Ante las personas mayores, no pases la pelota

La población mundial se encuentra cada vez más envejecida. A nivel mundial, en 2019 había 703 millones de personas de más 65 años y se estima que, para el año 2050, habrá cerca de 1.500 millones de personas mayores. La esperanza de vida ha aumentado gracias a los avances de la sanidad, la ciencia y la medicina, pero no solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos con calidad. Es necesario continuar trabajando para mejorar la salud mental de las personas mayores, luchar contra la soledad no deseada, ofrecerles alternativas de ocio, promover su desarrollo físico y centrarnos siempre en la persona para lograr maximizar su autonomía y su calidad de vida.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la década 2021-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable. Todas estas citas y declaraciones resultan cada vez más esenciales teniendo en cuenta los cambios a los que nuestras sociedades se exponen.

El tema elegido para la conmemoración de este año 2022 es “La resiliencia de las personas mayores en un mundo cambiante”.

La misión de Accem es atender y acompañar a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, así como defender los derechos fundamentales para todas las personas. Para Accem las personas que se encuentran en situación más vulnerable son prioridad. Es por ello que trabajamos con y por las personas mayores, como lo hacemos con otros colectivos en situación de vulnerabilidad como las personas refugiadas, la infancia en situación de desamparo o las personas sin hogar, y lo hacemos teniendo claro que una de las claves para la adecuada promoción de un envejecimiento saludable, está en la promoción de la autonomía, la autodeterminación y el protagonismo social de nuestras y nuestros mayores.

Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, debemos escuchar sus necesidades y perspectivas. Reconocer su capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas, su resiliencia, fortaleza y sus contribuciones a la sociedad. Hacerlos partícipes de los diálogos, políticas, programas y acciones relacionadas con el envejecimiento. Darles voz en su propio proyecto vital.

Las personas mayores son un valor de nuestra sociedad.

Las ciudadanas y ciudadanos, somos responsables de reconocer esta valía y reivindicar su sitio.

Los medios de comunicación deben ayudar en esta labor realizando un esfuerzo por acabar con los edadismos que tanto dañan la dignidad de las personas mayores.

Las administraciones publicas tienen la responsabilidad de velar por sus derechos y ofrecer una atención integral y accesible a sus necesidades.

Esta en mano de todos.

Ante las personas mayores, no pases la pelota. 

 

A continuación os presentamos el vídeo que hemos realizado en Guadalajara, donde Accem lleva años trabajando, pueblo a pueblo, con las personas mayores del medio rural de la provincia, fomentando el envejecimiento saludable y su protagonismo social en clave de igualdad de derechos.

 

 

> Conoce nuestro espacio web dedicado a las personas mayores

En defensa de los DD.HH. de las mujeres en Irán: “Mujeres, vida y libertad”

Las mujeres en Irán viven bajo la sombra de una ley que las discrimina y coarta sus libertades. Lamentablemente Mahsa Amini se ha convertido en ícono de protestas en la lucha por la libertad de elección de las mujeres de llevar o no el hiyab, impuesto en Irán desde la Revolución Islámica en 1979. Mahsa, una joven de tan solo 22 años fue detenida por la policía moral iraní este mes de septiembre por “llevar mal puesto” el hiyab y dejar ver su cabello. Al ser detenida sufrió fuertes golpes en la cabeza según han denunciado familiares y el abogado de la familia, lo que le provocó un infarto, posteriormente entró en coma y murió.

Bajo consignas como “Mujeres, vida y libertad”, mujeres y hombres se mantienen protestando enérgicamente en las calles para exigir justicia y cambio en la legislación, pese a las represalias de las que están siendo víctimas y que suman más de 40 muertes según cifras oficiales y más de mil detenciones.

Desde Accem, como defensores de los derechos humanos rechazamos, a la vez que lamentamos, que hechos como este se sigan produciendo a día de hoy en el mundo. Este tipo de persecuciones y discriminaciones hacia la mujer constituyen una grave violación a los derechos humanos, que en ocasiones las obligan a escapar de sus países de origen y convertirse en refugiadas.

Recordemos que, en la ley de asilo de España, norma reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, se señala explícitamente que la persecución por motivos de género está reconocida como causa de asilo. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, que debe garantizarse en cualquier lugar del mundo.

