Desplazados climáticos: víctimas de desastres naturales sin la necesaria protección

Hay países, como Haití, que son azotados periódicamente por fenómenos climáticos de carácter extremo que provocan consecuencias devastadoras, condicionadas tanto por las circunstancias geográficas y naturales como por la pobreza y la realidad socio-económica. En la semana en la que se cumple un mes del último desastre, un terremoto que se ha cobrado la vida de más de 2.200 personas y que ha dejado miles de heridos e incontables pérdidas materiales, queremos desde Accem poner sobre la mesa la invisibilidad de los desplazamientos forzosos provocados por fenómenos de esta naturaleza, que se están viendo agudizados por el cambio climático en el que estamos inmersos. 

Poblaciones enteras sufren periódicamente, y cada vez con mayor agresividad, los embates de estos fenómenos naturales. El caso de Haití, el país más empobrecido del continente americano, es especialmente significativo al no contar con los recursos necesarios para no solo prevenir los efectos de estos desastres, sino poder recuperarse de uno antes de ser golpeado por el siguiente.

Por este motivo, establecer un marco internacional que permita otorgar algún tipo de protección a las personas que tienen que huir y abandonar sus hogares debido a estas causas y a sus terribles consecuencias es, en el mundo actual, una necesidad.

Según ACNUR, cada año más de 20 millones de personas se ven obligadas a desplazarse dentro de su propio país o a buscar un futuro estable fuera de él a causa de estas catástrofes: terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, hambrunas, incendios o aumento del nivel del mar… Sin embargo, no existe ninguna figura jurídica que permita otorgarles alguna protección y les facilite recomponer su vida lejos de su hogar. A pesar de tratarse de causas evidentes de emergencia humanitaria y de que la gran mayoría de los estados miembro de la ONU ya han realizado un primer acercamiento para abordar esta realidad en la ratificación del Pacto Mundial sobre los Refugiados en 2018, la situación de todas estas personas se continúa equiparando a la de quienes emigran por causas económicas, ya que actualmente su contexto no se encuentra contemplado entre los criterios para solicitar ningún tipo de protección.

Desde Accem consideramos necesaria la existencia de alguna forma de protección específica para que las personas que huyen de las consecuencias de estos desastres naturales y humanitarios puedan encontrar un lugar seguro donde poder avanzar y continuar con su vida, a través de un nuevo estatuto específico que ampare a estas personas.

Sin vías seguras y legales, el contador de muertes evitables en el mar continuará activo

  • La ruta canaria está siendo una de las más mortíferas: en 2020, un total de 1.417 personas perdieron la vida y 2021 apunta a superar esa cifra.
  • Aumenta el número de mujeres, niñas y niños que arriesgan su vida para alcanzar Europa a través de esta vía.

Durante la época estival es común el aumento del número de llegadas de personas migrantes por la vía marítima. Lo que resulta alarmante es ver cómo miles de personas continúan arriesgando sus vidas en una de las rutas de migración más mortíferas: la ruta canaria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de agosto, han llegado a Canarias por mar 8.222 personas migrantes, un 144 % más que en el mismo período en 2020.

Lo que preocupa aún más es la cantidad de personas que desaparecen o mueren en el camino. En el primer semestre de 2021 ya la OIM, a través de su proyecto Missing Migrants, alertaba de un incremento y cifraba en 250 las vidas perdidas en esta ruta. Sin embargo, con el aumento de viajes en los últimos meses ya son casi 500 las muertes de personas en la ruta canaria, aunque no deja de ser una estimación mínima, puesto que resulta imposible tener datos exactos de las muertes de personas migrantes en el mar.

Este mes está siendo realmente trágico y doloroso para las personas que se juegan la vida con el deseo de alcanzar Europa en busca de sueños alejados de la pobreza, de las persecuciones o de la violencia. Se ha conocido que solo en esta ruta, durante agosto, habrían muerto al menos 91 personas y otras tantas están desaparecidas.

