La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato valora los avances en la creación de una Autoridad Independiente

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La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por catorce ONG referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, entre ellas Accem, valora positivamente que desde el Ministerio de Igualdad hayan avanzado los trabajos preparatorios de los reales decretos necesarios para la creación de la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato, como han podido confirmar tras las primeras reuniones de coordinación que se han celebrado recientemente.

El 12 de julio de 2022 se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza. Esta norma constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus mandatos centrales la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, de entablar acciones judiciales en los casos más graves de discriminación y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

Ahora que el Tribunal Constitucional ha dictado una Sentencia avalando esta Ley, lo cual ha sido ampliamente celebrado por el Gobierno, desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato recuerdan que este requisito esencial debe cumplirse lo antes posible y contar con una dotación de recursos suficientes que permita disponer de una estructura fuerte y cumplir con las funciones establecidas en las directivas europeas y en la propia Ley de igualdad de trato, garantizando que en la práctica las quejas y denuncias en casos de discriminación sean resueltas de una manera satisfactoria.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, entre otras, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, CONVIVE – Fundación Cepaim, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato.

Comunicado de Accem: Promover la cultura de paz y el compromiso con los DD.HH. son las vías para la protección de las personas refugiadas

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20 de junio de 2024 – Comunicado de Accem por el Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Con motivo de la conmemoración, este 20 de junio, del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos incidir en la necesidad de reforzar, a nivel global, a nivel europeo y también a nivel estatal, la protección de las personas refugiadas, abordando el asilo y las migraciones forzosas desde un enfoque de derechos humanos. Esto solo puede ser posible desde una perspectiva que incluya la paz. En un tiempo en el que los conflictos y la violencia se manifiestan con ímpetu generando graves consecuencias en las personas, en especial en las personas refugiadas, se hace más necesario que nunca promover la cultura de la paz como única vía posible para consolidar y avanzar en materia de derechos humanos.

Hay más de 110 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, es decir, que tuvieron que abandonar su lugar de origen o residencia por culpa de la guerra o la persecución. Siria, Afganistán, Ucrania, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar y Sudán ocupan las primeras posiciones en el listado de países de los que escapan las personas refugiadas. En los dos primeros casos, Siria y Afganistán, la cifra de refugiados y refugiadas se eleva por encima de los seis millones de personas, según los datos de ACNUR.

En cada vez más países, hay miles de personas que han de huir por la persecución que sufren por su orientación sexual, identidad de género, origen étnico o por ser mujer. Personas que requieren de protección efectiva frente a la persecución y a las graves violaciones de derechos humanos, del mismo modo que las personas que huyen de la guerra.

Desde el último trimestre de 2023 y durante todo 2024, asistimos aterrados a la situación que se vive, de nuevo, en Oriente Medio. El ataque militar israelí sobre la Franja de Gaza ha provocado ya más de 35.000 muertos, muchos de ellos niños/as, y cientos de miles de nuevas personas desplazadas. Como organización comprometida con los derechos humanos nos sumamos a la voz mundial que pide el alto el fuego inmediato en Gaza y un plan de paz para la región. Como entidad que defiende a las personas refugiadas, denunciamos particularmente los ataques perpetrados sobre la población, los campos de refugiados, la UNRWA (agencia de Naciones Unidas para la población refugiada en Palestina) y las personas que han sido atacadas mientras huían o pensaban que se encontraban en lugares seguros como hospitales o escuelas.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un paso atrás en la protección de las personas refugiadas en Europa

Mientras, en la Unión Europea, el recientemente suscrito Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha supuesto nuevas dificultades de acceso efectivo a la protección internacional para las personas refugiadas y se abre a la externalización de las fronteras y la gestión migratoria a terceros países que no garantizan el respeto a los DD.HH.

El documento aprobado no desarrolla vías legales y seguras como pueden ser la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, el establecimiento de visados humanitarios o la flexibilización de los criterios de reagrupación familiar. Al no existir estas vías legales y seguras, se obliga a las personas a arriesgar sus vidas para intentar llegar a un lugar seguro, para buscar protección, lo que hace que se extienda la falsa percepción social de migrantes irregulares en un contexto de criminalización de la migración y creciente normalización del racismo y la xenofobia.