Accem, con los refugiados que huyen del reclutamiento forzoso en Rusia

La guerra iniciada por Rusia está trayendo terribles consecuencias. La última, el reclutamiento forzoso de civiles, personas que serán obligadas a luchar, a matar y a poner su vida en peligro y riesgo tanto físico como psicológico. El hecho de que tu vida e integridad física corran peligro por causa de persecución es el fundamento en el que se basa la definición del Estatuto del Refugiado.

No hay ninguna duda sobre que los jóvenes y hombres que huyen de su país para evitar ese peligro, o el riesgo de encarcelamiento, teniendo que dejar su vida y familia atrás, han de encontrar un refugio seguro y protección en cualquiera de los países firmantes de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York.

Para Accem no hay ninguna duda: estamos con las personas refugiadas y es urgente que se habiliten vías legales y seguras para que todas las personas que huyen de una guerra, sin exclusión, puedan acceder a la protección internacional.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebra por fin su aprobación en el Congreso

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, de la que Accem forma parte.

Las entidades que forman parte de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebran la aprobación en el Congreso de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral.

El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

Sin embargo, las entidades consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato considera que esta Ley es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación y para que España deje de estar “en deuda con la igualdad”. Fue creada en 2020 por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar su tramitación definitiva tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 y el compromiso de promulgación de la misma por parte de España ese mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Forman parte de la Alianza organizaciones referentes en la lucha contra múltiples formas de discriminación: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Provivienda, Red Acoge y Save the Children.

Dolor por la muerte de más de 30 personas en la valla de Melilla

Desde Accem compartimos un hondo sentimiento de dolor por la muerte de entre 23 y 37 personas en la valla fronteriza de Melilla en el intento de alcanzar una vida mejor, de llegar a nuestro país tratando de sortear de forma desesperada y peligrosa la valla que separa Marruecos de territorio español y europeo.

Todas estas muertes y los centenares de heridos, que nunca deberían haberse producido, son consecuencia de la falta de vías legales, reales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Unas vías que eviten la búsqueda de rutas y formas desesperadas para cumplir con un objetivo tan humano como es llegar a un territorio identificado como seguro, próspero y democrático, dónde poder vivir.

Hemos de repensar toda la política que realizamos, seriamente. El blindaje de la frontera sur de la Unión Europea para las personas refugiadas y migrantes que desde el continente africano intentan acceder a Europa genera mucho dolor y sufrimiento. La externalización de fronteras y el control migratorio que la UE lleva ejecutando desde hace años deja en manos de países que no son garantes del cumplimiento de los derechos humanos, la vida y el destino de refugiados y migrantes. En esta ocasión lamentamos todas estas muertes que son en su mayoría jóvenes africanos procedentes de países como Sudán, Chad, Níger o Eritrea, países cuyas circunstancias obligan muy a menudo a sus ciudadanos al desplazamiento forzoso y el exilio.

La frontera sur de la UE no debería ser un territorio exento de obligaciones y responsabilidades en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, como el Mediterráneo no debe ser un cementerio. El acceso al derecho de asilo y a la protección internacional debe de estar garantizado para todas las personas, también para los refugiados africanos en la frontera sur. El derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad deben estar por encima de cualquier otro interés, prioridad o circunstancia.

Día Mundial de las Personas Refugiadas – Un 20J para avanzar hacia la mejora de la protección de las personas refugiadas

En este año 2022, la guerra volvió a Europa y con ella el éxodo de millones de personas convertidas en refugiadas. Se estima que 6,7 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania, principalmente hacia países de la Unión Europea. Las instituciones europeas y los estados miembros activaron por vez primera el procedimiento de protección temporal, previsto en la legislación comunitaria y que sin embargo nunca antes había sido utilizado. Dentro de la terrible noticia que supone una guerra, en Accem entendemos que, esta vez sí, se ha dado una respuesta rápida, común y con determinación para proteger a las personas refugiadas.