Más mujeres, niños y niñas se arriesgan en la ruta canaria

También destacan el aumento del número de mujeres, niñas y niños en estos viajes. Entre las personas fallecidas este año en esta ruta se han contabilizado 65 mujeres y 27 niños y niñas, unos perfiles en situaciones de mayor vulnerabilidad y para quienes estos trayectos entrañan mayores riesgos y peligros.

La falta de vías legales, seguras y reales deja estas terribles consecuencias a través de las diferentes rutas tomadas por las personas migrantes como única alternativa para intentar llegar a Europa. Mientras que en todo 2020 la cantidad de vidas perdidas fue de 1.417, en lo que llevamos de este 2021 se han contabilizado 1.311 muertes, un dato con el que ya se puede prever que este año será aún más trágico.

Urge una colaboración internacional para prevenir que se sigan dando estas situaciones tan dramáticas, en las que cada vez hay un mayor número de mujeres, niñas y niños. Sin vías legales para que las personas migrantes puedan emprender viajes seguros, el contador de fallecimientos evitables continuará activo. La movilidad humana siempre ha existido y sabemos que el cierre o control de rutas no son soluciones duraderas. Del mismo modo, así como es necesario salvar vidas y evitar la peligrosidad del viaje, también es necesaria la atención de las personas que llegan, identificar las situaciones de vulnerabilidad y ofrecer protección internacional a las personas que lo requieran.

La implicación de todas las CCAA con los menores llegados solos a Ceuta, una solución con garantías y de futuro

Los menores migrantes llegados a Ceuta sin acompañamiento y que no desean regresar a Marruecos o no son susceptibles de ser repatriados en virtud de su interés superior, necesitan ser protegidos. Como hemos venido solicitando en reiteradas ocasiones, debe imperar la legalidad nacional e internacional para amparar a los niños, niñas y adolescentes a fin de atender sus situaciones de especial vulnerabilidad. Deben ser protegidos.

Entendemos que la ciudad autónoma de Ceuta no puede hacerse cargo en su totalidad de estos menores. La solución inmediata para aliviar esta crisis comienza por el compromiso de todas las Comunidades Autónomas de sumarse a la acogida de estos menores. Sin este apoyo se continuarán vulnerando los derechos de los menores a tener una acogida digna y duradera.

Prolongar en el tiempo la acogida de estos menores en dispositivos de emergencia afecta a su integración social, laboral y educativa, así como a su posterior autonomía e independencia. Por ello es imprescindible una estrategia coordinada y responsable entre todas las CCAA para que se pueda sostener esta situación y se dé una solución solidaria, justa y duradera para el futuro de estos menores, garantizando la protección de sus derechos y su desarrollo.

Reiteramos la necesidad de que toda atención a los menores migrantes llegados sin acompañamiento debe ser individualizada para poder garantizar su bienestar. Proteger a la infancia es un imperativo para toda la sociedad.

 

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La Comunidad Internacional debe garantizar la seguridad de quienes huyen de Afganistán y ofrecer una acogida responsable y digna

La situación que se está viviendo en Afganistán es realmente preocupante. Hemos visto imágenes del horror y la desesperación de miles de personas por salir de este país. No es momento de mirar a otro lado, es tiempo de actuar por la seguridad de todas las personas que no desean permanecer ahí.

La Comunidad Internacional no debe desentenderse de esta realidad y es necesaria su plena implicación para dar una solución a todas estas personas que huyen de un cambio de régimen, tras un conflicto bélico que se ha alargado demasiados años y que ha supuesto la pérdida de decenas de miles de vidas y el desplazamiento de muchas más. De hecho, según cifras de ACNUR, solo en lo que va de este año, más de medio millón de personas se han visto obligadas a escapar de sus casas y desplazarse a otras regiones de este país de Oriente Medio para encontrar un refugio.