Desde Accem, creemos que es importante abordar el asilo y las migraciones desde un enfoque europeo, pero consideramos que es condición indispensable que esté basado en el compromiso con los derechos humanos, el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas dentro y fuera de las fronteras de la UE.

Consideramos que la vía abierta con la aplicación de la Directiva de Protección Temporal en el conflicto de Ucrania debe considerarse en otras situaciones similares frente a procedimientos más complejos y menos garantistas.

Dificultades en España en el acceso al procedimiento de asilo

Finalmente queremos advertir de que, en España, es necesario garantizar el acceso al procedimiento de asilo, lo que en estos momentos se realiza con grandes dificultades ante la imposibilidad de obtener cita para manifestar la voluntad de solicitar protección internacional y acceder de este modo al proceso de asilo y sistema de acogida. Esta situación provoca que muchas personas potenciales beneficiarias de protección internacional se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad social. En este sentido, también es necesario tomar medidas para descongestionar el estancamiento en la resolución de solicitudes de protección internacional.

Por último, no podemos dejar de mencionar que es fundamental reforzar los medios disponibles para la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios mixtos, desde un enfoque humanitario y de derechos humanos que empiece a trabajar desde ya en el progresivo establecimiento de una cultura que promueva la paz en todos los sentidos.

Accem presenta sus aportaciones en la consulta pública para el desarrollo de la ley integral contra la trata de personas

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En Accem celebramos la iniciativa del Ministerio de Igualdad de impulsar una ley integral contra la trata de sus seres humanos. Nuestra entidad s también ha enviado sus suportaciones para el desarrollo del anteproyecto de ley, en calidad de organización de la sociedad civil con amplia trayectoria en la materia, durante el proceso de consulta pública de este proyecto normativo.

Desde hace años, venimos señalando la importancia del desarrollo de una ley integral contra la trata que aborde esta grave violación de derechos humanos, desde un enfoque que ponga en el centro las necesidades de sus víctimas, de género, de infancia, interseccional y desde la atención a la diversidad. Una ley integral contra la trata debe contemplar todas las formas de explotación y debe atender a todas las víctimas. Es decir, no debe circunscribirse únicamente a la explotación sexual de mujeres y niñas, sino atender también a otras realidades, como la explotación laboral, la explotación de la mendicidad, el matrimonio forzoso o el tráfico de órganos, por nombrar algunas de ellas, así como también a la explotación de personas transgénero y hombres.

Desde el trabajo que nos avala, en la atención directa a víctimas, la sensibilización, la formación y capacitación, así como desde la investigación y el trabajo en redes y plataformas, tanto en los ámbitos locales y estatales como europeos en internacionales, así como en espacios de coordinación interinstitucional, confiamos en poder nutrir el desarrollo normativo puesto en marcha.

Asimismo, como entidad colaboradora de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), Accem comparte y respalda las aportaciones formuladas en este proceso de consulta pública por la RECTP.

> Conoce todo el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas. 

ECRE lanza sus prioridades en materia de asilo y refugio ante las elecciones europeas de junio

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Como organización miembro del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Accem se ha adherido a la campaña de movilización del voto para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024 en los 27 Estados miembros, concretamente el domingo 9 de junio en el Estado español. Más de 400 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos con derecho al voto están llamados a elegir los 720 escaños de esta institución de la Unión Europea, la cual puede influir en las propuestas legislativas relacionadas con migración y asilo.

Ante esta cita con las urnas, ECRE hace un llamamiento a la participación para proteger los derechos fundamentales en las políticas internas y externas de la UE, y recuerda el papel clave del Parlamento Europeo a la hora de pedir responsabilidades tanto a la Comisión Europea como al Consejo de la UE (Estados miembros de la UE), incluyendo aquí las políticas que afectan a los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y otros grupos vulnerables.

