Comunicado de Accem 07/09/2023

/en , /por

Ante la falsa información que se ha extendido en redes sociales, queremos comunicar que el relato que vincula a nuestra entidad con la promoción de delitos o la propia ejecución de ellos es completamente falso.

Anunciamos que emprenderemos acciones legales contra quienes promuevan y quienes contribuyan pasivamente a extender esta desinformación en base a una interpretación intencionadamente manipulada y discriminatoria basada en la calumnia y que busca claramente alimentar un relato para criminalizar a las personas refugiadas e inmigrantes, así como alas entidades sociales que, como Accem, trabajamos para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad con un enfoque de defensa de los derechos humanos.

Preocupación por la deriva europea que dificulta el acceso de las personas refugiadas a la protección internacional

/en , , , , /por

Comunicado de Accem por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos en este 2023 hacer visible nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en todo el seno de la Unión Europea en relación a las políticas migratorias, con la adopción por diferentes países de la UE de medidas excepcionales que pueden suponer verdaderos impedimentos para el ejercicio del derecho de asilo, la protección de las personas en situación vulnerable y, por extensión, la salvaguarda de los derechos humanos.

Las organizaciones sociales venimos años advirtiendo de que se han generalizado y normalizado enfoques en relación a las políticas migratorias que priorizan las medidas destinadas al control de los flujos migratorios y las trabas a las personas en movimiento sobre el respeto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales adquiridos, lo que nos parece un grave error que nos llena de preocupación.

Uno de los casos más evidentes y repetidos en distintos puntos fronterizos de la UE es la aceptación y naturalización de prácticas como las devoluciones automáticas o ‘devoluciones en caliente’ para personas que han rebasado irregularmente las fronteras de algún país de la Unión. Queremos recordar una vez más que para el ejercicio del derecho de asilo es imprescindible realizar un análisis individualizado de cada petición, en el que se pueda explorar adecuadamente la posible necesidad de protección, en el que se puedan detectar situaciones de especial vulnerabilidad y en el que las personas tengan acceso a servicios de traducción e interpretación. Accem corrobora que, como ha reflejado en el informe anual AIDA (Asylum Information Database) de ECRE (Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados), “la práctica de las devoluciones en caliente continuó en 2022”. Estas devoluciones contradicen en la práctica el ejercicio garantista del derecho de asilo.

Siguiendo con lo recogido en el informe AIDA, y como organización española responsable de elaborar el informe de país correspondiente a España, nos preocupan las denuncias que diferentes organizaciones han realizado a lo largo del último año “por el uso indiscriminado de la violencia en la gestión de la situación en la frontera” entre Marruecos y España, que tuvo su capítulo más terrible en los últimos tiempos el pasado 24 de junio de 2022 con la muerte de al menos 37 personas que intentaban saltar la valla. Estamos convencidos/as de que el enfoque común de asilo y migración en la UE y todos sus Estados miembros debe estar basado en el respeto a los derechos humanos de las personas en sus fronteras exteriores.

En un panorama poco alentador, nos preocupan fenómenos en auge como el intento de criminalización de las personas que migran, el uso de un lenguaje bélico y defensivo para abordar las migraciones y la generación de situaciones de una falsa sensación de ‘alarma social’ que, sin una base real, acaban por devenir en nuevos recortes en el acceso a derechos. Nos preocupan las situaciones que se están generando a nivel europeo de negación de auxilio en el mar y de interposición de todo tipo de obstáculos a las organizaciones humanitarias que realizan unas operaciones de socorro y rescate que deberían llevarse a cabo desde instancias públicas. Desde enero de 2022, y según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 4.343 personas han fallecido en la ruta migratoria hacia Europa en el Mediterráneo y el Atlántico, en una tragedia que no cesa y que, de nuevo, parece haber sido naturalizada en las sociedades europeas. En los últimos días hemos conocido el naufragio de un barco en aguas griegas en el que el número de fallecidos podría ser de varios centenares de personas, al estimarse entre 400 y 800 sus pasajeros y haberse rescatado con vida apenas a un centenar de ellos.

Más de 108 millones de personas en situación de desplazamiento forzado

Más de 108 millones de personas en el mundo, según los últimos datos de ACNUR, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por causa de la guerra, la violencia que se padece en sus países o regiones de origen, o la persecución acometida contra distintos grupos sociales por motivos como el género, el grupo étnico o nacional de pertenencia, la religión, la orientación sexual, o las ideas políticas, entre otras razones.