Hoy, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos poner de relevancia que la misma respuesta que se ha dado a los refugiados de la guerra en Ucrania, la misma voluntad política de dar cobijo a sus víctimas, que es capaz de traducirse en acciones efectivas, puede y debe aplicarse en otros contextos, ante conflictos bélicos o situaciones de emergencia que provocan también el éxodo de centenares de miles de personas. Es inevitable pensar en Siria, en Yemen, en Iraq, en Somalia o en Afganistán, por poner algunos ejemplos.

Es necesario reconocer lo evidente: todas las personas refugiadas, forzadas al desplazamiento forzoso y el exilio, a buscar protección en otro país, arrastran dolores similares, vivencias análogas, dificultades similares. Todas las personas refugiadas presentan, en definitiva, necesidades muy parecidas y la respuesta de los países comprometidos con los derechos humanos y las víctimas de la guerra, la violencia y la persecución también debe serlo.

Sin embargo, el acceso a la protección es sumamente complicado para la mayoría de ellas. Por este motivo, una vez más, volvemos a incidir en la necesidad de establecer y activar vías legales, reales y seguras de acceso a la protección y al continente europeo para las personas refugiadas. Pedimos hacer efectivas vías que garanticen la protección de los refugiados y que eviten la muerte y el sufrimiento de miles de seres humanos intentando llegar a un lugar seguro. Pedimos que la activación de la protección temporal o las autorizaciones de residencia y trabajo por razones humanitarias no sean excepcionales; que se multipliquen las personas acogidas a través del reasentamiento, que se habilite la posibilidad de solicitar asilo en las sedes diplomáticas situadas en terceros países, o que se flexibilicen los requisitos para acogerse a la reagrupación familiar.

La respuesta a las víctimas de la guerra de Ucrania ha mostrado que es posible, ha demostrado que proteger a las personas refugiadas depende únicamente de tener la voluntad de hacerlo. Es justamente lo que reclamamos desde Accem en este Día Mundial de las Personas Refugiadas.

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> Accede a nuestro especial 20J.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

El día 21 de marzo de 2022 seguimos conmemorando el Día Internacional contra la Discriminación Racial o Étnica.

En el convulso panorama actual, y tras dos años de pandemia mundial, debemos ser muy conscientes de la brecha de desigualdad de trato ocasionada en un difícil y sesgado proceso de inmunización de la población con especial vulnerabilidad por razón de su origen o condición.

Los Estados, cuyos principios y valores se sustentan en el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, si bien han realizado un esfuerzo notable en procurar combatir la crisis sanitaria, han dejado atrás a gran parte de la sociedad civil mundial más necesitada de nuestra solidaridad y compromiso.

Y, tras un ápice de esperanza en su finalización, nos encontramos inmersos en un complejo y anacrónico escenario de invasión bélica a un estado soberano en territorio europeo que, a nivel humanitario, ha ocasionado en poco más de veinte días casi tres millones de desplazamientos de personas huyendo de la guerra.

Diversos Relatores especiales de Naciones Unidas, como la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos que “la ofensiva rusa en Ucrania está generando un impacto enorme en los derechos humanos de millones de personas en todo el país”.

También se sumó a la condena la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, quien denunció las amenazas racistas y el trato xenófobo que reciben las personas no blancas que huyen de Ucrania. Así, recordó que “la prohibición de discriminación racial, al igual que el resto de los derechos humanos y libertades fundamentales son aplicables en tiempos de paz, pero también en situaciones de conflicto”.

La propuesta de la Comisión Europea de aplicar La Directiva de Protección temporal 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal de personas desplazadas, es significativa y relevante. Como lo es la implementación que ha realizado el Gobierno español, ampliando plazos de acogimiento, y extendiendo las medidas de protección a todas las personas que huyen del conflicto, incluidos quienes no puedan retornar o residan en nuestro país; garantizando su inclusión independientemente de su ciudadanía, etnia, estatus migratorio…

De esta manera, los poderes públicos, supranacionales y domésticos dan respuesta a una deuda histórica con el Derecho Humano Fundamental de Prohibición de Discriminación y el Principio Fundamental de Igualdad de Trato, entendidos en el marco normativo comunitario como “la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual”.

Precepto que hay que poner en relación con el Derecho Fundamental a la Igualdad de Trato y No discriminación, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y sobre el que hay que interpretar todo nuestro derecho interno, como lo es la Directiva en vigor que está siendo aplicada.