En Accem consideramos urgente y necesaria una estrategia global de apertura de corredores humanitarios que permita a estas personas salir de forma segura de Afganistán, llegar a un país que les brinde la protección que buscan y poder garantizar su vida, especialmente de quienes se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, como son mujeres y niñas. Del mismo modo, también apostamos por que estas vías seguras, legales y reales se mantengan abiertas y disponibles en adelante para agilizar el tránsito de cualquier otra persona o colectivo que necesite hacer uso de ellas por estos o por cualquier otro motivo humanitario.

Abandonar a las personas a su grito de auxilio y en su momento de mayor necesidad no es una opción para una sociedad que se considere alineada y comprometida con los Derechos Humanos y los valores que representan, por lo que la respuesta a esta, como a cualquier otra crisis humanitaria, debe ir en consonancia con la premisa de proteger y salvar vidas, así como ofrecer una acogida responsable, solidaria y digna.

Ceuta: Accem se une a más de 25 ONG para solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de repatriaciones de menores no acompañados

Ante las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes que están teniendo lugar en Ceuta desde el pasado viernes 13 de agosto, 28 ONG han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su paralización inmediata. Las organizaciones firmantes han trasladado en esta carta al presidente Sánchez su profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada.

Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.

La carta recoge como ayer mismo y a pesar de las dificultades existentes para la defensa jurídica de estos niños y niñas, se produjeron dos pronunciamientos muy relevantes que ponen en evidencia la ilegalidad de estas actuaciones e imponen la necesidad de suspenderlas de manera inmediata. En el ámbito nacional, un juzgado de Ceuta ha paralizado cautelarmente la repatriación de 9 de 12 niños que iban a ser expulsados esa misma mañana (3 ya habían sido expulsados), ante la medida cautelarísima solicitada por considerar acreditada la falta de garantías de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno y la Policía de Ceuta, ya que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores” En el ámbito internacional, el propio Comité de los Derechos del Niño ha solicitado como medida provisional la paralización de la expulsión de 10 niños, aunque 4 de ellos ya habían sido expulsados, ante la presentación de una comunicación individual que alega la violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las organizaciones recuerdan que tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, Por ello, el retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen 3 requisitos: es en el interés superior del niño, se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.

Las organizaciones señalan, además, que estas actuaciones contravienen lo establecido por el Tribunal Constitucional español en dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, en las que reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse judicialmente a su repatriación a Marruecos, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses. Desde entonces, nuestro ordenamiento garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los menores extranjeros tutelados por la Administración Pública, reconociéndoles capacidad procesal suficiente para recurrir por sí mismos o mediante el nombramiento de defensor judicial, las decisiones contrarias a sus intereses, incluso, sin el consentimiento de sus tutores legales. Este derecho está siendo sistemática y gravemente vulnerado por el Estado español a las decenas de niños marroquíes que ya han sido repatriados a Marruecos sin las debidas garantías, entre ellas, sin haber sido escuchados y sin asistencia letrada.

Por todo ello, las organizaciones solicitan al presidente Sánchez que suspenda de manera inmediata estas repatriaciones, que impulse desde el Gobierno los mecanismos de reparto para evitar la saturación del sistema de protección ceutí, y garantice que se inician los procedimientos legales de evaluación del interés superior de estos menores, con todas las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para determinar cuál es la solución duradera que más se ajusta a sus necesidades.

Las organizaciones de infancia y de derechos humanos firmantes son:
• Plataforma de Organizaciones de Infancia
• Save The Children
• Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
• Coordinadora de Barrios
• Proyecto Solidario por la Infancia
• Maakum Ceuta
• Unicef Comité Español
• Red Acoge
• Voluntarios por Otro Mundo
• Médicos del Mundo
• Asociación Rumiñahui
• Asociación Colectivo Agar – Red interlavapies
• Valiente Bangla
• Senda de Cuidados
• Territorio Doméstico
• Asociación Geum Dodou (Melilla)
• Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
• Asamblea 8M de Lavapiés
• Red Solidaria de Acogida (RSA)
• UMOYA- Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
• Servicio Jesuita a Migrantes
• Gentium
• Cáritas
• EDUCO
• ACCEM
• Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife
• Fundación Raíces
• Amnistía Internacional

Las devoluciones de menores a Marruecos deben cumplir con la legalidad y atender a su interés superior para garantizar sus derechos

La pasada semana, la Delegación del Gobierno de la Ciudad de Ceuta comenzó a llevar a cabo el retorno de menores de edad que han llegado solos a la Ciudad Autónoma en los últimos meses. Desde el pasado viernes 13 de agosto, un número estimado en varias decenas de menores están siendo devueltos en distintos grupos a Marruecos siguiendo una directriz firmada por el Ministerio del Interior.

