelo de negocio de la trata y facilitar la protección, la atención y el empoderamiento de las víctimas, así como para promover la cooperación internacional. En esta perspectiva, la Estrategia insiste en la importancia de asegurar una gestión responsable de las cadenas de producción y suministro de bienes y servicios, así como en el deber de diligencia de las empresas en el respeto de los Derechos Humanos.

En esta fecha, y como parte del trabajo de Accem para visibilizar y concienciar acerca de este grave problema, lanzamos la campaña Humans market para poner en relieve las situaciones de trata laboral existentes e invisibles en nuestro país y estimular la reflexión y la responsabilidad individual acerca del consumo de bienes y servicios libres de la trata de personas y de la explotación.

> Descubre el trabajo de Accem contra la trata de personas y en apoyo a víctimas de trata

Ceuta: Todas las comunidades autónomas deben implicarse en la protección de la infancia migrante no acompañada

A pesar de que el foco mediático ya no está centrado en esta cuestión, desde Accem queremos seguir haciendo hincapié en la situación que viven en Ceuta los niños y niñas sin acompañamiento adulto. Desde Accem queremos reiterar que es necesario que todas las comunidades autónomas se impliquen en ofrecer una respuesta coordinada, solidaria y comprometida a las necesidades de acogida que tienen los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en una situación de emergencia en Ceuta.

Se estima que hay entre 500 y 700 niños, niñas y adolescentes no acompañados en Ceuta en dispositivos de emergencia y de carácter temporal que no cumplen con las garantías necesarias para satisfacer sus necesidades de acogida, protección y apoyo en su integración social en cumplimiento del derecho al interés superior del menor.

España en virtud de los Tratados Internacionales de Protección a la Infancia de los que es parte debe dar una protección efectiva a los niños y niñas no acompañados que llegan a nuestro territorio. Aunque la competencia de acogida esté transferida a las comunidades autónomas, este hecho no puede motivar que en situaciones de emergencia se prive a los niños y niñas no acompañados de los derechos que tienen reconocidos.

Por esta razón, pedimos que desde el Estado se impulse un mecanismo estable de coordinación y solidaridad que haga posible el reparto solidario entre las distintas comunidades autónomas de la acogida a estos y estas menores en situación de vulnerabilidad.

Desde Accem, queremos subrayar el reciente pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha declarado nulas de pleno derecho las devoluciones que se produjeron. Consideramos que la vía de la devolución en ningún caso es la salida de estas personas y que solo el traslado a las distintas comunidades autónomas garantizará los Derechos de estos/as menores.

Las organizaciones sociales estaremos alerta para que no vuelvan a producirse actos que pueden lesionar los derechos de un colectivo tan vulnerable como es la infancia.

 

> Accem se une a más de 25 ONG para solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de repatriaciones de menores no acompañados

Declaración de la RIOOD a 20 años de Durban

Los desafíos en la lucha contra el racismo y la discriminación en Iberoamérica

En el 2001, los Estados reunidos en Durban aprobaron un plan de acción concreto para prevenir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Aquella conferencia mundial reconoció que el racismo, la discriminación racial y la xenofobia vulneraban a los grupos que históricamente fueron víctimas de la discriminación y  el racismo estructural. En todas las áreas en las que la discriminación obstaculiza a las  personas para el pleno goce de sus derechos humanos, la Declaración y Programa de Acción  de Durban estableció un marco integral para exigir los cambios necesarios que modifiquen las realidades.

Aunque algunos Estados han conseguido avances cuantitativos y cualitativos en su lucha contra el racismo y la discriminación, aún queda un largo recorrido respecto al reconocimiento de derechos. Los mecanismos de protección, que fueron consolidados por los importantes consensos alcanzados por la comunidad internacional en la Conferencia de Durban, requieren un nuevo impulso para ser revitalizados tanto a nivel internacional, como a nivel regional, nacional y local, en un espíritu de colaboración y cooperación.

La pandemia del COVID-19 llegó para recordarles a los Estados y a la sociedad en general que el racismo tiene consecuencias devastadoras, ya que determinados grupos y personas han resultado afectadas de forma desproporcionada; y demuestra una vez más que el racismo, la discriminación y la xenofobia conducen a crisis económicas, políticas y sociales que interrumpen el desarrollo y profundizan las condiciones para una pobreza estructural ascendente.

El racismo constituye un obstáculo para el desarrollo, por lo que la lucha contra el racismo, y todas las demás formas de discriminación debe constituir una parte integral de nuestros esfuerzos para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La situación actual nos muestra que los desafíos mutaron, pero aún persisten. Urge una mirada interseccional para la lucha contra la discriminación con una  perspectiva que integre a todas las personas.

La RIOOD nace con el propósito común de fortalecer y estrechar los lazos de cooperación entre las instituciones, organismos públicos, y organizaciones de la sociedad civil, que se proponen converger en una serie de compromisos comunes para enfrentar el flagelo de la discriminación; que impide el desarrollo social y la construcción de naciones y sociedades democráticas.

Los organismos y organizaciones nucleadas en la RIOOD propiciamos procesos de reflexión, acercamiento y cooperación, con el fin de impulsar acciones conjuntas y promover e  incidir en la inclusión de la problemática de la discriminación como prioritaria en las agendas  de los Estados. Señalamos la necesidad de establecer marcos normativos concretos, y destacamos la importancia de contar con organismos estatales competentes para prevenir y erradicar la discriminación racial, el racismo y las formas conexas de intolerancia.