Según manifiesta ECRE, la próxima composición de la Eurocámara será determinante en el actual contexto de ascenso de la extrema derecha en Europa, que supone una amenaza para los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas refugiadas. En esta situación, ECRE sugiere cuatro prioridades para la legislatura 2024-2029: 

  • El establecimiento de sistemas de asilo justos y funcionales en Europa que garanticen los más altos estándares de derechos humanos.
  • Garantizar a las personas refugiadas el acceso a sus derechos para promover su inclusión en las sociedades europeas.
  • Una financiación transparente y responsable de la UE que promueva los derechos de las personas desplazadas tanto dentro como fuera de Europa.
  • Frente a las políticas centradas en el control de la migración, fomentar que la política exterior de la UE promueva los derechos de las personas desplazadas.

Desde Accem nos sumamos a estas peticiones elevadas por ECRE para que se incluyan en los programas electorales de los partidos políticos que concurren en estas elecciones europeas. Tal y como manifestamos ante la aprobación del Pacto europeo sobre migración y asilo, nuestra organización defiende la protección igual y efectiva en todos los países de la UE de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, así como la existencia de vías legales y seguras que garanticen la seguridad de las personas que se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

> Más información sobre la campaña #EUisU

Comunicado de Accem por Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 2024

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Accem se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, declarado por Naciones Unidas para conmemorar el aniversario de la matanza de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica). Una conmemoración que expresa nuestro compromiso y responsabilidad social en el reconocimiento y protección de los derechos humanos universales de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables por razón de su origen y condición.

La discriminación racial sigue obstaculizando proyectos de vida y mermando oportunidades, impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades.

Este año, Naciones Unidas ha dedicado esta fecha al tema “Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes”, vinculado al Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015 y 2024). Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que las personas afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse, para reforzar el compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Accem participó en la reunión de trabajo habilitada sobre la situación en España que tuvo lugar en septiembre de 2018, con tres expertos de Naciones Unidas comandados para tal fin. Tras su visita, Naciones Unidas emitió un informe en 2018 en el que se vino a reflejar la situación de las personas afrodescendientes, las dificultades a las que se enfrentan y el trabajo realizado por parte de las instituciones para combatir el racismo.

Por ello, encontrándonos ya al final de este decenio, se ha iniciado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley sobre acciones y medidas en relación con el decenio afrodescendiente“, haciendo especial énfasis “en las medidas y acciones futuras que nos permitan conseguir que España sea un país donde las personas afrodescendientes puedan desarrollar en igualdad y fraternidad su proyecto vital, y dónde cualquier forma de discriminación o exclusión social con motivación étnico-racial o de origen sea completamente erradicada. Medidas relacionadas con el empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, que tengan en cuenta posibles situaciones de discriminación, así como de discriminación múltiple (vinculadas a la edad, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, etc.)”.

Nuestra Constitución reafirma la igual dignidad humana de las personas y el universal reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales. Constatamos en los últimos años un avance cualitativo relevante en herramientas legislativas, en los recursos y en el apoyo a las víctimas de la realidad discriminatoria y de odio.

Sin embargo, transcurridos casi dos años desde la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, todavía no se han tomado las medidas necesarias para su aplicación efectiva: ni se ha creado la Autoridad Independiente ni se está aplicando de manera efectiva por parte de las administraciones ni se conoce lo suficiente por los agentes sociales, dejando así a las víctimas desprotegidas ante la discriminación.

Urge el desarrollo y aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como texto que consagra un auténtico derecho antidiscriminatorio, junto a la legislación penal sobre delitos de odio. En este desarrollo del texto legal son necesarias:

  1. La aprobación del Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.
  2. La formación a todo el personal de la Administración en la aplicación de la Ley (empleados públicos, operadores jurídicos, trabajadores/educadores sociales…).
  3. La protección de las víctimas y la sanción de las conductas discriminatorias cuando se produzcan en los ámbitos de actuación de las distintas administraciones públicas, para la obtención de justicia, reconocimiento y reparación.

Desde otra perspectiva, en los informes de evolución de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (2022), se afirma que el móvil de racismo y la xenofobia constituye el 43.50 % de estos delitos.

El II Plan de Acción de Lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior consta como una de sus medidas la realización de una Encuesta sobre delitos de odio. La encuesta de 2024 activa desde ayer hasta junio, no solo está orientada a conocer la experiencia de víctimas, sino también de testigos de algún delito de odio para conocer en profundidad el fenómeno y mejorar la lucha contra estos delitos. El objetivo es mejorar la atención a las víctimas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conocer los motivos de la infradenuncia, y mejorar el conocimiento de los delitos de odio a través de la experiencia de los testigos.