Es imprescindible que las autoridades realicen una atención individualizada de los menores llegados sin acompañamiento para que se pueda determinar la solución más apta y duradera para cubrir sus necesidades y su bienestar. En el caso de realizarse la devolución debe hacerse respetando siempre su interés superior y estando suficientemente motivada y justificada en cada caso individual, tal y como han exigido numerosas organizaciones, entidades e incluso el propio Defensor del Pueblo, quien ha pedido el cese inmediato de estas devoluciones hasta que se confirme que se están respetando todas las condiciones requeridas para no vulnerar sus derechos fundamentales.

Por estos motivos, desde Accem nos adherimos a estas solicitudes, pidiendo que se observe escrupulosamente la legalidad nacional e internacional, escuchando a estos niños, niñas y adolescentes y atendiendo a las situaciones de especial vulnerabilidad y de desamparo para poder llevar a cabo cualquier decisión sobre su futuro, velando en todo momento por su interés superior y por la garantía de sus derechos.

Recomendación del Consejo a raíz del asesinato de Younes Bilal y otras agresiones racistas en la Región de Murcia

Comunicado del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica quiere manifestar su más enérgica condena y dolor por el asesinato de Younes Bilal, el pasado día 13 de junio de 2021, así como por los apuñalamientos sufridos por dos personas de origen migrante, ambos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Las circunstancias que rodean los dos primeros ataques apuntan a motivaciones racistas y xenófobas, mientras que del tercero está siendo investigado el posible móvil racista.

Tanto estos hechos como otros con la misma motivación son intolerables en una sociedad democrática como la española, plural y diversa, en la que no deben caber comportamientos basados en prejuicios racistas y xenófobos.

El Consejo ya manifestó en su recomendación para “evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica” su preocupación ante el incremento de los incidentes de discriminación, rechazo y odio que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, apelando además a los medios de comunicación y los representantes públicos, como piezas fundamentales en la conformación de la opinión pública, a ser especialmente cautelosos en sus manifestaciones, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país.

Los redactores de la Convención para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas fueron profundamente conscientes de la influencia del discurso en la creación de un clima de odio y discriminación raciales, y reflexionaron detenidamente sobre los peligros que ello planteaba, y teniéndolo en cuenta, el Comité para la eliminación de la discriminación racial en su recomendación general nº 35 sobre la lucha contra el discurso de odio racista señala que los Estados partes han de prestar la debida atención a todas las manifestaciones del discurso de odio racista y adoptar medidas eficaces para combatirlas y ha alentado a los políticos y otros formadores de opinión a adoptar actitudes positivas encaminadas a promover la comprensión y la armonía entre las culturas, y a tener presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

Sin embargo, ante los hechos sucedidos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas públicas eficaces, orientadas a eliminar el racismo y otras formas conexas de intolerancia, así como el discurso y los delitos de odio, y promover la igualdad y la diversidad étnica en nuestro país.

Para conocer y analizar los hechos sucedidos en profundidad, así como para fijar vías de colaboración y coordinación en la asistencia de víctimas del racismo, el Consejo se ha puesto en contacto a través de su servicio de atención a víctimas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de dicha Comunidad Autónoma, así como con la Fiscalía provincial de Delitos de Odio en Murcia.