En la actualidad se calcula que una población de alrededor de 850 millones de personas en el mundo se encuentran afectadas por la existencia de conflictos de alta o media intensidad en 23 países. Es el caso de Siria, Afganistán, Yemen, Sudán o Somalia, por poner algunos ejemplos.

En España, en el año 2022, más de 118.000 personas solicitaron protección internacional, lo que supone un nuevo récord histórico y una vuelta a los datos de peticiones de asilo previos a la pandemia. En el conjunto de Europa el número de solicitantes superó los 881.000, siendo España el tercer país de la UE por detrás de Alemania y Francia.

Si miramos las resoluciones de protección, en 2022 se concedió en España el estatuto de refugiado a un total de 6.830 personas y la protección subsidiaria a 7.405 personas. Constituyen el 21,5 % del total de resoluciones de protección. A ellas hay que añadir a las 161.037 personas desplazadas por la guerra en Ucrania que obtuvieron la llamada protección temporal, activada al efecto a nivel europeo, y a las 20.924 personas que accedieron a la autorización de residencia por razones humanitarias, la mayoría de ellas procedentes de Venezuela en este caso.

Cuando prestamos atención a los principales países de origen de las personas que consiguieron protección en España, nos encontramos países de Oriente Medio como Siria o Afganistán; países latinoamericanos como Colombia, Honduras o Nicaragua; europeos como Ucrania y países africanos como Sudán o Mali. Todos ellos conforman un mapa global de la protección y la necesidad de refugio. ¿Pero por qué huyen las personas refugiadas de sus países?

En Accem este año hemos comenzado a construir nuestro Atlas de Refugio, un atlas que abarca todas las latitudes del planeta en mayor o menor medida, el atlas geográfico que conforman por ahora los principales países de origen de las personas que obtienen protección en España, que consiguieron escapar, que lograron llegar y que tras un largo camino vieron resuelta favorablemente su solicitud de protección. ¿Pero por qué escapaban? Creemos que conocer sus motivos es un buen paso para generar empatía y solidaridad entre la ciudadanía del país de acogida.

Vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

En este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem volvemos a reclamar que se establezcan y se hagan efectivas vías legales, reales y seguras para que las personas refugiadas puedan llegar a territorio español y europeo y puedan tener acceso a los procedimientos de solicitud de protección internacional.

Cuando hablamos de activar y fortalecer estas vías seguras hablamos de desarrollar la posibilidad real de solicitar asilo en embajadas; establecer visados humanitarios; flexibilizar los criterios para acogerse a la reagrupación familiar; garantizar la posibilidad de solicitar protección en todos los puestos fronterizos; seguir reforzando el programa de reasentamiento y aplicar la directiva de protección temporal que se ha utilizado en el caso de Ucrania también para otros conflictos similares.

Haciendo reales y efectivas estas vías legales y seguras disminuirá la necesidad de emprender travesías tan peligrosas como las que emprenden las personas refugiadas y migrantes, poniendo en juego su propia vida e integridad.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama la creación urgente de la Autoridad Independiente

/en , , , /por

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por varias organizaciones referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, se ha vuelto a poner en contacto este viernes 26 de mayo con el Gobierno para urgirle nuevamente a crear la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, un organismo indispensable para velar por el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza. Esta norma constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

En una semana en la que el Gobierno ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso decidido contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia, la Alianza le ha instado -en una carta dirigida a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia– a que se demuestre dicho compromiso con la creación de un organismo que debería haber sido aprobado hace más de cuatro meses, pues el plazo estipulado en la Ley para su creación expiró el pasado 14 de marzo.

El odio y la discriminación, una realidad cotidiana

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también ha puesto de manifiesto que “la discriminación, el odio y el rechazo es una realidad cotidiana que trasciende los partidos de fútbol de primera división”. Así, ha recordado algunos de los incidentes de odio y discriminación que han tenido lugar en los últimos días, tales como las mofas contra una candidata a las elecciones locales, sorda y perteneciente al colectivo LGTBIQ+ en el programa televisivo El Hormiguero, el ataque lesbófobo a una pareja ante la mirada de sus hijos, el caso del hombre gitano que tuvo que demandar por un despido discriminatorio o el discurso xenófobo y aporófobo propagado en Madrid por Vox en el marco de la actual campaña electoral.