Por todo ello, Accem seguirá dando voz y apoyo a todas las víctimas y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a derechos básicos como es el acceso a una vivienda, empleo y la asistencia sanitaria para colectivos vulnerables, personas refugiadas e inmigrantes, por razón de su origen racial o étnico o por su nacionalidad.

La lucha contra el racismo necesita del compromiso global de la ciudadanía, de los poderes públicos, de las organizaciones de la sociedad civil… para la prevención, erradicación y sanción de toda clase de discriminación y delito de odio.

Seguimos avanzando frente a los retos aún pendientes en Igualdad de Trato y dignidad de todas las personas, de las que huyen, de las refugiadas, de las desplazadas por motivos bélicos o económicos y de las migrantes. Ejerzamos nuestro derecho y libertad frente a la discriminación y el odio por origen racial o étnico.

Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras

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Dada la aprobación hoy mismo por parte de las instituciones europeas del Pacto europeo sobre migración y asilo, y a instancias de un futuro análisis más en profundidad, desde Accem advertimos del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes. En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

En relación con la gestión de los flujos de personas, otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Además, será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

En esta línea, otra de las cuestiones que nos preocupa es el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad. Este hecho puede provocar una deficiente detección de las necesidades de protección de las personas y que algunas puedan llegar a ser retornadas, siendo expuestas a sufrir persecución. Además, hay que incidir en que uno de los criterios que se establecen para someter a las personas migrantes a este proceso es el origen, pues ciudadanos/as de países que tengan baja tasa de reconocimiento de protección internacional se tendrán que someter a este criterio, lo que supone una discriminación por razón de orígen. 

Otra de las cuestiones por las que desde Accem mostramos nuestra preocupación es el hecho de que el pacto permita a un país, ante una situación de crisis, flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Esta circunstancia, según el acuerdo, puede ser consecuencia, o bien de un aumento de llegadas o de la “instrumentalización” de la migración por parte de un país tercero para afectar a un Estado miembro.

Además, queremos recordar que ya existe un mecanismo para gestionar situaciones de crisis de llegadas, recientemente utilizado: la directiva europea de Protección Temporal. Se trata de un mecanismo garantista, que acelera el amparo y la garantía de derechos de las personas refugiadas y que se ha probado eficaz para resolver crisis de calado humanitario. Consideramos que, precisamente, este acuerdo de migración y asilo va en el sentido contrario de esta norma, al posibilitar que se incumplan parcial o totalmente las normas de asilo y refugio.

Por último, lamentamos que un pacto que tenía entre sus objetivos garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la UE para las personas refugiadas pueda derivar en ampliar más las diferencias a la hora de aplicar los criterios del sistema europeo común de asilo. Así pues, nos inquieta el concepto de solidaridad obligatoria pero flexible, que establece la existencia de cuotas de redistribución de demandantes de asilo de las cuales, sin embargo, los países podrán exonerarse a cambio del pago de 20.000 euros por persona, contribuyendo con medios materiales a la gestión migratoria de la UE o asumiendo la gestión de personas que están en su territorio aunque entrasen por otro país, que sería al que correspondería su gestión.

Día Internacional del Migrante – Atendiendo la emergencia humanitaria ante la falta de vías legales y seguras

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18 de diciembre de 2023

En un año como el 2023, marcado por la emergencia humanitaria que hemos vivido con la llegada a nuestro país de un gran número de personas por vía marítima, y en el que Accem ha trabajado para atender y proporcionar la acogida necesaria tanto en las Islas Canarias y en la península, el Día Internacional del Migrante cobra especial relevancia para la entidad. 

Así pues, en esta fecha tenemos que volver a señalar que se evidencia la falta de vías legales y seguras, situación que obliga a miles de personas a poner su vida en peligro en terribles travesías en las que muchas no sobreviven. Una situación que pone de manifiesto la necesidad de que los derechos humanos estén en el centro de las políticas migratorias. 

Por ello, nos preocupa que, si bien el Pacto Europeo de Migración y Asilo recoge entre sus principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no establece disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen. De hecho, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, este año han fallecido o desaparecido al menos 868 personas intentando alcanzar las costas de las Islas Canarias, en la denominada ruta atlántica. 

Otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo, según los avances que se han conocido, es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

Por otro lado, en relación a la gestión migratoria en nuestro país, desde Accem señalamos que entre los varios retos pendientes está la necesidad de seguir trabajando en la mejora y agilización de los procedimientos de extranjería para garantizar que sean efectivos y eviten situaciones de irregularidad sobrevenida. Esto permitirá a las personas migrantes poder acceder a derechos que legalmente tienen reconocidos pero a los que no pueden acceder por falta de desarrollos normativos.

Otro de los más importantes retos pendientes y urgentes es la atención y gestión hacia los menores que migran solos, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la emergencia humanitaria que hemos vivido este año. Desde esta organización volvemos a incidir en la necesidad de establecer procedimientos de determinación de la edad que permitan una correcta identificación de los menores, así como de mecanismos que fomenten una acogida equitativa y solidaria entre las diferentes comunidades autónomas, con el fin de proporcionar la más adecuada y mejor protección a estos niños y jóvenes menores de edad.

Para finalizar no podemos dejar de insistir en la importancia de luchar contra la normalización de mensajes que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y que se han visto especialmente agitados en los momentos de emergencia humanitaria. El incremento sostenido de los mensajes xenófobos y discriminatorios, que en ocasiones llegan a convertirse en discurso de odio, se ha ido normalizando lo que tiene graves y directas consecuencias para las personas que son víctimas de ellos y también para nuestra sociedad ya que fomentan la polarización y la descohesión social. 

La Red Española contra la Trata señala las prioridades en España y en la UE

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La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Accem forma parte, hizo público un comunicado con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre) en el que subraya la importancia del momento que vivimos en la lucha contra la trata desde el punto de vista legislativo para la protección de los derechos de todas las víctimas.

Por una parte, en el ámbito europeo, el Consejo Europeo ha expuesto la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de las víctimas de trata, impulsando desde diciembre de 2022 el proceso de reforma de la Directiva europea de lucha contra la trata. Por otra parte, a nivel estatal, durante la pasada legislatura se impulsó el proceso de anteproyecto de Ley Integral contra la trata y explotación, que quedó paralizado con la disolución de las cámaras. Desde la RECTP se espera el comienzo de la nueva legislatura para seguir avanzando en el abordaje de la trata de seres humanos como una violación de los derechos humanos, a través de una Ley Integral.

Desde la RECTP se ha participado en ambos procesos ofreciendo propuestas generadas desde la experiencia y especialización en el trabajo directo con víctimas y potenciales víctimas. En ambos casos, se ha señalado la importancia de avanzar en normativas que tengan un enfoque de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género, donde se prime la prevención, detección, intervención y atención a las víctimas, frente a una actuación centrada prioritariamente en la persecución del delito, reforzando para ello la colaboración con las entidades sociales especializadas que atienden de forma directa.

La RECTP alerta de que, según los datos de Eurostat, oficina estadística de la UE, se estima en alrededor de 7.000 personas las víctimas de trata en la UE. La mayoría de las víctimas registradas son mujeres y niñas (68 %) y la explotación sexual es la forma predominante de trata (56 %).

También se refiere e los datos y al trabajo del Grupo de Expertos en la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), que afirman que la trata con fines de explotación laboral se ha convertido en la principal manifestación de este fenómeno en un número creciente de estados, representando más del 50 % del total de las víctimas identificadas en los siguientes países: Bélgica, Letonia, Malta, la República de Moldavia, Portugal y el Reino Unido.

En el caso de España, según el Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, en el año 2022 se identificaron un total de 6.655 personas en riesgo de trata y explotación sexual (un 41,48 % más respecto al año anterior) y 15.711 trabajadores y trabajadoras como potenciales víctimas de situaciones de trata y/o explotación laboral (un 13,55 % más que en 2021).

Todos estos datos, sin embargo, sólo reflejan, a juicio de la RECTP, “la punta del iceberg”. Según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen veinte más sin identificar.

