EAPN-ES reclama un Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España

Manifiesto del nodo en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Europa (EAPN-ES), de la que Accem forma parte, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre. 

En España, la persistente situación de pobreza y exclusión (AROPE) en la que viven casi 12 millones de personas nos convierte en una de las sociedades más desiguales e injustas de la Europa rica (España aporta el 10,81% del total de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de la UE, aunque representa el 9,09% de su población). En lugar de reducir la pobreza y exclusión en entre 1,4 y 1,5  millones como nos comprometimos en 2010, hemos aumentado la cifra en aproximadamente 1 millón  de personas, lo cual nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Una de las razones que explica esta situación es que la recuperación macroeconómica registrada en la economía española desde 2014 no benefició a las personas en pobreza y exclusión. No todo el mundo sufrió la crisis por igual.  La cuarta parte más pobre de la población ha perdido un 10,4 % de renta real y el resto ha perdido tres veces menos. Dentro del conjunto de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, las mujeres se ven más afectadas (el 26%, frente al 24,6% de los hombres). La pobreza y exclusión incide más en las personas más jóvenes, llegando al 31,7% del grupo de 16 a 29 años, y al 30,1% de la infancia y adolescencia. Aunque 3 de cada 4 personas que están en AROPE son españolas, la afectación es elevada entre las personas con nacionalidad extranjera, alcanzando a 1 de cada 2 de las extracomunitarias (54,2%) y de las comunitarias (46,3%). Con respecto al tipo de hogares, tener hijos/as es un factor de riesgo, que se agrava cuando se trata de hogares monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres, en los que el 46,8% se encuentra en pobreza y/o exclusión social.

La situación tampoco es homogénea a nivel territorial. Las Comunidades Autónomas (CCAA) del norte tienen bajas tasas de AROPE (entre 3 y 14 puntos por debajo de la media nacional). Las CCAA del sur presentan tasas muy elevadas, (entre 4 y 18 por encima de la media nacional). Las diferencias se relacionan con las variaciones de la renta de los hogares, pero también con la inversión social y las políticas redistributivas realizadas por los gobiernos.

Las cifras de la pobreza y la exclusión son frías representaciones de procesos sociales cargados de angustia y dolor: la frustración vital e invisible de millones de hogares, la falta de oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes y el fracaso colectivo en la creación de una sociedad inclusiva. La pandemia de la  COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas que ya estaban en pobreza y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas, pero claramente observable en las innumerables colas de familias pidiendo alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen no solo estudiantes en vulnerabilidad, también amplios sectores sociales de distintos colectivos o ámbitos territoriales. Aún contando con las medidas del ‘escudo social’, es probable que la pobreza y exclusión se sitúen por encima del 25,8% actual, debido a la crisis económica y de empleo, así como por la lentitud en la cobertura de asistencia social.

Llevamos más de 10 años dando cifras pormenorizadas; no se trata entonces de que ‘falte información”’para actuar. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social y/o estrategias contra la pobreza; no se trata de una “ausencia de ideas o propuestas”. Lo que ha fallado  ha sido la voluntad política sostenida de erradicar la pobreza y de aumentar la inversión social, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Necesitamos que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, mediante un empleo de calidad -que sitúen a las personas por encima del umbral de la pobreza-, un Ingreso Mínimo Vital -que sea accesible para todas las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, adecuado e inclusivo-, y pensiones mínimas inclusivas -que aseguren el bienestar de las personas mayores y con discapacidad-. Necesitamos combatir integralmente la desigualdad de género en la sociedad, en los hogares y en el empleo: las mujeres están sobrerepresentadas entre quienes cobran el salario mínimo y trabajan en el servicio doméstico; también presentan más elevadas tasas de inactividad, de trabajo a tiempo parcial involuntario y de paro. Necesitamos un “boom inmobiliario de la vivienda social”, que elimine el sinhogarismo y reduzca el desorbitado peso de la vivienda sobre aquellos hogares con rentas medias y bajas. Necesitamos una sanidad que esté preparada para los retos epidémicos y de cuidados de larga duración de una sociedad envejecida como la española, que reduzca o elimine los altos niveles de copago actuales, que cubra la salud mental y la bucodental. Necesitamos luchar contra la pobreza infantil, resolviendo la inseguridad y la escasez de la renta familiar mediante una prestación universal por hijo/a a cargo.

Estamos a favor de la digitalización y de la transición verde de la UE. En este sentido, reclamamos que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’. Para EAPN esto significa asegurar, de forma prioritaria, que todos los cambios que se realicen sean inclusivos y no dejen a nadie atrás.

> Sobre la presentación del último informe “El estado de la pobreza en España” de la red EAPN-ES, pincha aquí. 

> Accede al comunicado en la web de EAPN-ES.

Por una ley integral contra la trata de personas y un abordaje basado en los derechos humanos y la protección de las víctimas

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Personas (18 de octubre), desde Accem queremos incidir en la importancia de un abordaje integral en la lucha contra la trata con fines de explotación, en la necesidad de abandonar el enfoque persecutorio y avanzar hacia una normativa y unas políticas públicas centradas en los derechos humanos.

Este 2020 está suponiendo una dura prueba a causa de la pandemia de la Covid-19. La pérdida de empleos, la falta de acceso a derechos básicos como son la alimentación, la salud y la vivienda, han conducido a muchas personas a una situación de pobreza y exclusión social, incrementándose, con este aumento de su vulnerabilidad social, el riesgo de ser víctimas de trata de personas.

Por otra parte, las medidas de confinamiento originadas por la propia pandemia han determinado una mayor invisibilización y desprotección de las personas víctimas de trata y explotación. Pensamos especialmente en las personas a las que apoyamos desde Accem, como son las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de protección internacional y las personas refugiadas, que se han visto desprotegidas y se han convertido en un blanco más fácil para tratantes y explotadores.

Por estas razones, desde Accem consideramos que es aún más necesaria y prioritaria la aprobación en España de una ley integral contra la trata que se defina por un enfoque integral, interseccional y de derechos humanos, que abarque todas las formas de explotación y a todas las víctimas afectadas, sean mujeres, hombres, niñas, niños o personas transgénero. Una ley que abandone el enfoque puramente persecutorio y orientado al control de la inmigración irregular y que se centre en dar una respuesta efectiva a las necesidades individuales y de asistencia y protección de cualquier víctima, que garantice el acceso real a derechos y servicios básicos y que establezca un mecanismo estatal de identificación y derivación efectivo. Una ley, en fin, que introduzca medidas reales para favorecer la inclusión real y a largo plazo de las víctimas de trata y explotación.

 

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas.

 

 

 

Palabras mayores: dignidad y derechos frente a la discriminación por edad

Día Internacional de las Personas Mayores 2020

Este 1 de octubre se celebra un Día Internacional de las Personas Mayores marcado a fuego para ellas por los efectos de la Covid-19 en su salud física y mental. En un panorama incierto marcado por nuevos repuntes de contagios y aislamientos, desde Accem subrayamos que los derechos de las personas mayores a llevar vidas dignas y participar en la sociedad son irrenunciables.

“La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Así se lee en el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que este año cumple 20 años.

Por su parte la Constitución Española, en el artículo 50 asegura que las instituciones “promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Se trata de palabras mayores, de derechos irrenunciables que en ningún caso quedan suspendidos por la pandemia. No puede repetirse la situación de las residencias de mayores, los problemas de atención médica a las personas de edad contagiadas, la falta de cuidados para quienes quedaron aislados.

Por ello desde Accem suscribimos el manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas Mayores que reclama, entre otras cosas, la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores, la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razones de edad y a hacer efectivos sus derechos y el acceso a ellos.

Se hace preciso apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que se trabaje desde un enfoque de atención centrado en las personas y se garantice un sistema de inspección y el control de las administraciones públicas. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema público de salud, como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios.

Como recoge el manifiesto, debe asimismo reformarse la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones para promover la autonomía personal y adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados de las personas en situación de dependencia.

Los estudios apuntan a que la pandemia ha tenido desgraciadamente un impacto significativo en la esperanza de vida de la población española. En todo caso, España continúa siendo uno de los países más longevos del mundo, algo que es necesario poner en valor en la sociedad frente al fenómeno del edadismo.

Está extendida la discriminación hacia las personas mayores por considerarlas carentes de valor, devaluándolas por su edad y relegándolas a papeles meramente pasivos en la sociedad.

Esta discriminación, también conocida como edadismo, aumenta aún más cuando la participación de las personas mayores en el espacio público ha quedado reducida al mínimo por los efectos del coronavirus. El edadismo alcanza límites dramáticos cuando la edad cronológica se ha convertido en criterio de acceso para recursos y atención pública, sobre todo cuando se refiere a la salud.

Desde Accem tenemos claro que una de las claves más importantes es la promoción de un envejecimiento activo, basado en la prevención y en el fomento de la autonomía y el protagonismo social de las personas mayores. Desde este enfoque, intervenimos sobre grupos especialmente vulnerables, como los mayores en el medio rural o la emigración española en Bélgica.

Junto al trabajo de atención directa, hacemos un especial esfuerzo en realizar proyectos de sensibilización, para concienciar a la sociedad española sobre problemas crecientes e invisbilizados, como es el caso de la soledad no elegida de las personas mayores.

Durante el estado de alarma se lanzó la iniciativa #MayoresCuentan, a través de la que cientos de personas mayores compartieron sus relatos, poemas y cartas desde el confinamiento. Los equipos de psicólogos y terapeutas de Accem también elaboraron y difundieron vídeos para que las personas mayores pudiesen ejercitar cuerpo y mente desde casa.

> Conoce el trabajo de Accem con las personas mayores.

 

 

 

 

La reubicación de las personas refugiadas tras el incendio en Moria, una urgente necesidad

El incendio del campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en la madrugada del pasado 9 de septiembre, ha sacado a la luz pública la lamentablemente situación en la que se encontraban 12.500 personas que vivían en unas instalaciones con capacidad para solo 3.000.

Desde Accem no podemos dejar de recordar la urgente necesidad de que tanto la Unión Europea como sus Estados miembro asuman su responsabilidad y actúen con la solidaridad que requieren los principios de humanidad. Unos principios que parecen haber sido olvidados, especialmente tras lo ocurrido en Moria, a lo que se suma ahora el abandono en las cunetas, prácticamente sin agua, sin alimentos y sin atención médica, de personas que llegaron a Europa huyendo de situaciones de guerra y persecución en busca de asilo.

Ante la negativa del Gobierno español a formar parte de los países que trabajan en la reubicación de estas personas, nos hemos sumado a la petición realizada por la Coordinadora de ONGD, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, en la que se insta al Gobierno a:

  • Aceptar la reubicación en España de manera urgente e inmediata de una parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Lesbos, especialmente menores de edad migrantes no acompañados y familias con menores, que se han visto afectadas por el incendio en el campamento de Moria.
  • Adoptar una actitud proactiva en la UE para lograr la reubicación en condiciones dignas de la totalidad de las personas afectadas en el menor plazo de tiempo posible. Hay miles de vidas en juego.
  • Asumir de manera compartida entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad de atención a las personas migrantes y refugiadas, respetando los tratados internacionales y el pleno respeto de los derechos humanos, en el marco del futuro Pacto de Migración y Refugio.

El Tercer Sector reclama una mayor visibilización de su labor en los discursos políticos

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que Accem forma parte junto con otras 28.000 ONG de Acción Social, considera preocupante la “falta de consideración e interlocución” del Gobierno con el Tercer Sector y ha alzado la voz ante la “invisibilización” de las entidades en los discursos políticos.

Accem lleva realizando esta demanda desde hace tiempo y, especialmente, en un momento “socialmente crítico” –como lo ha calificado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato– como el actual, donde la acción realizada desde las ONG de Acción Social se ha demostrado necesaria y esencial.

Durante la pandemia las ONG hemos sostenido las necesidades de los colectivos más vulnerables y hemos demostrado nuestra capacidad, movilizando nuestros propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados. Ahora estamos en una situación de absoluta penumbra y por eso reclamamos al Gobierno una actitud activa y comprometida con el sector”, ha añadido Poyato.

Durante la Junta Directiva que la Plataforma del Tercer Sector ha celebrado con el objetivo de diseñar una estrategia de acción conjunta que incida de manera directa en las políticas de reconstrucción del país, Poyato ha señalado que el primer paso para lograrlo es sacar adelante unos presupuestos generales “con mirada social” que tengan en cuenta a las principales víctimas de esta pandemia: los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

Para lograrlo, es imperativo que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo de mínimos que permita a estos colectivos hacer frente a una realidad “muy dura”. Actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha ido en aumento debido a que la pandemia ha cronificado aún más esta problemática.

De esta manera, Accem se une a la reclamación realizada desde la PTS al Gobierno para establecer un diálogo real y efectivo que permita afrontar y gestionar de una manera conjunta, productiva y ágil las consecuencias provocadas por la covid-19 y avanzar hacia la verdadera reconstrucción.

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener autorización de residencia sin renunciar al asilo

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener la autorización de residencia en España sin por eso tener que renunciar a su solicitud de protección, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha respondido favorablemente al Defensor del Pueblo, institución desde la que se había pedido desde 2017 que se clarificase la compatibilidad de los procedimientos de asilo con aquellos regulados por la legislación de extranjería. La petición del Defensor del Pueblo se debía a las barreras con las que se encontraban los solicitantes de protección internacional que veían que el trámite de solicitud de residencia por circunstancias excepcionales se veía condicionado por la renuncia a la solicitud de asilo.

Con esta decisión, y aunque el procedimiento de extranjería y el de la protección internacional responden a dos realidades diferenciadas, los/as solicitantes de protección internacional podrán solicitar la autorización de residencia temporal por razón de arraigo por circunstancias excepcionales. Esta solicitud de autorización de residencia por arraigo en ningún caso podrá ser inadmitida a trámite.

La secretaria de Estado, en su respuesta al Defensor del Pueblo, defiende la necesidad de adoptar “un enfoque flexible y personalizado” en el diseño e implementación de políticas inclusivas, que ponga “en primer lugar a la persona”, al amparo del artículo 10.1 de la Constitución española, dedicado al reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes.

Desde Accem consideramos favorablemente esta medida ya que permitirá que los solicitantes de protección internacional puedan solicitar una autorización de residencia por arraigo sin tener que renunciar a su solicitud de protección como venía sucediendo hasta ahora en la práctica. De esta forma, se refuerza el correcto ejercicio del derecho a solicitar asilo, garantizando que toda persona que lo solicite, no se vea obligada a renunciar a su solicitud por intentar obtener un permiso de residencia.

> Accede a la información publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

> Conoce el trabajo de atención, acogida e integración de Accem con las personas refugiadas.

> Accede a más noticias sobre asilo y refugio.

Día Mundial de las Personas Refugiadas – La pandemia por la Covid-19 subraya la necesidad de articular vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

Este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos expresar nuestra preocupación por las consecuencias que las medidas tomadas para la contención de la pandemia originada por la Covid-19 pueden tener para las personas refugiadas y para salvaguardar de manera efectiva el derecho de asilo en España.

Con motivo del estado de alarma decretado en nuestro país se tomaron una serie de medidas en relación al asilo, como la paralización de todos los plazos de los procedimientos en curso o la renovación automática de la documentación, que desde Accem saludamos positivamente, pues estaban dirigidas a garantizar derechos y a proteger a las personas. Sin embargo, estas medidas de emergencia también implicaban la paralización temporal de la posibilidad de solicitar asilo en España. En este momento, es necesario clarificar el modo en el que se va a garantizar a corto y medio plazo el ejercicio del derecho de asilo en España.

Junto a esta reactivación del asilo, en Accem estamos preocupados a escala global y local por cómo está afectando y va a continuar haciéndolo el nuevo endurecimiento del cierre de fronteras y la nueva vuelta de tuerca en las restricciones al movimiento de las personas en necesidad de solicitar y recibir protección internacional. Si ayer la excusa fue la seguridad y el control migratorio, hoy a estos factores se suma el riesgo sanitario. Sin infravalorar la necesidad de dar respuesta a los retos de nuestros días, como en este caso es la situación mundial de pandemia, es necesario comprender la existencia de un efecto expulsión que provoca la necesidad ineludible de huir de su tierra a muchas personas, escapando de la persecución, la guerra o la violencia.

A esta necesidad es imprescindible responder desde el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente del derecho de asilo. Para ello pedimos una vez más que se articulen y se hagan verdaderamente efectivas vías legales, seguras y reales para las personas refugiadas. Su ausencia sigue condenando al riesgo cierto para la vida y la integridad física y moral a decenas de miles de personas en el mundo. Desde Accem volvemos este 20 de junio a reclamar una apuesta decidida por el refuerzo de vías como el reasentamiento, las posibilidades de aplicación de la extensión familiar, de solicitar asilo en las sedes diplomáticas de España en el exterior o de hacer efectiva la directiva comunitaria de protección temporal. Pedimos asimismo que una vez se activara el pasado año la vía de autorización de residencia por motivos humanitarios se aplique con generosidad y como manera de garantizar tanto la no devolución de solicitantes de protección internacional como el acceso al sistema de salud.

 

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Renta Mínima Sí. Pon tus prejuicios en cuarentena

Manifiesto de la red EAPN España, de la que Accem forma parte a nivel estatal y también a través de sus diferentes redes autonómicas, a favor de una renta mínima estatal.

La actual pandemia de la COVID-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad social y económica en la que viven millones de personas en España.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que disponer de una Renta Mínima debe ser un derecho de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para el desarrollo de la vida en condiciones básicas de dignidad y bienestar. Es un requisito indispensable para que personas y familias con mayores dificultades puedan cubrir sus necesidades, así como participar y contribuir a la sociedad en la que viven. Por tanto, resulta fundamental para hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales define la renta mínima como la prestación adecuada que garantiza una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de suficientes recursos.