Tal y como afirma la Alianza “estos no son más que algunos ejemplos de la discriminación y el odio que sufren muchas personas en España; la inmensa mayoría de las ocasiones, sin que ni siquiera trascienda en los medios de comunicación”. Por todo ello, se insta al Gobierno a aprobar, “con carácter de urgencia, el Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato”.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, entre otras, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

La Red Española Contra la Trata de Personas pide urgencia al Gobierno para que se apruebe la ley integral en esta legislatura

/en , , , /por

Comunicado de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Accem forma parte.

La ley integral contra la trata de seres humanos debe abordar todas las formas de trata y tipos de explotación desde la perspectiva de los derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género.

La Red Española Contra la Trata de Personas considera que estamos ante una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas. Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.

Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), insta a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.

El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales. Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, parece que hay absoluta falta de voluntad política por parte del ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, pedimos al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.

Desde la RECTP llevamos más de diez años insistiendo a las autoridades españolas en la necesidad de que el Estado cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata, tipos de explotación y formas de esclavitud. En el mes de diciembre la RECTP hizo aportaciones al anteproyecto de ley en línea con los estándares internacionales durante el trámite de audiencia y también se dirigió a los Ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Desde entonces han pasado ya cinco meses y seguimos esperando su aprobación.

Las organizaciones de la sociedad civil pedimos al Gobierno que apruebe urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros. Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023. El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata y por la protección de sus víctimas.

Las medidas excepcionales de control migratorio aprobadas en la UE impiden el acceso al asilo y la protección

/en , , , , /por

En Accem volvemos a tomar la palabra para expresar nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en el seno de la Unión Europea en materia de políticas migratorias, con enfoques que priorizan las medidas dirigidas al control migratorio sobre el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la protección de las personas en situación vulnerable. En este caso ha sido el Parlamento de Lituania quien ha aprobado la nueva Ley de Fronteras, que podría poner en peligro el respeto al derecho de asilo al abrir la puerta a las ‘devoluciones en caliente’ de personas refugiadas y migrantes, a través de la aplicación del estado de excepción. Recordemos en este punto que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la figura del estado de excepción no exime a los miembros de la Unión de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, algo que va en dirección contraria a lo que han establecido las autoridades lituanas. Nos preocupan igualmente las restricciones que se establecen en la nueva ley tanto a ONG como a medios de comunicación para el acceso a zonas de frontera.

Desde Accem volvemos a recordar que estas prácticas, se hagan en el país que se hagan, no son garantistas con el respeto al derecho de asilo, al no garantizar un análisis individual que explore la posible necesidad de acceso a procedimientos de protección internacional, que detecte de forma adecuada la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, víctimas de trata, víctimas de tortura, persecución por orientación sexual, etc.) y que permita el acceso tanto a atención sanitaria como a servicios de traducción e intérprete. Si hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por la adopción del estado de emergencia en Italia ante la situación migratoria, hoy lo hacemos ante la nueva ley en Lituania, desde el convencimiento de que el enfoque común de asilo y migración en la UE debe estar basado en la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas.

Esta preocupación se relaciona directamente con hechos como los que vemos en Sudán, país africano que en estos días vive combates entre el Ejército y otros actores armados del país. Desgraciadamente, los nuevos combates suponen un episodio más en una larga sucesión de años de inestabilidad y violencia en este país africano. Cualquier situación de guerra o conflicto armado genera sufrimiento humano y el desplazamiento forzado de muchos de sus nacionales, a otras regiones del país u otros países del entorno. ACNUR estima en que los nuevos enfrentamientos pueden provocar la huida de al menos 145.000 personas. Estas personas, cuando traspasen las fronteras de su país, serán llamadas refugiadas y, aunque en su mayoría permanecerán en los países limítrofes al escenario del conflicto, esperando un posible regreso, en algunos casos emprenderán un difícil éxodo en busca de un país seguro y estable.