Con el convencimiento de que la lucha contra los delitos de odio sensibilizando a la sociedad para evitar actitudes racistas y xenófobas es una responsabilidad compartida en la que tienen que estar implicadas las administraciones públicas, los representantes públicos, los partidos políticos, los generadores de opinión y toda la ciudadanía en general, se debe seguir trabajando con especial atención en la asistencia a las víctimas del racismo y en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación por su origen racial o étnico en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Entendemos que la diversidad debe tratarse como un valor, a través de un debate serio y sereno dentro de un contexto político no partidista, buscando el consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de que en ningún caso se puedan llegar a provocar enfrentamientos o agresiones en el seno de la ciudadanía.

Por último, desde el Consejo queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares de Younes Bilal, así como una pronta recuperación a las víctimas de los ataques en Cartagena.

Teniendo todo lo expuesto en cuenta, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, recomienda:

1. Que se realice una profunda y rigurosa investigación de los hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalías especializadas en delitos de odio y Autoridades Judiciales, que permita esclarecer los hechos y determinar si han existido motivaciones racistas, así como, en su caso, enjuiciar a sus autores.

2. Una firme condena pública de representantes públicos, autoridades y partidos políticos de la región, a los efectos de proyectar un siempre necesario y contundente mensaje de repulsa del racismo y la xenofobia. Demandando a todos los partidos políticos que fomenten un discurso en el que la pluralidad y la diversidad existente en nuestra sociedad no sean utilizadas como elementos que pueda separar y alterar la convivencia, sino desde visiones que fomenten la convivencia pacífica.

3. Un compromiso de las autoridades educativas de la Región de Murcia y del resto las Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud.

4. Un compromiso firme por la responsabilidad en las declaraciones de los poderes públicos, políticos y de los medios de comunicación y otros agentes generadores de opinión que evite la perpetuación de prejuicios y la estigmatización de las personas migrantes y racializadas, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país, teniendo presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, no debe ser excusa para el ataque a colectivos vulnerables, pues entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

5. Seguir fomentando la denuncia de los actos discriminatorios y los delitos de odio que sufren las personas migrantes y con diversidad de orígenes para combatir la infradenuncia de delitos de odio existente en nuestro país, como han señalado los organismos internacionales, mediante campañas de sensibilización y potenciando una coordinación eficaz y eficiente entre el servicio de atención a víctimas de este Consejo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia, especialmente las Fiscalías especializadas en delitos de odio y el resto de administraciones públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y activas en la lucha contra el racismo.

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Seis ONG estatales instan a reformar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes

Más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo.

En la reunión mantenida esta mañana con Santiago Yerga, director general de Migraciones (dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones), representantes de las entidades sociales de ámbito estatal que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía, entre ellas Accem, le han trasladado una propuesta conjunta para que la proyectada reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) dé respuesta urgente a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19.

La Ley de extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo.

Medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos

Actualmente, en nuestro país se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa.

Los principales problemas que, en la práctica, detectamos desde las organizaciones sociales se refieren al desarrollo del RELOEX, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica que tenemos, que deja en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española.

El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma.

Flexibilizar y simplificar varios supuestos del Reglamento

Durante la reunión con el director general de Migraciones, las organizaciones sociales hemos señalado la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante.

Esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para:

  • Adecuar la norma a los estándares de derechos humanos.
  • Facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan.

En el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.

Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante.

 

*Las entidades sociales que han participado en esta iniciativa son: Accem, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Fundación Cepaim y Red Acoge. 

 

 

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del que Accem forma parte, aprobada en el Pleno del 23 de junio de 2021 contra los delitos de odio.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.  Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el  Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el  último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior,  que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Declaración del Foro de la Inmigración de Murcia ante las últimas agresiones racistas

Declaración del Foro de la Inmigración de la Región de Murcia, del que Accem forma parte, en relación a las agresiones racistas de las que han sido víctimas ciudadanos/as de origen extranjero.

El Foro de la Inmigración de la Región de Murcia quiere expresar ante la sociedad murciana su rotunda condena de los episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región.