Accem, como entidad social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y la No Discriminación de las personas por su origen o condición no nacional, valora positivamente este escenario normativo humanitario de obligado cumplimiento, tanto en Europa como en España, para abordar de una manera más efectiva y eficaz la lucha contra todas las formas de racismo y xenofobia, embrión de la desigualdad de Trato, puesta de manifiesto una vez más.

Por otro lado, el avance en la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley integral de Igualdad de Trato y lucha contra la Discriminación, constituye una acción institucional y colectiva de la ciudanía española entendida como solidaria, comprometida y unánime contra toda vulneración de un Derecho Fundamental de las personas.

La actual tramitación en nuestro país de esta ley incorpora elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un organismo independiente de Igualdad. Su promulgación definitiva contribuirá a blindar la protección de las víctimas y a la aplicación efectiva del principio constitucional de Igualdad de Trato.

Y, si venimos diciendo que no debemos ni podemos permitir injerencias y retrocesos en el avance hacia la plena inclusión de las personas de origen diverso en nuestra sociedad global, con mayor fundamento seguimos concernidos y comprometidos con el avance de los Derechos Humanos y con la eliminación de cualquier forma de desigualdad de Trato por origen racial o étnico.

Ni la pandemia ni la agresión bélica rusa a Ucrania nos debe paralizar ni cambiar el rumbo pendiente, sino que, al contrario, desde el profundo rechazo a la resolución de conflictos con violencia, sigamos avanzando en Igualdad y Dignidad de las personas, de las que huyen y de las acogidas, de las refugiadas, de las desplazadas y de las migrantes.

Conflicto en Ucrania y sus posibles consecuencias para la población civil

Después de semanas de tensión política y militar en Ucrania, finalmente ha estallado una nueva emergencia que se suma al conflicto que permanece activo desde 2014 en este país, uno de esos conflictos olvidados que saltan sólo de vez en cuando al primer foco mediático y de debate. 

Desde Accem, como organización en defensa de los derechos humanos y de las personas refugiadas, queremos exponer públicamente nuestra preocupación por la situación actual. Cuando una guerra se desencadena, cuando un conflicto armado aparece o se recrudece, es la sociedad civil la que soporta los golpes de la guerra, en forma de muerte, destrucción, violaciones de los derechos humanos y generación de movimientos forzosos de población.

Más de 87.000 refugiados provocados por el conflicto en el Donbass

En el año 2014 se vivieron en Ucrania una serie de acontecimientos de calado que desembocaron en una situación de gran inestabilidad: las protestas del Euromaidán (iniciadas en 2013), el derrocamiento del presidente Viktor Yanukóvich, la subida al poder de Petró Poroshenko, la anexión de Crimea por parte de Rusia, los enfrentamientos y la matanza en la casa de los sindicados de Odessa, o el inicio de la guerra en la región del Donbass, en el este del país, ocurrieron en ese año clave.

El conflicto armado en el Donbass, la región del este del país en la que fueron autoproclamadas las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, entre las fuerzas prorrusas y el Estado ucraniano, ha provocado la muerte de más de 13.000 personas, la salida del país de más de 87.000 refugiados y el desplazamiento forzoso de 734.000 personas dentro del territorio del país, según los datos de ACNUR y las Naciones Unidas (2020).

Accem atendió a más 1.500 ciudadanos ucranianos en los últimos siete años

En Accem tenemos una experiencia de 30 años en la atención integral y acogida a personas refugiadas. En estos 30 años hemos participado en la acogida en España a personas que han escapado de guerras, dictaduras y situaciones de violencia y persecución generalizadas en todos los rincones del mundo. También hemos asistido y acompañado a los refugiados ucranianos.

Entre 2015 y 2022, atendimos a un total de 1.515 personas (801 hombres y 714 mujeres) de nacionalidad ucraniana, la mayoría de las cuales conforman núcleos familiares. De hecho, en Accem hemos dado atención a 297 menores a cargo de estas familias. A todas ellas se proporcionó un servicio jurídico especializado. De ellas, 1.202 eran solicitantes de protección internacional. El principal motivo que expusieron para explicar su salida de su país de origen fue la existencia del conflicto.