La Renta Mínima Estatal beneficiaría a millones de personas que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de gran precariedad, a las que se sumarían quienes a consecuencia de la COVID-19 ahora se encuentran bajo el umbral de pobreza.

Actualmente, casi 600.000 familias carecen de ingresos y hay que recordar que antes de la pandemia un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión social en España, mientras la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de personas.

Disponer de un ingreso estable y de fácil acceso y gestión permitiría reactivar el  proceso de inclusión social de las personas que viven esta realidad. Y en ese sentido, defendemos la Renta Mínima Estatal como un derecho subjetivo y compatible con los sistemas de ingreso mínimo de las Comunidades Autónomas, estableciendo una base mínima, que puede ser ampliada por los gobiernos autonómicos, según sus criterios.

Sin embargo, la defensa del derecho a salir de la pobreza a través de esta herramienta, que consideramos fundamental para mejorar la vida de las personas, se está utilizando también para fomentar, la polarización social, el discurso de odio y la aporofobia. Se han producido reacciones que refuerzan los prejuicios y discriminación sobre las personas que podrían beneficiarse de la misma, menoscabando su dignidad.

No podemos permitir un paso atrás en la defensa de derechos básicos de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ni mucho menos en la defensa de su dignidad.

Por ese motivo, y frente a la falsa imagen que transmiten los prejuicios y el odio, queremos dejar claro que la renta mínima que proponemos no supone un gasto, sino una inversión para la inclusión social y fundamento de desarrollo económico sostenible. Es una medida de eficiencia económica, que contribuirá, en un primer momento, a paliar las necesidades de emergencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, a medio y largo plazo, a dar estabilidad económica y bienestar a las personas, para que puedan alcanzar el máximo potencial de su capital humano.

Organizaciones de acción social y cooperación al desarrollo de toda España reiteramos que disponer de un ingreso digno es un derecho que consideramos fundamental para el desarrollo individual y familiar. En este sentido, la Renta Mínima estatal debe:

  • Eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa, proporcionando a los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, una renta que les permita salir de tal situación.
  • Eliminar la pobreza infantil mediante un complemento por hijo/a a cargo, para todos los hogares que estén por debajo del umbral de pobreza.
  • Asegurar una vivienda digna para los hogares en pobreza, mediante un complemento por vivienda, en los casos en los que no se disponga de una vivienda adecuada.
  • Incrementar la inclusión social, estableciendo itinerarios sociolaborales personalizados, con perspectiva de género, para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de las personas beneficiarias que estén en condiciones de trabajar.
  • Debe ser un sistema ágil y accesible que permita que cualquier persona que lo necesite pueda acceder y desarrollar el proceso de solicitud sin trabas burocráticas, y asegurando que se dispone de los apoyos necesarios para atender cualquier dificultad de comprensión y conexión digital.

La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino de millones de personas. Una Renta Mínima Estatal es más necesaria que nunca.

Pon tus prejuicios en cuarentena. Defendemos el derecho de las personas a la garantía de ingresos para una vida digna. Actívate contra la Pobreza.

#RentaMínimaSí

> Muestra tu apoyo y únete a este manifiesto.

 

 

Accem aplaude la ratificación del Convenio contra la Trata para la Extracción de Órganos

El pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros acordó la ratificación, por parte de España, del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de personas con fines de extracción de órganos.

Este convenio fue aprobado y abierto a la ratificación de los distintos países del Consejo de Europa en marzo de 2015 durante la celebración en Santiago de Compostela de la Conferencia Internacional contra el Tráfico de Órganos, entrando en vigor el 1 de marzo de 2018.

Este convenio es un instrumento que, con una perspectiva integral, define el delito de la trata de seres humanos dirigida a la extracción de órganos, y que contiene disposiciones para la protección de las víctimas y la persecución de los tratantes.

El convenio ahora ratificado criminaliza la extracción ilícita de órganos humanos de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes u otras finalidades. Igualmente, prevé una serie de medidas para asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplantes y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad.

Por medio de este convenio se pretenden armonizar las legislaciones nacionales sobre la materia. La reciente ratificación permitirá a España adecuar el marco jurídico nacional e introducir una definición específica que incluya el conjunto de prácticas que son constitutivas de este delito.

Accem, como organización que trabaja día a día para la erradicación de todas las formas de trata de seres humanos, aplaude este nuevo paso dado en la lucha contra la trata en España.

En 2014, nuestra entidad recibió el reconocimiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por participar activamente en la detección del primer caso de compraventa de órganos registrado en España.