En el marco de este vigésimo aniversario, entendemos la oportunidad que tiene la Red para renovar y fortalecer el compromiso político en la lucha contra el racismo y la  discriminación racial, con más trabajo por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.

Declaración de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, con motivo del 20 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

Desplazados climáticos: víctimas de desastres naturales sin la necesaria protección

Hay países, como Haití, que son azotados periódicamente por fenómenos climáticos de carácter extremo que provocan consecuencias devastadoras, condicionadas tanto por las circunstancias geográficas y naturales como por la pobreza y la realidad socio-económica. En la semana en la que se cumple un mes del último desastre, un terremoto que se ha cobrado la vida de más de 2.200 personas y que ha dejado miles de heridos e incontables pérdidas materiales, queremos desde Accem poner sobre la mesa la invisibilidad de los desplazamientos forzosos provocados por fenómenos de esta naturaleza, que se están viendo agudizados por el cambio climático en el que estamos inmersos. 

Poblaciones enteras sufren periódicamente, y cada vez con mayor agresividad, los embates de estos fenómenos naturales. El caso de Haití, el país más empobrecido del continente americano, es especialmente significativo al no contar con los recursos necesarios para no solo prevenir los efectos de estos desastres, sino poder recuperarse de uno antes de ser golpeado por el siguiente.

Por este motivo, establecer un marco internacional que permita otorgar algún tipo de protección a las personas que tienen que huir y abandonar sus hogares debido a estas causas y a sus terribles consecuencias es, en el mundo actual, una necesidad.

Según ACNUR, cada año más de 20 millones de personas se ven obligadas a desplazarse dentro de su propio país o a buscar un futuro estable fuera de él a causa de estas catástrofes: terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, hambrunas, incendios o aumento del nivel del mar… Sin embargo, no existe ninguna figura jurídica que permita otorgarles alguna protección y les facilite recomponer su vida lejos de su hogar. A pesar de tratarse de causas evidentes de emergencia humanitaria y de que la gran mayoría de los estados miembro de la ONU ya han realizado un primer acercamiento para abordar esta realidad en la ratificación del Pacto Mundial sobre los Refugiados en 2018, la situación de todas estas personas se continúa equiparando a la de quienes emigran por causas económicas, ya que actualmente su contexto no se encuentra contemplado entre los criterios para solicitar ningún tipo de protección.

Desde Accem consideramos necesaria la existencia de alguna forma de protección específica para que las personas que huyen de las consecuencias de estos desastres naturales y humanitarios puedan encontrar un lugar seguro donde poder avanzar y continuar con su vida, a través de un nuevo estatuto específico que ampare a estas personas.

Sin vías seguras y legales, el contador de muertes evitables en el mar continuará activo

  • La ruta canaria está siendo una de las más mortíferas: en 2020, un total de 1.417 personas perdieron la vida y 2021 apunta a superar esa cifra.
  • Aumenta el número de mujeres, niñas y niños que arriesgan su vida para alcanzar Europa a través de esta vía.

Durante la época estival es común el aumento del número de llegadas de personas migrantes por la vía marítima. Lo que resulta alarmante es ver cómo miles de personas continúan arriesgando sus vidas en una de las rutas de migración más mortíferas: la ruta canaria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de agosto, han llegado a Canarias por mar 8.222 personas migrantes, un 144 % más que en el mismo período en 2020.

Lo que preocupa aún más es la cantidad de personas que desaparecen o mueren en el camino. En el primer semestre de 2021 ya la OIM, a través de su proyecto Missing Migrants, alertaba de un incremento y cifraba en 250 las vidas perdidas en esta ruta. Sin embargo, con el aumento de viajes en los últimos meses ya son casi 500 las muertes de personas en la ruta canaria, aunque no deja de ser una estimación mínima, puesto que resulta imposible tener datos exactos de las muertes de personas migrantes en el mar.

Este mes está siendo realmente trágico y doloroso para las personas que se juegan la vida con el deseo de alcanzar Europa en busca de sueños alejados de la pobreza, de las persecuciones o de la violencia. Se ha conocido que solo en esta ruta, durante agosto, habrían muerto al menos 91 personas y otras tantas están desaparecidas.

Más mujeres, niños y niñas se arriesgan en la ruta canaria

También destacan el aumento del número de mujeres, niñas y niños en estos viajes. Entre las personas fallecidas este año en esta ruta se han contabilizado 65 mujeres y 27 niños y niñas, unos perfiles en situaciones de mayor vulnerabilidad y para quienes estos trayectos entrañan mayores riesgos y peligros.

La falta de vías legales, seguras y reales deja estas terribles consecuencias a través de las diferentes rutas tomadas por las personas migrantes como única alternativa para intentar llegar a Europa. Mientras que en todo 2020 la cantidad de vidas perdidas fue de 1.417, en lo que llevamos de este 2021 se han contabilizado 1.311 muertes, un dato con el que ya se puede prever que este año será aún más trágico.

Urge una colaboración internacional para prevenir que se sigan dando estas situaciones tan dramáticas, en las que cada vez hay un mayor número de mujeres, niñas y niños. Sin vías legales para que las personas migrantes puedan emprender viajes seguros, el contador de fallecimientos evitables continuará activo. La movilidad humana siempre ha existido y sabemos que el cierre o control de rutas no son soluciones duraderas. Del mismo modo, así como es necesario salvar vidas y evitar la peligrosidad del viaje, también es necesaria la atención de las personas que llegan, identificar las situaciones de vulnerabilidad y ofrecer protección internacional a las personas que lo requieran.