Estamos asistiendo con gran preocupación, a un crecimiento de los discursos racistas y xenófobos contra los vecinos y vecinas de origen inmigrante en diferentes municipios de la Región de Murcia, que lamentablemente se han traducido en episodios de delitos de odio que han ocasionado el asesinato de un vecino de origen marroquí del municipio de Mazarrón, y la agresión de una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos. Con exclamaciones del tipo de “¡Qué mierda hacéis aquí todos los moros!”, “¡Muerte a los moros!”, o “¡…los inmigrantes nos quitan la comida!”, el odio hacia las personas inmigrantes, ha mostrado su rostro más despiadado. Se ha pasado del discurso del odio, del rechazo del diferente, al asesinato y a la agresión.

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hemos podido ver cómo las manifestaciones de racismo y xenofobia, han acompañado a la pandemia, asociando el origen de la enfermedad, con una determinada nacionalidad y culpabilizando de su propagación, a trabajadores y trabajadoras extranjeros/as, que han sido fundamentales para el mantenimiento de sectores productivos esenciales para el sustento y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido observar cómo la crisis social y económica asociada a la sanitaria, está propiciando un contexto de “competencia” por los recursos entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, enfrentando a personas contra personas. Una confrontación provocada e impulsada desde determinados discursos que defienden la idea de que los derechos de las personas autóctonas, han de prevalecer frente a los de los otros vecinos/as, olvidando que la convivencia democrática es la que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, económica y social de este país y de esta región. Las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión, están en la base de los contextos que dan lugar a estos delitos de odio que hoy denunciamos públicamente. Pero también determinadas posiciones políticas y sociales que provocan el miedo hacia las personas inmigrantes y refugiadas, con discursos estereotipados basados en generalizaciones y falsedades.

Ante estos hechos, no vale el silencio o la indiferencia. Mientras sigamos banalizando las palabras y actos que deshumanizan a la población migrante o refugiada o que la discriminan por su origen cultural o étnico, estos hechos podrán volver a ocurrir en cualquier municipio de esta región. Recordemos que el racismo, la discriminación, las desigualdades y la injusticia, destruyen la convivencia, la cohesión social, la integración y el desarrollo regional. Y en ocasiones límites como la vivida en Mazarrón o en Cartagena, pueden llegar terminar con la vida, los anhelos y los sueños de un ser humano de forma irracional.

Ante estos hechos desde el Foro de la Inmigración de la Región de Murcia planteamos la urgente necesidad de poner en marcha una serie de medidas:

Recuperar el protagonismo de las políticas de integración de la población inmigrante y refugiada en la agenda política y social, apostando por la gestión positiva de la diversidad en los centros educativos, en los barrios, en las empresas y en las organizaciones.

Que el Gobierno Regional y los Ayuntamientos lideren procesos orientados a la corrección de las desigualdades sociales, con una estrategia regional que aborde las situaciones de pobreza y exclusión social que tanto daño están haciendo a esta Región.

Se hace inaplazable el diseño y desarrollo de una estrategia de inclusión, convivencia e integración de las personas inmigrantes en la Región de Murcia, en la que el Foro Regional, como espacio de participación y consulta, tenga un papel activo.

Es necesaria una inversión sostenida en políticas de convivencia intercultural en nuestros barrios y municipios, el lugar donde se materializan las relaciones, la vida de los vecinos y las vecinas.

Es necesario, que se acometa la elaboración de una estrategia regional contra el racismo y la xenofobia, que integre medidas de sensibilización social, en la cual el Foro Regional de la Inmigración de la Región de Murcia, debe tener una participación activa.

Es inaplazable que la sociedad murciana en su conjunto, denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Apostamos por poner en valor el respeto a los derechos humanos; porque creemos firmemente en el valor positivo de la diversidad cultural, generando espacios que nos permitan convivir, espacios donde poder acercarnos los unos a los otros. Solo así, podremos conseguir una sociedad que no permita que el racismo, la xenofobia y la discriminación paseen a sus anchas por nuestras calles.

Foro de la Inmigración de la Región de Murcia