PERSONAS ATENDIDAS POR ACCEM PROCEDENTES DE UCRANIA (2015-2022)

Refugiados ucranianos en España

Desde 2015 hasta 2022, Ucrania siempre ha ocupado un puesto entre los diez países con mayor número de solicitantes de protección internacional, con un total de 15.102 personas.

De hecho, en el último año, Ucrania se situó en quinta posición entre los principales países de procedencia de las personas a las que se concede protección internacional en España. Según el avance de datos hecho público desde el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 1.037 personas presentaron su solicitud de protección internacional, y se emitió una resolución favorable a un total de 568 personas. Además, otras 25 personas más vieron como recibían la autorización de residencia por razones humanitarias.

Nota: En las resoluciones favorables se incluyen la concesión del estatuto del refugiado,
la protección subsidiaria y la autorización de residencia por razones humanitarias

Más del 90 % de las solicitudes son denegadas en España

Un vistazo a este gráfico muestra cómo se produce un importante salto en las solicitudes de 2014 a 2015, con un incremento del 262 % en el número de solicitantes de protección internacional de origen ucraniano. La inestabilidad política, la guerra y las violaciones de los derechos humanos provocan la huida de miles de personas refugiadas que se ven en la obligación de encontrar un lugar seguro para ellas y sus familias. Una parte de ellas llega a España en busca de protección y mejores condiciones para desarrollar su vida en términos de seguridad.

En los datos de solicitantes de protección internacional en España de origen ucraniano, se aprecia, tras el pico en las peticiones de asilo de 2015, cierta estabilización de las solicitudes por encima de las 2.000 anuales. En los dos últimos años, las solicitudes han bajado a la mitad, aunque un factor importante ha sido la situación pandémica, que ha dificultado aún más el movimiento de las personas.

Si hablamos de las resoluciones de estas solicitudes de protección internacional, una primera conclusión es que se deniega la protección internacional a más del 90 % de los solicitantes ucranianos. En el ciclo 2014-2021, se ha concedido protección internacional en España a 1.571 personas, siendo el último año 2021 en el que se emitido, con mucha diferencia, un mayor número de resoluciones positivas, hasta 593, contabilizando tanto estatutos de refugiado, como protección subsidiaria y la autorización de residencia por razones humanitarias, aunque se trate de figuras con sensibles diferencias entre sí. Por consiguiente, 2021, según los datos recopilados por Accem, es el único año en el que la tasa de denegaciones bajó del 90 %, para situarse en el 75 %.

Si deseas colaborar con la emergencia en Ucrania, puedes hacer un donativo a través de este enlace, o bien, a través de una transferencia a ES27 0049 1892 6828 1053 2056. Con tu solidaridad podemos continuar acompañando y asistiendo a todas las personas refugiadas.

> Información para personas ucranianas desplazadas en España

Día Internacional del Migrante – Vías legales y seguras, respeto a los DD.HH. y protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados

Un año más, en este Día Internacional del Migrante, nos sentimos en el compromiso ineludible de exigir la habilitación urgente de vías efectivas, legales y seguras para que las personas refugiadas y migrantes puedan llegar a territorio de la Unión Europea y, por tanto, también a España.

En 2021, y hasta el 10 de diciembre, han muerto más de 4.400 personas migrantes en todo el mundo. Más de la mitad se han dejado la vida en las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Mediterráneo Central, con más de 1.300 personas muertas y la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, con cerca de un millar de personas fallecidas, constituyen las rutas más mortíferas.

La consecuencia de un sistema global marcado por la desigualdad y por el cierre de fronteras es que estas se configuran como espacios en los que las vidas humanas corren peligro, donde los derechos humanos no son respetados ni protegidos. Las personas migrantes, atrapadas entre esas líneas reales o imaginarias, se convierten en moneda de cambio y en arma arrojadiza al servicio de los intereses económicos y políticos, despojándolas del valor incalculable de su vida y su dignidad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo integral para garantizar la salvaguarda escrupulosa de los derechos humanos en las fronteras nacionales y de la Unión Europea.