En su comunicado por el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, finalmente, la RECTP recuerda que España ostenta en estos momentos la presidencia del Consejo de la Unión Europea e insta al Gobierno a promover en el marco de la presidencia de turno una modificación de la Directiva que garantice la protección de los derechos de todas las víctimas y supervivientes. Asimismo, reclama a todas las fuerzas políticas en España que asuman un compromiso sólido para seguir avanzando en la lucha contra la trata y la explotación a través de la adopción en esta nueva legislatura de una Ley integral desde la perspectiva de los derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género.

> Accede aquí al comunicado completo de la RECTP.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata.

 

Comunicado de Accem sobre Gaza 19/10/2023

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Este horror tiene que parar

Desde Accem queremos compartir la consternación que sentimos por lo que está sucediendo en Gaza. Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, unimos nuestra voz a la de tantas personas y organizaciones que en todo el mundo piden un alto el fuego y el cese de los ataques indiscriminados sobre la población civil. 

Lo que se está viviendo en Oriente Medio es el triunfo del terror y es la población civil quien, una vez más, vive el mayor sufrimiento y pone la mayoría de las víctimas. Accem está y estará siempre con todas las víctimas que se están produciendo, sin hacer distinción por razón de credo o nacionalidad. 

En la coyuntura existente, reclamamos la apertura estable de corredores humanitarios que hagan posible la supervivencia de la población civil palestina en la franja de Gaza, a través de la entrada de ayuda humanitaria; el restablecimiento de los servicios esenciales para la población; la liberación de los rehenes secuestrados; el fin del desplazamiento forzoso de la población de la franja de Gaza y el respeto escrupuloso por centros asistenciales y civiles como hospitales y escuelas, que bajo ningún concepto deberían ser atacados por ningún actor armado.

En el largo plazo pedimos que la negociación y la palabra sean las herramientas para la resolución del largo conflicto en Oriente Medio, pues sólo así se podrá llegar a un escenario de paz duradera.

Queremos, asimismo, lanzar una alerta sobre el peligro de que la espiral del odio continúe extendiéndose en todo el mundo, provocando el aumento de fenómenos como la islamofobia y el antisemitismo. 

Nos permitimos también enviar un mensaje a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante la desinformación y la proliferación de bulos en torno a los dramáticos acontecimientos que se están viviendo en estos días. 

Desde Accem acabamos este comunicado con un mensaje esencial y básico, pero que creemos que recoge el sentimiento de muchas personas en todo el mundo: este horror tiene que parar.

Comunicado de Accem por el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos

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España debe incrementar los esfuerzos en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral

Con ocasión del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), desde Accem queremos visibilizar la situación de todas las personas que cada día son víctimas de trata y explotación en el mundo.

Desde Accem reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno español en la lucha contra la trata en los últimos años, pero también nos sumamos a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra la Trata de Personas (GRETA, por sus siglas en inglés), para que España aborde los retos aún pendientes en nuestro país. En ese sentido, recalcamos especialmente la importancia de que se incrementen los esfuerzos en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral.

Es necesario dentro de la lucha contra la trata laboral que se dote a la inspección de trabajo de suficientes recursos para que se lleven a cabo las inspecciones pertinentes. Es necesario revisar el marco legal para completar aquellos vacíos legales que limitan la persecución del delito. Es necesario abordar la explotación y el riesgo de trata laboral en el sector agrícola, mejorando la detección de las víctimas de trata en este ámbito laboral.

Por otra parte, desde nuestra entidad queremos expresar la necesidad de que desde las instituciones públicas aumenten los recursos disponibles para la atención a hombres víctimas de trata, así como para mujeres víctimas de formas de trata diferentes a las relacionadas con la explotación sexual.

En definitiva, perseveramos en nuestra posición de defender la necesidad de que España se dote de un marco legislativo apropiado y efectivo para garantizar un abordaje integral de la trata y la explotación, desde una perspectiva de derechos humanos, género, edad e interseccionalidad; que abarque todas las formas de explotación y alcance a todas las víctimas afectadas.

Desde Accem esperamos que España no pierda la ocasión de adoptar la iniciativa legislativa presentada por el Gobierno el año pasado, como un paso fundamental para poder luchar de manera adecuada contra la trata, así como para garantizar la protección y atención efectiva e integral a todas las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas