La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno que demuestre su compromiso contra el racismo con la creación de la Autoridad Independiente

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La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por varias organizaciones referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, se ha vuelto a poner en contacto este viernes 26 de mayo con el Gobierno para urgirle nuevamente a crear la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, un organismo indispensable para velar por el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza. Esta norma constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

En una semana en la que el Gobierno ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso decidido contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia, la Alianza le ha instado -en una carta dirigida a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia– a que se demuestre dicho compromiso con la creación de un organismo que debería haber sido aprobado hace más de cuatro meses, pues el plazo estipulado en la Ley para su creación expiró el pasado 14 de marzo.

El odio y la discriminación, una realidad cotidiana

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también ha puesto de manifiesto que “la discriminación, el odio y el rechazo es una realidad cotidiana que trasciende los partidos de fútbol de primera división”. Así, ha recordado algunos de los incidentes de odio y discriminación que han tenido lugar en los últimos días, tales como las mofas contra una candidata a las elecciones locales, sorda y perteneciente al colectivo LGTBIQ+ en el programa televisivo El Hormiguero, el ataque lesbófobo a una pareja ante la mirada de sus hijos, el caso del hombre gitano que tuvo que demandar por un despido discriminatorio o el discurso xenófobo y aporófobo propagado en Madrid por Vox en el marco de la actual campaña electoral.

Tal y como afirma la Alianza “estos no son más que algunos ejemplos de la discriminación y el odio que sufren muchas personas en España; la inmensa mayoría de las ocasiones, sin que ni siquiera trascienda en los medios de comunicación”. Por todo ello, se insta al Gobierno a aprobar, “con carácter de urgencia, el Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato”.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, entre otras, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

La Red Española Contra la Trata de Personas pide urgencia al Gobierno para que se apruebe la ley integral en esta legislatura

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Comunicado de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Accem forma parte.

La ley integral contra la trata de seres humanos debe abordar todas las formas de trata y tipos de explotación desde la perspectiva de los derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género.

La Red Española Contra la Trata de Personas considera que estamos ante una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas. Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.

Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), insta a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.

El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales. Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, parece que hay absoluta falta de voluntad política por parte del ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, pedimos al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.

Desde la RECTP llevamos más de diez años insistiendo a las autoridades españolas en la necesidad de que el Estado cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata, tipos de explotación y formas de esclavitud. En el mes de diciembre la RECTP hizo aportaciones al anteproyecto de ley en línea con los estándares internacionales durante el trámite de audiencia y también se dirigió a los Ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Desde entonces han pasado ya cinco meses y seguimos esperando su aprobación.

Las organizaciones de la sociedad civil pedimos al Gobierno que apruebe urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros. Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023. El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata y por la protección de sus víctimas.

Las medidas excepcionales de control migratorio aprobadas en la UE impiden el acceso al asilo y la protección

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En Accem volvemos a tomar la palabra para expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en el seno de la Unión Europea en materia de políticas migratorias, con enfoques que priorizan las medidas dirigidas al control migratorio sobre el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la protección de las personas en situación vulnerable. En este caso ha sido el Parlamento de Lituania quien ha aprobado la nueva Ley de Fronteras, que podría poner en peligro el respeto al derecho de asilo al abrir la puerta a las ‘devoluciones en caliente’ de personas refugiadas y migrantes, a través de la aplicación del estado de excepción. Recordemos en este punto que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la figura del estado de excepción no exime a los miembros de la Unión de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, algo que va en dirección contraria a lo que han establecido las autoridades lituanas. Nos preocupan igualmente las restricciones que se establecen en la nueva ley tanto a ONG como a medios de comunicación para el acceso a zonas de frontera.

Desde Accem volvemos a recordar que estas prácticas, se hagan en el país que se hagan, no son garantistas con el respeto al derecho de asilo, al no garantizar un análisis individual que explore la posible necesidad de acceso a procedimientos de protección internacional, que detecte de forma adecuada la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, víctimas de trata, víctimas de tortura, persecución por orientación sexual, etc.) y que permita el acceso tanto a atención sanitaria como a servicios de traducción e intérprete. Si hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por la adopción del estado de emergencia en Italia ante la situación migratoria, hoy lo hacemos ante la nueva ley en Lituania, desde el convencimiento de que el enfoque común de asilo y migración en la UE debe estar basado en la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas.

Esta preocupación se relaciona directamente con hechos como los que vemos en Sudán, país africano que en estos días vive combates entre el Ejército y otros actores armados del país. Desgraciadamente, los nuevos combates suponen un episodio más en una larga sucesión de años de inestabilidad y violencia en este país africano. Cualquier situación de guerra o conflicto armado genera sufrimiento humano y el desplazamiento forzado de muchos de sus nacionales, a otras regiones del país u otros países del entorno. ACNUR estima en que los nuevos enfrentamientos pueden provocar la huida de al menos 145.000 personas. Estas personas, cuando traspasen las fronteras de su país, serán llamadas refugiadas y, aunque en su mayoría permanecerán en los países limítrofes al escenario del conflicto, esperando un posible regreso, en algunos casos emprenderán un difícil éxodo en busca de un país seguro y estable.

Sin embargo, ante la falta de vías legales y seguras para ellas, atravesarán rutas muy largas y con numerosos obstáculos y peligros, para poder, finalmente, intentar alcanzar su objetivo: la llegada a países más prósperos, seguros y estables, como, por ejemplo, los estados miembros de la UE. Pero en ese momento se encontrarán con medidas como las que hablamos hoy de Italia o Lituania, que no garantizan el acceso a los procedimientos de asilo y en las que no está garantizado en la práctica el respeto a los derechos humanos.

Desde Accem seguimos haciendo hincapié en la necesidad de vías legales y seguras que garanticen la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, así como en la necesaria respuesta conjunta y solidaria que la Unión Europea debe dar a estas personas ante estas situaciones.

Frontera Sur: preocupación ante el estado de emergencia en Italia

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A raíz de la declaración del estado de emergencia en Italia, desde Accem mostramos nuestra preocupación ante la deriva de las intervenciones en políticas migratorias que se están produciendo. Nos preocupa la criminalización de personas, el uso del lenguaje defensivo para tratar el tema y la creación de una alarma social que puede devenir en el recorte de acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. Queremos subrayar la obligación ética y el compromiso con los derechos humanos que supone atender a personas que llegan a nuestras fronteras y países. Especialmente de las que llegan a través del mar, permitiendo a las embarcaciones su llegada a puertos seguros. 

Por desgracia, hemos visto episodios en los que Italia o Malta han rechazado el atraque de este tipo de buques y por lo tanto la ayuda al salvamento, lo que consideramos inadmisible. Ante esto, incidimos en la necesidad de garantizar la asistencia humanitaria a las personas que acceden a territorio europeo a través de cualquier punto del continente, así como el acceso al derecho a solicitar asilo de todas las personas que llegan a Europa, para lo que es imprescindible un trato individualizado que comprenda, entre otras cosas, asistencia sanitaria y asesoramiento letrado.

El tratamiento de la cuestión migratoria a través de iniciativas como la puesta en marcha del estado de emergencia en Italia, con la expresa voluntad de acelerar las repatriaciones, pone en peligro estos derechos. Recordamos el principio de no devolución que impone la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado, firmada por todos los socios de la UE de garantizar que no se devuelve a personas a países donde su vida corra peligro. Tememos que la aceleración de las repatriaciones anunciada por el Gobierno italiano lleve consigo una erosión del principio de no devolución. Recordamos, además, que para llevar a cabo las repatriaciones deben existir tratados vigentes con los países de origen o de tránsito, para garantizar un contexto de seguridad de las personas repatriadas. Asimismo, recordamos la importancia de proteger a las personas con mayores vulnerabilidades, como los menores de edad, las víctimas de trata o personas LGTBI que huyan de zonas donde se las persigue. La falta de un tratamiento individualizado y un análisis profundo de los casos puede suponer vulneraciones para estas personas.

Desde Accem recordamos cómo la reacción a la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania ha demostrado que la Unión Europea es capaz de dar una respuesta conjunta y solidaria para las personas que huyen de conflictos y situaciones de inestabilidad política en sus países. Desde febrero de 2022, se ha dado atención, acogida y respuesta a un flujo de entre 4 y 5 millones de personas ucranianas, lo que demuestra que cuando existe voluntad política, se puede dar una respuesta adecuada a la llegada de personas. Pedimos,  por tanto, a las autoridades europeas, que se habiliten vías legales y seguras para hacer frente al fenómeno migratorio cumpliendo con los derechos humanos y que se actúe de forma inmediata y real para no solo promover politicas que generen un tratamiento de las cuestiones vinculadas a la inmigración y el asilo desde ese punto de vista sino para impedir lo que se encamine hacia acciones contrarias y generen polarización social y discriminación.

La discriminación por origen racial o étnico restringe gravemente el ejercicio de derechos fundamentales

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El día 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entendida de forma transversal, la discriminación es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de derechos, dado que restringe, impide, menoscaba y anula el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. 

El año pasado supuso el regreso de la guerra a Europa, con la invasión de Ucrania, y hoy seguimos inmersos en un escenario bélico que ha obligado a millones de personas a buscar protección en distintos países europeos, entre ellos España. La aplicación de la Directiva Europea de Protección Temporal en España ha facilitado a las personas desplazadas el permiso de residencia y trabajo, así como el acceso igualitario al sistema educativo y sanitario. Sin embargo, ya como residentes en el país, y al igual que les sucede al resto de personas desplazadas por la guerra o la persecución, procedentes de cualquier país del mundo, las personas refugiadas no se encuentran libres del riesgo de sufrir desigualdad de trato en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

En 2022 se vivió, además, el importante hito de ver aprobada la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, largamente esperada por las organizaciones sociales, como Accem. Este instrumento legislativo constituye un auténtico derecho antidiscriminatorio, tras décadas de dispersión sectorial normativa, que implica el reconocimiento social e institucional de la realidad discriminatoria, así como de la necesidad de una protección real y efectiva de las víctimas. La aprobación de la Ley supone un gran avance, pero aún queda un largo camino por delante para acabar con la discriminación. De hecho, para su implantación eficaz se hace necesaria la creación, prevista en la norma, de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, como está reclamando la Alianza para la Igualdad de Trato en la que Accem participa.

Los ámbitos en los que las personas en situación de vulnerabilidad perciben una mayor discriminación por su origen racial o étnico, según los datos del informe de 2020 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem también forma parte, son: los establecimientos públicos (31%), el acceso a la vivienda (31%), el empleo (26%), la educación (20%) y la seguridad ciudadana (19%). En este 2023, en Accem queremos poner el foco especialmente en las problemáticas de discriminación por origen racial o étnico asociadas al acceso y mantenimiento de un bien básico como es la vivienda, que por nuestra experiencia de más de 30 años en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, se nos revela como crucial en los procesos de inclusión social y de conquista de la autonomía.

Los casos de discriminación por origen racial, étnico o nacional en el acceso a una vivienda no son puntuales o excepcionales, sino que reflejan una realidad social discriminatoria. No podemos relajarnos en nuestro compromiso de rechazar los estereotipos sociales que recaen sobre determinados grupos de población, que generan conductas cotidianas de carácter discriminatorio, que diseminan tópicos y prejuicios, que extienden el discurso de odio y que dificultan el acceso y disfrute de los derechos fundamentales de las personas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

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Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, en la que Accem participa.

Creación inmediata de la Autoridad Independiente

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hito que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato. Tal y como expresó la Alianza en el comunicado emitido en el momento de la aprobación, esta ley constituye un “instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral”, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

El día en que se cumplen justo dos meses desde la expiración del plazo concedido al Gobierno para su creación, las entidades que conforman esta Alianza constatan que, sin un organismo que vele por su cumplimiento, es prácticamente imposible aplicar efectivamente la norma. Por ello, y tras haber solicitado previamente por carta al Gobierno para su pronta configuración, la Alianza reclama su inmediata puesta en marcha. La constitución de este organismo también demostraría el compromiso de las autoridades con las víctimas de discriminación a una semana del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebra el próximo 21 de marzo.

Aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato

Además, la Alianza recuerda que las obligaciones establecidas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación son de aplicación para todo el sector público. Así, las distintas Administraciones Públicas competentes, tanto a nivel autonómico, como local y judicial, deben promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción.

El retraso injustificado en la creación de la Autoridad Independiente no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma, por lo que la Alianza reclama que las Administraciones Públicas competentes garanticen de forma inmediata el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

> Descarga aquí el comunicado

Día Internacional de la Mujer – Por un mundo digital inclusivo

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En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Accem recogemos el guante que ha lanzado Naciones Unidas para subrayar en esta conmemoración la necesidad de construir entre todas y todos un mundo digital inclusivo en el que los derechos de las niñas y de las mujeres estén protegidos y garantizados.

Naciones Unidas ha elegido un lema en este 2023 que pone el foco en el importante papel que un adecuado uso y promoción de la tecnología puede tener en la consecución de la igualdad de género: “Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. Desde ONU Mujeres se alerta sobre el “riesgo de perpetuar” también en el ámbito de la revolución digital, “las dinámicas actuales de la desigualdad de género”. Ante estos peligros es necesario actuar a través del “desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora”, que incorpore la perspectiva de género.

En Accem hacemos nuestro este reto colocando el foco en las mujeres a las que atendemos, apoyamos y acompañamos: las mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Hablamos de mujeres refugiadas, mujeres migrantes, mujeres en situación de sinhogarismo, mujeres mayores, mujeres privadas de libertad, niñas y adolescentes en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia de género y mujeres víctimas de trata y explotación. Para las mujeres atravesadas por diferentes situaciones de vulnerabilidad, las brechas digitales existentes para el acceso, uso y disfrute de las herramientas tecnológicas se ensanchan, se hacen más grandes. Sobre todas estas brechas, a partir de estos factores de vulnerabilidad, es fundamental reflexionar y, sobre todo, actuar.

En el Día Internacional de la Mujer, desde Accem nos sumamos al compromiso de trabajar por la inclusión y por la igualdad también en el ámbito digital y apuntamos algunas de las prioridades que hemos podido identificar en el desarrollo de nuestra labor:

  • Es necesario garantizar que todas las mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación digital, especialmente en el caso de las mujeres que se encuentran en situación más vulnerable.
  • Es fundamental trabajar para romper con las brechas digitales que impiden acceder, emplear y disfrutar en condiciones de igualdad, de las ventajas y posibilidades que ofrecen los entornos digitales. La existencia de estas brechas agudiza la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres que las padecen.
  • Es importante para la igualdad de género que las mujeres puedan tener acceso a profesiones vinculadas a la tecnología, actuando en origen sobre una de las grandes brechas existentes. Para ello es relevante la visibilización de mujeres referentes que marcan el camino en este campo.
  • Es vital actuar sobre la violencia, el odio y la discriminación en los entornos digitales. Es esencial generar espacios seguros donde los derechos de mujeres y niñas estén garantizados y en los que exista una reacción efectiva ante situaciones de agresión y violencia contra las mujeres.

Las personas migrantes siguen siendo vulnerables a la violación de los derechos humanos

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Comunicado de Accem por el Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre.

El 3,6 % de la población global es migrante. 281 millones de personas en el mundo residen en un país distinto a su país natal, según los datos de Naciones Unidas. La concurrencia de enfermedades, hambrunas, guerras y el cambio climático amenazan la seguridad de la población mundial y han generado movimientos migratorios sin precedentes.

Sin embargo, en un mundo gobernado por un estricto sistema de fronteras, son miles y miles de personas las que se ven obligadas a emprender su viaje por vías irregulares, enfrentándose a enormes riesgos y peligros. Así, únicamente en este 2022 que ahora está a punto de terminar, han muerto o desaparecido más de 2.400 personas cuando intentaban llegar a los Estados de la UE, especialmente en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el Día Internacional de las Personas Migrantes, desde Accem volvemos a pedir que se habiliten y hagan efectivas vías legales, seguras y reales para la migración.

Del mismo modo, hoy volvemos a recordar la gravedad de los hechos sucedidos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla, cuando al menos 23 personas -en una cifra que elevan sensiblemente algunas voces- murieron intentando superar el obstáculo fronterizo y el operativo policial dispuesto a ambos lados de la frontera en circunstancias que se continúan investigando. Desde Accem consideramos que la frontera española y europea debe ser un territorio seguro en el que esté garantizada la protección de los derechos humanos a ambos lados de la misma. Igualmente, deben abandonarse las devoluciones sumarias sin el respeto a los derechos y garantías jurídicas individuales de cada persona. Todo esto evidencia que las personas migrantes siguen siendo vulnerables a las violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, 2022 también ha sido el año en el que se ha aprobado el esperado nuevo reglamento de Extranjería, una buena noticia que ha mejorado la normativa migratoria vinculada al ámbito laboral y que va a simplificar los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia en España. No obstante, pese a la mejora, aparecen importantes campos con espacio por recorrer para avanzar en términos de acceso a derechos y garantías frente a la exclusión. Ahora únicamente enumeramos algunos de los retos pendientes:

  • En el ámbito de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, es necesario definir y mejorar las estrategias de denuncia segura para garantizar plenamente el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
  • Con respecto a los menores extranjeros, es necesaria una regulación clara de los procedimientos para la determinación de la edad, que deben ser fiables y garantistas.
  • En relación a los procedimientos administrativos de extranjería, es importante mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el personal para garantizar el acceso a derechos. Del mismo modo, deben ponerse medidas para acabar con las distintas brechas digitales que están obstaculizando de forma importante una relación eficaz entre la persona y la Administración.

 

Por una protección plena de las personas apátridas en España

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#DesplazamientosApatridas es la nueva campaña de sensibilización sobre la apatridia lanzada por la Red Europea sobre Apatridia, de la que Accem forma parte.

La apatridia afecta a millones de personas en el mundo, a más de medio millón en Europa y a miles en el Estado español. Es difícil identificar a las personas apátridas, por lo que el número real puede ser significativamente mayor. El propio Banco Mundial afirmó en 2017 que hay más de 1.100 millones de personas invisibles en el mundo, careciendo de la documentación necesaria para probar su identidad y nacionalidad.

Desde UNICEF se estima que un cuarto de los nacimientos no se registran, por lo que existen cientos de millones de menores sin certificado de nacimiento. Aunque la totalidad de tal estimación no corresponde per se con menores apátridas, estos se encuentran en riesgo de apatridia, sin la posibilidad de probar la relación con sus progenitores ni su lugar de nacimiento, elementos esenciales para la adquisición de una nacionalidad.

En el contexto europeo podemos encontrar también personas apátridas “en su propio país”, debido principalmente a la sucesión de estados o a políticas discriminatorias. Sin embargo, otras personas apátridas lo son en contextos migratorios, incluyendo aquellas que se convierten en apátridas como consecuencia del desplazamiento forzado, y personas que ya lo eran en su país de origen.

Las consecuencias de la apatridia son graves porque suponen una vulneración sistemática de derechos humanos que condiciona a las personas afectadas a una de las situaciones más vulnerables que pueden existir, según ACNUR. Hablamos de personas no consideradas como nacionales por parte de ningún Estado, siendo así impedidas del disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales fundamentales.

España es, desde 1997, uno de los países adheridos a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y en 2018 se adhirió a la “Convención para reducir los casos de apatridia” de 1961. Cumpliendo con las obligaciones y compromisos en virtud de dichos tratados, se reconocen en España como buenas prácticas la introducción de diferentes salvaguardas para menores de edad y la existencia de un procedimiento para la determinación y obtención del estatuto de apátrida.

Además, la reciente aprobación del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, garantiza el acceso de las personas apátridas a todas las fases del sistema estatal de acogida.

No obstante, todavía quedan por corregir algunas cuestiones pendientes. La apatridia en España precisa de un abordaje legislativo más amplio a través de la reforma urgente del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, que cubra las necesidades de protección de las personas solicitantes desde una perspectiva de derechos humanos. Este reglamento debe garantizar la asistencia letrada durante todo el procedimiento y el derecho a servicios de interpretación en el momento de la solicitud, estableciendo la posibilidad de realizarla tanto en territorio, como en puestos fronterizos, embajadas y consulados, equiparando sus derechos con las personas solicitantes de protección internacional, con arreglo al artículo 38 de la Ley 12/2009.

Además, debe reconocer el derecho a la permanencia provisional en el territorio, otorgar la autorización de trabajo y asegurar el respeto del principio de no devolución de las personas solicitantes de estatuto de apatridia durante el procedimiento. Es necesario considerar un régimen especial de reagrupación familiar para las personas reconocidas como apátridas que tenga en cuenta las particularidades inherentes de la situación relacionada con la documentación de sus familiares.

Asimismo, es precisa la reducción del plazo establecido en el Código Civil para la naturalización por residencia a dos años en el caso de personas apátridas.

En paralelo, resulta indispensable que las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones y el asilo cuenten con la información y recursos necesarios para acceder a y activar los mecanismos de detección y derivación al procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida dentro del procedimiento de protección internacional. Las personas apátridas tienen garantías específicas en virtud del derecho internacional y corren el riesgo de ser discriminadas si su apatridia no se identifica y se reconoce.

Con la finalidad de avanzar en este objetivo, desde el nodo español de la Red Europea sobre Apatridia (ENS – European Network on Statelessness) lanzamos una campaña de sensibilización y formación para fortalecer la plena protección de los derechos humanos de las personas apátridas, a través de la reforma urgente del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, teniendo en cuenta el compromiso mostrado por el Estado español desde hace más de dos décadas en materia de apatridia.

La Campaña por una protección plena de las personas apátridas en España se desarrollará en torno a dos ejes principales, dirigidos a:

1. Instituciones y administraciones públicas, con el objetivo de promover la reforma legislativa del Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida y el Código Civil en materia de nacionalidad, a través de la incidencia política dirigida a grupos parlamentarios y actores clave, para cuya finalidad se han elaborado unas recomendaciones políticas para su abordaje.

2. Organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes y solicitantes de protección internacional, así como aquellas que gestionan plazas del sistema de acogida de protección internacional, con el objetivo de mejorar su conocimiento sobre los conceptos básicos de la apatridia, la prevención de la apatridia infantil, la identificación de casos y la aplicación del procedimiento de reconocimiento, a través de jornadas informativas, talleres formativos, actividades de sensibilización y difusión de materiales y guías para la identificación.

> Visita y apoya la campaña de sensibilización Stateless Journeys.

Un Mundial sin contar con los derechos humanos

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Este domingo 20 de noviembre dará comienzo la Copa Mundial de fútbol en Qatar y millones de aficionados de todo el mundo se sentarán delante de sus televisores para asistir a la cita más importante con su deporte favorito. Desde Accem queremos, antes de que dé comienzo el campeonato, unirnos al gran número de personas y organizaciones de todo el mundo que han alertado sobre la situación de los derechos humanos en este país del Golfo Pérsico.

Por una parte, desde que en 2010, la FIFA, institución que organiza el Mundial, concediera a Qatar la organización del campeonato, el país árabe tuvo que acometer un ingente plan de infraestructuras que le permitiera responder al reto organizativo. Este plan incluía la construcción de los estadios, pero también de muchas otras obras de envergadura, y ha requerido, además de una astronómica cifra económica, de la mano de obra de alrededor de dos millones de trabajadores, la mayoría de ellos migrantes, llegados especialmente desde países como India, Bangladesh, Filipinas, Nepal o Kenia. Las denuncias sobre las condiciones en las que han tenido que trabajar y vivir estos trabajadores han sido continuas. Miles de ellos han muerto y ha sido generalizado el trabajo en condiciones cercanas a la esclavitud, con realidades de trata de personas y explotación.

Por otra parte, y como han denunciado organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), la mitad de la población está legalmente discriminada en Qatar. Obviamente estamos hablando de las mujeres. Las mujeres sufren una situación de sometimiento legal a los hombres que se manifiesta en un amplio abanico de leyes y normas, que incluyen la imposibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas sin el consentimiento de un tutor masculino y otras formas de violencia que llegan a la condena a latigazos o incluso la lapidación para castigar, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Del mismo modo, el colectivo LGTB+ es duramente maltratado por Qatar, que castiga con penas de prisión las relaciones consentidas entre hombres mayores de 16 años.

Finalmente, los derechos fundamentales y las libertades están amenazadas por el Estado, especialmente el acceso a la justicia, la libertad de expresión, de manifestación o de prensa, con delitos tipificados para quien ataca la religión, la bandera o las autoridades del emirato.

En definitiva, parece evidente que Qatar se encuentra lejos de los estándares mínimos de democracia y respeto a los derechos humanos que deberían ser exigibles como condición previa para la organización de un evento de estas características. El Mundial de fútbol no es únicamente un campeonato, sino un escaparate global que entre otras cosas supone una gran operación propagandística para el país organizador. En este caso, esta operación será al servicio de un país que no respeta los derechos humanos y será con el amén del conjunto de la comunidad internacional.