En el caso de España, si hablamos de fronteras, es necesario hablar de Ceuta y Melilla, únicos enclaves terrestres fronterizos entre Europa y África. Desde Accem, seguimos observando con gran preocupación las prácticas que se llevan a cabo para la devolución a Marruecos de personas que intentan el acceso a territorio español. Nos preocupa que estos procesos se lleven a cabo sin las obligadas garantías, sin la atención e información personalizada sobre sus derechos y opciones, sin el acceso a asesoramiento jurídico y a la solicitud protección internacional y sin el derecho a tener intérprete.

Esta preocupación se acentúa en el caso de las y los menores sin acompañamiento adulto y por eso en Accem nos hemos sumado a las organizaciones para pedir la suspensión de sus devoluciones al país vecino. A la observación escrupulosa de la legalidad nacional e internacional, es decir primar la protección del interés superior del menor y de los derechos de la infancia, debe sumarse poder realizar una pormenorizada escucha y atención a situaciones de especial vulnerabilidad y desamparo.

Al hilo de esto, en Accem queremos también reconocer el positivo avance que ha supuesto la reforma del reglamento de Extranjería, que va a facilitar sensiblemente la vida de muchos/as menores y jóvenes migrantes en los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia. La simplificación y agilización de estos procesos va a redundar en el bienestar de estos jóvenes y en facilitar sus procesos de inclusión y conquista de la autonomía. Esta ha sido sin duda una buena noticia, largamente esperada, en este año.

Desde nuestro punto de vista, la mejora pendiente es la regulación de los procedimientos para la determinación de la edad de las y los menores afectados. Actualmente, no existe una regulación clara, lo que permite dejar el campo abonado a la arbitrariedad y a criterios muy discutibles, como es el caso de las pruebas oseométricas, que proporcionan una horquilla de edades, amplia e imprecisa. Esto no puede constituir la base para tomar una decisión tan trascendental como es la determinación de la minoría o no de edad. Los procedimientos para esta determinación deben ser fiables y garantistas para la protección de la infancia por lo que debe prevalecer la existencia de documentación sobre los resultados de estas pruebas.

Por último, recordar algo que en Accem nos preocupa especialmente: la extensión y naturalización social del discurso de odio contra las personas migrantes y, particularmente, contra los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que está siendo sometido a una campaña de acoso, persecución y estigmatización insoportable en los últimos años. No podemos acostumbrarnos a este señalamiento tan doloroso, injusto e injustificado. No nos cansaremos de repetirlo: son niños, niñas y adolescentes, que tienen derechos y necesitan protección.

La mayor tragedia en el Canal de la Mancha vuelve a reflejar de forma cruel un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos

En las últimas horas se ha producido en el Canal de la Mancha la mayor tragedia migratoria de la que se tiene noticia hasta la fecha en esta frontera que separa en aguas atlánticas a Francia y el Reino Unido. Al menos 27 personas han fallecido en el naufragio de su embarcación cerca de la ciudad francesa de Calais, cuando intentaban alcanzar las costas británicas.

En aguas atlánticas, pero en la frontera sur europea que separa Marruecos de las Islas Canarias, al menos 14 personas habrían muerto en los últimos días mientras se dirigían hacia territorio europeo, según han denunciado desde las ONG Alarm Phone y Caminando Fronteras. La embarcación llevaba tres semanas a la deriva.

En otro territorio fronterizo, en este caso en la frontera entre Bielorrusia por una parte y Polonia, Lituania y Letonia por otro, más de una decena de personas han fallecido en lo que va de año en su tránsito migratorio.

Estos hechos están conectados por una misma realidad: la existencia de un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos, que pasa por encima de las personas y que no toma como prioridad la salvaguarda de la vida de las personas refugiadas y migrantes. Intereses económicos y tensiones y conflictos de carácter geopolítico sustentan un sistema de fronteras que no respeta la vida y en el que se llega a instrumentalizar a las personas migrantes como arma arrojadiza, depreciando sus derechos, su dignidad, su sufrimiento y su vida.

Desde Accem insistimos una vez más en la necesidad de habilitar y facilitar vías reales, legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Al tiempo, reclamamos un compromiso internacional firme, que comience por la Unión Europea y todos sus miembros, incluida España, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan las fronteras, así como el ejercicio de sus derechos en virtud de los acuerdos internacionales vigentes.