Sin embargo, ante la falta de vías legales y seguras para ellas, atravesarán rutas muy largas y con numerosos obstáculos y peligros, para poder, finalmente, intentar alcanzar su objetivo: la llegada a países más prósperos, seguros y estables, como, por ejemplo, los estados miembros de la UE. Pero en ese momento se encontrarán con medidas como las que hablamos hoy de Italia o Lituania, que no garantizan el acceso a los procedimientos de asilo y en las que no está garantizado en la práctica el respeto a los derechos humanos.

Desde Accem seguimos haciendo hincapié en la necesidad de vías legales y seguras que garanticen la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, así como en la necesaria respuesta conjunta y solidaria que la Unión Europea debe dar a estas personas ante estas situaciones.

Frontera Sur: preocupación ante el estado de emergencia en Italia

/en , , , /por
A raíz de la declaración del estado de emergencia en Italia, desde Accem mostramos nuestra preocupación ante la deriva de las intervenciones en políticas migratorias que se están produciendo. Nos preocupa la criminalización de personas, el uso del lenguaje defensivo para tratar el tema y la creación de una alarma social que puede devenir en el recorte de acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. Queremos subrayar la obligación ética y el compromiso con los derechos humanos que supone atender a personas que llegan a nuestras fronteras y países. Especialmente de las que llegan a través del mar, permitiendo a las embarcaciones su llegada a puertos seguros. 

Por desgracia, hemos visto episodios en los que Italia o Malta han rechazado el atraque de este tipo de buques y por lo tanto la ayuda al salvamento, lo que consideramos inadmisible. Ante esto, incidimos en la necesidad de garantizar la asistencia humanitaria a las personas que acceden a territorio europeo a través de cualquier punto del continente, así como el acceso al derecho a solicitar asilo de todas las personas que llegan a Europa, para lo que es imprescindible un trato individualizado que comprenda, entre otras cosas, asistencia sanitaria y asesoramiento letrado.

El tratamiento de la cuestión migratoria a través de iniciativas como la puesta en marcha del estado de emergencia en Italia, con la expresa voluntad de acelerar las repatriaciones, pone en peligro estos derechos. Recordamos el principio de no devolución que impone la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado, firmada por todos los socios de la UE de garantizar que no se devuelve a personas a países donde su vida corra peligro. Tememos que la aceleración de las repatriaciones anunciada por el Gobierno italiano lleve consigo una erosión del principio de no devolución. Recordamos, además, que para llevar a cabo las repatriaciones deben existir tratados vigentes con los países de origen o de tránsito, para garantizar un contexto de seguridad de las personas repatriadas. Asimismo, recordamos la importancia de proteger a las personas con mayores vulnerabilidades, como los menores de edad, las víctimas de trata o personas LGTBI que huyan de zonas donde se las persigue. La falta de un tratamiento individualizado y un análisis profundo de los casos puede suponer vulneraciones para estas personas.

Desde Accem recordamos cómo la reacción a la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania ha demostrado que la Unión Europea es capaz de dar una respuesta conjunta y solidaria para las personas que huyen de conflictos y situaciones de inestabilidad política en sus países. Desde febrero de 2022, se ha dado atención, acogida y respuesta a un flujo de entre 4 y 5 millones de personas ucranianas, lo que demuestra que cuando existe voluntad política, se puede dar una respuesta adecuada a la llegada de personas. Pedimos,  por tanto, a las autoridades europeas, que se habiliten vías legales y seguras para hacer frente al fenómeno migratorio cumpliendo con los derechos humanos y que se actúe de forma inmediata y real para no solo promover politicas que generen un tratamiento de las cuestiones vinculadas a la inmigración y el asilo desde ese punto de vista sino para impedir lo que se encamine hacia acciones contrarias y generen polarización social y discriminación.

La discriminación por origen racial o étnico restringe gravemente el ejercicio de derechos fundamentales

/en , , , /por

El día 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entendida de forma transversal, la discriminación es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de derechos, dado que restringe, impide, menoscaba y anula el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. 

El año pasado supuso el regreso de la guerra a Europa, con la invasión de Ucrania, y hoy seguimos inmersos en un escenario bélico que ha obligado a millones de personas a buscar protección en distintos países europeos, entre ellos España. La aplicación de la Directiva Europea de Protección Temporal en España ha facilitado a las personas desplazadas el permiso de residencia y trabajo, así como el acceso igualitario al sistema educativo y sanitario. Sin embargo, ya como residentes en el país, y al igual que les sucede al resto de personas desplazadas por la guerra o la persecución, procedentes de cualquier país del mundo, las personas refugiadas no se encuentran libres del riesgo de sufrir desigualdad de trato en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

En 2022 se vivió, además, el importante hito de ver aprobada la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, largamente esperada por las organizaciones sociales, como Accem. Este instrumento legislativo constituye un auténtico derecho antidiscriminatorio, tras décadas de dispersión sectorial normativa, que implica el reconocimiento social e institucional de la realidad discriminatoria, así como de la necesidad de una protección real y efectiva de las víctimas. La aprobación de la Ley supone un gran avance, pero aún queda un largo camino por delante para acabar con la discriminación. De hecho, para su implantación eficaz se hace necesaria la creación, prevista en la norma, de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, como está reclamando la Alianza para la Igualdad de Trato en la que Accem participa.

Los ámbitos en los que las personas en situación de vulnerabilidad perciben una mayor discriminación por su origen racial o étnico, según los datos del informe de 2020 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem también forma parte, son: los establecimientos públicos (31%), el acceso a la vivienda (31%), el empleo (26%), la educación (20%) y la seguridad ciudadana (19%). En este 2023, en Accem queremos poner el foco especialmente en las problemáticas de discriminación por origen racial o étnico asociadas al acceso y mantenimiento de un bien básico como es la vivienda, que por nuestra experiencia de más de 30 años en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, se nos revela como crucial en los procesos de inclusión social y de conquista de la autonomía.

Los casos de discriminación por origen racial, étnico o nacional en el acceso a una vivienda no son puntuales o excepcionales, sino que reflejan una realidad social discriminatoria. No podemos relajarnos en nuestro compromiso de rechazar los estereotipos sociales que recaen sobre determinados grupos de población, que generan conductas cotidianas de carácter discriminatorio, que diseminan tópicos y prejuicios, que extienden el discurso de odio y que dificultan el acceso y disfrute de los derechos fundamentales de las personas.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama al Gobierno la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

/en , , , /por

Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, en la que Accem participa.

Creación inmediata de la Autoridad Independiente

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hito que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato. Tal y como expresó la Alianza en el comunicado emitido en el momento de la aprobación, esta ley constituye un “instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral”, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

El día en que se cumplen justo dos meses desde la expiración del plazo concedido al Gobierno para su creación, las entidades que conforman esta Alianza constatan que, sin un organismo que vele por su cumplimiento, es prácticamente imposible aplicar efectivamente la norma. Por ello, y tras haber solicitado previamente por carta al Gobierno para su pronta configuración, la Alianza reclama su inmediata puesta en marcha. La constitución de este organismo también demostraría el compromiso de las autoridades con las víctimas de discriminación a una semana del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebra el próximo 21 de marzo.

Aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato

Además, la Alianza recuerda que las obligaciones establecidas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación son de aplicación para todo el sector público. Así, las distintas Administraciones Públicas competentes, tanto a nivel autonómico, como local y judicial, deben promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción.

El retraso injustificado en la creación de la Autoridad Independiente no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma, por lo que la Alianza reclama que las Administraciones Públicas competentes garanticen de forma inmediata el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

> Descarga aquí el comunicado

Día Internacional de la Mujer – Por un mundo digital inclusivo

/en , , /por

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Accem recogemos el guante que ha lanzado Naciones Unidas para subrayar en esta conmemoración la necesidad de construir entre todas y todos un mundo digital inclusivo en el que los derechos de las niñas y de las mujeres estén protegidos y garantizados.

Naciones Unidas ha elegido un lema en este 2023 que pone el foco en el importante papel que un adecuado uso y promoción de la tecnología puede tener en la consecución de la igualdad de género: “Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. Desde ONU Mujeres se alerta sobre el “riesgo de perpetuar” también en el ámbito de la revolución digital, “las dinámicas actuales de la desigualdad de género”. Ante estos peligros es necesario actuar a través del “desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora”, que incorpore la perspectiva de género.

En Accem hacemos nuestro este reto colocando el foco en las mujeres a las que atendemos, apoyamos y acompañamos: las mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Hablamos de mujeres refugiadas, mujeres migrantes, mujeres en situación de sinhogarismo, mujeres mayores, mujeres privadas de libertad, niñas y adolescentes en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia de género y mujeres víctimas de trata y explotación. Para las mujeres atravesadas por diferentes situaciones de vulnerabilidad, las brechas digitales existentes para el acceso, uso y disfrute de las herramientas tecnológicas se ensanchan, se hacen más grandes. Sobre todas estas brechas, a partir de estos factores de vulnerabilidad, es fundamental reflexionar y, sobre todo, actuar.

En el Día Internacional de la Mujer, desde Accem nos sumamos al compromiso de trabajar por la inclusión y por la igualdad también en el ámbito digital y apuntamos algunas de las prioridades que hemos podido identificar en el desarrollo de nuestra labor:

  • Es necesario garantizar que todas las mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación digital, especialmente en el caso de las mujeres que se encuentran en situación más vulnerable.
  • Es fundamental trabajar para romper con las brechas digitales que impiden acceder, emplear y disfrutar en condiciones de igualdad, de las ventajas y posibilidades que ofrecen los entornos digitales. La existencia de estas brechas agudiza la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres que las padecen.
  • Es importante para la igualdad de género que las mujeres puedan tener acceso a profesiones vinculadas a la tecnología, actuando en origen sobre una de las grandes brechas existentes. Para ello es relevante la visibilización de mujeres referentes que marcan el camino en este campo.
  • Es vital actuar sobre la violencia, el odio y la discriminación en los entornos digitales. Es esencial generar espacios seguros donde los derechos de mujeres y niñas estén garantizados y en los que exista una reacción efectiva ante situaciones de agresión y violencia contra las mujeres.

Las personas migrantes siguen siendo vulnerables a la violación de los derechos humanos

/en , , /por

Comunicado de Accem por el Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre.

El 3,6 % de la población global es migrante. 281 millones de personas en el mundo residen en un país distinto a su país natal, según los datos de Naciones Unidas. La concurrencia de enfermedades, hambrunas, guerras y el cambio climático amenazan la seguridad de la población mundial y han generado movimientos migratorios sin precedentes.

Sin embargo, en un mundo gobernado por un estricto sistema de fronteras, son miles y miles de personas las que se ven obligadas a emprender su viaje por vías irregulares, enfrentándose a enormes riesgos y peligros. Así, únicamente en este 2022 que ahora está a punto de terminar, han muerto o desaparecido más de 2.400 personas cuando intentaban llegar a los Estados de la UE, especialmente en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el Día Internacional de las Personas Migrantes, desde Accem volvemos a pedir que se habiliten y hagan efectivas vías legales, seguras y reales para la migración.

Del mismo modo, hoy volvemos a recordar la gravedad de los hechos sucedidos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla, cuando al menos 23 personas -en una cifra que elevan sensiblemente algunas voces- murieron intentando superar el obstáculo fronterizo y el operativo policial dispuesto a ambos lados de la frontera en circunstancias que se continúan investigando. Desde Accem consideramos que la frontera española y europea debe ser un territorio seguro en el que esté garantizada la protección de los derechos humanos a ambos lados de la misma. Igualmente, deben abandonarse las devoluciones sumarias sin el respeto a los derechos y garantías jurídicas individuales de cada persona. Todo esto evidencia que las personas migrantes siguen siendo vulnerables a las violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, 2022 también ha sido el año en el que se ha aprobado el esperado nuevo reglamento de Extranjería, una buena noticia que ha mejorado la normativa migratoria vinculada al ámbito laboral y que va a simplificar los procesos burocráticos de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia en España. No obstante, pese a la mejora, aparecen importantes campos con espacio por recorrer para avanzar en términos de acceso a derechos y garantías frente a la exclusión. Ahora únicamente enumeramos algunos de los retos pendientes:

  • En el ámbito de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, es necesario definir y mejorar las estrategias de denuncia segura para garantizar plenamente el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
  • Con respecto a los menores extranjeros, es necesaria una regulación clara de los procedimientos para la determinación de la edad, que deben ser fiables y garantistas.
  • En relación a los procedimientos administrativos de extranjería, es importante mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el personal para garantizar el acceso a derechos. Del mismo modo, deben ponerse medidas para acabar con las distintas brechas digitales que están obstaculizando de forma importante una relación eficaz entre la persona y la Administración.